Por Carlos Heller *
Para comenzar a hablar de inflación hay que tener en cuenta que en la Argentina ha sido históricamente un mecanismo de licuación de los salarios; al ser más lenta la recomposición salarial, siempre fue detrás de los precios, y en ese proceso se perdió gran parte del poder de compra de los trabajadores, así como también se generaron innumerables océanos de rentabilidad en las grandes empresas.
El diagnóstico de los orígenes de la inflación excede ampliamente el ámbito económico, ya que la adopción de una u otra explicación revela ideologías y políticas bien definidas.
Por eso aún hoy es habitual encontrar entre los gurúes de la economía argentina quienes relacionan la inflación con la emisión monetaria, efecto que resulta inaplicable en un país como el nuestro con un muy bajo nivel de monetización y superávit fiscal y comercial.
En realidad, la monetización del último año ha estado acompañando las necesidades de mayores medios de pago que requiere la economía. Si no se hubiera reformulado el programa monetario, esta inflexibilidad habría derivado en una política de enfriamiento.
Generalmente esta preocupación por la expansión monetaria viene montada sobre otra mucho más habitual: el origen de la inflación se encuentra en el incremento desmesurado del gasto público.
Esta tesis también puede ser refutada con la simple observación de la realidad.
A finales de diciembre de 2008 y principios de 2009, como consecuencia de la crisis, tanto las expectativas de inflación como la inflación se frenaron, a pesar de que venía aumentando el gasto público con las políticas anticíclicas. Cuando la gente retrajo su consumo por el temor a la crisis, los empresarios redujeron su margen de ganancias y aplicaron grandes rebajas, pero al recomponerse el consumo, en gran parte gracias a medidas sociales del Gobierno, rápidamente comenzaron a aumentar algunos rubros, en especial los más sensibles.
Pero si bien los números y la realidad las refutan, tanto la tesis de la expansión monetaria como la del gasto público sirven para presentar un enfriamiento de la economía como saludable.
Y en este aspecto hay una cuestión fundamental: las consecuencias sociales sobre las clases populares de los programas de enfriamiento de la economía, o de ajuste como también suelen denominarse, siempre han sido mucho más graves que los efectos de la inflación. La inflación les quita poder de compra, pero el ajuste les quita el trabajo.
El origen de la inflación es estructural, es fruto de la puja distributiva. La capacidad de los formadores de precios de aumentar los valores de sus productos está estrechamente vinculado con una estructura de comercialización concentrada, oligopólica, que generalmente va en desmedro de los productores pequeños y medianos.
La suba se produce principalmente en alimentos y bebidas, pues con la universalización de la asignación por hijo y sobreaguinaldo de jubilados, entre otros, se produjo una distribución del ingreso que fue a los sectores que dedican la gran mayoría de su gasto a estos rubros.
El lado político de la inflación
Centrar el origen del aumento de precios en el aumento del gasto público lleva a reducir el gasto en general, pero en especial el gasto social. La idea implícita de este análisis es: “Si aumentamos el poder de compra de la población de menores ingresos, ello repercutirá en mayor demanda, en especial de alimentos, y, por lo tanto, se generarán aumentos de precios”.
De la misma forma, el argumento sirve para intentar frenar los aumentos salariales que están discutiendo los gremios, dado que dichos aumentos se irían a precios; una idea incorrecta, pero que intenta impedir el avance hacia una mejor distribución del ingreso.
Los aumentos se originan en la capacidad que tienen las grandes empresas de formar los precios, apropiándose de gran parte del mayor poder de compra de la población. En vez de producir más, incrementan los precios y sus márgenes de rentabilidad.
Por esa cuestión, el centro del debate inflacionario hay que ponerlo en los costos de las empresas (del cual los salarios son una parte menor en términos macro, relación que siempre depende del rubro) y fundamentalmente en sus ganancias.
Si no se interviene en este aspecto, y se pone un límite a la generación de ganancias, sea con controles de precios a través de los costos de las empresas, sea a través de sistemas impositivos altamente progresivos que desalienten la generación de márgenes de rentabilidad excepcionales, será muy difícil encarar una verdadera distribución del ingreso. Gran parte de ese margen excepcional debe servir para reducir los precios y remunerar adecuadamente a los trabajadores, asegurando niveles de rentabilidad aceptables para las empresas.
Resolver el problema que aqueja actualmente a la economía argentina, donde los formadores de precios se apropian del mayor poder de compra de la población, no es una tarea fácil ni unidireccional. Se requiere revitalizar un Estado que fue desarmado en los noventa y que no fue reconstruido con la fortaleza suficiente en los últimos años de bonanza, para que afiance el poder de policía que el Estado necesariamente debe ejercitar para cumplir sus funciones. Esto debe ser realizado con especial énfasis si se desea un modelo de desarrollo centrado en una mejor distribución de los ingresos.
Y para ello hay que dar una batalla ideológica, que tiene que ver con la definición de las causas de la inflación, pero que se centra en la construcción de un modelo de país más popular y solidario.
* Diputado nacional. Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.
