El fiscal Sandro Abraldes cree que el grupo de
choque estaría vinculado al gobierno de Macri. Sospecha que no actuaron
por sí solos, sino que respondían a algún funcionario porteño y estaban
organizados. Pidió profundizar la pesquisa en ese sentido.
Por Irina Hauser
En el
violento desalojo del parque Indoamericano, en diciembre de 2010, no
sólo actuaron la Policía Metropolitana y la Federal sino que también
tuvo un papel estelar una fuerza de choque compuesta por empleados del
gobierno de Mauricio Macri, que estarían vinculados a su vez con barras
de fútbol. Así surge de un dictamen del fiscal Sandro Abraldes, en el
que le pide a la jueza Mónica Berdion de Crudo que no dé por terminada
la investigación de los hechos que rodearon la ocupación del predio de
Villa Soldati sin intentar establecer a qué funcionario o autoridad
reportaba ese grupo de matones a través, cuanto menos, de un
entrecruzamiento de llamados telefónicos.
Uno de ellos, Julio Capella, hijo de un masajista de Boca y
vinculado con punteros macristas, se hizo conocido cuando quedó
escrachado en una imagen que pobló los medios en aquel entonces:
delgado, con el torso desnudo, pantalón rojo, gorrita negra con visera
apuntaba un arma con los brazos extendidos hacia la gente instalada en
carpas precarias en el terreno; los otros dos son Alejandro Pastore,
fotografiado con una remera que decía New Port junto a otros atacantes
calzándose un arma en la cintura, y Diego Gerino, filmado en actitud
prepotente, arengando.Capella, conocido como “el cabezón Julio” –describe el documento de Abraldes al que accedió Página/12– “es empleado de la Obra Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ObSBA)”, integra “la junta electoral del Sutecba” (gremio de los trabajadores municipales) y además está vinculado con la barra de Huracán; Pastore, agrega, también trabaja en la ObSBA mientras que Gerino, a quien asocia con la barra brava de River, también trabaja en el gobierno porteño “como inspector de la Dirección General de Ferias y Mercados” (comercios y venta callejera). Como fueron claramente identificados en imágenes de televisión y fotos atacando a las familias que se habían instalado en el parque Indoamericano, están procesados por el delito de “intimidación pública”. El último en prestar declaración indagatoria hace poco fue Pastore, quien asistió a la audiencia con una remera negra del equipo Bayern Munich y cuando le preguntaron si le gustaba el fútbol contestó con desparpajo que no. Abraldes pidió la indagatoria de un cuarto integrante del grupo, Leondardo Gómez, que sería barra de Chicago.
La fiscalía plantea la hipótesis de que la presencia de esos tres personajes, junto con otros cuyo papel es menos claro, no fue espontánea ni su actuación improvisada. Pero vale la pena recordar cómo y cuándo fue que aparecieron en el Indoamericano, según se reconstruyó en dos años de investigación. En rigor, ante la ocupación masiva del predio de Soldati por parte de familias enteras que reclamaban vivienda, el de-salojo inicial consistió en un operativo conjunto de la Policía Metropolitana y de la Federal. Empezó el 7 de diciembre, careció de estrategias de negociación y directamente los agentes se abalanzaron sobre la gente con disparos y gases a masalva. Ese día, en extremos opuestos del parque fueron asesinados Bernardo Salgueiro, de 22 años, y Rosemary Chura Puña, de 28 años. A ambos se les extrajeron proyectiles similares, compatibles con escopetas policiales de munición múltiple, que el gobierno porteño insistió en presentar como características de armas tumberas, caseras.
Ni la chica ni el joven estaban atacando a nadie en el momento en que fueron alcanzados por las balas. Tampoco participaban de la ocupación de tierras. Ella estaba mirando cómo avanzaba la policía cerca de la autopista Cámpora y Castañares, y él estaba caminando muy cerca de la entrada a la Villa 20, debajo del puente de Escalada, desde arriba del cual fueron captados por las cámaras varios efectivos policiales disparando con ímpetu. El fiscal Abraldes determinó, gracias a gran cantidad de horas de filmación (de cámaras de la calle y de la televisión) y de relatos de testigos, que los homicidios coincidieron con la presencia en ambos lugares del predio del grupo de la División de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana (DOEM). En los mismos lugares fueron heridas con balazos otras seis personas. Todavía, a más de dos años de los sucesos, la jueza Berdion de Crudo está tomando las indagatorias a 45 policías que pidió Abraldes, a las que luego sumó otros efectivos más que logró identificar. Los agentes, algunos de los cuales actuaron de civil, están imputados por “homicidio en agresión”, una figura que se aplica cuando no se pude establecer quién fue el tirador que mató, pero se conoce el grupo del cual salió el disparo. Las demoras en la causa se deben en buena medida a la actuación que tuvo el primer juez, Eliseo Otero, quien había dictado el sobreseimiento de todo el mundo en febrero de 2012, decisión que anuló la Cámara y lo apartó del caso. Ahora las indagatorias se dilatan por artilugios procesales y cambios de abogados.
Ese mismo 7 de diciembre, varios policías protagonizaron una golpiza brutal contra otro joven, Emanuel Ríos, como parte del desalojo. Pero los hechos de violencia en el Indoamericano no terminaron aquel día. El día 8, que era feriado, el Gobierno retiró la Policía Federal del lugar, casi no quedaron efectivos, y se vio merodear solo a algunos de la Metropolitana. Hubo gente, ese día, que volvió a tomar el predio. Un día después, apareció una patota que entró al parque a prepotear a quienes habían intentado continuar con la ocupación mientras no recibieran alguna respuesta a los problemas de vivienda, entre ellos Emiliano Canaviri Alvarez, quien estaba colgando una bandera en un baldío junto al parque (donde había familias de bolivianos y paraguayos) cuando recibió un disparo, de un arma de calibre 9 milímetros. Canaviri murió sobre Castañares, muy cerca de la autopista Cámpora.
En esa zona, en un horario cercano al asesinato, fue que apareció la banda de matones empleados del gobierno porteño, por lo menos dos de los cuales se mostraron armados. Dijeron que estaban ahí, supuestamente preocupados por parientes o conocidos que vivían en los monoblocks. Pese a las altas sospechas, en la investigación penal no se pudo establecer la conexión con el asesinato de Canaviri. Pero sí se los procesó por “intimidación pública”, un delito que implica infundir temor y que prevé hasta seis años de prisión. Capella, muestran los videos, apuntaba con el arma en alto, a la altura de la cabeza de las personas a las que intimidaba, que tiraban piedras como respuesta. Pastore formaba parte del grupo atacante y puede verse el momento exacto en que se pone un arma en la cintura. Gerino arrojaba piedras.
Según la fiscalía, su actuación “coordinada” no sólo quedó establecida por sus movimientos en el lugar, sino porque se corroboró que mantenían contacto telefónico permanente entre ellos. Y lo que aumentó las sospechas de que actuarían con un importante grado de organización es que tenían, cada uno, una flota de celulares contratada a su nombre. El dictamen de Abraldes dice que Pastore obtuvo “a su nombre cinco líneas móviles de la empresa Telefónica, diez líneas de la firma Telecom Personal, otras tantas de la compañía Nextel”, mientras que Gerino tiene “la titularidad de cinco líneas de Telecom Personal y de una flota de cuatro líneas de la empresa Nextel”. “Tal cantidad de líneas telefónicas a nombre de cada uno de ellos en un idéntico período de tiempo resulta cuanto menos inconsistente con otras circunstancias también surgidas de las medidas otrora pedidas por la fiscalía, entre las que cabe mencionar el quehacer laboral de los nombrados y los ingresos declarados por dicha labor, ya que Pastore reconoció que es camillero del Sanatorio Julio Méndez y percibe la suma de 6000 pesos mensuales, en tanto que Capella y Gerino también son empleados de reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, advierte el fiscal.
Ante este panorama, y frente al pedido de la jueza Berdion de Crudo de cerrar la investigación y mandar el caso a juicio, fue que el fiscal le planteó que todavía resta discernir el papel del grupo de choque y a quién respondían. Para eso, le reclama “medidas probatorias para determinar la existencia de diversos vínculos tendientes a desentrañar la posibilidad de todos los niveles de responsabilidad criminal en una obra delictiva, esto es, no solo los coautores, sino también los instigadores y cómplices”. Le dice, puntualmente, que determine los números frecuentes con los que hablaban todos ellos y cada una de las líneas detectadas en el período de seis meses previos a los hechos del Indoamericano y los seis posteriores, en plan de “comprobar los nexos de los imputados entre sí y de éstos con terceros aún no determinados por la instrucción, pero que indudablemente se hallarían estrechamente ligados cuanto menos como instigadores de las conductas investigadas. Solicita que ese trabajo de entrecruzamiento lo haga una unidad de la Procuración con experiencia en el tema, la Ufase (de trata y explotación de personas) a cargo de Marcelo Colombo.
La represión de la Policía Metropolitana de este año en el Borda, en la que participaron –como reveló Página/12– policías imputados por los homicidios en el Indoamericano, demuestra que la administración macrista no tiene reparos en buscar cualquier método para resolver conflictos sociales. La responsabilidad de la Metropolitana en las muertes del Indoamericano está probada en la investigación de primera instancia, ahora falta ver si la jueza avanzará en develar el papel de la patota de civiles vinculados al gobierno porteño que actuaron cuando la policía se retiró de la escena, y quién les daba instrucciones o licencia para actuar.
