¿SEPARADOS AL NACER?

Leemos en Página 12 de hoy un informe elaborado por Gonzalo Ruanova (legislador de Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabbatella) en el que se analiza la evolución de la planta política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires desde que Mauricio Macri y el PRO conducen su administración.

Según el informe, la planta política de la administración porteña, que era de 644 cargos a diciembre de 2007, es en la actualidad de 1256 cargos de funcionarios y asesores, es decir que casi se ha duplicado; siguiendo además un ritmo de incremento constante en los más de tres años de gestión macrista.

Se señala además en el informe que la incidencia de la planta política del gobierno de la CABA sobre el total de la planta de personal, que era del 0,3 % del total en el 2007, pasó este año al 1 % (es decir que uno de cada cien empleados del gobierno porteño es funcionario o asesor político).

¿Y qué pasa mientras tanto al respecto en Santa Fe?

Es sabido que éste ha sido uno de los aspectos más cuestionados de la gestión del Frente Progresista: la "inflación" de la planta política. Pero para evitar que se nos tilde de subjetivos, veamos que resultados arrojan las cifras oficiales provistas por el propio gobierno provincial.

Aquí podemos ver la evolución de la planta ocupada de cargos de la Administración Pública provincial actualizada al 31 de diciembre del 2010 (último dato disponible). 

De los diferentes cuadros del documento surge que, por ejemplo, la sumatoria de los cargos ocupados (sueldos liquidados) de Autoridades Superiores y Personal de Gabinete (es decir funcionarios y asesores políticos) al 31 de diciembre del 2007 en la Administración Central dependiente del Poder Ejecutivo (es decir sin contar Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, Instituciones de Seguridad Social y Sociedades y Empresas del Estado) era de 227 cargos; pero fue creciendo ininterrumpidamente desde que Hermes Binner llegó a la Casa Gris, para ascender a los 536 cargos al 31 de diciembre del 2010.

Es decir un aumento de la planta política del 136,12 % en tres años (o sea que Binner más que duplicó el plantel político en lo que va de su mandato), planta que además pasó de representar el 0,18 % de la planta total de personal del Estado provincial en 2007, al 0,43 % en la actualidad; con una tasa de crecimiento que supera holgadamente a la de aumento de los cargos docentes (que fue del 4,35 % en los tres años del gobierno del Frente) y de personal de seguridad (Policía y Servicio Penitenciario), que fue del 8,02 % en el mismo período.

El efecto incremental del gasto del plantel político que se señala en el informe en el caso del gobierno de Macri se puede verificar también en el de la gestión provincial del Frente Progresista; porque al incremento sustancial de la planta de funcionarios y asesores que se expusieron antes, hay que agregarles los gastos generados por una serie de decretos de Binner que reconocieron a los funcionarios (él mismo incluido) el pago de los gastos de alojamiento y transporte,   -con sus correspondientes reajustes- y lo propio sucedió con los asesores;  todo eso sumado al dinero de que disponen para "gastos de cortesía y homenaje".

Pero las similitudes entre los dos gobiernos no terminan ahí.

Vemos en éste post del blog Finanzas Públicas un cuadro comparativo de lo que podríamos denominar la "transparencia presupuestaria" de los diferentes gobiernos provinciales, incluyendo el de la CABA; es decir la calidad de la información que esos gobiernos brindan sobre la ejecución de sus Presupuestos (tanto recursos como gastos), y la periodicidad con la que la actualizan.

Como se puede ver en el siguiente cuadro, ambas administraciones (la del PRO y la del Frente Progresista) figuran en la mitad de la "tabla de transparencia", pese a que ambas esgrimen el discurso de la república y la transparencia institucional. Esto quiere decir que la mitad -por lo menos- de las provincias argentinas, suministran más y mejor información sobre sus cuentas públicas (y la actualizan con mayor frecuencia) que la provincia de Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Y no se podrá cuestionar tampoco en este caso el origen de la información que refleja el cuadro, porque como se puede ver en el post de Finanzas Públicas (y en su correspondiente enlace) se trata de una investigación del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), una entidad cara a los afectos republicanos en general, y a los del gobierno del Frente Progresista en particular.
 
Esta cadena de similitudes entre ambos plantea un interrogante: ¿Son Duermes y Mauricio dos gemelos separados al nacer?

EL FONDO SOJA EN LA PROVINCIA

Nota extraída del sitio de Nacional Santa Fe:

El gobernador Hermes Binner aseguró que la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner era un “desgobierno” y en ese sentido argumentó que la Nación utiliza las retenciones a las exportaciones para hacer “beneficencia”.

Para profundizar estos dichos y evitar interpretaciones antojadizas, Nacional Santa Fe revisó los números del Plan de Inversión del Presupuesto Analítico 2010 de nuestra provincia para sopesar la incidencia del llamado Fondo Soja en la política de obras públicas de la administración del Frente Progresista.

En el área de Salud, salvo una obra menor por 675.000 pesos encarada por el ministerio del área, todos los trabajos quedaron bajo la órbita de la cartera conducida por Hugo Storero. El monto global destinado a infraestructura sanitaria estuvo previsto en 278.810.508 pesos. De ese total, más de 223 millones, o lo que es lo mismo el 80,05%, tuvo como fuente de financiamiento el Fondo Federal Solidario.

Es necesaria una aclaración: entre las obras que se pensaban financiar con recursos del Tesoro provincial, 36 millones de pesos corresponden a la denominción “CAPS (Centros de Atención Primaria de la Salud) varios sin discriminar”. En los presupuestos de 2008 y 2009 figuraron los mismos trabajos exactamente con las mismas características y mismo monto asignado (36 millones) y terminaron invariablemente con 0 (cero) % de ejecución, con lo cual se puede concluir que es muy probable que la situación se repita en la ejecución presupuestaria del 2010 (aun no disponible en su totalidad). Si se depura ese firulete contable, la participación del Fondo Soja en las inversiones para infraestructura sanitaria asciende al 91,92%.

En el caso de Educación, las obras quedaron divididas casi por mitades entre los ministerios conducidos por Élida Rasino y Hugo Storero. Si se analizan estas últimas (las primeras merecen un estudio aparte), la programación financiera del Presupuesto Analítico 2010 alcanza la suma total de 141.414.249 pesos para las áreas de Educación y Cultura, de los cuales 111.251.711 pesos, es decir el 78,68%, tiene financiamiento del Fondo Soja.

Pero cabe aquí otra aclaración: de los 30.162.538 pesos restantes solventados con recursos del Tesoro Provincial, 15.707.714 pesos corresponden al Puerto de la Música, el Complejo Cultural El Molino y la Ribera Cultural Rosario Joven. O sea que si se acota el análisis a la infraestructura educativa propiamente dicha (construcción, ampliación, mantenimiento o conservación o reparación de edificios escolares de todos los niveles y modalidades), la participación del Fondo Federal Solidario en el financiamiento trepa al 88,51%.

Ambos porcentajes (91,92% en Salud y 88,51% en Educación) podrían ser aún mayores si se observa el gasto efectivo de los recursos: el gobernador Binner firmó durante el año 2010 35 decretos modificando la fuente de financiamiento de alguna obra y todos ellos, sin excepción, tienen un sentido unívoco: disminuyen los fondos del Tesoro provincial y aumentan los provenientes de las retenciones a las exportaciones de soja.

Nosotros agregamos por nuestra parte otro detalle: a la endeblez del argumento del gobierno provincial sobre la "discriminación" que padece por parte de la Nación, hay que sumarle su enorme incapacidad para gestionar.

En el programa "Entre el ruido" de Radio Nacional, se reveló la existencia de éste decreto de Binner, y de éste otro, dictados hace pocos días. 

¿Qué significan los dos?, muy sencillo: al finalizar el año 2010, al gobierno provincial le "sobraron" más de 95 millones de pesos provenientes del Fondo Soja (el 13,87 % de los más de 686 millones de pesos transferidos por ese concepto por la Nación el año pasado), que no utilizó por obras en Salud que no hizo, o hizo a un ritmo más lento del previsto; y transfirió ese excedente a éste ejercicio.

¿Los usará, o seguirá perdiendo el tiempo quejándose de la "discrminación"?

A BINNER HAY QUE DARLE CON UN CAÑO

El gobierno provincial anunció ayer la apertura de los sobre de la licitación convocada para la construcción del acueducto Desvío Arijón-Santo Tomé , que constituye la primera etapa de una obra mayor para proveer de agua potable a localidades del centro y norte provincial; ocasión propicia para algunas reflexiones sobre la gestión del Frente Progresista en ese área crítica. 

Los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia están muy lejos de ser accesibles para todos, pues la DIPOS y el operador privado que la sucedió (lo mismo sucede hoy día con Aguas Santafesinas) los prestaban en sólo 15 localidades de un total de 362 en el territorio santafesino, y aun dentro de ellas vastos sectores de la población no tienen agua o cloacas, o ninguna de las dos cosas. Si bien la cobertura geográfica de la concesión era limitada (apenas el 4 % de las localidades de la provincia), dentro de su ámbito habitan el 60 % de los santafesinos (dos millones de personas aproximadamente), porque comprende a los principales centros urbanos.

Más allá de la necesidad de realizar obras de mantenimiento y conservación de la red existente (la infraestructura básica es obsoleta), si lo que se busca es la universalización de servicios tan esenciales, han de realizarse obras de ampliación o conexión de nuevos usuarios, cuyos costos deben ser absorbidos por quien tenga a su cargo la concesión, o trasladados a los usuarios existentes, por vía de aumentos de la tarifa.

Ese fue el reclamo invariable del concesionario privado aun antes de la salida de la Convertibilidad en 2002, que al ser denegado por el Estado motivó varias renegociaciones contractuales, que consistieron básicamente en postergar el cumplimiento de las obras pautadas, con lo cual la concesión se alejaba cada vez más de las metas de expansión y cobertura universal de los servicios.

No hace falta recordar aquí que la privatización de la DIPOS diseñada y ejecutada por  Reutemann y Mercier terminó en un rotundo y completo fracaso, lo que forzó la vuelta de los servicios al Estado con la creación de Aguas Santafesinas en 2006 . 

Desde el inicio de la gestión de ASSA, el compromiso del Estado con su financiación fue en aumento, y más allá del aporte original de capital para conformar la empresa, los fondos del Tesoro viene representando casi la mitad del total de los recursos de la empresa; e incluso la Administración Central tomó directamente a su cargo la ejecución de obras de expansión de los servicios. Por el Decreto 1358/07 la empresa suscribió un contrato de vinculación con la provincia para establecer las condiciones en que habría de prestar los servicios durante la transición, que venció el 31 de diciembre de 2008.

Con la llegada al gobierno del Frente Progresista Cívico y Social (cuyos referentes habían sido muy críticos del proceso privatizador en su rol de opositores) algunas cosas habrían de cambiar, quizás no en el sentido esperable.

No puede decirse que el 29 % por ciento de incremento de las tarifas que decidió la nueva gestión en 2008, se haya traducido en mayores obras de ampliación o expansión de los servicios; pues, mientras en el Presupuesto 2007 el 31,94 % de las partidas de la empresa estaban destinadas a Bienes de Uso (obras, maquinarias y equipos), ese porcentual fue descendiendo constantemente hasta llegar al 25,73 % previsto en el Presupuesto 2010; donde incluso el monto nominal es exactamente el mismo contemplado para el año pasado, monto que además fue sub-ejecutado.

Hay que tener en cuenta que, si bien el área servida por ASSA cuenta al presente con una cobertura del 96 % de la población con agua potable y un 67 % con cloacas, esos valores no son homogéneos en todos los municipios comprendidos, pues Rosario tiene un 99,7 % de su población con agua potable, pero en Reconquista la cobertura desciende al 75,3 %; y mientras ciudades como Gálvez tienen un 94,6 % de su población que cuenta con cloacas, otras como Funes no las poseen en absoluto.

El reclamo constante de Perotti, el intendente de Rafaela, por las cloacas tiene -además de los condimentos políticos del caso- un sustento real, porque su ciudad -pese a ser la tercera más poblada de la provincia- ocupa el noveno lugar entre las 15 comprendidas en el área atendida por Aguas en el porcentaje de cobertura de ese servicio. Pese a estas disparidades regionales, la ciudad de Rosario pasó de absorber el 32,8 % de las partidas destinadas a obras por ASSA en 2008, al 47,38 % el año pasado, lo que marca que la gestión socialista se maneja en esto (como en otras cosas) por sus preferencias partidarias.

El año pasado el gobierno provincial anunció planes de expansión de los servicios en Santa Fe y Rosario que plantean dudas respecto de su estructura de financiación; pues se contempla cobrar contribución por mejoras a quienes vayan a acceder al agua potable y a las cloacas en el futuro; lo que puede parecer correcto desde el punto de vista teórico, pero implica imponer una mayor carga económica a sectores sociales con alto grado de vulnerabilidad, evidenciado justamente -entre otras variables- por carecer de esos servicios básicos.

Luego de un año del vencimiento del régimen de vinculación transitoria de Aguas Santafesinas con el Estado provincial, Binner dictó el decreto 2624/09, que lo prorroga hasta diciembre del 2011 (más allá del final de su gestión), reprograma el plan de obras de mejoras y expansión de los servicios (readecuándolo a la  situación financiera de la provincia) y autoriza a la empresa a gestionar la explotación del nuevo Acueducto Centro Oeste; construido por el gobierno nacional e inaugurado en 2009 para abastecer de agua potable a 112 localidades de la provincia.

La Ley 12.668 (2006) estableció el llamado “Programa de Grandes Acueductos” para abastecer de agua potable a una gran cantidad de localidades del territorio santafesino que carecen de ese vital elemento, en las que viven más de un millón de personas; creando la Empresa Santafesina de Grandes Acueductos Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (ESGA SAPEM), con el objeto de construir y administrar los acueductos, y operar las obras como prestataria del servicio de captación del agua, su tratamiento y transporte; y para su financiación autorizó al Poder Ejecutivo a endeudarse en hasta 200 millones de US$, y utilizar aportes comprometidos por quienes resultaren adjudicatarios de las obras.

Los legisladores opositores (hoy oficialistas) cuestionaron este aspecto en particular del Programa, porque no quedaba claro si esas empresas prestarían además los servicios, señalando que la provincia absorbía el costo de construir y habilitar los acueductos (parte principal de la inversión) para captar el agua, tratarla y transportarla hasta los puntos de toma en las diferentes localidades para desde allí distribuirlos a los usuarios finales; quedando este tramo de la operación en manos de prestadores que le compraban el agua en bloque a la nueva sociedad creada y la vendían a los usuarios, debiendo invertir en consecuencia sólo en las redes de distribución (que en muchos casos existe porque el servicio es prestado por cooperativas). También objetaron el endeudamiento autorizado, porque la provincia contaba –por entonces- con recursos para afrontar las obras provenientes del Fondo Anticíclico, y no había precisiones sobre su cronograma de ejecución, para evaluar si era imprescindible contar con esos préstamos.

Por el Decreto 1447/07 de Obeid se constituyó la sociedad, que en la práctica nunca llegó a funcionar, y se convocó luego -para contratar la ejecución y financiamiento de las obras- a una fallida licitación objetada por el Tribunal de Cuentas, que señaló que el financiamiento que aportaran las empresas privadas siempre sería en condiciones más perjudiciales que aquél al cual puede acceder el Estado a través de los organismos multilaterales de crédito; y que la provincia terminaría garantizando esos préstamos, para lo que la Ley 12.510 requiere autorización legislativa expresa.

El nuevo gobierno sumó cuestionamientos que apuntaron a la traza prevista para los acueductos, el presupuesto oficial (se dijo que se inflaron costos y se sospechaba de sobreprecios) y la utilización de materiales inadecuados para las obras; pese a lo cual Binner dictó el Decreto 2044/08, que ratificó el Pliego de Bases y Condiciones y la estructura de financiamiento de las obras fijados por la anterior gestión, fijando nueva fecha de apertura de la licitación, varias veces postergada luego.

Cuando finalmente se conocieron las ofertas presentadas, casi duplicaron los números del presupuesto oficial y el gobierno provincial -tras múltiples dilaciones y contradicciones del ministro del área- tuvo que admitir el fracaso de la licitación, y la necesidad de reformular el proyecto. Los fracasos licitatorios se fueron sucediendo, uno tras otro; pese a que las obras de acueductos planteadas eran cada vez más modestas.

Aquí una reseña interesante de los desaguisados del Frente Progresista en éste tema.

Pese a los anuncios oficiales de una inversión para el año pasado del orden de los 83 millones para una primera etapa del sistema de acueductos, el Presupuesto aprobado contemplaba a esos fines solo 10 millones, y proyectaba la misma cantidad anual hasta por lo menos el 2013; lo que, sumado a la incertidumbre que genera la situación financiera de la provincia y la eficacia operativa del gobierno, permite avizorar que la gestión iniciada en diciembre de 2007 concluirá sin haber alcanzado avances significativos en la materia.

El anuncio de una obra de 32 kilómetros de acueductos, a ejecutar en 42 meses (tres años y medio), para dar agua potable a 80.000 personas cuando esté concluída, en una provincia donde carecen de agua potable segura más de un millón de habitantes, luego de 38 meses de gobierno; parece un balance ciertamente magro, que pone además en justa perspectiva la concreción del Acueducto Centro Oeste concretada en Santa Fe por el gobierno nacional.

Pero además considerando que la operación de los acueductos a construirse estaría a cargo de Aguas Santafesinas, es interesante analizar los datos concretos que arroja la gestión del Frente Progresista al frente de la empresa, sumados a los vaivenes y contradicciones ya señalados en relación a los acueductos y al régimen de vinculación de la empresa con la provincia, para delinear los contornos del modelo prestacional escogido para garantizar un servicio tan esencial.

Analizando la gestión de ASSA en el período 2008-2010, se advierte que, mientras sus gastos totales se incrementan en un 19,43 %, los correspondientes al rubro Personal lo hacen en un 67,87 %; como consecuencia de lo cual pasaron de insumir el 29,51 % de su presupuesto en 2008, al 41,48 % proyectado para este año (para comparar, en la EPE representan el 21,98 %). El crecimiento interanual 2009-2010 del gasto global de la empresa será apenas del 2,85 %, pero el gasto en Personal se incrementaría en el mismo lapso un 34,42 %.

Los rubros Bienes de Consumo y Servicios No Personales (que incluyen los productos químicos necesarios para tratar el agua y los efluentes cloacales, la electricidad y los impuestos que la empresa debe pagar) pasaron del 38,69 % del gasto total de ASSA en el 2008, al 30,93 % previsto para este año en el Presupuesto, lo que parece desmentir el argumento oficial del aumento de los costos de prestación de los servicios de la empresa, para justificar los incrementos tarifarios.

Un aumento del 87 % como el aprobado el año pasado por el gobierno provincial llevaría al casi autofinanciamiento de la empresa sin aportes del Tesoro, sin que simultáneamente se plantee que éstos últimos (que representan algo más de 151 millones de pesos este año) vayan a ser reafectados, por ejemplo, a obras de expansión de los servicios de agua y cloacas para que lleguen a más santafesinos, o a avances en la construcción del sistema de acueductos; siendo que en este último caso representarían disponer de quince veces lo previsto en el Presupuesto 2010 para esas obras, y sin necesidad de contraer endeudamiento.

Pero no es necesario recordar el fracaso de la privatización reutemanista de la DIPOS para concluir en que el problema no es que los servicios de agua potable y cloacas estén hoy a cargo del Estado.

En el mismo año 2006 en que Obeid rescindía la concesión de Aguas Provinciales (en realidad antes), por éste decreto de Néstor kirchner se revocaba la concesión de Aguas Argentinas (cuyo propietario era en parte el mismo grupo económico de la prestadora santafesina) para la Capital Federal y el conurbano bonaerense, otorgada en tiempos del menemismo; y se creaba la estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), que tomaba a su cargo los servicios.

Mediante un vigoroso plan de obras de expansión, con millonarias inversiones a cargo del Estado nacional, la empresa llegará este año a brindar un 100 % de cobertura de provisión de agua potable y un 80 % de servicio de cloacas, a los millones de personas que viven en el área de cobertura de la empresa; pese a la decisión política de no aumentar las tarifas.

Aquí pueden tener una dimensión de la magnitud y complejidad de los servicios que AYSA tiene a su cargo.

Es decir entonces que evaluando la gestión de Binner también en éste aspecto, hay que darle con un caño.

EL BARCO DEL CAPITÁN DUERMES

ENTREVISTA DE PERFIL.COM

En el "barco" de campaña de Binner hay lugar hasta para Agustín Rossi

Leemos en Perfil este reportaje a Hermes Binner, que encierra una paradoja: en un cúmulo de indefiniciones y lugares comunes, hay puntas claras para delinear por donde viene la cosa con el gobernador, qué es lo que piensa en definitiva sobre la construcción politica; lo cual es una forma de decir que modelo de país y que idea de sociedad pretende, algo que no es atributo exclusivo suyo, sino de vastos sectores de la dirigencia política argentina.

Cuando se señala -como lo hace Binner en el reportaje- que en el país aumenta la pobreza, la desigualdad en la redistribución de la riqueza, que es necesario restablecer la movilidad social, o que la Argentina es la sociedad más desigual de América latina, mientras al mismo tiempo se dice que "hay que construir de manera positiva" no solo se miente, algo que surge claro de confrontar los dichos de Binner con la realidad.

También se oculta que nada de eso será posible sin conflicto, sin la decisión de enfrentar a nudos y estructuras de poder que no cederán terreno, a menos que sean obligados a hacerlo. ¿O cree por ventura Binner que algo tan complejo como la desigualdad o la injusticia de la sociedad se resuelve simplemente con un manual de buenos modales?

Cuando se antepone la necesidad de acordar un programa político a la definición de las candidaturas electorales (un obvio lugar común con el que nadie -en público- estaria en desacuerdo), y se pone como ejemplo "el modelo aplicado en Santa Fe y Rosario", no se hace más que aumentar los interrogantes.

Porque cabe preguntarse entonces, ¿qué programas aplicó el socialismo en el gobierno municipal de Rosario, o aplica actualmente en el gobierno de la provincia, para redistribuir la riqueza, reducir o eliminar la pobreza o hacer que la sociedad sea menos desigual?

¿Cuáles son las políticas de ese "modelo" -publicitado por una abrumadora maquinaria de propaganda- para garantizar la movilidad social ascendente, y si existen, por qué nunca las explican con cifras, datos concretos, resultados tangibles, por qué no las vemos, cuántos pobres santafesinos dejaron de serlo gracias a ellas? 

¿O acaso las riñas diarias que protagonizan los dirigentes del Frente Progresista -incluso los propios socialistas entre sí- no son fruto de la pelea por las candidaturas, sino por las diferentes visiones sobre las políticas sociales para combatir la pobreza? 

Cuando Binner valora la figura de Elisa Carrió, no hay sino dos alternativas interpretativas posibles: o las cosas que Carrió dice son ciertas, y Binner es un cobarde por no acompañarla en sus cruzadas; o son falsas, y en consecuencia no se advierte que tiene de valiente ser mitómana.      

Y en cuanto al conflicto del gobierno con "el campo", admitamos por un momento que -como Binner dice-  no fue por  la redistribución de la riqueza, sino por la apropiación de parte de la renta sojera extraordinaria; ¿de qué lado estuvo él entonces?, y en todo caso -sabiendo eso- ¿qué idea tiene del Estado, para que está y cómo se financia?,

¿Piensa acaso devolver los más de 720 millones del Fondo Soja que recibirá este año, y con los que financia más de dos terceras partes de la (escasa) obra pública que ejecuta su gobierno?

Sin herramientas como las retenciones móviles, ¿cómo supone Binner que se puede detener o morigerar el proceso de sojización que tanto parece preocuparle?, y en todo caso,  si justifica al productor que orienta su actividad hacia esa rentabilidad extraordinaria, ¿qué propone para revertirlo, qué todas las producciones alternativas tengan los mismos niveles de ganancias que la soja, aun a costa del encarecimiento de los alimentos de primera necesidad?

Porque eso es justamente lo que plantea la Mesa de Enlace, y entonces su alineamiento con el lock out patronal que tuvo en vilo al país hace tres años no fue casual ni oportunisa: responde a una misma idea de sociedad, a un mismo modelo de Argentina.   

Y es en ese contexto que -ante la pregunta del periodista- Binner dice que no tendría problemas en subir al barco hasta al propio Agustín Rossi.

Lo que no dice en cambio es que los hechos tangibles y concretos que se han venido sucediendo en Santa Fe, en estos tres años que está al frente del gobierno provincial (desde el alineamiento en el conflicto agropecuario hasta la sanción de la boleta única, pasando por los reclamos a la Nación por la presunta discriminación y los votos en el Congreso en cuestiones cruciales dentro del bloque opositor al gobierno de Cristina), el socialismo de Binner y el Frente Progresista en el que se integra, han estado navegando en otro barco, y con otros pasajeros a bordo:

   

¡AHORA SÍ, SE VIENE EL ZURDAJE!

 

¡Tremendo, Mirtha tenía razón y nadie hace nada!, acá nos cuentan que sería inminente la conformación de una coalición progresista de centroizquierda, apenas como un prolegómeno para la formación de milicias armadas, el paso a la clandestinidad y la estrategia de guerra popular, vea señora.

Eso sí: la lucha por la revolución no les hará perder el humor, no señor; es más: Binner junto a Luis Juez (un especialista del tema, que duda cabe) conformarán la nueva versión del dúo cómico "Los Gladiolos"; y Pino ya prepara un documental para la campaña, pero esta vez de humor explícito (de ahí a que la gente se ría como con sus otras películas, que sé yo, habrá que ver cuando se estrene), algo así como "Los progresistas explosivos contra los ninjas kirchneristas", ambientado en Mar del Plata.

Claro que en lugar de Pamela David o Luciana Salazar (al fin y al cabo, figuras asociadas a Vila y Redrado, que no son progresistas), la cinta contará con la participación estelar -en el rol protagónico femenino- de Margarita Stolbizer (es lo que había, desde que se piantó Lilita), quien como vemos aquí ya hace pie en la costa (ver justamente, al pie de la nota), lo que demuestra su crecimiento: antes se ahogaba en la orilla.

Y volviendo a Pino, uno no sabe que es peor: si que vuelva a ser candidato, o que vuelva a filmar documentales. Acá lo vemos pergeñando el próximo:

 

Digan la verdad, ¿no tiene un aire al profesor Locovich, el de "Los Autos Locos"?

¿O será que todavía no le volvieron a conectar Fibertel?

¿Veraneará en la casa para terminar el documental, o porque el sol le saca ampollas? 

En fin, como diría De La Rúa, ¡qué lindo es dar buenas noticias!, en este caso que los argentinos tengamos una alternativa de izquierda verdadera para votar.