CRITERIOS DIAMETRALMENTE OPUESTOS EN LA CAMARA DE CASACION

Medidos con distinta vara

Fue frente a dos pedidos de prisión domiciliaria. A Ana María Fernández, la ex funcionaria porteña presa por el incendio en Cromañón, le negaron la detención en su casa junto a su bebé. Al represor Luciano Benjamín Menéndez le concedieron el beneficio.

 Por Irina Hauser

Hay un mito que dice que en las vacaciones de verano en Tribunales no pasa nada, pero cada año esa creencia vuelve a caer. Uno de los grandes hitos de esta temporada fue obra de la Cámara de Casación Penal, donde los camaristas de turno en enero se las ingeniaron para aplicar criterios diametralmente opuestos sobre la prisión domiciliaria, según quién la reclamara. El caso de Ana María Fernández, la ex funcionaria porteña presa por el incendio en Cromañón a quien los casadores le negaron la detención en su casa junto al bebé que amamanta, se volvió más impactante cuando una semana después de decirle que no, el mismo tribunal le concedió el beneficio en cuestión al represor Luciano Benjamín Menéndez, quien no había sufrido ningún trastorno de salud ni cambio en su situación humanitaria que lo afectara. Los de Fernández y Menéndez podrían ser vistos como asuntos aislados, aunque juntos hacen pensar que en la Casación –el máximo tribunal penal– rige un “doble standard”.

“El arresto domiciliario es una herramienta para evitar que la detención en una cárcel se convierta en una pena cruel o inhumana o que genere perjuicios irreparables a los hijos de una persona detenida”, explica Rodrigo Borda, abogado de la Procuración Penitenciaria nacional, que vela por los derechos de los presos. Los jueces pueden otorgar el beneficio (a menos que haya peligro de fuga, pérdida de pruebas o amenazas a testigos) a los detenidos que no reciben tratamiento médico adecuado en un penal, a los enfermos terminales, a los discapacitados que reciben trato indigno, a los mayores de 70 años y a las mujeres embarazadas o que tienen hijos menores de cinco años o un discapacitado a su cargo.

Los casos

Fernández, ex adjunta de la Dirección de Fiscalización y Control porteña, fue condenada por el Tribunal Oral N° 24 a tres años y seis meses de prisión por omisión de los deberes de funcionaria pública e incendio culposo seguido de muerte. Los jueces le negaron el arresto domiciliario porque, dijeron, “existe otra madre que puede ocuparse del pequeño”, en alusión a que Ana María está casada con otra mujer, y el bebé (de ocho meses) no está en “situación de desamparo”. Su abogado recurrió a la Casación mientras que la Procuración Penitenciaria se presentó como amicus curiae y denunció discriminación, ya que un argumento de la resolución aludía a la orientación sexual de Fernández.

El 10 de enero último la “sala de feria” de la Casación volvió a rechazar el arresto domiciliario. La mayoría, integrada por Eduardo Riggi y Liliana Catucci, además de decir que el chiquito tiene otra madre sostuvo que no están en riesgo su salud ni la de su mamá en las instalaciones del penal de Ezeiza. En disidencia de Angela Ledesma advertía que no se tuvo en cuenta “el interés superior del niño” y recordó que Fernández es quien lo amamanta. “El contexto de nuestras cárceles no es el más adecuado para un niño en sus primeros momentos de la vida, menos aún en la lactancia”, contradijo a sus colegas. Recordó que el bebé tuvo bronquiolitis y que “las detenidas conviven con cucarachas”, “el pabellón no tiene prácticamente luz natural” y no hay guardia pediátrica constante. Menéndez, ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, fue condenado en diciembre a prisión perpetua por un Tribunal Oral Federal de la Rioja por el secuestro, tormentos agravados y el homicidio calificado de los curas Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, en 1976. Es la novena condena por crímenes de lesa humanidad. El tribunal riojano, al condenarlo, revocó el arresto domiciliario y ordenó mandarlo a una cárcel común, pero difirió la difusión de sus fundamentos. Menéndez también fue a Casación y la sala de feria –esta vez integrada por Luis Cabral en lugar de Catucci– lo devolvió a su casa, en Córdoba. Se basó en que la condena no está firme ni se conocen sus razones. No hablaron de la edad o su salud. El fiscal de Casación Javier de Luca presentó el viernes último un recurso ante la Corte Suprema, que considera que la resolución fue arbitraria; que no es requisito una condena firme para definir la detención en una cárcel común; que además la condena contra Menéndez es de cumplimiento efectivo, lo que eleva los riesgos procesales, que precisó la fiscalía; que la propia Corte ha sostenido que hay jerarcas militares cuyas “estructuras de poder” con las que actuaron en dictadura “mantienen una actividad remanente”; y que no hay datos sobre cambios en la salud de Menéndez.

La polémica

“La comparación de los dos casos exhibe la capacidad de generar injusticia del sistema judicial”, evaluó el fiscal Félix Crous, quien actúa en juicios de derechos humanos. “Ya es una tendencia de los tribunales orales federales la ligereza en la concesión de las detenciones domiciliarias a condenados por crímenes de lesa humanidad; a las que, además, controla poco y mal. El peligro de la salida de la cárcel de estos condenados no reside en su fuerza física, sino en el poder que conservan”, dijo la Corte. Esto contrasta con la denegatoria a una madre con un lactante, condenada por un delito cometido desde la función pública; ¿qué peligro podría entrañar, cuando ya dejó el cargo? La decisión obliga a un niño a permanecer en la cárcel junto a su madre en los años de la formación de su personalidad básica, sin razón que justifique una resolución de tamaña gravedad; se proyectan sobre el niño efectos severos y probablemente indelebles del encierro”, analizó.

El penalista Alberto Bovino, que en su blog No hay Derecho fue hipercrítico con la denegación de la domiciliaria a Fernández por contener “argumentos inhumanos”, consideró apresurada una comparación muy directa con el caso de Menéndez, donde los jueces no entraron en las razones de fondo del arresto domiciliario. Pero previno que si fueran coherentes, a futuro, deberían sostener la prisión efectiva.

Es un clásico en Casación que ciertos jueces –en especial los más antiguos– aplican criterios amplios y más garantistas cuando hay acusados de crímenes dictatoriales, y más restringidos ante los delitos comunes. Según analizó la Procuración Penitenciaria, Riggi y Catucci nunca conceden la prisión domiciliaria a embarazadas o madres de menores.

Riggi se forjó en el Camarón, la Cámara Federal creada en 1973 para perseguir militantes políticos, estudiantiles y sindicales en todo el país. En 2011 quedó escrachado en las escuchas que revelaron un intento de soborno para beneficiar a José Pedraza en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra. Cabral hoy conduce la Asociación de Magistrados, donde un amplio sector cuestiona los juicios a los represores. Fue denunciado por subrogar en Casación sin haber sido sorteado.

El abogado Borda explicó que “aunque los jueces puedan decidir si dar o no el arresto domiciliario, eso no significa que puedan hacerlo discrecionalmente. Mucho menos que lo puedan aplicar en forma sesgada o discriminatoria, habilitándolo sólo para determinadas categorías de delitos, como las condenas por delitos de lesa humanidad o de cuello blanco, y restringiéndolo sistemáticamente para determinados grupos de personas, como las madres o las personas que viven en una villa”.

Cualquiera que lo vea de afuera, con sentido común, diría que en Casación todavía, según el caso, se mide con distinta vara.

DE LA AMIA AL FMI, LOS FONDOS BUITRE, EL HUMOR SOEZ Y LA BAJA DEL DESEMPLEO

After hours

A la AMIA le interesa menos esclarecer el atentado que alinearse con la intransigencia israelí; urgido por Inglaterra el FMI intenta un escarmiento y la Argentina presentó su alegato en el juicio con los fondos buitre. En la ruleta del dólar clandestino se cantó Negro el 8. La vileza personal de la oposición contra la presidente degrada el debate y es autoderrotista. Mientras CFK procura conservar los niveles de empleo, Scioli sigue vacilando entre la sumisión y el salto al vacío.

 Por Horacio Verbitsky

La tarde del viernes fue extraña, con un encadenamiento errático de episodios deshilvanados, como en la famosa After hours de Scorsese. El presidente de la AMIA anunció que retiraba su apoyo al memorando de entendimiento que firmaron la Argentina e Irán en torno de las actuaciones judiciales por el atentado de 1994 a la mutual judía de Buenos Aires, que el mismo Guillermo Borger había aceptado dos días antes. Cuando el gobierno aún estaba tratando de averiguar qué había cambiado, llegó la declaración del Fondo Monetario que rindió homenaje en su estilo al gobierno kirchnerista, el primero en recibir una moción de censura y un ultimátum en los 69 años transcurridos desde su creación, por la falta de credibilidad de los índices de precios y de crecimiento del INDEC. Aunque requiera cierta sutileza es posible diferenciar entre la verdad de los cuestionamientos a la manipulación estadística, que tanto daño le hace a la credibilidad de la palabra pública, de su utilización en contra del gobierno por razones que no tienen que ver con la integridad estadística, sino con el molesto desafío que la Argentina plantea a Gran Bretaña con el persistente reclamo de negociaciones por la soberanía en las islas Malvinas. Si a ello se suma que la City de Londres es donde se articulan los principales paraísos fiscales del mundo, se comprende la posición británica en el FMI. De hecho, nada cambia para el país que hace ya seis años canceló sus cuentas con el Fondo. Lo dispuesto sirve para cuestionar las políticas independentistas del gobierno, presentándolo como irresponsable y aislado. El mismo día, la Argentina presentaba sus argumentos ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el juicio de uno de los fondos especulativos que pretende cobrar el 100 por ciento de sus créditos, y el dólar clandestino tocaba por primera vez los ocho pesos, como una ostensible presión devaluatoria. Al regreso de un viaje misterioso a Italia, allí donde tenía sus inversiones Lorenzo Miguel, el gobernador bonaerense Daniel Scioli evalúa por milésima vez hasta dónde tensar y en qué punto descomprimir la relación con el gobierno nacional, del que depende para que su administración no desaparezca tragada por un cenote gigante como el que deglutió un cuarto de manzana en Guangzhou, China. Y el eco de los insultos a la presidente Cristina Fernández de Kirchner reverbera tanto por el contenido soez como por el emisor, que ahora fue un político de primera línea. Todos estos fenómenos no pueden ponerse en la misma cuenta, y algunos de los actores tienen intereses contrapuestos. Pero su simultaneidad constituye un dato insoslayable, económico pero también político, nacional e internacional.

Cuestión de nivel

El candidato de PRO a la gobernación de Santa Fe, Miguel del Sel, dijo que la presidente era una “vieja chota hija de puta”. Con una sintaxis tan limpia como su pensamiento explicó que no tendría nada que decir de alguien que se hubiera ganado sus bienes “por derecha, chupando pijas”. Al día siguiente, pidió disculpas y dijo que estaba “en total desacuerdo con la violencia verbal que vive la política actual en la Argentina”. Del Sel es un humorista e hizo un chiste, agresiones son las del gobierno nacional, que nunca pide disculpas, dijeron sus reclutadores del PRO, Maurizio Macrì y Horacio Rodríguez Larreta, tan moderados como Del Sel. Más rápido para la contradicción, el columnista de La Nación Luis Majul escribió que pocos periodistas o dirigentes agravian, descalifican o insultan a CFK, pero lo hizo en una nota titulada “La Presidenta del miedo y el carpetazo”, en la cual sostuvo que ella transmitía “odio, resentimiento y ánimo de venganza”. Claro que la incongruencia de Majul no puede compararse con la del recién llegado a la política santafesina, como que representan dos estadios distintos en la evolución intelectual. En agosto de 2010, Macrì, dijo que tomaría el tren del poder aunque para ello debiera “tirar por la ventana a Néstor Kirchner porque no lo aguantamos más”. Hoy lo extrañan, como pragmático componedor. En junio de 2011 fue Francisco De Narváez quien dijo que Kirchner eligió morirse antes de perder otra elección y en su pedido de disculpas dijo que su frase había sido desafortunada pero sin intención de ofender. Pasaron sólo dos meses antes de que Cristina se impusiera en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con más del 50 por ciento de los votos.

Es curioso que haya habido más reacciones en defensa de la presidente y en general de las mujeres, que de preocupación por la salud mental y moral de quienes ni siquiera tienen la capacidad de advertir la degradación que aportan al debate político y las consecuencias deletéreas que obtienen para su propio campo. Pero sería un error diluir el episodio sin intentar una reflexión más allá de sus actores, sobre algunas características de la escena actual que se hicieron ostensibles en las movilizaciones democráticas de septiembre y noviembre en el centro de la Capital convocadas contra la diktadura sangrienta, durante las que no hubo otros incidentes que los golpes e insultos de manifestantes a periodistas. Los carteles que portaban emergen de las cloacas que algunos medios de la oposición exhiben en sus ediciones digitales al concluir sus notas informativas o de opinión. Es cierto, esto no ocurre sólo en las pantallas de los diarios. Ese río putrefacto recorre toda la extensión del subsuelo social, con erupciones aquí y allá en blogs y tweets. Esos efluvios son el precio de la libertad, que todos necesitamos respirar, aunque a veces huela mal. Pero en esos casos, se trata de ingresos voluntarios a sitios que no enmascaran su índole. Cada adulto elige aquello en que se solaza. Esto es incomparable con las páginas de medios establecidos, a las que se acude en procura de información o entretenimiento. Concluye una nota sobre un automovilista que atropelló a una persona o sobre una discusión que terminó con un femicidio y se destapa la letrina, de la que emergen insultos e injurias contra Cristina sin relación alguna con el tema. Los medios monsergan con empaque de respetabilidad, cuando en realidad entran con los pantalones bajos y sin lavarse las manos a las casas a las que han sido invitados. La duda es si lo hacen aposta, como forma aleve de expresar sus propias pulsiones o porque no advierten que están haciendo propia una criatura monstruosa, a la que le dan su nombre. El extremo risible es La Nación que en su crónica transcribe “Vieja hija de p...” con tradicional mojigatería pero también abre sus páginas a los peores ultrajes. Los políticos de la oposición son las principales víctimas, porque esa retahíla impúdica los conduce adormecidos hasta toparse con una presidente que inmune al vilipendio no deja pasar un día sin proponer debates y/o medidas políticas y económicas de fondo, que afectan la vida colectiva. Les pasó hace quince meses y puede volver a ocurrirles en otros cinco, cuando las nuevas PASO den comienzo al calendario electoral 2013.

Menos crecimiento, más empleo

Pese a la desaceleración brusca del crecimiento, que en 2012 no llegaría al 2 por ciento del PIB, el desempleo se redujo del 7,6 al 6,9 por ciento. Esto se debe a “la presencia del Estado sosteniendo el trabajo, el consumo, el mercado interno, el crédito a los trabajadores, las convenciones colectivas de trabajo, e inyectando recursos precisamente para asegurar la demanda”, explicó Cristina. La presidente también comunicó el aumento del 20 por ciento en el mínimo no imponible para la cuarta categoría del impuesto a los ingresos de las personas. Lo hizo al cabo de un año de reclamos de todas las centrales sindicales, desde quienes rechazan sin más lo que llaman un impuesto al trabajo, como Hugo Moyano y su CGT residual, hasta quienes aspiraban a una recomposición del 25 por ciento, como Hugo Yasky y el sector mayoritario de la CTA. Entre ambos, la nueva conducción de la CGT presentó un trabajo que bajo la conducción del sindicalista de los docentes privados Horacio Ghillini, elaboró un grupo de economistas, entre ellos Daniel Carbonetto. Su propuesta fue que pagaran el impuesto los trabajadores solteros que ganan 9.100 pesos mensuales y los casados con dos hijos a partir de 12.500 es decir un incremento del 50 por ciento. Para llegar a este valor ajustaron los haberes por el IPC nueve provincias, el que usan los investigadores reacios tanto a las manipuladas cifras del INDEC como a las de las consultoras privadas que realizan estimaciones aproximadas sin rigor metodológico. Para compensar la merma en la recaudación que sufriría el Estado, los economistas de la CGT propusieron aplicar un impuesto del uno por ciento a las transacciones financieras realizadas en la Bolsa de Valores y en el Mercado Abierto Electrónico, duplicar las retenciones a las empresas mineras y triplicar la recaudación del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires. Estimaron que de este modo podría obtenerse un incremento de recaudación de más de 15.000 millones de pesos anuales. Esto compensaría la merma por la disminución de aportantes de la cuarta categoría, que la CGT no cuantificó, pero que superaría los 17.000 millones (ya que con el aumento del 20 por ciento esa disminución será de 8.171 millones, de acuerdo con el informe de la AFIP). En consecuencia, aunque el avance sobre esos tres rubros pudiera realizarse sin resistencia, quedaría un bache fiscal de 2000 millones de pesos. En el mundo real no basta con escribir los números de esos gravámenes en una planilla. Para dimensionar qué implicaría un impuesto del uno por ciento a las transacciones financieras desde el punto de vista económico, pero también político, basta observar que los estudios más serios sobre la tasa de alcance global que propuso el Premio Nobel de Economía James Tobin oscilaron entre un 0,1 y un 0,5 por ciento. El entonces Grupo de los 7 discutió por primera vez el tema en 1996, en Francia. Debieron pasar diecisiete años y la peor crisis global en un siglo para que once países (Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Italia y Portugal) acordaran imponer una tasa del 0,1 por ciento para la compraventa de acciones y bonos y del 0,01 por ciento para los productos derivados, que recién entraría en vigencia el año próximo y exceptuando a los pequeños inversores. La idea de que una tasa del uno por ciento pueda ser implantada en un solo país, a media hora de avión de la generosa plaza de Montevideo, sólo puede inspirarse en el voluntarismo o el engaño. En cuanto a la minería, tanto el Estado nacional como las provincias están explorando vías para sortear la ley 24.196, de inversiones mineras, que brinda a las empresas estabilidad fiscal por tres décadas al prohibir modificaciones en la carga tributaria vigente al momento de aprobarse un proyecto. Pese a ello, al comenzar su primer mandato CFK cuadruplicó las retenciones que deben pagar, considerando que esos aranceles no están cubiertos por la ley del menemismo, y al inicio del segundo eliminó los subsidios eléctricos que recibían y las obligó a liquidar aquí los dólares que obtienen por sus ventas. La triplicación del inmobiliario rural bonaerense provocaría un incendio peor que el de 2008 y, además, depende de la voluntad de un gobernador que prefiere demandar fondos a la Nación y no litigar con sectores poderosos porque, como explica cada vez que ve un micrófono, él es hombre de consenso y no de confrontación. El detallado informe que presentó la AFIP, indica que con los nuevos mínimos, sólo pagarán el impuesto el 17,5 de los trabajadores. Hasta la CGT reconoció en su trabajo que en otros países de la región y sobre todo en los de mayor grado de desarrollo el impuesto a los ingresos provenientes del trabajo es más alto que en la Argentina y que es progresivo, al afectar sólo a los trabajadores de mayores salarios y con tasas más altas para los de ingresos superiores. Luis Barrionuevo amenazó con paros y Pablo Micheli dijo que imaginaba un futuro conflictivo, que es su idea fija, hasta ahora de improbable verificación. La crítica más repetida fue que en cuanto se cierren las negociaciones paritarias con aumentos del 25 por ciento, volverá a crecer el número de alcanzados por el impuesto. Esta es una involuntaria admisión de que con un aumento de la misma magnitud que el del mínimo no imponible, el número de aportantes de la cuarta categoría se mantendría por debajo de la cantidad actual. La presidente también anunció un incremento del 15,18 por ciento de jubilaciones y pensiones a partir del 1° de marzo, que implica una mejora anualizada del 28,33 por ciento, bien por encima de cualquier cálculo del IPC. El viernes la Comisión Europea confirmó los datos oficiales de la Eurozona: en sus diecisiete países la desocupación ya llega al 11,4 por ciento, contraste imprescindible a la hora de juzgar políticas y entender por qué los microclimas catastrofistas no se contagian al humor social. Como confesó entre la desilusión y la intriga otro columnista de La Nación, “La sanción del FMI es previsible. Y raro que hasta ahora el costo local pagado por el gobierno sea tan bajo”.

EL PRO EMBARRANDO LA CANCHA EN EL CASO AMIA

LAS MAS ALTAS FUENTES DETALLAN LAS CONDICIONES PARA HABLAR CON TEHERAN

Las garantías de un diálogo

Sólo el juez Canicoba Corral podrá cancelar los pedidos de captura. Las indagatorias en otro país son perfectamente válidas, la comisión de juristas sólo podrá asesorar a los gobiernos, sin injerencia en el procedimiento.

 Por Raúl Kollmann

Desde que se firmó el acuerdo entre Argentina e Irán hace hoy exactamente una semana, se desarrolla un debate sobre sus alcances que cruza toda la escena política y periodística nacional, y adquiere peculiaridades específicas en la interna de la comunidad judía. Página/12 recurrió a las fuentes más autorizadas tanto de la Justicia como de la Cancillería para dar respuesta a los principales interrogantes planteados. Así confirmó que Interpol hizo saber que las órdenes de captura con alertas rojos, una de las principales preocupaciones planteadas por los opositores al acuerdo, están vigentes y seguirán estándolo hasta que el juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, disponga un cambio. El propio juez de la causa, con la validación del ministro de la Corte Raúl Zaffaroni, le explicó a este diario que las indagatorias en Teherán serían válidas, que se puede hacer una extensión de jurisdicción, y la comisión internacional de juristas podrá funcionar asesorando a los poderes ejecutivos, pero sin resoluciones vinculantes para el Poder Judicial. En los últimos días, se fue colando en el debate la interna en la comunidad judía, sobre todo entre sectores religiosos ortodoxos, los que responden al PRO, y quienes apuntan a un judaísmo más abierto (ver aparte el reportaje al presidente de la DAIA, Julio Schlosser). Como han sostenido casi todos los protagonistas –familiares, instituciones judías, integrantes del Poder Judicial–, nada asegura de antemano que el intento llegue a buen puerto, pero todos coinciden en que es la primera movida de envergadura, después de 18 años y medio, para ver si se puede avanzar en la causa con la indagatoria de los sospechosos iraníes.

Las que siguen son las principales preguntas y respuestas planteadas en torno al acuerdo:

1 En medio de este proceso, ¿pueden ser levantadas las órdenes de captura con alerta rojo emanadas de Interpol?

Interpol informó el viernes a la Cancillería que los alertas rojos sólo pueden ser levantados por orden del juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral. De manera que eso deja las cosas claras en un punto que fue planteado por Memoria Activa en la reunión que mantuvieron los familiares y las entidades judías con el canciller, el martes pasado. Pese a lo que se ha hecho trascender, la organización internacional de policía no evalúa pruebas –no dice si hay sustento en las imputaciones o no–, sino que se asegura que las órdenes de captura emanen de jueces competentes. Por eso Interpol lo integran las distintas policías y no los poderes judiciales. Los alertas rojos habían quedado suspendidos cuando el ex juez Juan José Galeano fue cuestionado y destituido. Una vez que la orden de captura fue re-emitida por el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral, volvieron a regir. Y de acuerdo al informe de Interpol del viernes, regirán mientras no sean levantados por el juez.

2 Lo que figura como interrogatorio en el acta-acuerdo deberá ser una indagatoria válida para la Justicia argentina.

Tanto el juez de la causa, Canicoba Corral, como el integrante de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, dijeron que no hay objeciones a indagar a sospechosos fuera de la Argentina. Se ha hecho anteriormente y se podría hacer esta vez. “No hay cesión de soberanía”, sostuvo Zaffaroni. “Si el Congreso convalida el acuerdo, no veo problema”, afirmó Canicoba. El fiscal Nisman ha hecho saber que acompañará el proceso.

Hay un punto que el Gobierno hizo trascender: “No nos metemos en la parte judicial. El juez y el fiscal dirán qué es legal y qué no. El viaje y sus gastos deben ser autorizados por la autoridad judicial superior: el viaje del fiscal, la Procuración; el viaje del juez, la Corte Suprema. De manera que suponemos nadie va a ir a Teherán a hacer algo que no sea válido. Por ahora, el juez ha dicho que le parece válido y los antecedentes marcan eso. Zaffaroni compartió ese criterio. Nuestro papel fue negociar para que exista la posibilidad”.

3 ¿Por qué la indagatoria se hace en Irán y no en otro país?

Según cuentan en la Cancillería, Teherán tenía muy estudiado el sistema legal argentino y de inmediato puso sobre la mesa los casos en que jueces argentinos tomaron indagatorias en otros países. Por lo tanto, plantearon que no había obstáculos para que se hiciera en Teherán y los expertos legales de la Cancillería consideraron que lo importante era que ese punto no trabe los avances.

4 ¿Es obligatorio que la indagatoria se haga en la embajada argentina en Teherán, es decir en territorio argentino?

No necesariamente, puede haber una extensión de la jurisdicción, pero tiene que estar aprobada por el Congreso. “El que habla de inconstitucionalidad no tiene conocimientos –dijo Canicoba–. Estos procedimientos están regidos por ley, no por la Constitución, y por lo tanto la resolución del Congreso puede extender la jurisdicción sin problemas”. En principio, el texto está siendo trabajado por la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo de Carlos Za-nnini. Llegará al Congreso próximamente.

5 Sobre las facultades de la comisión internacional de juristas.

En el Gobierno consideran que la existencia de la comisión puede constituir una enorme ventaja: será una especie de garantía de que no se le pongan obstáculos al juez, al fiscal, a los abogados de las instituciones judías y a los abogados de los familiares y a los propios familiares de las víctimas que viajen a Teherán. El canciller aseguró que la comisión sólo asesorará a los poderes ejecutivos, por ejemplo, en que se cumplan los procedimientos legales. Timerman le dijo a este diario: “¿Qué hay mejor que una comisión de juristas internacionales prestigiosos que digan que este fue un proceso limpio y transparente?”. El juez Canicoba Corral ha dicho que esa comisión puede actuar como un amicus curiae, es decir que puede hacer sugerencias, no como una Cámara que revisa resoluciones. Nuevamente, en este punto, los límites los pondrán el juez y el fiscal.

6 ¿Qué sucede si, por ejemplo, el congreso iraní no aprueba el acuerdo? ¿Qué sucede si aquí hay trabas? ¿O si en Teherán obstaculizan los procedimientos?

En la Cancillería consideran que si Irán no lo aprueba, quedará expuesto. O mejor dicho, el que no lo apruebe quedará expuesto. El escenario en Irán no es sencillo: hay elecciones presidenciales el 14 de junio de este año. Uno de los candidatos con más posibilidades es el ex canciller Alí Velayatti, que está imputado en la causa AMIA, pero que, como establece el acuerdo, no será indagado porque su nombre no está abarcado por una alerta rojo de Interpol, ya que ocupaba un importante cargo político en ese momento. Velayatti, conservador, sería el candidato del líder religioso de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, la figura de mayor poder en el país persa. El tema no es menor: muchas veces los diplomáticos iraníes firmaron acuerdos que después fueron vetados por el ala religiosa. En este caso, el canciller Salehi responde al ala conservadora y también podría ser candidato. En la vereda de enfrente están los alineados con el actual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, considerados los populistas, que plantean un suave relajamiento de las restricciones religiosas, pero tienen un fuerte tono nacionalista. Están en un durísimo enfrentamiento con el líder religioso. El candidato de esta franja sería Esfandiar Mashaei, un hombre muy cercano al actual presidente. La tercera corriente, los reformistas, están muy debilitados hasta el momento, pero podrían resurgir en los próximos meses.

7 ¿Cómo juega la interna de la comunidad judía?

Tras la reunión entre Timerman, la AMIA, la DAIA y las distintas agrupaciones de familiares hubo una coincidencia en avanzar hacia las indagatorias. El canciller aclaró los puntos que se consideraron confusos y prácticamente todas las partes firmaron comunicados o hicieron declaraciones respaldando el acuerdo, siempre que se cumpliera con las aclaraciones hechas por el canciller. No bien terminó aquel encuentro del martes, la corriente religiosa de la AMIA, que encabeza el rabino Samuel Levin y los más vinculados al PRO, como el rabino Sergio Bergman, iniciaron una ofensiva sobre el titular de la mutual judía, Guillermo Borger. Las cosas incluso llegaron a que haya un comunicado de AMIA sin firma ni membrete poniendo condiciones al acuerdo. Eso ocurrió el miércoles. Ya el viernes salió una declaración en la que directamente se rechazó el acuerdo. Lo asombroso es que, por entonces, la mayoría de los puntos estaban despejados.

8 ¿La Cancillería buscará convencer a la AMIA?

No, la Cancillería ya dio por cerrado el tema y de ninguna manera se meterá en la interna de la AMIA o de la comunidad judía. El tema está hoy principalmente en manos de Zannini, que prepara el envío al Congreso. “Los debates se darán en las dos cámaras”, afirman en el Ejecutivo. Un trasfondo adicional en el tratamiento del acuerdo es la relación con Estados Unidos. Son cada vez más fuertes los indicios de que habrá una negociación bilateral en el tema nuclear (ver aparte) entre Estados Unidos e Irán. El vicepresidente norteamericano, Joe Biden, ha dicho que su país está listo para sentarse a la mesa de negociaciones con Irán: “Hace falta que el líder religioso, el ayatolá Khamenei, se ponga serio y se decida a conversar con nosotros”. Para la Casa Rosada es una nueva muestra de que negociar no es mala palabra, siempre que –en el caso de la AMIA– permita avanzar en la causa judicial.

raulkollmann@hotmail.com

La hora del juicio

 Por Horacio Verbitsky

Por el memorándum de entendimiento con Irán anunciado el lunes, la República Islámica acepta que la Justicia argentina interrogue a los acusados por el atentado a la sede de la colectividad judía de la calle Pasteur, donde murieron 85 personas. Entre ellos están el ministro de Defensa de Irán y dos candidatos presidenciales, por lo cual la firma del acuerdo no provocó menos conmoción allí que aquí. El canciller iraní debió dar explicaciones durante seis horas a un consejo superior religioso. La AMIA exige que Irán refrende en forma explícita que el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral realizarán en Teherán una indagatoria de los acusados, de acuerdo con la ley argentina, pero al mismo tiempo anticipa que aún así se opondría, alegando una desconfianza esencial en la teocracia y el negacionismo iraníes. ¿Acaso también duda de la solidez de las pruebas colectadas por Nisman, quien está operando en forma intensa contra el acuerdo entre los familiares de las víctimas? La negociación comenzó en setiembre del año pasado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, entre los cancilleres Héctor Timerman y Ali Akbar Salehi. Timerman informó también en Naciones Unidas a su colega israelí, Avigdor Lieberman, quien rechazó cualquier negociación con el régimen persa. “Si no podemos hablar con Irán, ¿qué hacemos con los acusados, mandamos un comando o un avión y los matamos, como hacen otros? No es nuestra política ni tenemos la capacidad para hacerlo”, respondió Timerman. Lieberman no respondió. En cambio un alto funcionario del Departamento de Estado norteamericano, que interviene en las negociaciones nucleares con Irán, le dijo a Timerman que no veía objeciones a negociar, lo cual refleja una línea interna que se afirmó en la administración norteamericana una vez reelecto Obama, mientras otro sector influido por Israel no consiente avenimientos y presiona por bombardeos. El acuerdo fue firmado el 27 de enero en Etiopía. Entre ambas reuniones hubo dos encuentros, en Zurich y Ginebra, de los que participaron el viceministro Eduardo Zuain y la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Desde Buenos Aires monitorearon el texto la presidente y el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, quien prepara el envío del acuerdo al Congreso, que debe ratificarlo igual que el de Irán. Esa exposición de motivos no estaría lista esta semana, ya que recapitula con detalle todo lo actuado en la causa, desde que Cristina encabezó la comisión parlamentaria investigadora e incluyendo la apertura de archivos dispuesta por Néstor Kirchner, que derritió la versión oficial elaborada durante el menemismo y terminó con el presidente, su ministro del Interior, su jefe de Inteligencia y el juez de la causa en el banquillo de los acusados por falsificar pruebas. Cuando el texto comience a ser tratado por el Congreso, en la semana del cumpleaños 60 de la presidente, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo invadirán el campo de la Justicia. Serán el fiscal y el juez quienes decidan el carácter procesal del acto a realizar. Los gobiernos y la comisión internacional de juristas sólo garantizarán que sea posible, a 19 años de los hechos. La premura por el aviso, que hizo la presidente con varios tweets, no permitió que el gobierno diera las explicaciones correspondientes a los familiares y a las organizaciones víctimas del atentado antes de la publicación del acuerdo. Luego de 29 horas de vuelo dese Adis Abeba, Timerman se afeitó y fue a ofrecer esas precisiones a la DAIA, la AMIA y Memoria Activa, que se dieron por satisfechas. Un familiar rezongó que llevaba diecinueve años esperando justicia. Timerman le respondió que debieron pasar 35 para que fueran condenados quienes secuestraron y torturaron a su padre. Pero la AMIA, surcada por divisiones internas y un inminente proceso electoral, exigió primero un documento aclaratorio y luego una renegociación del acuerdo con Irán. Ese pedido fue redactado por el rabino ortodoxo Samuel Levin del Centro de Altos Estudios Jafetz Jaim, en acuerdo con el rabino reformista Sergio Bergman, del PRO. En Israel, los ortodoxos no reconocen como rabinos a los reformistas, pero aquí tienen un acuerdo para impedir que grupos laicos conduzcan la mutual. El vicepresidente de la DAIA, Waldo Wolff, le dijo a la Agencia Judía de Noticias (AJN) que los tres cambios de opinión de la AMIA en 72 horas en un tema tan delicado se deben a la interna política, “en función de quienes dan las órdenes”. A este cuadro interno se suma la prioridad que para sectores poderosos de la AMIA tiene el alineamiento con la derecha israelí por encima del esclarecimiento del atentado. El gobierno entiende que no se trata de sumar garantías verbales sino de verificar en la práctica el cumplimiento de lo acordado. Ante una consulta oficial, INTERPOL respondió que sólo el juez que emitió las alertas rojas pidiendo la captura de los acusados puede levantarlas. No faltan aspectos picarescos. Una de las organizaciones sostuvo que no estaría de acuerdo si lo que se buscaba era aumentar el comercio con Irán. Timerman respondió que eso deberían decírselo al principal exportador argentino a ese mercado, lo cual sobresaltó al abogado de ese organismo: el cerealero mencionado también era cliente suyo.

LA JIHAD AFRICANA COMO PRETEXTO

La invasión a Mali despabila a EE.UU.

 Por Juan Gelman

Es verdad que la Casa Blanca nunca estuvo dormida respecto al Africa: entre otras cosas, viene entrenando a tropas de 34 países y el Comando Estadounidense para Africa (Africom, por sus siglas en inglés) con sede en Stuttgart, encargado de los operativos militares “para apoyar la democracia y la libertad” en el continente negro, ha instalado numerosas bases que llevan el nombre gentil de “locaciones cooperativas de seguridad”. Pero la invasión francesa de Mali abrió las puertas para concretar la denominada “lucha contra el terrorismo” en Africa. Es decir, la guerra, como en Irak, como en Afganistán.

Enfrentar la amenaza de Al Qaida es, como de costumbre, la consigna que enarbolan Washington y París, su socio menor en la OTAN. Pero la cuestión no es tan clara. Como señala Patrick Cockburn, ex corresponsal en Medio Oriente del Financial Times: “La insurgencia nacionalista tuareg, y no el islamismo radical, es el corazón de la crisis en Mali. ¿Qué está haciendo AQIM (nombre del grupo jihadista presuntamente afín a Al Qaida) en el norte de Mali, que nunca fue en el pasado un bastión de los fundamentalistas? AQIM es un movimiento que emergió de la guerra civil de los ’90 en Argelia. Fundado en 1998, sus miembros se trasladaron al norte de Mali en el 2003, cuyo gobierno los consideró una contrapartida de los separatistas tuareg” (www.counterpunch.org, 21-1-13).

En efecto, el gobierno maliense no sólo ha tolerado los operativos de AQIM en la última década: también sacó provecho de los secuestros y del narcotráfico practicados por los falafistas jihadistas. Siempre desvió a AQIM la ayuda militar internacional recibida para impedir el secesionismo tuareg. Agrupados en el Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad (MNLA, por sus siglas en inglés), los tuaregs se rebelaron en el 2012, desalojaron del norte de Mali a las tropas del ejército y declararon la independencia de Azawad, un territorio que comprende el 60 por ciento del país. El gobierno maliense usó a AQIM para combatir al MNLA, que se caracteriza por su laicismo.

Es confusa además la relación de AQIM con Al Qaida. “A menudo se lo describe como una ‘rama’ de la central de Al Qaida a la que Osama bin Laden dio fama”, señala The Washington Post. Agrega: “Es muy difícil conocer la conexión exacta entre los líderes de AQIM en Argelia y los que operan muy lejos en Irak y Afganistán. Pero la trayectoria de AQIM sugiere que sobre todo actúa por cuestiones locales, más que en función de la ‘jihad global’ que impulsa la central de Al Qaida” (www.washingtonpost.com, 17-1-13).

Francia combate ahora contra AQIM y, en particular, contra el MNLA. Es que el separatismo tuareg podría ganar adeptos en las naciones vecinas. Azawad, que alguna vez fuera un Estado no reconocido, abarca zonas del norte maliense, pero también del norte de Níger, el sur de Argelia y el sur de Libia. Y muy cerca, en Níger, Francia explota dos minas de uranio que satisfacen el 30 por ciento del abastecimiento de su sistema nuclear, que proporciona el 75 por ciento de la electricidad que insume. Está instalando la tercera, pero sería subestimar el verdadero núcleo de la cuestión reduciéndola a los intereses de Francia.

El problema para Occidente en Africa es, en realidad, China. A lo largo de los años, Beijing ha instalado unas 2000 fábricas propias en distintos países del continente, una inversión indirecta cuyo monto el Banco Mundial estima en 33.000 millones de dólares. El comercio chino-africano fue por valor de 200.000 millones de dólares en el 2012 y aumenta a una tasa anual del 33,6 por ciento (www.chinadaily.com.cns, 19-7-12). Y luego, las inversiones en la explotación de materias primas, petróleo incluido: 90.000 millones de dólares hasta mediados del año pasado (www.businessinsider.com, 27-6-12).

La síntesis de la cuestión sería contener a China detectando a Al Qaida en todas partes, fatigado pretexto para intervenir militarmente. En Washington se habla ya de una larga guerra en toda la región del Sahel, que se extiende desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Un funcionario estadounidense se refirió a la intervención occidental en Mali: “Va a tomar mucho tiempo y tiempo significa que puede durar varios años” (www.washibgtonpost.com, 28-1-13). “Algunos altos funcionarios y mandos militares del Pentágono advierten que, sin una acción más agresiva de EE.UU., Mali podrá convertirse en un refugio para los extremistas” (www.latimes.com, 18-1-13).

La Casa Blanca diseña un plan para instalar una base permanente de aviones no tripulados en Africa, según The New York Times. Un funcionario declaró a este periódico que tal base “está directamente relacionada con la misión en Mali, pero también le daría al Africom una presencia más perdurable” (www.nytimes.com. 28-1-13). Como dijera el nuevo secretario de Estado, John Kerry, ante el Senado: “China está en toda Africa, repito, en toda Africa. Y están comprando contratos a largo plazo para la explotación de minerales. Y hay algunos lugares en los que no estamos en el juego. Y odio decir esto. Y tenemos que entrar” (www.upi.com, 24-1-13). Cristal clear, como dicen por allá.

DOLAR BLUE Y ESTABILIDAD

El color del dinero

 Por Raúl Dellatorre

¿La estabilidad del Gobierno está amenazada por la disparada del dólar blue? ¿Hay un manejo en las sombras de este mercado buscando efectos desestabilizadores? ¿Adónde nos lleva el descontrol del blue? O quizás haya que preguntarse, ¿adónde nos llevan quienes controlan el blue? La visión apocalíptica respecto de una economía que se desplaza sobre un tobogán hacia el desastre se realimenta a diario. Quienes la invocan hasta ahora no han hecho mucho más esfuerzo que aludir a la trepada del dólar blue y mirar hacia el lado del Gobierno preguntando: “¿Y? ¿No van a hacer nada ante semejante situación?”. El Gobierno responde de manera retórica: no hay nada que deba hacerse ante un mercado ilegal más que aumentar los controles, aunque se acuse a esos mismos controles de haber generado el mal. En el medio, no son pocos los que no saben a quién creer.

Una aproximación a los elementos que componen esta compleja batalla podría comenzar señalando que existe un problema económico con un aprovechamiento político. Este último es muy grande, al punto de haberse convertido en eje discursivo de buena parte de la oposición, compuesta por factores políticos pero también económicos. Lo que cabe dimensionar, frente a esto, es el tamaño del problema económico.

El mercado paralelo es, por volumen, exiguo. Son apenas un puñado de millones los que se mueven a diario en la compraventa de billetes en esa plaza ilegal. Surgió como una plaza a la que concurrían quienes buscaban fugar utilidades no declaradas en el país, que necesitaban por ello convertirlas en dólares. A esa demanda se la atendía con fondos de divisas en negro que especulaban con obtener diferencias lucrando sobre quien tenía necesidad de comprar los dólares cubiertos por la opacidad de esa plaza. Pero la prohibición oficial a la venta de dólares para atesoramiento (ahorro) y las restricciones a la venta de divisas a turistas creó una demanda adicional, aunque inicialmente muy pequeña. Tras una serie de maniobras especulativas, vinculadas con movimientos financieros en el exterior (ya explicadas en notas de las últimas dos semanas en Página/12) que provocó una inicial aceleración de la trepada del blue (entre los 6 pesos y los 6,50, aproximadamente), se inició luego una seguidilla constante de subas que lo llevaron hasta los 7,95 del cierre de ayer.

En este último raid, jugó un papel dinamizador la demanda para atesoramiento de pequeños ahorristas que creen estar ante una escalera sin descansos ni tope, y el rol de control que ejerce una oferta muy acotada que sabe sacar provecho de la ocasión. Aquí vale una puntualización: la demanda de pequeños ahorristas (“chiquitaje” la denominan en el mercado) es genuina, producto del trabajo o de otras actividades lícitas, de quienes creen estar protegiendo sus reservas comprando a “8 por 1”. La oferta, por lo general, no: son fondos “negros” o ilegales, tanto en su origen como en la aplicación que seguramente tendrán los recursos obtenidos, vendiendo a “8 por 1”.

Al gobierno nacional se le ha planteado al presente el problema de no haber encontrado armas eficientes para combatir este tráfico ilegal de divisas, ni desde el Banco Central ni desde la AFIP. Es cierto que, cuando intervino, no obtuvo mucho favor de la Justicia, que incluso objetó las facultades de las autoridades para aplicar los controles. Pero también atenta contra un ejercicio más eficiente del control, una percepción de que ese mercado irregular no genera un perjuicio importante sobre “la economía real”. La demostración fáctica de esta aseveración sería la siguiente:

- Hay un mercado de cambios administrado por el Banco Central, a un tipo de cambio de equilibrio (ayer, 4,99 pesos para la venta), desde el cual se atiende la demanda de divisas para la importación, pago de servicios al exterior, turismo (previa autorización de la AFIP) y otros rubros del sector externo.

- Con las medidas aplicadas en los últimos 18 meses para restringir ciertas operaciones en los mercados financieros, se cortó la formación de activos externos (fuga de divisas) que había tenido un impacto real en los años previos.

- La implementación de controles sobre el comercio exterior hoy permite evitar muchas de las operaciones de subfacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones que eran habituales en otras épocas, y que podrían nutrir un mercado paralelo.

- El balance de divisas sigue siendo excedentario para el Banco Central y se espera que este año vuelva a serlo en 12 mil millones de dólares. Si hubo baja de Reservas Internacionales del BCRA en el último ejercicio, no fue por “fuga” sino por políticas de desendeudamiento que reducen compromisos futuros y, por tanto, aseguran que el sector externo (balance de divisas) siga siendo excedentario.

- Ninguno de estos factores está amenazado por la existencia de un mercado irregular marginal, muy reducido, aunque la cotización del dólar sea exorbitante.

Un “balance de divisas excedentario” se traduce como que “sobran los dólares”, que no hay escasez ni riesgos de ahogo en el horizonte. Pero, si sobran, ¿por qué no combatir un mercado tan chico como el blue destruyéndolo con un par de ataques? La respuesta retórica sería que el Banco Central no interviene en mercados ilegales, en un mercado que no le genera dolores de cabeza (como sí le provocaron las dos corridas sobre el mercado previas a octubre de 2011) y que, además, debería caer por su propio peso. Esto es: expectativas falsas de devaluación que se desinflarían cuando empiecen a liquidarse las divisas de exportación y acabe la demanda turística, allá por marzo o abril.

“El problema es más mediático que real”, afirman quienes le quitan peso al impacto de la disparada del paralelo. Eso equivale a decir que es un problema político, argumento opositor para provocar al Gobierno, para generar un clima de desconfianza en la gente. Pero que el planteo no se corresponde con desequilibrios de las variables reales de la economía. El problema que no se puede soslayar es que la frontera entre lo político y lo económico no está dibujada en ningún mapa, sino que son esferas con espacios comunes. Y eso sí tiene impacto, por ejemplo:

- Si hay pequeños ahorristas que creen que el dólar blue seguirá subiendo sin fin y vuelcan allí sus ahorros, hay una porción de recursos (por pequeña que sea, no es desdeñable) que está saliendo del circuito formal y está retroalimentando la suba.

- Si hay un mercado inmobiliario que todavía no rompió totalmente la cultura de dolarizar las cotizaciones, aunque “negocie” el tipo de cambio, en alguna medida está trasladando al precio (en pesos) la trepada del blue.

- Tanto ruido sobre el valor del paralelo está provocando un perceptible “clima inflacionario”, que algunos formadores de precios traducen en aumentos bajo la excusa de un supuesto impacto de la suba del blue.

Cada uno de ellos constituye un abuso de parte de sectores de poder económico, que obtendrán transferencias de riqueza a su favor en desmedro de ahorristas y consumidores. Son conductas alentadas, intencionalmente o no, por el discurso político que hace de la subida del mercado paralelo un “termómetro” de la salud del Gobierno. Cuanto más sube, más grave está el paciente.

Para la política económica del Gobierno, no hay un riesgo real de que se vea empujada a una megadevaluación o a un desdoblamiento del mercado (dólar comercial y dólar financiero o turístico) por la disparada del dólar blue. La afirmación de que el dólar oficial se verá obligado a converger hacia el paralelo sólo se sostiene en argumentos falaces, como los planteados por el ex ministro Roberto Lavagna sobre “caídas en la inversión, el empleo y la competitividad” que son indemostrables. El verdadero desafío es evitar que el debate sobre el dólar blue arrastre a un enrarecimiento político en el que los factores económicos más poderosos se vean tentados, otra vez, a sacar ventajas. La inflación, por caso, no es un tema circunscripto a la órbita de la economía pura, sino que pertenece a ese espacio común de la política y la economía. Precisar ese terreno de disputa ayuda también a definir las herramientas con las que se le da pelea.

LOS 80 AÑOS DE LA LLEGADA DE HITLER AL PODER

El “Nie Wieder”, el “Nunca más”

 Por Osvaldo Bayer

Desde Bonn, Alemania

Alemania acaba de recordar, con dolor y vergüenza, dos acontecimientos trágicos de su reciente pasado. Los ochenta años de la asunción de Hitler al poder y los setenta años de la trágica derrota de la batalla de Stalingrado, donde el ejército germano fue aniquilado por el llamado Ejército Rojo de los soviéticos, en la cual fueron muertos doscientos mil soldados alemanes y otros cien mil cayeron prisioneros. De ellos –al fin de la guerra– volvieron a su país apenas seis mil sobrevivientes.

En los dos actos se recordó a las víctimas del racismo y la asunción inexplicable de ese personaje llamado Hitler y su conjunto de colaboradores, uno más extraño y ridículo que el otro en sus personalidades: Goering, Goebbels, Hess, Himmler...

A Hitler, su pueblo lo llegó a escuchar con devoción. Hoy, aquí, en la misma Alemania, se lo ve como a un personaje increíble, digno de ser una caricatura en una revista de comics. Sí, con su lenguaje a veces trágico, a veces de actor dramático de una comedia de folletines baratos. Un escritor alemán ha calificado la toma del poder por Hitler como una “fantochada” de la Historia, como para no creerlo. Y a Hitler, un “fantoche” de opereta. Mirando a ese personaje en los noticieros de la época, con sus gestos y sus discursos, uno va coincidiendo más y más con ese calificativo de fantoche. Pero, nos preguntamos de nuevo, ¿cómo fue posible que el pueblo alemán aceptara como un arcángel salvador a un personaje con ese lenguaje agresivo e irracional y esos gestos teatrales, nada menos que después de haber tenido la trágica experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde habían perdido la vida como ratas miles y miles de sus jóvenes? ¿En la irracional contienda de trincheras entre dos pueblos –Alemania y Francia–, países “occidentales” y “cristianos”, con una experiencia de siglos con respecto a la insuperable crueldad de las guerras? Los dos pueblos habían sido capaces de voltear a sus monarcas absolutistas y proclamar las repúblicas y ahora, Alemania, daba el poder a un personaje que como máximo programa traía el racismo y el nacionalismo a ultranza.

Y aquí viene lo de siempre. El poder económico lo puso en el poder político ante una izquierda fuerte que por el reiterado fracaso de los partidos de la burguesía amenazaba con llegar a ese poder. Se le dio ese poder a Hitler, que lo hizo bien suyo y terminó llevando a su país a la catástrofe más grande de su historia. Eso sí, aquellas empresas del poder económico más importantes de aquella época siguen siendo actualmente las mismas.

Hoy están bien marcados los campos de concentración de Hitler: una realidad, sí, que jamás va a poder superar el pueblo alemán a través de sus generaciones. Ahí están, en la actualidad, los museos de la crueldad, de la irracionalidad más perversa de toda la historia, hoy convertidos en advertencia. Los seres humanos como insectos nocivos de la salud pública en laboratorios de la muerte. Las cámaras de gases. Hay que estar allí. No están ni las lágrimas, ni los ayes, ni los gritos de las madres cuando las separaban de sus hijos, o el silencio de los hombres en ese último momento de perplejidad ante una realidad nunca pensada. Y el personaje ridículo de bigotito cuadrado hablando de la Patria.

Lo que de alguna manera salva al pueblo alemán es que Hitler, mientras hubo elecciones democráticas, nunca obtuvo ni siquiera la mitad más uno de los votos. En las últimas elecciones libres obtuvo el 37,4 por ciento, y luego, ya con el poder, recibió el 42 por ciento del total. No fue poco pero no era la mayoría. Los estados que más apoyaron a Hitler fueron los del sur, los católicos, sobre todo Baviera, especialmente porque la Iglesia Católica apoyó a los nazis. Por ejemplo, siempre se recuerda que a principios de febrero de 1933, para festejar la toma del poder por Hitler, la Iglesia Católica abanderó el interior del templo berlinés de Marienkirche con banderas nazis, y allí el párroco Joachim Hossenfelder agradeció en la misa principal a Dios por haber permitido la llegada de Hitler al poder. El hecho fue reconocido justo el domingo pasado por el obispo católico de Berlín, Markus Dröge, quien señaló: “En ese entonces, el llamado de Jesús al amor entre todos se convirtió justo en lo contrario”. Además, lamentó que la Santa Sede no haya hecho una profunda autocrítica sobre esa conducta amistosa del catolicismo ante el nazismo.

Poco a poco se va llegando a saber por qué tuvieron tan poca o ninguna oposición de las iglesias regímenes de máxima violencia como el nazismo alemán, el fascismo de Mussolini y el régimen de Franco en España.

También ahora, ochenta años después, entre los actos que se acaban de realizar, uno de ellos se llevó a cabo en el monumento que recuerda a los miles de homosexuales asesinados por los nazis durante los doce años de dictadura. Ese lugar se encuentra en el Tiergarten, en Berlín, y al acto concurrieron representantes del gobierno, del Parlamento y de diversos sectores sociales. Distintos oradores relataron el destino de los perseguidos, que fueron detenidos, enviados a campos de concentración y asesinados, la mayoría de ellos en las cámaras de gas. Un crimen atroz y sin ninguna explicación, como los de todo ese régimen. También se llevó a cabo otro acto recordatorio ante el monumento de los gitanos de las minorías de los Sinti y los Roma, exterminados por orden de Hitler.

Pero el acto central se llevó a cabo en el Parlamento Nacional, en el cual se dio lugar como orador central a la escritora judeo-alemana Inge Deutschkorn, quien, niña de once años en 1933, fue perseguida junto a sus padres por los nazis, pero se salvó por la ayuda de veinte familias alemanas no judías que la escondieron durante los doce años de la dictadura nazi. Ella puso de manifiesto además su agradecimiento a todos aquellos alemanes que ayudaron a los perseguidos por el régimen. Y ha escrito un libro sobre esa experiencia, que en la actualidad ha pasado a ser una de las obras más leídas en Alemania.

Un régimen que hasta de los niños hacía sus víctimas. La última dictadura militar argentina también victimizó a los niños de los desaparecidos. Les quitó la identidad.

También se recordó en estos días al 27 de enero de 1945, cuando el ejército soviético liberó el campo de concentración nazi de Auschwitz. Ese día ha pasado a ser el Día del Holocausto. Se calcula que en Auschwitz fueron asesinados por los nazis 1.300.000 seres humanos, la mayoría judíos, provenientes de Alemania, Polonia, Rusia, Rumania y otros países ocupados por las tropas alemanas.

El “Nie Wieder”, el “Nunca más” alemán, ha penetrado profundamente en la sociedad. Se notó en estos días por la concurrencia multitudinaria a los actos de la Memoria contra los crímenes cometidos desde 1933 a 1945. Algo que tienen que tener en cuenta todos los pueblos para así jamás apoyar ni a dictadores ni a políticos que no tienen como principio ineludible la defensa de los derechos humanos, y recordar siempre, todos los años, los actos de salvajismo contra las vidas humanas cometidos desde el poder en la historia del mundo. Dedicar, en ese sentido, museos, monumentos en plazas y exposiciones anuales sobre los crímenes llevados a cabo por el hombre con el hombre. Hacer del “Nie Wieder” alemán y del “Nunca más” argentino una ley universal.