El Indio ganó una condena, El Misto perdió una pensión
Castillo recibió dos años y ocho meses por falsificación de documento público. La Justicia falló en contra de un reclamo de Fernández Supera, que quiso pasar por víctima de la dictadura.
La que termina fue una semana de reveses judiciales para dos de los integrantes del grupo de tareas paraestatal de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) platense, aunque ninguna de las causas en las que tuvieron fallos adversos signifique un avance en el juzgamiento y castigo de los secuestros y asesinatos que cometieron entre 1974 y 1976 como parte de la maquinaria del terrorismo de Estado previo y posterior al golpe cívico-militar. En Córdoba, Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por adulteración de documento público, mientras que en San Isidro, el Juzgado N° 1 en lo Contencioso Administrativo rechazó una demanda de Gustavo Guillermo Fernández Supera (a) El Misto, quien reclamaba a la provincia de Buenos Aires el pago de una pensión graciable por haber estado detenido a disposición del Poder Ejecutivo durante última la dictadura.
Indio condenado.f La causa en la que fue condenado Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio se inició en 2011 cuando, al detenerlo en Villa General Belgrano, Córdoba, por los crímenes cometidos en La Plata, la Policía Federal encontró en su poder un DNI, una licencia de conducir y otros documentos personales falsificados. El Indio se había ocultado en Córdoba para eludir una orden internacional de detención librada a fines de 2010 por el juez federal de La Plata, Arnaldo Hugo Corazza, quien lo requería por los secuestros y asesinatos del estudiante Leonardo Miceli y del sindicalista Carlos Antonio Domínguez, cometidos por el grupo de tareas de la CNU.
Como ya relató Miradas al Sur, Domínguez fue secuestrado y asesinado el 12 de febrero de 1976 por decisión del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, quien transmitió orden al grupo de tareas de la CNU a través de su secretario privado, Alberto Bujía (a) El Negro, quien con los años se transformaría en uno de los más estrechos colaboradores del por entonces intendente de Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde (a) El Cabezón.
En julio de 2011, los autores de esta investigación publicaron una lista casi completa de los integrantes de la patota que secuestró y asesinó a Domínguez, secretario general del gremio de trabajadores del Hipódromo de La Plata y secretario del Partido Justicialista de esa ciudad. A las órdenes de Castillo actuaron, entre otros, Dardo Omar Quinteros, Antonio Agustín Jesús (a)Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Juan José Pomares (a) Pipi, Alfredo Lozano (a) Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y Gerardo Blas (a) El Flaco.
Para el avance de la causa que investiga la muerte del sindicalista resultaron fundamentales las declaraciones de su mujer, Silvia Ester, y de Omar Abel Giaccio, quien advirtió a Domínguez que iban a matarlo. En su testimonio ante el juez Corazza, señaló: “Quienes se encargaron de secuestrar y asesinar a Domínguez eran sectores parapoliciales del gobernador, que era el (sic) CNU, los cuales hoy en día están todos sueltos. Se decía que Domínguez había estado amenazado por sectores de Calabró. Los que supuestamente participaban del (sic) CNU, trabajaban en el hipódromo, como por ejemplo Tony Jesús, una persona de apellido Blanco, cree que Richard Calvo, el Chino Causa y otros que no recuerda”. Por su parte, la mujer de Domínguez identificó como perteneciente a su marido una máquina de escribir robada de su casa la noche del secuestro y que fue encontrada en la quinta de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, cuando ésta fue allanada a fines de abril de 1976.
Leonardo Miceli fue secuestrado por el grupo de tareas de la CNU –apoyado por efectivos del Ejército vestidos de civil– el 20 de abril de 1976. Entre los integrantes de la patota que entró violentamente a su casa, la mujer de Miceli, Ana María Bossio, identificó sin ninguna duda al Indio Castillo. Fue esta identificación la que finalmente hizo que el juez Corazza librara la orden de captura internacional que terminaría con la detención de Castillo.
La causa contra Castillo por falsificación de documento público se originó a raíz de esta detención, momento en el que exhibió a la policía documentación que lo identificaba como otra persona. El fiscal federal Mariano Hairabedian había solicitado a los jueces una condena de tres años y tres meses de prisión. El tribunal integrado por José María Pérez Villalobo (presidente), Carlos Julio Lascano y Fabián Asís finalmente fijó una pena de dos años y ocho meses de cárcel. Mientras tanto, las causas por crímenes de lesa humanidad que lo tienen como acusado están paralizadas en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, cuyo titular, Arnaldo Corazza, renunció hace unas semanas para jubilarse.
Como ya relató Miradas al Sur, Domínguez fue secuestrado y asesinado el 12 de febrero de 1976 por decisión del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el sindicalista de ultraderecha Victorio Calabró, quien transmitió orden al grupo de tareas de la CNU a través de su secretario privado, Alberto Bujía (a) El Negro, quien con los años se transformaría en uno de los más estrechos colaboradores del por entonces intendente de Lomas de Zamora, Eduardo Duhalde (a) El Cabezón.
En julio de 2011, los autores de esta investigación publicaron una lista casi completa de los integrantes de la patota que secuestró y asesinó a Domínguez, secretario general del gremio de trabajadores del Hipódromo de La Plata y secretario del Partido Justicialista de esa ciudad. A las órdenes de Castillo actuaron, entre otros, Dardo Omar Quinteros, Antonio Agustín Jesús (a)Tony, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, Juan José Pomares (a) Pipi, Alfredo Lozano (a) Boxer, Ricardo Calvo (a) Richard y Gerardo Blas (a) El Flaco.
Para el avance de la causa que investiga la muerte del sindicalista resultaron fundamentales las declaraciones de su mujer, Silvia Ester, y de Omar Abel Giaccio, quien advirtió a Domínguez que iban a matarlo. En su testimonio ante el juez Corazza, señaló: “Quienes se encargaron de secuestrar y asesinar a Domínguez eran sectores parapoliciales del gobernador, que era el (sic) CNU, los cuales hoy en día están todos sueltos. Se decía que Domínguez había estado amenazado por sectores de Calabró. Los que supuestamente participaban del (sic) CNU, trabajaban en el hipódromo, como por ejemplo Tony Jesús, una persona de apellido Blanco, cree que Richard Calvo, el Chino Causa y otros que no recuerda”. Por su parte, la mujer de Domínguez identificó como perteneciente a su marido una máquina de escribir robada de su casa la noche del secuestro y que fue encontrada en la quinta de Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, cuando ésta fue allanada a fines de abril de 1976.
Leonardo Miceli fue secuestrado por el grupo de tareas de la CNU –apoyado por efectivos del Ejército vestidos de civil– el 20 de abril de 1976. Entre los integrantes de la patota que entró violentamente a su casa, la mujer de Miceli, Ana María Bossio, identificó sin ninguna duda al Indio Castillo. Fue esta identificación la que finalmente hizo que el juez Corazza librara la orden de captura internacional que terminaría con la detención de Castillo.
La causa contra Castillo por falsificación de documento público se originó a raíz de esta detención, momento en el que exhibió a la policía documentación que lo identificaba como otra persona. El fiscal federal Mariano Hairabedian había solicitado a los jueces una condena de tres años y tres meses de prisión. El tribunal integrado por José María Pérez Villalobo (presidente), Carlos Julio Lascano y Fabián Asís finalmente fijó una pena de dos años y ocho meses de cárcel. Mientras tanto, las causas por crímenes de lesa humanidad que lo tienen como acusado están paralizadas en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, cuyo titular, Arnaldo Corazza, renunció hace unas semanas para jubilarse.
Misto caradura. Esta semana, también, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de San Isidro, José Abelardo Servin, rechazó “la demanda interpuesta por el señor Gustavo Guillermo Fernández Supera contra la provincia de Buenos Aires” y le impuso las costas del juicio. El Misto había iniciado la acción judicial porque pretendía cobrar la pensión graciable prevista por el artículo 1° de la Ley 14.042, que otorga ese beneficio a los detenidos por razones políticas durante la última dictadura.
Fernández Supera basaba su pedido en que había sido detenido –y puesto a disposición del Poder Ejecutivo– debido a su condición de “peronista”. Sin embargo, no hay prueba de que su detención haya ocurrido por ese motivo, sino todo lo contrario. El Misto fue detenido el 29 de abril de 1976 junto a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony,Dardo Omar Quinteros, David Massota (a) Feiño, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, José Marcelo López, Ricardo Osvaldo Calvo (a) Richard y los policías Vicente Ernesto Álvarez, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, y Roberto Antonio Storni, todos integrantes del grupo de tareas de la CNU platense. En el momento de su detención intentaban secuestrar –con la zona liberada por la Bonaerense– a un militante peronista, Juan Carlos El Vaca Arias, en su domicilio de La Plata.
La zona estaba efectivamente liberada, pero no para que actuara la banda sino para detenerla con las manos en la masa. Se trató de una cama preparada por orden directa del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, para desactivar el accionar del grupo de tareas de la CNU, que operaba bajo sus órdenes pero que se le había ido de las manos, ya que aprovechaba su impunidad al amparo del terrorismo de Estado para cometer robos y todo tipo de delitos comunes. Por éstos últimos fueron procesados El Misto y compañía.
El Misto y sus cómplices fueron procesados y condenados por un juez natural en la Causa 715, por “asociación ilícita, robos reiterados, calificados, privación ilegal de la libertad, falsificación de documento e instrumento público, lesiones y encubrimiento de homicidio”. En los allanamientos relacionados con el proceso judicial fueron hallados en su poder gran cantidad de objetos y automóviles robados. Todos delitos comunes.
En 2010, Fernández Supera y varios de los otros condenados por esa causa intentaron acogerse al beneficio que otorga la Ley provincial 14.042, dictada para reparar “a aquellas personas que durante la última dictadura militar se vieron perseguidas, encarceladas y condenadas por motivos ideológicos, viendo vulnerados derechos consagrados en la Constitución Nacional, como el principio del juez natural y la defensa en juicio”.
Cuando los ex integrantes de la CNU iniciaron el trámite ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, esta situación fue denunciada por Miradas al Sur. A raíz de esta denuncia, varios de esos trámites fueron rechazados, y algunos beneficios que acababan de ser otorgados, como en el caso de Fernández Supera, fueron revocados. Ninguno de sus compañeros insistió, entendiendo que era mejor guardar violín en bolsa. Por entonces, los autores de esta investigación no habían comenzado a publicar sus artículos y el accionar de la CNU platense parecía una historia enterrada en lo más profundo del pasado. El Misto –caradura hasta el final– fue el único que inició una acción judicial contra el Estado provincial para que se reviera la anulación del beneficio.
Ahora perdió. Sin embargo, la Justicia argentina todavía mantiene una enorme deuda con él y varios de sus cómplices: procesarlos y condenarlos por los delitos de lesa humanidad cometidos por la CNU platense al amparo del terrorismo de Estado entre mediados de 1974 y abril de 1976. Una deuda que todavía no pudo ser cobrada.
Fernández Supera basaba su pedido en que había sido detenido –y puesto a disposición del Poder Ejecutivo– debido a su condición de “peronista”. Sin embargo, no hay prueba de que su detención haya ocurrido por ese motivo, sino todo lo contrario. El Misto fue detenido el 29 de abril de 1976 junto a Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio, Juan José Pomares (a) Pipi, Antonio Agustín Jesús (a) Tony,Dardo Omar Quinteros, David Massota (a) Feiño, Martín Osvaldo Sánchez (a) Pucho, José Marcelo López, Ricardo Osvaldo Calvo (a) Richard y los policías Vicente Ernesto Álvarez, Alfredo Ricardo Lozano (a) Boxer, y Roberto Antonio Storni, todos integrantes del grupo de tareas de la CNU platense. En el momento de su detención intentaban secuestrar –con la zona liberada por la Bonaerense– a un militante peronista, Juan Carlos El Vaca Arias, en su domicilio de La Plata.
La zona estaba efectivamente liberada, pero no para que actuara la banda sino para detenerla con las manos en la masa. Se trató de una cama preparada por orden directa del jefe del Área de Operaciones 113, coronel Roque Carlos Presti, para desactivar el accionar del grupo de tareas de la CNU, que operaba bajo sus órdenes pero que se le había ido de las manos, ya que aprovechaba su impunidad al amparo del terrorismo de Estado para cometer robos y todo tipo de delitos comunes. Por éstos últimos fueron procesados El Misto y compañía.
El Misto y sus cómplices fueron procesados y condenados por un juez natural en la Causa 715, por “asociación ilícita, robos reiterados, calificados, privación ilegal de la libertad, falsificación de documento e instrumento público, lesiones y encubrimiento de homicidio”. En los allanamientos relacionados con el proceso judicial fueron hallados en su poder gran cantidad de objetos y automóviles robados. Todos delitos comunes.
En 2010, Fernández Supera y varios de los otros condenados por esa causa intentaron acogerse al beneficio que otorga la Ley provincial 14.042, dictada para reparar “a aquellas personas que durante la última dictadura militar se vieron perseguidas, encarceladas y condenadas por motivos ideológicos, viendo vulnerados derechos consagrados en la Constitución Nacional, como el principio del juez natural y la defensa en juicio”.
Cuando los ex integrantes de la CNU iniciaron el trámite ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, esta situación fue denunciada por Miradas al Sur. A raíz de esta denuncia, varios de esos trámites fueron rechazados, y algunos beneficios que acababan de ser otorgados, como en el caso de Fernández Supera, fueron revocados. Ninguno de sus compañeros insistió, entendiendo que era mejor guardar violín en bolsa. Por entonces, los autores de esta investigación no habían comenzado a publicar sus artículos y el accionar de la CNU platense parecía una historia enterrada en lo más profundo del pasado. El Misto –caradura hasta el final– fue el único que inició una acción judicial contra el Estado provincial para que se reviera la anulación del beneficio.
Ahora perdió. Sin embargo, la Justicia argentina todavía mantiene una enorme deuda con él y varios de sus cómplices: procesarlos y condenarlos por los delitos de lesa humanidad cometidos por la CNU platense al amparo del terrorismo de Estado entre mediados de 1974 y abril de 1976. Una deuda que todavía no pudo ser cobrada.
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