Combal y los negocios del Batallón 601
Fernando
Combal era contador público, fue gerente de ventas y finanzas de Fiat
Argentina y financista a partir de 1974. La CNV reconstruyó el caso a
partir de una entrevista con su hijo.
Combal tenía otras empresas, además de Finsur SA, Carfina compañía
financiera, Serfico SA, Cooperativa de Crédito Frutos y Pieles del País
Ltda., Buselman SA, Raldeme SA, Ahorroplan SA, empresas en sociedad con
Holfinco SAFIyM con Osvaldo Prisant y el banquero David Koldobsky, dueño
de Casa América. Y también Urbaires SA, con Leandro Sánchez Reisse
–integrante del 601 y su esposa Mariana Bosch, que fueron parte del
grupo que lo secuestró–. Combal tenía vínculos con Graiver porque cuando
cerró una financiera (Mefina) en 1976 tomó a gran parte de sus
empleados para trabajar en Finsur SA. El informe se detiene, sin
embargo, en la red empresaria y los vínculos con los secuestradores:
Sánchez Reisse y el Japonés Luis Alberto Martínez, también del 601,
prófugo hasta el año pasado.
Combal conoció a Sánchez Reisse a “consecuencia de tener oficinas en
el edificio de avenida Santa Fe 962”. Sánchez Reisse se dedicaba a las
relaciones públicas de su empresa Argenshow SA, fundada en 1976,
mientras que Combal tenía Asesoría Turística SRL. “Comienzan a
frecuentarse cuando Sánchez Reisse va a la agencia a comprar unos
tickets y conversando con Combal surge la posibilidad de que financiara
un viaje del cantante Paul Williams a la Argentina. De estos encuentros
se crea Urbaires SA”. Según una integrante del directorio, “en un
momento la empresa comienza a ir mal porque Sánchez Reisse trae a dos
nuevos capitalistas que había conocido en el Bar 05 y que se apodaban
Piripipí y el Japonés (el represor Luis Alberto Martínez)”. Años
después, el grupo económico compuesto por Combal, el banquero Koldobsky y
Prisant sufre una serie de secuestros: Koldobsky es secuestrado por
primera vez en enero de 1979; el 13 de marzo, Prisant, dueño además del
banco de San Miguel; y el 8 mayo Combal, por el lapso de un día y por el
cual se paga casi un millón de dólares de rescate. Según su declaración
del día siguiente, le preguntaron por Finsur, los “hermanitos Graiver” y
arreglaron el rescate que pagó su socio. Dijo que uno de los
secuestradores, antes de irse, le dijo que lo “había entregado una
ratita, que seleccionara mejor a sus amigos y no comentara asuntos
personales”.
Según su hijo, estuvo en Automotores Orletti, a cargo de Aníbal
Gordon y la patota que operó con los secuestros extorsivos en ese
momento y después. Sin embargo, para los investigadores judiciales,
estuvo secuestrado en una casa del Japonés Martínez, porque para la
época Orletti ya estaba cerrado. En su caso actuó además Rubén Bufano,
de Orletti. Los efectos de eso continuaron. El 19 de febrero de 1981,
volvieron a secuestrar a Koldobsky, su esposa viajó a Suiza para
entregar el rescate pero los secuestradores nunca llegaron, porque a esa
altura habían sido detenidos: el Japonés Martínez y Bufano, también
cayó Leandro Sánchez Reisse. Combal viajó a reconocerlos.
Para la CNV, existe una relación con la Policía Bancaria –que
intervino en secuestros y otros casos de lucha contra la “subversión
económica”–. Sánchez Reisse declaró en alguna ocasión que fue convocado
por el coronel Gatica a una reunión a la que asistieron miembros del
Batallón 601 y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires como el
mayor Guastavino, Bufano y el Japonés Martínez. Era 1980. Gatica les
habría comunicado la decisión “impostergable” de “aniquilar la
subversión económica”. Dijo que por eso le encomendaron una
investigación sobre el origen de muchos fondos negros y productos de
malversaciones en bancos y financieras. (CNV, tomado del libro de Juan
Gasparini.) En ese sentido, el Informe indica: “Existe un grupo de
pertenencia a un mismo grupo de tareas entre Sánchez Reisse,
Guglielminetti –ambos pasaron por Orletti–. Guglielminetti participó con
Gatica en los secuestros relacionados al Banco de Hurlingham, La
Agrícola, Siderúrgicas Grassi, Bolsa de Valores de Buenos Aires”. En los
’80, se dijo que Guglielminetti tenía negocios en Bahamas con Sánchez
Reisse.
La trama financiera de la última dictadura
Secuestros de empresarios, desapoderamiento de
bienes. El terrorismo de Estado también se ocupó de barrer con lo que
consideró la “subversión económica”. Adelanto exclusivo del análisis de
más de 500 actas del directorio, legajos y entrevistas con las víctimas.
Por Alejandra Dandan
El
avance de los juicios de lesa humanidad permite conocer nuevas facetas
de la última dictadura, incluso empezar a entender el impacto que tuvo
en la city porteña, “descontrolada” por el efecto financiero de las
políticas de José Alfredo Martínez de Hoz. A raíz de los pedidos de
distintos juzgados por la actuación de un grupo de funcionarios durante
la última dictadura, la Comisión Nacional de Valores, que encabeza
Alejandro Vanoli, creó una oficina de derechos humanos que durante el
último año analizó mas de 500 actas del directorio, relevó legajos e
hizo entrevistas a una serie de empresarios que fueron secuestrados y
desapoderados luego de investigaciones que encaró el organismo en el
período 1976-1983. El informe que Página/12 adelanta en exclusivo se
presentará mañana. Entre otros datos, señala, por ejemplo, a partir de
un primer relevamiento, que el número de empresarios, financistas y
agentes de Bolsa secuestrados durante la ultima dictadura asciende a
130, 11 de ellos están desaparecidos. En algunos casos, existió el
secuestro completo de directorios y de empleados y el desapoderamiento
de bienes. El análisis indica que el pico más alto se produjo a partir
de 1978-1979, en coincidencia con la caída del número de desapariciones e
ingresos de NN a los cementerios de militantes políticos y sociales.
Para la CNV, esto podría ser pensado como una segunda etapa de la
represión: “El hecho de que la lucha contra la ‘subversión’ en gran
parte estuviera cumplida dejaba una estructura represiva libre para ser
utilizada para otros fines”.
El corazón del informe preliminar de la Comisión Nacional de Valores
–elaborado por una antropóloga, un historiador y un sociólogo– describe
la política de Martínez de Hoz, muestra el caso Acindar y Papel Prensa
(ver aparte) y se ocupa de analizar las actas, muchas de las cuales se
exponen públicamente por primera vez, para mostrar cómo funcionó el
sistema financiero durante la dictadura. En ese esquema, aparece una CNV
actuando bajo un doble estándar que articula lo legal con lo
clandestino. Por un lado, investiga operaciones financieras fuera de los
parámetros de aquella legalidad (o blanquea operaciones a través de
omisiones de datos, como sucedió en Papel Prensa). Pero, por otro lado,
articula sus investigaciones operativamente con áreas como el Primer
Cuerpo del Ejército y envía peritos en “comisión” a Campo de Mayo para
interrogar a los empresarios secuestrados. Las denuncias muestran a los
interventores en centros clandestinos. Esta “embestida sistemática
contra las empresas”, de acuerdo con el informe, se dio en un mundo de
roles y poderes cruzados, donde se jugaron internas, y en el que, en
algunos casos, secuestrados y secuestradores compartieron espacios de
poder.
La CNV
La CNV es una entidad autárquica y tiene jurisdicción en todo el
país. Se creó en 1968, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, para
“velar por la transparencia de los mercados de valores y la formación
de precios”. A partir del 24 de marzo de 1976 quedó intervenida. Juan
Alfredo Etchebarne fue designado presidente el 10 de junio de 1976, pero
hasta ese momento era abogado, amigo y nombrado por el ministro de
Economía Martínez de Hoz, ubicado como parte del Grupo Azcuénaga y había
sido gerente de Control de Legalidad de la CNV entre 1969 y 1972. Otro
directivo activo durante el terrorismo de Estado fue René Garris, del
área de Legales. Los dos están denunciados por haber presenciado
interrogatorios. El organismo reunió, además, a civiles con militares:
las Fuerzas Armadas tuvieron intervención desde el comienzo y a partir
de 1979 representación completa de las tres armas. Ese es, para el
informe, un “año bisagra”: el período más álgido de denuncias e
intervenciones de la CNV entre empresas y empresarios.
Desde 1976, la CNV se concentró especialmente en cuatro casos: Banco
de Hurlingham, Siderúrgicas Grassi, La Agrícola y compra venta de
acciones de Celulosa y Canale. Todas tenían el doble estándar de ser
empresas y financieras y están atravesadas por la sombra del Grupo
Graiver, que aparece una y otra vez en las actuaciones de la CNV. El
modo en que el organismo operó frente a esas empresas, como revisor de
actividades que efectivamente parecían fuera de control, permite
entender el sistema de intervención más general y cómo lo legal se
combinó con lo clandestino.
En estos casos, la CNV hizo investigaciones y encuadró muchas de las
operaciones como infracciones a la Ley de Seguridad Nacional y
Subversión Económica. Hizo allanamientos, tomó de declaraciones en su
sede, hizo denuncias judiciales y repitió idénticas denuncias en
espacios castrenses. La presentación de las denuncias en el Primer
Cuerpo del Ejército derivó en el secuestro de empresarios, financistas y
agentes de Bolsa relacionados con esas empresas. “Muestra algo
interesantísimo, que son los poderes del Estado funcionando a pleno y
cruzados”, dice Bruno Napoli, integrante de la oficina de derechos
humanos del organismo. “La CNV, como mecanismo estatal, regula el
mercado de capitales, interviene en un caso extraño, complejo, ve causas
que son reales y existen, había maniobras que no eran claras, una
compra sin fondos y venta de una deuda, cita a dar testimonios a todos,
le da lugar a la Justicia y al Ejército, que es el Ejecutivo, y
finalmente los poderes avanzan sobre todos, cada uno a su manera y de
acuerdo a los intereses que tenían”.
Los funcionarios de la CNV alcanzados por denuncias judiciales de
ese período son Etchebarne y Rene Garris. Raúl Aguirre Saravia, de La
Agrícola, declaró que Etchebarne y Garris lo interrogaron en un centro
clandestino cercano a la Ricchieri. Enrique Lucio García Mansilla, del
Banco de Hurlingham, declaró que Etchebarne lo interrogó en Campo de
Mayo. Rosa Dominga Laurito manifestó que “Etchebarne, que era socio de
Martínez de Hoz, estaba intentando destruir Industrias Grassi. El
presenciaba las torturas; a Raúl Grassi le tiraron un termo de agua
hirviendo en el pantalón, él me contó que en esa oportunidad estaba
Etchebarne”.
Además de ellos, las denuncias incluyen a un grupo de cuatro peritos
que concurrió en “comisión a Campo de Mayo” a pedido del coronel
Roberto Leopoldo Roualdes durante el período en el que fueron
secuestrados el grupo de Hurlingham, Siderúrgicas Grassi y La Agrícola.
Los peritos son Julio Spinoza, Horacio Muñoz, Carlos Berini y Pedro
García.
“El Ejército pide cuatro peritos para que cumplan horarios de
oficina en Campo de Mayo y discuten si les van a pagar o no viáticos”,
indica Walter Bosisio, también integrante del equipo que elaboró el
Informe. “Los peritos no preguntaron por qué tenían que ir; van y
colaboran. El Ejército tiene 20 o 30 personas, dueños de empresas, pero
no sabe qué preguntar. Allí la CNV entra a colaborar aportando peritos
que son contadores y abogados que saben qué tiene cada uno”. Los peritos
recibieron más tarde una carta de agradecimiento y felicitación de
Roualdes por las tareas cumplidas con “tanto esmero”.
El mapa
Uno de los méritos del informe es la intención de empezar a trazar
un mapa más amplio sobre el secuestro del sector empresario. Allí no
están solo los casos en los que intervino la CNV, sino todos: los que
cotizaban en Bolsa y los que no. Están los grupos secuestrados entre
1976 y hasta 1983. En el primer momento, las víctimas parecen ser más
“empresarios” netos, y son los casos más conocidos: Cerro Largo por
Chacras de Coria, Papel Prensa, del Grupo Graiver (16 personas) y
Mackentor (34 personas secuestradas) en Córdoba. Luego aparecen aquellos
que también son financistas. Ese es de hecho el momento “más álgido” de
intervención de la CNV. “El secuestro a empresarios y financistas
implicó una dinámica represiva en algún punto particular y diferenciada
respecto de aquellos que fueron desaparecidos por razones políticas y
sociales, entre otras”, indica el Informe. “En un primer lugar, el
objetivo de los secuestros era detectar el aspecto económico de la
‘subversión’ en dos sentidos”:
1) Una parte de los secuestros se dirigió a buscar el dinero de organizaciones consideradas “guerrilleras” o “subversivas”.
2) Otra parte buscó operatorias empresariales que supuestamente
“atentaran contra la economía argentina”. Esta idea también se lee como
“causa” o “excusa” de una dinámica que incluyó “iniciativas privadas”
Para el caso 1 se recuerdan testimonios de algunos empresarios:
Marcelo Augusto Chavanne (Grupo ChavanneGrassi) indicó que el
interventor de la CNV Juan Alfredo “Etchebarne impulsaba a descubrir los
20 millones de Montoneros”. Luis Taub (Hotel Liberty) dijo: “El
secuestro se produce por supuesto manejo de dinero del movimiento
uruguayo Tupamaros”. O los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino: “En
los interrogatorios nos preguntaban por nuestros vínculos con el ERP”.
Entre los secuestros producidos por “subversión económica” contra el
mercado argentino, el Informe piensa, por ejemplo, en Industrias
Siderúrgicas Grassi. Un acta del directorio de la CNV indica:
“Tratándose de una empresa que reviste importancia estratégica en el
campo de las ferroaleaciones –dice el directorio, un eventual quebranto
atentaría sobre el orden económico y social no sólo por su importancia
económica (...) y fuente de trabajo, sino también por la necesidad
estratégica de sus productos (...) Dadas estas condiciones, el hecho
denunciado por la CNV califica como de infracción a la Ley de Seguridad
20.840”.
Otra característica de los secuestros que empiezan a verse a partir
de 1978 y 1979, según el recorte del Informe, es que en general son
hombres muy conocidos de la city, personajes públicos, dueños de bancos y
financistas que tienen voz programas de televisión. La city, en ese
momento, es un mundo en el que se conocen todos. Y un elemento que
parece tener muchos casos es que secuestrados y secuestrados se conocen o
por relaciones empresarias o porque comparten espacios sociales o de
poder. A modo de ejemplo señalan el caso de Eduardo Saiegh (banco
Latinoamericano) o Fernando Combal (Finsur SA).
“Cuando secuestran a Eduardo Saiegh, dos directivos del banco se
plantan en Casa de Gobierno y salen a hacer una denuncia en los medios:
los que piden por él son el general Jorge Shaw y Bernardo Grinspun. Y
esto muestra que entre víctimas y victimarios había muchas veces un
espacio común de poder, económico, de relaciones políticas, sociales y
familiares. Iban al Lawn Tennis Club”, dice Celeste Perosino, del equipo
de investigación de la CNV.
El padre de Enrique Mansilla, uno de los secuestrados por el Banco
de Hurlingham, pertenecía a la Marina y al Grupo Azcuénaga, como
Etchebarne. Fernando Combal, de Finsur SA, fue secuestrado por una banda
de la que participó Leandro Sánchez Reisse, del Batallón 601, con el
que Combal tenía empresas y hacía negocios. Finsur SA era una financiera
muy conocida, Combal era un prestamista de opinión de los que podía ser
invitado al programa de Mirtha Legrand.
Otro elemento del Informe permite pensar por qué caen ellos y por
qué a partir de 1978. “La multiplicación de bancos privados de capital
nacional, que pasan de 68 a 152 en tres años, y su reflejo en los
actores del sistema financiero con banqueros, financistas, agentes de
Bolsa, casas de cambio es una modificación brusca en un mercado de
capitales chico controlado hasta ese momento por una CNV cuyo
instrumento de acción era la vieja ley de Onganía N 17.811”, indica
Napoli. “Es dable pensar que cuando la dictadura genocida comienza a
cambiar su discurso respecto de sus crímenes y a hablar de ‘fin de la
guerra contra la subversión’ o ‘los desaparecidos están muertos’,
también comience a apuntar sus cañones de control y rapiña contra un
mercado financiero que, para la mirada de quienes ocupaban espacios de
decisión, se había descontrolado. Podría plantearse que el aparato
represivo, los grupos de tareas, viraron su atención de la ‘subversión’ a
la ‘subversión económica’ a partir de 1978, para el secuestro de
empresarios y su desapoderamiento de bienes”.
En las conclusiones del Informe se trabaja además con la hipótesis
de que una de las razones que influyeron en este tipo de secuestros fue
la iniciativa privada. “El hecho de que los militares consideraran que
la ‘lucha contra la subversión’ estuviera en gran parte cumplida, dejaba
una estructura represiva, tanto represores como dependencias, libres
para ser utilizados para otros fines. Esto implica, por ejemplo, la
realización de secuestros de ‘iniciativa privada’ por determinadas
bandas que se organizaron dentro de la estructura represiva”. Esto
también puede seguirse de cerca mirando los nombres de los
secuestradores de empresarios. Dos grupos sobresalen por la frecuencia
de casos: uno, que operaba en Campo de Mayo, encabezado por el general
Leopoldo Roualdes e integrado por Francisco Obdulio D’Alessandri, Raúl
Guglielminetti y Víctor Rei (Banco de Hurlinghan). Y otro más operativo a
partir de noviembre del ’78, en el que estaban Rubén Bufano, Leonardo
Sánchez Reisse y Luis Alberto Martínez (Orletti). Muchos aparecerán años
más tarde en secuestros extorsivos durante la democracia.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-216504-2013-03-24.html
