martes, 2 de octubre de 2012

GORDITO WIÑASKY: ESTO SEGURO NO LO PUBLICÁS, NO?

El sobreexplotado caso Ciccone buscando esmerilar a Cristina, ha perdido visiblemente centimil en las páginas magnéticas. Hasta el gordito Wiñasky le deja las "novedades" (léase: por lo general, el refrito de datos menores y totalmente secundarios de la causa)a un colega desconocido para el gran público. Es que el cadete de lujo de Giorgio Sanata, ahora se dedica a otros menesteres corpóreos. Hasta gasificó una columneta de opinión, ficcionalizando cosas más o menos en estos términos: "Hay confusión en el kirchnerismo, después del papelón de Cristina en Harvard" (?????? Me confundís, What are you talking about, little fat?). Por fortuna para Wiñasky, derivando el tema Ciccone zafa de un verdadero papelón: omitir publicar un dato muy interesante que ha surgido de la causa. Esto es que, en 2009 el grupo Clarín, por interpósita sociedad, fue dueño de una porción accionaria minoritaria de nada menos que..Ciccone Calcográfica. De perogrullo es, que ninguna línea saldrá en ningún medio magnético y afín, pese a ser un dato periodístico de investigación muy interesante. Así que pegamos aquí, la nota de P12, de Irina Hauser y Raúl Kollmann, quienes además hacen un no sesgado racconto de la causa, y de como está actualmente. Hela aquí, la nota mencionada: -"El expediente Ciccone tiene aristas inesperadas, entre ellas que uno de los principales socios del grupo Clarín fue el DUEÑO del cinco por ciento de la calcográfica en 2009. En el juzgado a cargo de Ariel Lijo están tratando de rearmar la historia de quienes siempre tuvieron el control de la empresa, la familia Ciccone; que llevaron a la imprenta a la convocatoria de acreedores, luego a la quiebra; esto derivó en que la empresa terminara en manos de Boldt (la compañía que maneja el juego en territorio bonaerense) y, finalmente, el proceso de levantamiento de la quiebra. En este último tramo es que se investiga si la AFIP o el Ministerio de Economía, en ese momento encabezado por Amado Boudou, incurrieron en irregularidades. En toda esa historia aparecen compras de deudas ilegales, socios que no están para nada claros y el dato asombroso de que en 2009, durante cuatro meses, el cinco por ciento de las acciones de la calcográfica fue vendido por la familia Ciccone a Fintech Energy LLC, la empresa que junto CON CLARÍN administra CABLEVISIÓN. En la causa Ciccone se investigan esencialmente dos delitos: negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de dinero. En el primero de esos delitos lo que se busca determinar es si Boudou o la AFIP beneficiaron indebidamente a Ciccone para permitir el levantamiento de la quiebra. El segundo delito, el de lavado de dinero, trata de establecer cómo se hundió la empresa y de dónde salieron los fondos para reflotarla. El punto clave es que Ciccone no es una empresa cualquiera, tiene un valor estratégico: imprime billetes, títulos universitarios, patentes, chequeras, padrones electorales y un largo listado de impresiones de seguridad. En toda su historia fue manejada por los hermanos Héctor y Nicolás Ciccone, quienes lograron el gran despegue durante la dictadura militar: la calcográfica imprimió las entradas del Mundial ’78. El juzgado estudia qué pasó desde 2004, en que Ciccone entró en convocatoria de acreedores. En ese año, Alejandro Vandenbroele, representando a los Ciccone, protagonizó la convocatoria y también la compra de la deuda a algunos acreedores, algo que los jueces comerciales consideran ilegal: el que les dice judicialmente a sus acreedores que no está en condiciones de pagar no puede al mismo tiempo pagarles bajo cuerda para después quedarse con los votos en la junta de acreedores. Ya en ese año, Vandenbroele actuaba en Ciccone, muchísimo antes de la aparición de Boudou. En abril de 2009 se produce un hecho llamativo: los Ciccone le ceden el ciento por ciento de las acciones a la empresa Inversiones Tecnológicas S. A., según parece propiedad de un importante empresario argentino que las fuentes judiciales no tienen plenamente identificado. Y el mismo día, Inversiones Tecnológicas le cede el 4,95 por ciento de las acciones a Fintech Energy LLC. Es público y notorio que FINTECH es socio de CLARÍN en Cablevisión. Los que aparecen en el acta de cesión de acciones son Nicolás Ciccone, titular del 50 por ciento; Silvia Noemí Ciccone, 12,5 por ciento; Héctor Ciccone, 25 por ciento, y Graciela Ciccone, 12,5 por ciento. Por el lado de la empresa Inversiones Tecnológicas firmó el abogado Gerónimo Rocha Pereyra. Todo indica que aquella operación, que se deshizo cuatro meses después porque tenía una cláusula de rescisión, fue un intento de salvar la imprenta por su valor estratégico. Interesó a un empresario y a un socio de Clarín. Pero no prosperó y la familia Ciccone volvió a estar a cargo. Menos de un año más tarde, el juez comercial Javier Cosentino decretó la quiebra. En ese momento, el Estado –principal acreedor a través de la AFIP– le hizo saber al magistrado que quería quedarse con la empresa justamente para poner las máquinas a trabajar para la Casa de Moneda. En forma sorpresiva, Cosentino decidió entregársela a Boldt, o sea que una empresa que manejaba casinos y máquinas tragamonedas se quedaba también con la impresión de billetes y documentación de máxima seguridad. El Estado nuevamente manifestó su oposición, esta vez por medio de la Secretaría de Comercio. Todo derivó en el levantamiento de la quiebra, con el papel central –como en 2004– de Vandenbroele, representando a la familia Ciccone. Esto deriva en la actual investigación de Lijo:Por un lado, sobre The Old Fund, la empresa que se queda con Ciccone. En este terreno, el juez avanza sobre los verdaderos dueños de ese fondo y los que proveyeron el dinero: el Banco Macro, una financiera de Raúl Moneta y un fideicomiso de Formosa. Además, el magistrado trata de ver si amigos de Boudou, como José María Núñez Carmona, son socios ocultos o no. Por otro, sobre la propia familia Ciccone. La semana que viene serán llamados a declarar al juzgado de Lijo los acreedores de 2004, para ver cómo se produjo el concurso y la historia de los movimientos de acciones que siempre los tuvieron como protagonistas.".-------------------- PD: Si empiezan a aparecer más datos como éste, como por arte de magia, desaparecerá de las páginas de Clarín el caso Ciccone. Y eso que nunca en su historia, le dedicaron tantas centenares de tapas a una oper... a una investigación.

Pérsico: “Cristina me pidió consolidar el rol del Estado con los pequeños productores”

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Gabino Rebagliati
El flamante subsecretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, afirmó que el trabajo que llevará adelante dentro de la cartera agropecuaria tiene por objetivo seguir adelante “con la línea de trabajo” del Gobierno en el sector y “poner al Estado al lado de los pequeños productores”.
Pérsico, en diálogo con la agencia Télam, señaló que su llegada a Agricultura responde a “un pedido concreto de la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner)” a partir de su “perfil militante” y por su pasado “cercano al campo” como quintero y tambero en las afueras de La Plata.
A continuación los principales tramos del reportaje:
Télam: ¿Como fue su llegada al ministerio?
Pérsico: Fue un pedido concreto de la Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner). Quería alguien de un perfil militante, pero también cercano al campo. Para los que no saben, yo viví 25 años del campo con una quinta en las afueras de La Plata y también fui tambero, un sector que conozco bien.
T: ¿Que líneas de continuidad o ruptura va a haber con las gestiones anteriores?
P: La verdad es que el Gobierno viene dándole impulso al área de Agricultura Familiar desde que asumió Cristina. Primero desde la Secretaría de Agricultura y luego con la creación del Ministerio. Vamos a trabajar en la línea en la que venía trabajando Martini (Guillermo, ex subsecretario de Agricultura), vamos a pasar a una postura más ofensiva en la defensa de los pequeños productores.
Vamos a trabajar en facilitar la comercialización, vamos a crear protocolos para proteger y certificar los productos familiares y las economías regionales, acelerar la cuestión de la tierra, dialogar con todos los técnicos y productores.
T: ¿En qué tipo de protocolos están pensando?
P: Una idea es elaborar un protocolo específico de pollo de campo, que camine, que se alimente en movimiento, certificándolo y dándole valor agregado, esa es la idea general. La verdad es que este Gobierno y el crecimiento económico han creado un mercado muy grande y hay muchos lugares donde ofrecer los productos de elaboración familiar, hay que seguir los ejemplos de los europeos, que fueron certificando sus producciones regionales y le dieron un valor que antes no tenían.
T: En lo que respecta al tema de la tierra, ¿cree que puede llegar a surgir algún problema con alguna provincia o con intereses económicos locales?
P: La cuestión de la normalización de la tierra, de la entrega de títulos efectivos a muchos campesinos que hoy trabajan esas tierras es fundamental. Yo estuve dialogando con muchos empresarios que me llamaron por mi llegada, muchos quieren saber qué voy a hacer, sienten que yo soy un bicho raro para este ministerio.
Yo los atiendo y les digo que hay que recordar todos los proyectos de país que hubo, desde la generación del 80 hasta Perón y el desarrollismo. Todos tuvieron una política de colonización, justamente porque es muy importante desarrollar y darles oportunidades a los pequeños productores. A esa responsabilidad empresaria es a la que apelo.
T: Según la Federación Agraria hay 350.000 pequeños y medianos productores, ¿que números manejan ustedes?
P: Nosotros nos basamos en los datos del censo agropecuario, hay cerca de 250.000 pequeños productores, pero hay que sumar también a los que abandonaron recientemente sus antiguas actividades, los que se mudaron a las afueras de las ciudades del interior y conservan la tradición campesina, sobre esos también vamos a trabajar porque queremos que puedan volver a ser agricultores.
T: Usted tiene un perfil político como líder del Movimiento Evita indisociable de la gestión, ¿se puede pensar que haya un trabajo político sobre los pequeños productores?
P: Hay que construir un espacio reivindicativo del campesinado, social. No algo político en términos de dependencia del Estado, que sea sin banderas. Necesitamos un campesinado fuerte que exija cosas en la sociedad, para que avance la política de Estado.
Nosotros creemos en el control presupuestario y vamos abrir el control del presupuesto a las organizaciones campesinas, así se fortifican y empiezan a discutir acá adentro cuánto va para los pequeños productores.
T: ¿Es posible pensar en asistencias más directas, que surjan de las necesidades de los pequeños productores?
P: Sí, hay que tratar de que el dinero llegue a los pequeños productores. Hay que hacer un balance, acá se va mucha plata en informes, en estudios, en montones de cosas y lo que vos medís que llega específicamente al pequeño productor es muy poco.
Un ejemplo es seguir lo que hizo Alicia Kirchner en Desarrollo Social, unificar los programas. Es sencillo, cuando hay muchos programas como hay en estos ministerios es porque algo anda mal.
Acá el ministro (Norberto) Yauhar también quiere corregir esas cosas, unificar programas para que las cosas sean más claras y yo estoy muy de acuerdo. Hay que definir cuánto puede ir a capacitación y cuánto tiene que llegar directamente al productor. La línea es clara, buscamos que llegue la mayor cantidad posible al productor y resolverle el problema, estamos trabajando con todo desde que llegamos para hacer ese diagnóstico”.
T: ¿Cómo es la relación con el resto del Ministerio?
Estamos trabajando mucho con Carla (Campos Bilbao). Cristina nos dijo que trabajáramos mucho con ella y el ministro Yauhar también nos está ayudando para lograr este diagnóstico lo más rápido posible.
Vamos a respetar mucho la institucionalidad, acá está el ministro puesto por Cristina, Carla Campos Bilbao es la secretaria del área y nosotros vamos a tratar de trabajar todos juntos y en equipo.
Si no se trabaja en equipo, estos problemas no se pueden resolver.
Fijate que de los equipos que están acá no he cambiado a nadie, no es un desembarco de gente, no es un desembarco del Movimiento Evita en el Ministerio de Agricultura, la idea es no cambiar, que esto sea una continuidad, pero con una conducción diferente.


Lista de bases militares extranjeras en América Latina

El Centro de Estudios y Documentación sobre Militarización (Cedomi / Mopassol) ha publicado la lista con las bases militares del imperialismo en America Latina.

Se trata solo de las bases militares extranjeras (varios países de la OTAN) y no solamente a las de Estados Unidos, aunque este ultimo sea el capo que controla a esta organización criminal multinacional.

 Aunque el informe esta todavia por completarse, ofrece suficientes razones para inquietarse ante esa  forma de guerra preventiva que supone un enorme peligro para el continente latinoamericano, en vista a los genocidios cometidos por los paises capitalistas en otros lugares del mundo (Irak, Costa de Marfil, Libia, Afganistan, Mali, ahora en Siria y otros que, si siguieramos citando, probablemente llenarian toda la entrada)

Es destacable que en los paises que son nucleo de la Alianza Bolivariana, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, junto a Brasil, la principal potencia de economica y militar del sur, no hay bases extranjeras, ni de la OTAN ni de Estados Unidos.

 La lista de la injerencia militar extranjera en los paises de Latinoamérica es la siguiente:  

"Argentina (2): En el archipiélago de Malvinas, ocupado militarmente por Gran Bretaña, está la Fortaleza de la OTAN en Mount Pleasant, Isla Soledad, cuya pista mayor tiene una longitud de 2.600 metros. La actual dinamización de la militarización en el Atlántico Sur posiciona a la Fortaleza Malvinas como la fuerza más importante de la OTAN en esa región.
Fuera gringos de mierda
Existe además un terreno autorizado para el uso de Estados Unidos por el ex gobernador de Tierra del Fuego, en la localidad de Tolhuin.  Además, en febrero de 2012  se hizo pública en Resistencia, Prov. del Chaco,  la instalación de un Centro Anti catástrofes y Ayuda Humanitaria, financiado por el Comando Sur del Pentágono a inaugurarse en el Aeropuerto Internacional de Resistencia. El Centro dispone de un radar y equipos de comunicación que habilitan a esta construcción como un centro de control y espionaje al servicio de los proyectos imperiales. Su instalación responde a un programa impulsado por la Junta Interamericana de Defensa (JID) que incluye en sus planes la coordinación e implementación de centros similares en otros países del continente y ha sido objetado por el gobierno nacional argentino que cuestiona el papel de la JID en estos temas.

Aruba : (1) base aérea Reina Beatriz, de EEUU.

Belice: (1) un espacio para entrenamiento de efectivos de Gran Bretaña (OTAN)

Bolivia: No hay bases militares extranjeras. La constitución Política del Estado aprobada durante el gobierno de Evo Morales lo prohibe expresamente.

Colombia: (8) Con fecha 30 de octubre de 2010, el gobierno de Colombia suscribe con los Estados Unidos un convenio de cooperación militar en el cual se señalan las siguientes bases militares colombianas para que sean usadas por los EEUU:  la base Aérea de Apiay, en el Departamento del Meta; la base Aérea de Malambo, ubicada en el área metropolitana de Barranquilla; la base Aérea de Palanquero, situada en Puerto Salgar,  en el departamento (provincia) de Cundinamarca, que cuenta con una pista de aterrizaje de 3500 metros; la base Aérea de Tolemaida, en Melgar, Tolima, es el fuerte militar mas grande de Latinoamérica y tiene una importante fuerza de despliegue rápido; la base Naval de Bahía Málaga , en el Pacifico colombiano, cerca de Buenaventura; la base Naval de Cartagena, en la costa del mar Caribe. 
A ellas se suman las que ya venían siendo utilizadas por soldados de Estados Unidos: la Base aérea deTres Esquinas ubicada en el Departamento de Caquetá y la base Aérea Larandia, en el mismo Departamento. Y se agrega el uso del puerto de Turbo (muy cercano a la frontera con Panamá) para aprovisionamiento de la IV Flota, así como muchas otras instalaciones de las fuerzas armadas colombianas.

Costa Rica: (2) Existe una base de EEUU en Liberia. Hay que tener en cuenta  además la “invasión” de buques y miles de soldados USA autorizada por el gobierno y el Parlamento nacional en 2010. Es necesario investigar qué ha quedado como remanente de esa movida.

 En el último tiempo aparecen menciones sobre otra base cercana a la costa del Pacífico costarricense. Concretamente,  la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados  denuncia que  en Liberia, EEUU reactivará y financiará un radar. 


La nota está fechada el 9 de octubre de 2009. La ANEP menciona además que en una entrevista al diario La Nación, el subcomandante del Comando Sur del Ejército norteamericano Paul Trivelli informó sobre la inversión de 15 millones de dólares en una base naval que se estaría construyendo en la localidad de Caldera,  provincia de Puntarenas, y que  allí funcionará, además, una escuela para el adiestramiento de oficiales de guardacostas.

Una información proveniente de EEUU confirma que el Comando Sur, en agosto de 2009, aportó 1.5 millones de dólares para iniciar la construcción  de un muelle e instalaciones como parte del cumplimiento de ese contrato.


Cuba: (1) Base ocupada por EEUU en Guantánamo y donde, como sabemos, se cometen todo tipo de crimenes contra los derechos humanos.

Curazao : (1) Base de EEUU Hato Rey 

Chile: (1) Con autorización del gobierno de Sebastián Piñera se ha instalado en el Fuerte Aguayo, en Concón, cerca de Valparaíso, una base militar de los EE UU. El emplazamiento “imita una zona urbana, con 8 modelos de edificios, fue construido con un aporte de casi 500 mil dólares proporcionados por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos bajo la denominación de que sirve para “ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil”, según indica la misma Embajada norteamericana. El acuerdo insiste en la lógica de que las Fuerzas Armadas deben intervenir en conflictos sociales o “estabilidad civil” lo que renueva la práctica de la Doctrina de la Seguridad Nacional. 

Ecuador : Con la retirada de EEUU de la Base de Manta, no existirían bases militares extranjeras en el país.
Sin embargo circula una información que no hemos podido confirmar respecto a que el Comando Sur tiene previsto financiar con una suma  600.000 dólares “instalaciones para cuarteles contra el narco terrorismo” que se construirían en Lita, Carchi,  en la segunda mitad del año 2011.

El Salvador: (1) Una base en Comalapa, muy próxima al Aeropuerto internacional de San Salvador.

Guadalupe: (2) Registramos por lo menos dosbases militares de Francia (OTAN) en este pequeño archipiélago de Mar Caribe que forma un departamento de ultramar de Francia y una región ultraperiférica de la Unión Europea. En Guadalupe, a 600 km al norte de las costas de América del Sur y al sureste de la República Dominicana, se encuentra el 41º Batallón francés de la Infantería de Marina, además de aviones, helicópteros  y efectivos de la Fuerza Aérea.

Guatemala: no hay información sobre bases militares extranjeras pero sabemos que se ha extendido a este país la militarización del combate anti drogas (Iniciativa Mérida) que se viene aplicando en México, con una presencia constante de tropas USA.

Guayana Francesa: (3) En este territorio (remanente colonial francés en América del Sur) se concentran tropas principalmente en Cayena, San Juan de Maroni y otros lugares. Pero la más importante es la Base Aeroespacial francesa en Kourou, ahora gestionada por la Agencia Espacial Europea. Sus instalaciones son de las más avanzadas del mundo en la función que desempeña. Está preparada para el lanzamiento de satélites con objetivos diversos. El radar ubicado en Troubiran y la Base Aeroespacial permiten la observación y el control de todos los países de la región. Con la llegada del satélite militar Galileo, Francia cuenta en Guayana con 40.000 barbouzes (agentes no oficiales), jubilados en actividad bajo el comando del Estado Mayor de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia destacados en Guayana, en capacidad de intervenir contra independentistas guayaneses, y también contra otros pueblos en lucha contra el imperialismo en el continente.

Haití: (1) Además de la presencia, desde 2004, de la MINUSTAH, se registra una presencia de tropas de EEUU cuyo número no se ha podido determinar, así como el atraque de naves de la IV Flota. Desde la invasión de más de 20.000 efectivos USA con motivo del terremoto de enero de 2010, organizaciones de Haití vienen denunciando que han quedado remanentes de esas tropas y que todo su territorio puede considerarse una gran base militar extranjera.

Honduras: (3) Base Aérea estadounidense Soto Cano, en Palmerola, con una pista de 2.600 metros;   otra más nueva en Puerto Lempira, sobre la laguna Caratasca, en el Departamento Gracias a Dios, territorio de la Mosquitia, próxima a la costa del Mar Caribe; y una más  en construcción, en Guanaja, Departamento Islas de la Bahía, en el Caribe hondureño. Algunas de ellas fueron el centro de operaciones en el golpe de estado, todavia impune, contra el presidente Zelaya.

Martinica: (2) El caso de Martinica es similar al de Guadalupe, con por lo menos dos bases francesas (OTAN). En el lugar, el Ejército francés cuenta con más de 1.000 efectivos permanentes, incluyendo el 33º Regimiento de Infantería con sede en la capital Fort de France. Allí además se encuentra estacionada la Marina de Guerra con 500 efectivos y los equipos necesarios. El país es una base de apoyo de la mayor importancia para la vigilancia, la inteligencia y las intervenciones militares en la región, (junto con Guadalupe, Martinica ha servido como escala durante la Guerra de las Malvinas y la invasión de Granada; además, Francia y EE.UU. organizan regularmente maniobras militares conjuntas).

México: (2) La militarización de la lucha anti drogas con la intervención directa de los Estados Unidos ha dejado en los últimos años en este país decenas de miles de muertos.
La Iniciativa Mérida, firmada el 30/06/08 entre los presidentes Bush y Calderón  implica, según los acuerdos firmados , entrenamiento de las fuerzas militares mexicanas por parte de Estados Unidos, la venta del armamento necesario y la estrategia militar para el control del Estado  por parte de fuerzas mexicanas , y por medio de las agencias  yanquis FBI, CIA, DEA y demás que ya  estaban operando en territorio mexicano, el sobrevuelo sobre todo el territorio de aviones espía no tripulados y la injerencia  de tropas USA en la seguridad interna del país. Como se sabe, ninguno de estos acuerdos anula al anterior, todos son complementarios  y cada vez más ponen el acento en la guerra “contra el narcotráfico y el terrorismo”.

En ese marco, el imperio avanza, se ha conocido (en mayo de 2011) la creación de dos bases militares en la frontera con Guatemala, ambas bases contarían con todas las  “bondades” de la tecnología militar más seiscientos efectivos en cada una.  En conferencia de prensa el Comandante de la VII  región militar de México, general Salvador Cienfuegos Zepeda, declaró que tropas del ejército realizan operaciones militares en todo el territorio chiapaneco, sobre todo en Frontera  Comalapa , y que estas dos nuevas bases militares  estarán situadas en Chiquimosuelo y Jiquipilas, por recomendación de la DEA. Esto sumado a los catorce mil militares ya existentes en Chiapas, según sus dichos.

El 10/05/11, se inauguró la construcción de la Academia Estatal de Formación y Desarrollo Policial, en Las Encinas, San Salvador de Chachapa al oriente de la capital del Estado de Puebla. Este lugar, destinado a reserva ecológica será en adelante reserva militar. Así fue presentado por Rafael Moreno Valle y Keith W. Mines, director general de la Inteligencia Militar, quien dejó en claro y con precisión que el FBI y otras agencias USA tendrán participación directa en esta academia.
Además, una fuerza de tareas de efectivos estadounidenses “ayudará “ en las zonas más conflictivas, según revelan generales y coroneles en actividad del Ejército Mexicano. Uno de los  militares, de alto cargo en la Secretaría de la Defensa Nacional, asegura que México vive ya una “ocupación “llevada a cabo por los organismos de inteligencia de Estados Unidos.
Formalmente, ni la Academia de Las Encinas, ni las bases de Chiquimosuelo y Jiquipilas, aparecen como  bases de EEUU. Sin embargo, en el marco descripto, no cabe duda de que es el Pentágono quien dirige las operaciones. Por eso estamos contabilizando en México por lo menos dos bases militares extranjeras.

Panamá: (12) Son doce bases aeronavales en ambas costas.
sobre el Pacífico:
1) Isla de Chapera
2) Bahía o Puerto Piña en Darién
3) Quebrada de Piedra, en Chiriquí
4) Rambala, en provincia Bocas del Toro
5) Punta Coco, en Archipiélago de las Perlas;
6) Isla Galera;
7) Mensabé, en Los Santos;
Coiba, en Veraguas.
Sobre el Caribe:
9) Sherman, en Colón
10) El Porvenir, en Kuna Yala
11) Puerto Obaldía, en Kuna Yala
12) San Vicente, en Metetí, Prov. de Darién, cercana a la frontera con Colombia
Más denuncias desde Panamá: además de las 12 bases antes enumeradas hemos recibido denuncias, sobre otras bases militares proyectadas (respecto a las cuales necesitamos más información) en:
La Palma (Pacífico), provincia de Darién;
Isla Grande (Caribe), provincia de Colón;
Corregimiento de Yaviza, provincia de Darién; y
Estación Naval Rodman (Pacífico) en la entrada del Canal de Panamá.

Paraguay: (2) Base en Mariscal Estigarribia, en el Chaco paraguayo, con instalaciones para albergar a varios miles de soldados y una pista de 3.800 metros de longitud. Otra base en  Pedro Juan Caballero (Base de la DEA estadounidense) en la frontera con Brasil. En ambos casos hemos comprobado la existencia de estas bases durante la Misión Internacional a Paraguay en el año 2006.

Perú:
 (3) En distintas publicaciones se menciona desde hace varios años la existencia de tres bases militares de EEUU en Perú: Iquitos, Nanay y Santa Lucía. Sobre esta última ubicada sobre el Río Huallaga (Alto Huallaga) faltan precisiones e  información reciente. Se sabe además que el gobierno peruano ha autorizado a EEUU el uso de instalaciones portuarias para aprovisionamiento de la IV Flota en cercanías del puerto de El Callao.

Por otra parte, en virtud de los acuerdos entre el Gobierno peruano y los Estados Unidos, a partir de 2006 ambos Estados incrementaron sus acciones de cooperación militar en el entendimiento común de que el “narcoterrorismo” constituye una “amenaza asimétrica” que justificaría la asistencia militar de Estados Unidos “sin condicionamientos”. 
Con ese criterio el Comando Sur contribuye al financiamiento y visita regularmente distintas bases militares peruanas, como por ejemplo:

 *Base Naval de Santa Clotilde, en cercanía de Iquitos, Región de Loreto (margen izquierda del Río Nanay). Sede del Comando General de la Amazonía. Sede de la Escuela de Operaciones Ribereñas: Financiada en sus inicios por el Comando Sur (US SOUTH COM). Está a cargo desde 2003 de la Marina de Guerra de Perú. La embajada de EEUU en Lima, a través  de su Grupo Consultivo y de Apoyo Militar, la apoya, realiza visitas y permanentes intercambios con el Comando Sur.
*Base Teniente Clavero, en Iquitos (Perú). Está en la misma zona de frontera con Colombia. Comprende una serie de destacamentos o estaciones fluviales integrados  por elementos del Batallón de Infantería de Marina Número 1, del Ejército y la Policía.

*Base Naval El Estrecho. Ubicada en el distrito de San Antonio, en Iquitos, a orillas del río Putumayo. Se terminó de construir en julio 2010 ampliando una antigua guarnición.
La situación brevemente descripta ha llevado a algunos investigadores peruanos a afirmar que todo el territorio del Perú se ha convertido en una “plataforma militar multiuso al servicio de los EEUU”.

República Dominicana: 
(1) Desde hace varios años se habla del traslado de tropas USA antes estacionadas en Puerto Rico a la República Dominicana. Nunca pudimos confirmar esa noticia.
Pero recientemente (febrero 2012) recibimos y  confirmamos lo siguiente: Organizaciones progresistas y de izquierda de la República Dominicana llaman a impedir la construcción de una base naval patrocinada por el Gobierno de EE.UU. en la isla de Saona, en el extremo sureste del país. 
El proyecto prevé la construcción de un muelle, unos cuarteles y otras instalaciones del complejo. La obra será ejecutada por el Comando Sur de EE.UU. que invertirá alrededor de 1,5 millones de dólares, según anunció el jefe de la Marina de Guerra dominicana, el vicealmirante Nicolás Cabrera Arias. La construcción de la nueva base naval forma parte de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, promovida por Washington.

En síntesis, y sin contar el caso de Puerto Rico que, como sabemos, está bajo control total de Estados Unidos, a pesar de su pueblo,  son por lo menos 47 bases militares extranjeras en funcionamiento, o en construcción vinculadas por vía aérea y marítima con la IV Flota naval reactivada desde 2008.
 

Entre ellas merecen especial atención las cinco bases con grandes pistas de aterrizaje distribuidas estratégicamente a lo largo del continente: Soto Cano (en Palmerola, Honduras), Palanquero (en Colombia), Mariscal Estigarribia (en Paraguay), la Fortaleza Malvinas (en Argentina) y la Isla Ascensión (en el Atlántico Sur).
 

Aunque estrictamente,  desde el punto de vista geográfico, la base militar en la Isla Ascensión –en el medio del Océano Atlántico- no pertenece al continente americano, conviene tener presente esta base militar porque ha desempeñado y sigue desempeñando un papel importante en la estrategia imperial, particularmente en el Atlántico Sur y en relación a la IV Flota.
 

Centro de Estudios y Documentación sobre Militarización (Cedomi / Mopassol) www.mopassol.com.ar

lunes, 1 de octubre de 2012

LA CAMARA DE CASACION FESTEJO VEINTE AÑOS TRATANDO DE EVITAR CRITICAS Y DEBATES

Feliz cumpleaños, sin tocar ciertos temas

La Cámara creada en el menemismo para materializar el juicio oral y el estilo de fiscales investigadores nunca funcionó y fue refugio de reaccionarios notables. Tras los escándalos, aires de reforma y cambio.
 Por Irina Hauser
Para celebrar en paz su cumpleaños número veinte, la Cámara de Casación Penal acordó postergar para después de la fiesta cualquier decisión crucial sobre sus escándalos más recientes, relacionados con sobornos en la causa del asesinato de Mariano Ferreyra y con el papel de una secretaria como defensora de su padre represor ante el propio tribunal. Aun así, el presidente del cuerpo, Pedro David, intentó que el aniversario fuera una ocasión de “balance y perspectiva”, según el título de su discurso. La definición fue algo discutida en el backstage, ya que un balance implicaba alto riesgo de sincericidio en una cámara con mala reputación desde que Carlos Menem la hizo. Así, se habló poco del pasado, pero la camada más nueva de sus jueces y algún que otro veterano aceptaron estoicamente los debates en puerta. Mientras muestran su esfuerzo por revertir el lastre que dejó el bloqueo a las causas por crímenes de lesa humanidad, admiten el desafío de un dilema técnico no menor: Casación nunca cumplió la función para la que fue creada, ofrecer un modelo que avance hacia un sistema procesal acusatorio basado en la oralidad, transparente y expeditivo, que deje de dar garantías de impunidad para poderosos (tan sólo con el paso del tiempo) y de castigo seguro para los perejiles.
Entre los asuntos que los jueces de Casación decidieron posponer, deben decidir si cesantean o exoneran a Luis Ameghino Escobar, un prosecretario procesado por participar, en el verano de 2011, de una trama de presuntas coimas para beneficiar a José Pedraza y la patota que mató a Ferreyra, y de direccionar el expediente hacia la Sala III de la Cámara. También patearon todo debate sobre el pedido de juicio político al ex titular de esa sala Eduardo Riggi, escrachado en contactos telefónicos con un ex agente de la SIDE que oficiaba de intermediario del supuesto soborno. En otro rubro, pusieron en el freezer una definición sobre el futuro de una secretaria de Riggi, María Laura Olea, quien ofició de abogada defensora de su padre, el represor Braulio Olea, en la apelación de su condena ante la sala IV de la propia Casación y que habría participado en protestas de hijos de militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Otro secretario de Riggi, Diego Amarante, también hijo de un acusado de crímenes de lesa humanidad en La Pampa, había conseguido permiso para defender a su padre.
Veinte años atrás, al recibir la lista de los trece jueces que conformarían la naciente Casación, el entonces ministro de Justicia León Arslanian reaccionó alarmado: “Si elegimos así a los jueces de Casación terminaremos nombrando a 237 esperpentos en la Justicia”. No pudo mover ni un nombre y renunció. La creación de más de doscientos cargos era producto del paso de los procedimientos escritos a los juicios orales, en tiempos en que a la toga no se accedía por concurso sino a dedo. A la vez, dos modelos pujaban por imponerse. Lo logró el más conservador, que dejó la investigación en manos de los jueces de instrucción y preveía una segunda etapa de juicio oral, un combo que hoy se traduce en causas que duran por lo menos once años, en especial si involucran a funcionarios. El modelo acusatorio que no fue, en cambio, daba poder de investigar a los fiscales y control a los jueces, en un proceso oral y aceitado. La Cámara de Casación era el vértice del nuevo sistema y debía consolidarlo, controlar la estructura, interpretar y revisar sentencias.

Vida y obra

En un tribunal tan grande era difícil pensar en unificar criterios, pero lo peor, vaticinaba Arslanian, era en manos de quién quedaba. Tres nombres lo decidieron a correrse: Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, jueza civil; Eduardo Riggi, juez en lo penal económico desde la dictadura, antes funcionario en El Camarón, la cámara federal “antisubversiva” creada en 1971, y el fiscal Juan Martín Romero Victorica. Los impugnaron ante el Senado, pero fue como si nada. Sólo Romero Victorica, en vez de juez quedó como fiscal de Cámara.
A Capolupo le criticaban falta de antecedentes. “No sé derecho penal, pero voy a aprender”, asumió. Romero Victorica fue objetado por sus “convicciones autoritarias”, que dejó a la vista en múltiples ocasiones: al aludir como “subversivo” al abogado Guillermo Díaz Lestrem, asesinado tras su cautiverio en la ESMA, al negociar que los hermanos Born cobraran casi la mitad de la indemnización que el Estado había pagado a la familia de David Graiver (que insistía en ligar con Montoneros), al sostener la prescripción de los crímenes de la dictadura y hasta defender al ex ministro bonaerense de facto Jaime Smart en 2009 en una audiencia en Casación por sesenta secuestros y torturas: “No puedo creer que a Jimmy le imputen esos hechos, no sé qué hace esta causa acá, si yo estoy de acuerdo con la excarcelación”, se mofó. Recién el año pasado renunció Romero Victorica, cercado por el juicio político que se le inició después de que la nieta recuperada Victoria Montenegro denunciara que le adelantaba a su apropiador información de las causas en su contra.
Otro casador de la primera hora, Alfredo Bisordi, había sido secretario del juzgado federal de Norberto Giletta durante la última dictadura. En la secretaría penal de la Corte asumió la polémica investigación del atentado a la Embajada de Israel, donde introdujo teoría de la “implosión”, que responsabilizaba a los israelíes. En Casación concentró poder y dejó su impronta en un fallo que anuló la condena y liberó a tres skinheads que le habían dado una paliza a un joven al grito de “heil Hitler” y “mueran los judíos”. Según Bisordi y otros dos de sus colegas históricos, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Liliana Catucci, era “un grito de guerra, común a los que comulgan con la ideología skinhead”.
Bisordi llamó “delincuente terrorista” a la ex detenida desaparecida Graciela Daleo y fue icono de las trabas de Casación al avance de las causas por los crímenes del terrorismo de Estado. Hacia 2007 había más de cien recursos en expedientes sobre violaciones a los derechos humanos sin resolver en el tribunal, que tardó cuatro años reabrir la causa ESMA, a pesar de la anulación en la Corte de las leyes de impunidad. Varios organismos de derechos humanos pidieron el juicio político de Bisordi, de Capolupo, Riggi y Gustavo Hornos. El entonces presidente Néstor Kirchner se subió al reclamo y Bisordi lo llamó “enemigo número uno”. En marzo de 2008 renunció, para reaparecer en tribunales como abogado defensor de represores.
Capolupo se fue un mes después. Guillermo Tragant en 2009, salpicado por las mismas cuestiones, igual que Rodríguez Basavilbaso, de salida en 2011, que había desembarcado en Casación con el antecedente de haber sobreseído al jefe de policía Ramón Camps y a Miguel Etchecolatz. Juan Fégoli se jubiló el año pasado como tenía previsto. También se fue Gustavo Mitchell –conocido por su asiduidad a nombrar familiares cerca suyo– salpicado por los presuntos sobornos ligados a Pedraza y complicado en una la investigación por su papel, como juez de menores en los setenta, en la entrega de hijos de desaparecidos.

Los noventa

El penalista Alberto Binder, autor de importantes proyectos de reforma procesal sostiene que la Casación “tenía grandes tareas y fue infiel; quedó enredada en la burocracia, con una visión extremadamente formalista, y en los compromisos con lo peor del sistema”. En el propio tribunal hay quienes asumen los noventa como una etapa regresiva en cuanto a libertades y garantías. Se restringieron derechos en lugar de ampliarlos. El abogado Alberto Bovino recuerda el fallo “Kosuta”, de fines de esa década, donde la Casación se atribuyó facultades legislativas y limitó la “probation” (una pena alternativa) a delitos menores. La intención, dice Bovino, era que “se aplicara de manera amplia” y “no que, por ejemplo, los delitos contra la propiedad sin violencia atoraran el sistema penal”.
En relación con las requisas policiales, que exigen orden judicial, menciona que “Casación generó tantas excepciones que la policía podía requisar cuando quisiera”. Recordó que los informes negativos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el abuso de la prisión preventiva y desborde carcelario en el país estuvieron relacionados, en parte, a la política de excarcelación emanada en parte de este tribunal.
Cierta tendencia a justificar los abusos de todo tipo de la policía se continuó en el tiempo. Se vio en el caso de la masacre de Pompeya, cuando en junio de 2008, la Sala III (con firmas de Riggi, Tragant y Rodríguez Basabilvaso) confirmó la condena a 30 años de prisión contra Fernando Carrera, quien denunció que la causa en su contra había sido armada por policías federales que lo habían confundido con un ladrón y lo tirotearon desde un auto (que no era patrullero), lo que provocó que intentara eludir los disparos y en la huida matara con su auto a tres personas. La Corte revocó este año el fallo de Casación porque no se había investigado suficiente esa línea. Carrera pasó siete años preso. Su caso motivó la película The Rati Horror Show.

Las “perspectivas”

En 2003 hubo un atisbo de cambio cuando la jueza Angela Ledesma –la primera en llegar por concurso a Casación– reemplazó a Jorge Casanovas, hombre de hábiles manejos políticos, viejo defensor de la pena de muerte, que se fue como ministro bonaerense. La Corte empezó a bajar líneas de cambio, pero por mucho tiempo en Casación se hicieron los distraídos. Se tomaron su tiempo en aplicar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, algo que algunos aún hacen a regañadientes. En el festejo del viernes último, Pedro David –quien retornó el año pasado del tribunal de La Haya– enfatizó la voluntad de avanzar en las causas de derechos humanos e informó que sólo en lo que va de este año se resolvieron once causas con más de sesenta imputados.
La incorporación de nuevos jueces desde la segunda mitad de 2011 (Alejandro Slokar, Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Ana María Figueroa) trajo un evidente cambio de aire. La redacción de reglas para acelerar todos los juicios complejos es síntoma de la renovación, igual que ciertos fallos novedosos, como el que declaró la inconstitucionalidad de la prisión perpetua para los menores de edad. También hay resistencias a la vista: como en los dos años que se tomó la Cámara para resolver si revisaba el procesamiento de Mauricio Macri por el espionaje, algo que todo el mundo sabe que no le compete salvo una equiparación ostensible con una sentencia definitiva.
Otro asunto que la Casación tardó en digerir fue un fallo de la Corte conocido como “Casal”, que definió que al revisar una sentencia el tribunal debe analizar todo, los hechos y las pruebas, y afirma que el único sistema compatible con la Constitución es el acusatorio, con fiscales que investigan y jurados. La ampliación del campo de acción por ése y otros fallos genera quejas: la Cámara pasó de tramitar 600 causas por año en sus orígenes a 6500 hoy, por lo que David dijo que espera que se cree de una vez la Cámara de Casación ordinaria adonde se iría el 42 por ciento de los expedientes.
La invitación a figuras como Binder y José Cafferata Nores –fuertes impulsores de una reforma– para que hablaran en el evento de los veinte años fue leída en tribunales como un gesto de apertura. Binder asoció a la Casación con un aspecto positivo: el sistema de juicio oral expuso a los jueces, acercó la reconstrucción de los hechos, reforzó el control de la pruebas y multiplicó garantías. Sin embargo, el modelo sigue siendo de duración excesiva y no confía en los fiscales (muchos de los actuales, sobre todo federales, nombrados en los noventa). El jurista reclamó que Casación, con su jurisprudencia, “empuje a la Justicia federal a la reforma del sistema”. “Que declaren la inconstitucionalidad del los jueces de instrucción y abandonen la política endogámica”, proclamó en diálogo con Página/12. Ahora que terminó la fiesta, vienen las decisiones. La de una reforma procesal –más allá de las del código penal– es esencialmente política.

La élite mundial busca un nuevo punto de apoyo

Fiodor Lukiánov
11:26 27/09/2012
Columna semanal por Fiodor Lukiánov*
La Duma de Estado (cámara baja del parlamento ruso) está considerando diferentes versiones del proyecto de ley que requerirá de los funcionarios públicos devolver a Rusia toda su propiedad que se encuentre en el extranjero.
Esta medida seguramente gozará de popularidad, aunque por ahora no hay unanimidad al respecto. Así, en el Gobierno suponen que es un paso discriminatorio contra los funcionarios públicos. Al mismo tiempo el presidente, Vladimir Putin, se pronunció a favor de la idea, apoyada también por el partido oficialista, Rusia Unida.
El sentido de la discusión para la política interna de Rusia es obvio, sobre todo a la luz de que tanto el poder como la oposición llaman activamente a luchar contra la corrupción. Pero más curioso parece que Rusia, pese a todas sus particularidades, obtenga a raíz de esta iniciativa más rasgos comunes con el resto del mundo. La clase gobernante en todo el mundo está buscando métodos de asegurarse el apoyo de los gobernados, mientras que en realidad las élites van alejándose de sus pueblos.
Francis Fukuyama, quien proclamó a fines de los ochenta el definitivo triunfo de la democracia liberal y economía de mercado, da la voz de alarma. La erosión de la clase media, que en condiciones de globalización, avance tecnológico y traslado de fuerzas de producción de Occidente a Oriente está experimentando una presión creciente, amenaza con la desilusión por parte de esta clase de los procedimientos democráticos. Pero precisamente la clase media se consideró tradicionalmente el respaldo y la condición imprescindible para una democracia sostenible.
El autor del libro ‘El fin de la Historia’ que sostuvo que los adversarios de la ideología del mundo libre estaban derrotados definitivamente, hoy lamenta la quiebra de la izquierda. La falta de una alternativa razonable a ideas liberales, que pueda rehabilitar el proteccionismo moderado y el protagonismo del Estado, pone en tela de juicio la eficacia del modelo existente. Y, lo que es aún más importante, su legitimidad.
La legitimidad, el derecho de los que gobiernan a gobernar, se ha convertido en la cuestión clave de la política. Es importante que la ‘primavera árabe’ haya derrotado precisamente aquellos regímenes que no lograron demostrar su legitimidad. Eran repúblicas formales, donde el “trono” se mantenía o cedía sin preguntar su opinión de la población. Las monarquías, que igualmente carecían de algún elemento democrático, quedaron intactas porque la legitimidad de cesión hereditaria del poder es algo que en este caso nadie pone en duda.
En países desarrollados el problema de responsabilidad de la clase gobernante ante la “media” y la “inferior” no es menos acuciante, aunque tampoco es tan grave. Uno de los argumentos más fuertes de Obama contra Mitt Romney es que su empresa de capital riesgo Bain estaba entre las primeras en deslocalizarse a China, así que Romney estaba haciendo una fortuna sin dar trabajo a sus compatriotas.
Un europeo de la calle ya no entiende qué beneficio personal le brinda la Europa común con su construcción cada vez más complicada: en particular, para qué salvar a Grecia y a otros deudores a cuenta de los contribuyentes de otros países. La explicación que se oye más es que salvan no a los griegos o españoles, sino a los grandes bancos alemanes o franceses que estaban hinchándose invirtiendo en burbujas de Europa del Sur y ahora están luchando por sus recursos. Hay pruebas de que el colapso de la Unión Europea le costará a cada uno más de lo que se paga ahora para rescatar a los “náufragos”. Pero el público no tiene ganas de adentrarse en ello.
Las élites de casi todo el mundo, tanto las de países pobres como las de los ricos, están en una situación parecida: son “ciudadanos de un mundo global”. Algunos Estados cuentan con centenas de miles de estos ciudadanos. Y otros, con una decena de personas. Pero todos ellos tienen mucho en común entre sí: más que con sus propios compatriotas de otras clases. La mayoría de la población -sea de EEUU o de Malí- sigue identificándose, por su conciencia y modo de vida, como ciudadanos “locales”. No se fían de la globalización o, más aun, son hostiles hacia ella, aunque las élites intenten convencerles de las ventajas de este fenómeno. Al mismo tiempo, las dictaduras están perdiendo su estabilidad y dejan de ser la tendencia en todo el mundo, por lo cual la “capa superior global” busca justificar su legitimidad de otras maneras. Pero sin el apoyo de los “locales” no lo conseguirá.
De aquí la necesidad de asegurarse la lealtad de la población, para lo que se utiliza en la mayoría de los casos una mera retórica, aunque a veces se dan pasos concretos también. En EEUU hablan de la necesidad de protegerse de la primacía china (aunque no está claro cómo hacerlo en condiciones de dependencia mutua de tipo “deudas a cambios de mercados”). En Francia François Hollande propuso gravar a los más ricos con un impuesto del 75% (aunque hasta los socialistas más convencidos ponen en duda la puesta en marcha de esta idea). En Rusia, entre tanto, se exige a los funcionarios que se deshagan de sus cuentas bancarias y propiedades en el extranjero.
Ninguna de las medidas enunciadas disputará el modelo de los mercados globales y de economías cada vez más entrelazadas de diferentes países y regiones. Las diferencias intensificadas por este modelo entre el estado económico de varias clases de sociedad persistirán, así como la competencia entre las grandes potencias. Y para afianzar sus posiciones en estas condiciones, las élites necesitan más aún el apoyo de las masas de los países…
Anticipando el nacimiento de una nueva ideología, Fukuyama escribe que “sería populista; el mensaje comenzaría con una crítica de las élites que permiten que el beneficio de muchos sea sacrificado al de unos pocos y una crítica de las políticas financieras, especialmente en Washington, que benefician abrumadoramente a los ricos”. En cuanto al populismo, ya es suficiente. Pero de momento no se vislumbra idea alguna.
*Fiodor Lukiánov, es director de la revista Rusia en la política global, una prestigiosa publicación rusa que difunde opiniones de expertos sobre la política exterior de Rusia y el desarrollo global. Es autor de comentarios sobre temas internacionales de actualidad y colabora con varios medios noticiosos de Estados Unidos, Europa y China. Es miembro del Consejo de Política Exterior y Defensa y del Consejo Presidencial de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Rusia. Lukiánov se graduó en la Universidad Estatal de Moscú.
UN ANALISIS SOBRE EL SURGIMIENTO, LAS DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA AGRUPACION JUVENIL KIRCHNERISTA

El lugar de La Cámpora

Adelanto del nuevo libro de José Natanson ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la política? De los indignados a La Cámpora, de Editorial Debate.
 Por José Natanson
¿De qué hablamos cuando hablamos de juventud? ¿Es posible ensayar un retrato colectivo de los jóvenes de nuestro país? El rasgo central de la juventud argentina, como la de otros países en desarrollo, es la fragmentación social. Así, bajo el mismo amplio concepto de juventud conviven realidades completamente diferentes: los jóvenes de clase media, que como en el primer mundo retrasan cada vez más el salto a la adultez (postergan el casamiento y la paternidad, estudian muchos años antes de insertarse en el mercado laboral), y los jóvenes de los sectores populares, con un ciclo de vida acelerado, de paternidad temprana, menos años de escolaridad e ingreso prematuro al primer empleo. Esta acumulación de desventajas demuestra que la desigualdad no es sólo estática sino también dinámica y de paso desmiente, como señala Susana Torrado, la leyenda que proclama que todos somos iguales ante la muerte: aquellos que tuvieron la desgracia de nacer en una familia pobre están condenados a vivir rápido y morir antes.
Pese a estas diferencias, todos los jóvenes argentinos, pobres o ricos, varones o mujeres, porteños o santiagueños, comparten la pertenencia a una misma generación, no por una simple coincidencia en cuanto a una fecha de nacimiento sino en el sentido de haberse socializado en un mismo entorno histórico. Cada generación constituye una especie de hermandad frente a los estímulos de una época; en cierto modo, vive en un mundo diferente a las demás.
Y como de política se trata, señalemos que la generación de la que se ocupan estas líneas, la de los jóvenes de hoy, tiene poco que ver con la “generación del ’70”, sesentones que cargan con sus derrotas, sus siglas misteriosas (FAP, FAR, ERP) y su tecnojerga (“bufoso”, “Taco Ralo”, “orga”). Tampoco nos referimos a la “generación del ’83”, la que vivió la primavera alfonsinista pero antes atravesó parte de su adolescencia en dictadura, los cuarentones y cincuentones estilo Andrés Calamaro:
“Me parece que soy de la quinta que vio el mundial ’78
Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor”
Hablamos aquí de otra cosa. Arbitrariamente, podría definirse a la juventud actual como compuesta por todos aquellos que tienen menos de 36 años, simplemente porque el autor de este libro tenía esa edad al momento de escribir estas líneas. Más simbólicamente, es la edad aproximada de los nietos recuperados, la mayoría de ellos nacidos alrededor del ’76, que constituyen el corazón de los reclamos de justicia y un puente, actual en su dolorosa persistencia, entre pasado y presente.
Se trata, en todo caso, de una generación que conserva de la dictadura recuerdos directos muy vagos, o ninguno, y que comparte el hecho de haber crecido en un contexto democrático, de creciente respeto por los derechos humanos, revalorización del pluralismo y paz. Y a la que al mismo tiempo le tocó atravesar un proceso de transformación económica y social severísimo, que no sólo incluyó el quiebre de la sociedad integrada y la reforma neoliberal de los ’90 sino también la aparición de la cuestión de la inseguridad, la crisis de la ciudad, el malestar institucional. Una generación que creció en plena consolidación de la “sociedad del riesgo” (al desempleo, la pérdida de vivienda, un robo), atormentada por la hiperinflación y la precariedad laboral, saltando de crisis en crisis.
Y que, sin embargo, está demostrando una energía militante que no se veía desde los primeros años del alfonsinismo.
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La novedosa repolitización de la juventud argentina se produce en clave kirchnerista y tiene como actor principal a La Cámpora, cuyos líderes han sido acusados entre otras cosas de abusar de la infraestructura del poder mediante el uso por ejemplo de teléfonos BlackBerry. La crítica es puntualmente absurda (los smartphones ya son una herramienta de trabajo habitual de buena parte de la clase media, se consiguen desde los 800 pesos y pueden ser interpretados como un lujo tanto como un signo de compulsión al trabajo) y encierra todo tipo de prejuicios: la juventud kirchnerista no es un invento del Gobierno sino el resultado de un proceso de mediano plazo que comenzó en los ’90, con la formación de núcleos de resistencia al menemismo como las organizaciones piqueteras, el Movimiento 501 o HIJOS, y que explotó en diciembre del 2001, cuando el clima anti-político del “Que se vayan todos” coincidió paradójicamente con un fuerte impulso de repolitización juvenil. En sentido estricto, la juventud K es un movimiento desde abajo luego capturado –y amplificado– desde arriba.
Pero reconocer las raíces y complejidades de este movimiento no supone, no debería suponer, caer en una idealización boba de la juventud kirchnerista, que ya exhibe límites que vale la pena revisar. Algunos son derivaciones del modo en que el gobierno administra el poder: la concentración de las decisiones, la escasa propensión a someter a la deliberación pública sus medidas más importantes y el hermetismo como contracara de la sobrevalorada sorpresa kirchnerista constituyen tics políticos negativos que se contagian a la forma en la que opera la juventud.
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Pero, más allá de sus evidentes debilidades y sus defectos, la oportunidad de los jóvenes kirchneristas, y en particular de La Cámpora, es única. En primer lugar, porque están prácticamente solos. El resto de los partidos carece de sectores juveniles significativos que los acompañen, a excepción de la microizquierda trotskista, que vive en sus mundos de fantasía de siempre, y, aunque más minoritariamente, del PRO, que cuenta con algunos jóvenes no sólo entre su dirigencia sino entre sus, digamos, bases, muchos de ellos provenientes de esa forma tecnocrática de relacionarse con los asuntos públicos que es la participación en las ONG eficientistas surgidas en los ’90, tipo Cippec. Pero, más allá de estas excepciones puntuales, lo cierto es que, con el radicalismo convertido nuevamente en un partido de gente mayor y el resto de la oposición arrinconada, el kirchnerismo es la única fuerza capaz no sólo de nuclear a un sector de la juventud sino de seguir conmoviéndola.
Pero hay más. Así como está prácticamente sola en comparación con las escuálidas juventudes opositoras, la juventud K también está sola –o casi– al interior del mismo kirchnerismo, que asume más bien la forma de una “suspensión coloidal”, según la feliz metáfora química de Ricardo Sidicaro, en el sentido de una serie de elementos sólidos que flotan en un medio fluido sin contacto entre sí. El kirchnerismo es, en efecto, un universo complejo integrado por sectores del más diverso origen y orientación ideológica, cuya identificación con el rumbo oficial no es difícil adivinar en muchos casos producto de la conveniencia coyuntural: en este contexto frágil, un núcleo de militancia juvenil que se muestre genuinamente consustanciado con el programa del oficialismo cobra especial valor. Y es en este punto donde el lugar de los jóvenes se hace especialmente difícil: si, por un lado, resulta esencial evitar un disciplinamiento absoluto que termine sofocando cualquier energía desafiante, no menos crucial es consolidar su lugar de “corazón ideológico” de un kirchnerismo cuyas alianzas sociales y políticas son muchas veces precarias y oportunistas.
Una salida virtuosa a esta aparente encerrona quizá pase por la construcción de una agenda propia. Hasta el momento, los esfuerzos de La Cámpora se orientaron, por un lado, al desarrollo territorial y, por otro, a la formación (o cooptación) de jóvenes capaces de desempeñar puestos de alta responsabilidad pública. El primer objetivo, de inevitable largo plazo, avanza en diferentes lugares del país, gracias al entusiasmo de muchos militantes y, por supuesto, a la amplia disponibilidad de recursos estatales. En cuanto al segundo objetivo, también se cumple con éxito, como confirma el repaso de los espacios de poder obtenidos por la agrupación.
Ambas cosas son cruciales pero insuficientes. Consolidar una organización en el territorio es importante para cualquier corriente interna, pero no muy diferente a lo que hacen otros referentes del peronismo tradicional (gobernadores, intendentes, punteros), mientras que los cuadros técnicos pueden provenir de canteras tan diversas como la academia, los estados provinciales (origen de la mayor parte de los altos mandos kirchneristas) o incluso los medios de comunicación y el espectáculo. En suma, el diferencial de La Cámpora no puede limitarse a la construcción territorial o la disponibilidad de buenos gestores.
Su oportunidad, insisto, pasa por la elaboración de una agenda propia, que hasta el momento no ha aparecido. Quizá porque es muy pronto, porque sus mecanismos internos no están lo suficientemente aceitados o por el modo en que se ha ido insertando en el Estado, La Cámpora no ha mostrado, al menos públicamente, cuáles son los temas, propuestas o ideas que la diferencian de otras corrientes que forman parte del enorme entramado oficialista. ¿Cuál es, por ejemplo, la agenda legislativa de La Cámpora? ¿En qué difiere de la de Agustín Rossi? Quiero ser cauteloso y entonces insisto: puede que aún sea muy pronto y que con el paso del tiempo la vayamos viendo. De hecho, decisiones como la reestatización de YPF o el plan de viviendas Pro.Cre.Ar., cuyo autor intelectual es el joven camporista Axel Kicillof, parecen avanzar en este sentido.
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Además de la posibilidad de arriesgar nuevas propuestas, el éxito de los jóvenes kirchneristas dependerá de su capacidad para relacionarse con las generaciones anteriores, lo que a su vez implica construir una mirada nueva, y propia, sobre el pasado. Y en este sentido resulta interesante la elección de El Nestornauta como símbolo de La Cámpora, elección que considero sintomática. Digámoslo así: en los ’70 a nadie se le hubiera ocurrido transformar a Perón o Evita en un personaje de historieta, e incluso los que forzaron la interpretación de la historia casi hasta el absurdo, como la izquierda peronista que convirtió a Evita en una líder revolucionaria y sacudió a Perón de sus componentes más fascistoides, se privaron de jugar gráficamente con su imagen. Los dos soportes biológicos del peronismo conservaron siempre su forma natural. El Nestornauta, en cambio, utiliza como base a El Eternauta, un personaje que ya tiene medio siglo, cuyo padre se encuentra desaparecido y que ha sido un símbolo de la militancia de los ’70, lo reescribe con las técnicas de moda, el esténcil y el Photoshop, para sobreimprimirle luego la imagen de Kirchner. Y en un gesto que ha pasado desapercibido pero que resulta notable, le quita el fusil. Producto de una operación simbólica a la vez ambiciosa y liviana, El Nestornauta resume de manera especialmente gráfica las tensiones que enfrenta la juventud kirchnerista.
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La idea central de este texto es que la reactivación política de un sector de la juventud argentina se produce en el contexto más amplio de un resurgimiento juvenil global. ¿Cuáles son los puntos en común entre la juventud kirchnerista y los movimientos juveniles de Egipto, España, Estados Unidos o Chile? ¿Hay, más allá del hecho de vivir un mismo tiempo histórico, elementos en común?
Se pueden encontrar varias pistas. Uno de ellas es el despliegue de nuevos modos de participación política caracterizados por un repertorio más amplio de acción: a las tradicionales marchas, huelgas y piquetes, los jóvenes han agregado operaciones de alto impacto mediático como el escrache y las teatralizaciones, y recuperado de los ’60 la idea de la ocupación permanente del espacio público (desde la plaza Tahrir de El Cairo a la Puerta del Sol o el Colegio Mariano Moreno). Por otra parte, el uso intensivo y natural de las nuevas tecnologías permite no sólo la denuncia instantánea a través de las fotos y videos captados por los celulares (cruciales en sucesos como la muerte de Mariano Ferreyra o las violentas represiones árabes), sino también la “militancia virtual” a través de las redes sociales. Sin caer en las falacias de una imposible “Revolución Twitter”, hay que reconocer la novedad que implican las convocatorias espontáneas que ya no recurren a las redes de microconfianza personal, construidas cara a cara, típicas del pasado, y que se organizan y gestionan a través de la red.
Hay más elementos en común. Pero en el análisis comparativo quizá lo más notable sea que, en contraste con lo que sucede en casi todos los países, la juventud argentina no se plantea en términos anti-poder sino que se incorpora a un dispositivo de poder ya en funcionamiento. ¿Cómo se explica esta diferencia? Mi tesis es que en Medio Oriente, España o Inglaterra, por citar sólo algunos ejemplos, el poder político y el poder económico se encuentran identificados o incluso fusionados, mientras que en Argentina el kirchnerismo ha establecido una tensión entre ambos, que es justamente la que conmueve a los jóvenes. En cierta forma, el kirchnerismo puede ser visto como un movimiento anti-poder. ¿Discutible? Seguro, pero la idea quizá podría precisarse señalando que a la hora de conectar con las nuevas generaciones no importa tanto si el kirchnerismo es efectivamente un movimiento de estas características: lo central es que los jóvenes así lo creen, y alcanza con revisar sus posiciones en los actos públicos, los medios de comunicación y las redes sociales para comprobarlo.
La clave es generacional. Los jóvenes de hoy, aligerados del recuerdo de etapas que no vivieron, derrotas que no sufrieron y tragedias que no atravesaron, no cargan la mochila de plomo que a menudo arquea las espaldas de los mayores y se muestran, casi por naturaleza, más proclives a enfrentar lo desconocido, empujar lo nuevo y ejercer la libertad en un sentido amplio. Quizás ésta sea justamente la mejor definición de juventud: la que la identifica con el cambio. Expresión local de un fenómeno más amplio, los jóvenes kirchneristas gozan de una serie de ventajas inéditas, desde el contexto plenamente democrático en el cual se mueven al manejo innato de las nuevas tecnologías y el apoyo de un gobierno que ha decidido confiar en ellos. Tienen la oportunidad de rejuvenecer la política, de ellos depende aprovecharla.