Cargill confirmó las operaciones con el fideicomiso de los represores prófugos
La división argentina de la multinacional se desligó y aclaró que la compra del fondo la hizo CarVal, subsidiaria de una división extranjera. Los inversores denunciaron que fueron estafados por desvíos de dinero de Jorge Olivera.
Los
detalles de la financiación de los represores prófugos empezaron a
salir de la oscuridad con el avance de la investigación. Cargill
reaccionó ante la aparición de su nombre en los papeles y aclaró ayer
que la subsidiaria que participó del fondo no está relacionada con la
división argentina de la empresa del agro sino con una división
extranjera de la multinacional, pero a su vez confirmó que tras ese
cambio de manos se alteró el camino de los pagos que se debían realizar.
CarVal Investors Argentina –la subsidiaria de la división extranjera de Cargill– fue contactada por un broker financiero (PEMESA SA) en 2008 para ofrecerle un fideicomiso cuyos activos consistían en el cobro de honorarios derivados de juicios salariales. Estos eran iniciados por personal de las Fuerzas Armadas patrocinados por el prófugo Jorge Olivera y su socio Jorge Appiani, preso en Entre Ríos por delitos de lesa humanidad.
Según informaron desde Cargill Argentina, una vez confirmada la operación por la que CarVal tomó la titularidad del fideicomiso, se sucedieron varios meses de "reclamos por recibir información inconsistente y verificar que no se efectivizaban las transferencias previstas a las cuentas del fideicomiso". Tal como describió Tiempo Argentino ayer, el dinero de los juicios empezó a desviarse tras el cambio de manos y los investigadores creen que en ese momento fueron liberados para financiar la fuga.
"Los inversores de CarVal decidieron encargar una auditoría sobre el mismo, la que detectó desvíos fraudulentos de sumas de dinero y títulos públicos. A raíz de ello se iniciaron acciones penales contra PEMESA SA en su condición de administrador del fideicomiso, y comerciales contra PEMESA SA y Olviera y Appiani, algunas de las cuales están aún pendientes de resolución judicial", sostuvieron desde Cargill.
Posteriormente a esto, y con la decisión de cerrar sus oficinas en Argentina (junto a las de Brasil e India), realizaron la venta de todas sus participaciones en el fideicomiso en diciembre de 2011. Así, los inversores de CarVal sostienen haber sido víctimas de las maniobras de los represores prófugos, ya que "participaron de una inversión legítima y terminaron gravemente perjudicados".
"El descargo jerarquiza el tema y aclara dudas. La investigación mostrará más adelante si esta subsidiaria de una división extranjera de Cargill tiene más responsabilidad o actuó de buena fe en términos comerciales. Lo cierto es que es raro que una inversora extranjera haya venido y comprado esa cartera de riesgo", dijo a este diario el titular de la UIF, José Sbattella.
Posteriormente a la venta de CarVal es cuando entra en el juego el nombre de Nicholson & Cano, que no sentó ninguna posición luego de que se revelara su relación con el fideicomiso. Según indicaron fuentes cercanas al caso, la investigación muestra que los abogados de este estudio aparecieron como apoderados de un tercero que compró los activos financieros por un precio mucho menor a los U$S 2 millones iniciales y a la vez participaron como parte al cobrar dinero de los juicios pendientes al Estado. «
CarVal Investors Argentina –la subsidiaria de la división extranjera de Cargill– fue contactada por un broker financiero (PEMESA SA) en 2008 para ofrecerle un fideicomiso cuyos activos consistían en el cobro de honorarios derivados de juicios salariales. Estos eran iniciados por personal de las Fuerzas Armadas patrocinados por el prófugo Jorge Olivera y su socio Jorge Appiani, preso en Entre Ríos por delitos de lesa humanidad.
Según informaron desde Cargill Argentina, una vez confirmada la operación por la que CarVal tomó la titularidad del fideicomiso, se sucedieron varios meses de "reclamos por recibir información inconsistente y verificar que no se efectivizaban las transferencias previstas a las cuentas del fideicomiso". Tal como describió Tiempo Argentino ayer, el dinero de los juicios empezó a desviarse tras el cambio de manos y los investigadores creen que en ese momento fueron liberados para financiar la fuga.
"Los inversores de CarVal decidieron encargar una auditoría sobre el mismo, la que detectó desvíos fraudulentos de sumas de dinero y títulos públicos. A raíz de ello se iniciaron acciones penales contra PEMESA SA en su condición de administrador del fideicomiso, y comerciales contra PEMESA SA y Olviera y Appiani, algunas de las cuales están aún pendientes de resolución judicial", sostuvieron desde Cargill.
Posteriormente a esto, y con la decisión de cerrar sus oficinas en Argentina (junto a las de Brasil e India), realizaron la venta de todas sus participaciones en el fideicomiso en diciembre de 2011. Así, los inversores de CarVal sostienen haber sido víctimas de las maniobras de los represores prófugos, ya que "participaron de una inversión legítima y terminaron gravemente perjudicados".
"El descargo jerarquiza el tema y aclara dudas. La investigación mostrará más adelante si esta subsidiaria de una división extranjera de Cargill tiene más responsabilidad o actuó de buena fe en términos comerciales. Lo cierto es que es raro que una inversora extranjera haya venido y comprado esa cartera de riesgo", dijo a este diario el titular de la UIF, José Sbattella.
Posteriormente a la venta de CarVal es cuando entra en el juego el nombre de Nicholson & Cano, que no sentó ninguna posición luego de que se revelara su relación con el fideicomiso. Según indicaron fuentes cercanas al caso, la investigación muestra que los abogados de este estudio aparecieron como apoderados de un tercero que compró los activos financieros por un precio mucho menor a los U$S 2 millones iniciales y a la vez participaron como parte al cobrar dinero de los juicios pendientes al Estado. «
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