lunes, 10 de diciembre de 2012

crisis de las Universidades de mercado…



U. Pedro de Valdivia: lucro y acreditación

Por : Tabatha Guerra en Reportajes de investigación, CIPER
Publicado: 06.12.2012
portada_upvCIPER descubrió una serie de transacciones financieras y traspasos notariales que ocurrieron en paralelo al cuestionado proceso de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia (11.500 estudiantes), en diciembre de 2010. Las fechas y movimientos muestran cómo los socios de la UPV, Ángel Maulén y Enrique Rodríguez, se valieron de su poderosa red de empresas relacionadas para lograr la anhelada acreditación de su universidad. Muchos de esos cambios fueron, de acuerdo a los correos que descubrió el Ministerio Público, siguiendo las recomendaciones del entonces presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz.
El 29 de diciembre de 2010, a dos días del cambio de año, el rector y dueño de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén Ríos, obtuvo una noticia que esperaba desde hace años: en un texto de sólo tres párrafos, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) le otorgaba a su universidad la anhelada acreditación institucional.
Era la segunda vez que la UPV lo intentaba. La primera vez, en 2007, no tuvo éxito. Y en esta nueva oportunidad lograrlo tampoco fue fácil. El 22 de diciembre de 2010, la CNA volvió a rechazar su expediente en primera instancia.  Maulén apeló y, siete días más tarde, la comisión, presidida por Eugenio Díaz Corvalán, dio un sorpresivo giro y aceptó acreditarla.
En 2011, CIPER reveló cómo opera el escandaloso sistema de acreditación de las universidades y comprobó que, en 2010, todas las que postularon la obtuvieron. Una de las aprobaciones que más llamó la atención fue la de la U. Pedro de Valdivia, que con premura obtuvo su acreditación el penúltimo día de ese año. En esa investigación, CIPER descubrió que para la universidad de propiedad de Ángel Maulén Ríos –como para todas- conseguir el aval de la CNA era clave: no por prestigio académico, sino por dinero. Con el sello de “universidad acreditada”, sus alumnos pudieron solicitar el Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo bancario en ese entonces con un 6% de interés y que cuenta con garantía estatal, de modo que si los alumnos tropiezan con las cuotas, el Estado se hace cargo. Con el CAE, los alumnos de estratos medio bajos -como los que estudian en la UPV- se transforman en jóvenes solventes. Sin el CAE, sus clientes vuelven a ser pobres, un grave contratiempo para esta universidad que, según consigna el acta de la CNA, busca hacer solvente su proyecto aumentando la matrícula, algo que tras la acreditación logró con creces. En efecto,  la UPV pasó de 7.276 alumnos en 2010 a 9.476 en 2011. De esos estudiantes, 1.400 solicitaron el CAE, lo que le generó ingresos a la universidad por un monto total de $2.350 millones.
En el acta de la sesión de la CNA donde se acreditó a la UPV no quedó registro de cómo votaron los consejeros.  Pero fuentes consultadas por CIPER dicen que la sesión fue tensa y que el presidente de la comisión, Luis Eugenio Díaz Corvalán, presionó para que se acreditara a la institución. Un hecho que hoy ya no resulta extraño. Una investigación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Carlos Gajardo, develó que al menos desde junio de 2010, cinco meses antes de la acreditación de la UPV, Eugenio Díaz asesoró a la universidad para obtener la acreditación. Las pruebas son los correos que intercambiaron Díaz con Maulén. Además, existe constancia de un contrato por $50 millones de Eugenio Díaz con la UPV, que se firmó pocos días después de la acreditación de dicha institución. El pasado 24 de noviembre, Díaz y Maulén fueron formalizados por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero, decretándose su prisión preventiva junto al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga, también acusado de contratar para el mismo fin al ex presidente de la CNA.
La asesoría de Eugenio Díaz no fue la única medida que Ángel Maulén tomó para acreditar a su universidad, que hasta 2006 fue conocida como U. Mariano Egaña y luego del ingreso de Maulén tomó el nombre de la red de preuniversitarios y colegios de su propiedad: Pedro de Valdivia. A través de la revisión de documentos notariales, CIPER descubrió que, entre otros datos, y en paralelo al controvertido contrato con Díaz, la U. Pedro de Valdivia suscribió aumentos de capital, arriendos de sedes y préstamos por más $12 mil millones con empresas de propiedad de Maulén. Fue así como, junto a su socio en la universidad, Enrique Rodríguez Villa, el hoy investigado ex rector de la UPV se valió de su red de empresas relacionadas para lograr la acreditación, con la asesoría de Eugenio Díaz.

EL COSTO DEL TRASPASO

Ángel Maulén se instaló en la propiedad de la Universidad Mariano Egaña, en agosto de 2006. Cumplía así lo que anhelaba hace décadas: adquirir una universidad de su entera propiedad (ver recuadro), sumando un activo a su robusta red de empresas asociadas a la educación. La Corporación Mariano Egaña –fundada en 1987- estaba al borde del colapso. La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) había rechazado su primer intento de acreditación, un año antes, y  atravesaba una severa crisis académica y financiera. La única gran ventaja que ofrecía la UME era su licenciamiento, es decir, contaba con la autonomía para crear sus propios programas de estudios sin supervisión estatal. Un tema relevante, porque si Ángel Maulén creaba su universidad desde cero, habría pasado a lo menos seis años bajo la supervisión del Mineduc.
En mayo del 2006, el directorio de la UME –presidido por Juan Germán Cerón López- aprobó patrocinar la entrada de Ángel Maulén a la Corporación. La asamblea de  socios ratificó el acuerdo, poniendo fin a meses previos de negociaciones. Maulén no ingresó solo a la propiedad. Se sumaron su hijo Ángel Maulén Rodríguez, su segunda esposa Candice Rudloff Bossonney, su hermana María Elia Maulén Ríos, su madre María Elía Ríos Cancino, y su socio en los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia, Enrique Rodríguez Villa, quien incluyó también a sus hermanos Manuel y Carmen, y a su cuñada Patricia Sandoval Stricker. Una semana después de que Maulén ingresara a la propiedad,  nueve de los 14 antiguos socios renunciaron a la asamblea de la corporación, en la que sólo se mantendrían como representantes de la administración original Luis Alberto Werner-Wildner, Francisco Cervero Reyes, Claudio Mesina Schulz, Juan Germán Cerón López y su hijo Rodrigo Cerón Prandi.
Una de las zonas nebulosas de este acuerdo son las condiciones económicas de la transacción. Lo que está claro es que la incorporación de Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez a la propiedad de la UME no fue gratis. Si bien no hay pruebas de que la Corporación UME haya vendido directamente a Maulén escaños de participación en la Asamblea –lo que prohíbe la ley- durante el proceso de ingreso de los nuevos socios se realizaron una serie de transacciones que favorecieron económicamente al antiguo presidente de la Corporación UME, Juan Germán Cerón López.
La primera hebra la encontró CIPER en unos documentos fechados el 14 de junio de 2006, es decir, un mes después de que se aprobara la incorporación de Maulén a la Corporación. En esa fecha, el directorio de la UME aceptó vender dos bienes de su propiedad, ubicados en Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 (sedes de la Universidad). El comprador sería Juan Germán Cerón, presidente del directorio y el mismo que, cuatro años antes,  había vendido esos inmuebles a la UME. En la promesa de compraventa, la U. Mariano Egaña fijó el precio de ambas propiedades en $378.431.794. Gran parte de ese monto lo pagaría Cerón, asumiendo la deuda por una hipoteca con el Banco Santander de más de $232 millones, que debía pagarse en cuotas hasta el 10 de octubre de 2012. Los restantes $174 millones se dieron por saldados cuando Cerón cedió a la UPV la marca MATRI, que él mismo había solicitado al Ministerio de Economía en 2003, a fin de impartir cursos de magíster en tributación en la universidad.
Finalmente, la compra de los inmuebles de Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 se concretó el 19 de enero de 2007, momento en el que Cerón no desembolsó dinero, el que sólo pagaría en las 96 cuotas correspondientes a la hipoteca del Santander. El punto clave es que, indirectamente, la futura Universidad Pedro de Valdivia ayudaría a pagar esas cuotas. El mismo día en que la nueva universidad de Ángel Maulén vende los terrenos de Eleodoro Yáñez 2964 y 2974 a Juan Germán Cerón, ambas partes firman un contrato de arrendamiento por ambas propiedades, las que Cerón arrendó a la UPV en 240 UF mensuales (más de $4 millones).
Otro indicio de cómo Ángel Maulén obtuvo un escaño en el directorio de la universidad lo entrega una compraventa firmada el 9 de agosto de 2006 ante el notario Iván Torrealba, un día después que se oficializó su entrada a la propiedad. Ese día, la corporación adquirió cinco marcas registradas de propiedad de Cerón López: UME, Universidad Mariano Egaña Matemática 2001, y tres Mariano Egaña con distintos giros. Esas cinco marcas, en ese entonces devaluadas gravemente tras la crisis académica y financiera de la universidad, le costaron al recién asumido nuevo directorio 35.000 UF (más de $600 millones de la época), que Maulén pagó en tres cuotas: la primera ese mismo día con 20.000 UF, y otras dos por 7.500 UF cada una, con vencimiento el 31 de marzo y el 1 de agosto de 2007.
Lo extraño es que, a pesar de los $600 millones que pagó por esas marcas, la universidad las usó sólo 22 días. El 31 de agosto de 2006, el recién designado rector, Ángel Maulén, y el nuevo presidente de la junta directiva, Enrique Rodríguez,  modifican el nombre de la corporación por Universidad Pedro de Valdivia. La Universidad Mariano Egaña ya no existía.

LA CARRERA POR LA ACREDITACIÓN

Tras el cambio de nombre, el nuevo rector Ángel Maulén inició una rápida carrera para otorgar una renovada imagen a su recién adquirida universidad. Uno de sus objetivos fue expandir la UPV  a través de la creación de nuevas sedes y carreras. En 2007, la casa de estudios aumentó su matrícula en más de 400 alumnos y pasó de tres a seis facultades, inaugurando las carreras de Medicina y Enfermería.
Pero Maulén no sólo quería expandir su nuevo proyecto universitario. También aspiraba a acreditarlo ante la CNA. Una de las razones era que el certificado de la Comisión Nacional de Acreditación abría el acceso para matricular alumnos con crédito con aval del Estado (CAE), una inyección de fondos que la UPV necesitaba con urgencia. Una meta lejana, considerando los pésimos resultados que en 2005 su predecesora obtuvo ante la CNAP.
Para revertir el rechazo de la acreditación de la ex Mariano Egaña, Ángel Maulén se propuso como principal estrategia aumentar la infraestructura de la universidad, a fin de enfrentar en mejores condiciones un nuevo proceso de acreditación. Pero los negativos indicadores heredados de la UME le impedían realizar estas inversiones directamente desde la cuentas de su universidad. En 2006 sólo contaba con 1.735 estudiantes y ostentaba el noveno lugar de universidades con menos alumnos, entre las 36 existentes en ese entonces. Con escasos ingresos por matrícula, Maulén decide inyectarle fondos a la UPV a través de su holding de empresas, entre las que se cuentan inmobiliarias, constructoras, hoteles, sociedades de inversión, y los preuniversitarios y colegios Pedro de Valdivia.
La prolífera red de empresas de Ángel Maulén  se inicia en 1982, cuando inscribe su primera sociedad junto a Enrique Rodríguez Villa: Casa de Estudio Pedro de Valdivia. Ese fue el inicio de la Red Educacional Pedro de Valdivia, hoy conformada por 25 sedes del preuniversitario, 18 del Instituto de Inglés Wall Street y cuatro colegios en Santiago.En total, las instituciones de la red cuentan con más de 375 mil alumnos, y hasta hoy siguen bajo el control de Maulén y Rodríguez. Se suman los negocios particulares de Maulén, como dueño de Hotelera Neruda y su participación en al menos 40 sociedades con diversos giros.
La primera sociedad que acudió al rescate de la UPV fue Inmobiliaria Fundatoris Las Condes S.A.,de propiedad de Ángel Maulén y Enrique Rodríguez Villa. Según consta en los documentos notariales, el 20 de marzo de 2007 firmó una promesa de compraventa con la sociedad panameña The Bossonnerie Corp por el terreno de Camino El Alba 9520, lugar donde la universidad instalaría su nueva Casa Central y su Facultad de Medicina. El precio de la venta se fijó en 20.036,55 UF (más de $368 millones), monto que sería financiado a través de una hipoteca. Inmobiliaria Fundatoris Las Condes, a su vez, había suscrito una promesa de arriendo con la UPV por el futuro campus, cuya construcción nunca se inició pues en 2009 el Seremi de Vivienda metropolitano rechazó el proyecto.
Al iniciar en agosto del 2007 su primer proceso de acreditación, la Universidad Pedro de Valdivia utilizó la propiedad del amplio terreno de Camino El Alba 9520 para revertir su precaria infraestructura con la entrega a la CNA de su informe de autoevaluación. Sin embargo, la futura Facultad de Medicina no fue suficiente para la CNA, en ese entonces presidida por Emilio Rodríguez Ponce. El 21 de noviembre de 2007, y con Eugenio Díaz como comisionado, la CNA rechazó el primer intento de acreditación de la UPV, expresando que la infraestructura y equipamiento “aún es limitada, requiriéndose de un mayor nivel de inversión”.
Decididos a revertir la decisión, los nuevos dueños de la U. Pedro de Valdivia, liderados por su rector, Ángel Maulén, apelaron  a la CNA y, más tarde, al Consejo Nacional de Educación (CNED), no sin antes iniciar acciones concretas para aumentar su precario equipamiento. El primer paso fue firmar –en diciembre del 2007- un contrato de arrendamiento de equipos computacionales con el Banco Corpbanca. La duración del contrato se fijó en dos años y el valor mensual a pagar por los equipos sería de 287,40 UF más IVA, aproximadamente $5.5 millones.
Pero los nuevos equipos computacionales tampoco sirvieron para que el CNED acogiera la apelación de la U. Pedro de Valdivia. En el acuerdo N° 5 del 26 de marzo de 2008, el consejo acordó rechazar su acreditación, obligando a la universidad a esperar dos años para iniciar un nuevo proceso ante la CNA.

$12 MIL MILLONES EN PRÉSTAMOS DE EMPRESAS RELACIONADAS

Tras el rechazo a la acreditación de la UPV en marzo de 2008, Ángel Maulén inició una carrera contra el tiempo para acreditar a su universidad en 2010.
Pero para ello no sólo era necesario mejorar la infraestructura de la casa de estudios. Los magros resultados obtenidos en los estados financieros de 2007 y 2008 (periodo en el que, de acuerdo a un informe elaborado este año por la CNA, existió déficit de caja operativa o dinero en efectivo), hacían urgente una millonaria inyección de capital, para lo que Maulén y su socio Enrique Rodríguez Villa nuevamente recurren a las empresas de la Red Pedro de Valdivia.
Entre octubre y diciembre de 2009, siete sociedades controladas por Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez otorgan al menos nueve mutuos de dinero a la universidad por más de $12 mil millones de pesos. Todos podrían pagarse hasta el 31 de diciembre de 2011 y no devengarían intereses ni reajustes, es decir, constituyeron préstamos blandos a la medida de la universidad. Las empresas involucradas en estas transacciones fueron los Colegio Pedro de Valdivia Las Condes ($350 millones) y Peñalolén ($400 millones); los preuniversitarios Pedro de Valdivia Limitada ($9.839 millones), Rancagua ($15 millones), Concepción ($1.297 millones) y Viña del Mar ($100 millones); y la Inmobiliaria Pocuro Limitada ($123 millones).
Los préstamos blandos otorgados por las siete empresas del holding Pedro de Valdivia dejaron a la universidad en una favorable posición para enfrentar el nuevo intento de acreditación. Para prevenir un nuevo rechazo de la CNA, esta vez Ángel Maulén dio un paso más: pedir la asesoría del entonces presidente de la comisión, Eugenio Díaz Corvalán. Por este hecho, Maulén hoy está en prisión preventiva e imputado por los delitos de cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero.
No existen antecedentes que establezcan con exactitud el inicio de las asesorías de Díaz a la U. Pedro de Valdivia, pero un correo entre el ex miembro de la CNA y Ángel Maulén estableció que su relación se inició al menos un mes antes de que la universidad iniciara su segundo intento de acreditación. El 30 de junio de 2010, y de acuerdo a información publicada por La Tercera, Eugenio Díaz envió un correo a Maulén en el que confirma que recibió una versión del informe de evaluación interna de la UPV, y sugiere modificaciones a su entonces rector:
“(…) las primeras 20 páginas no deben ir. No corresponden, tienen debilidades notorias, en parte hablan del futuro (la unidad hará tal cosa, lo que quiere decir que no se ha hecho) y el informe de autoevaluación es sobre lo ya hecho (…) Tiene mucha declaración inconducente, lo que es peor en la página nueve, último párrafo dice que se terminarán los delegados de la dirección superior y las facultades, de manera que ahora se tomarán decisiones con criterios puramente académicos pero sin interferencia o algo así. Es ponerse la soga al cuello”, aconseja Díaz.
Dos meses después de ese correo, el 30 de agosto de 2010, la Universidad Pedro de Valdivia entregó a la CNA su informe de evaluación interna.
Ese mismo día 30 de agosto, y habiendo enviado la evaluación interna, Ángel Maulén y sus socios realizaron una transacción muy significativa y que da cuenta de cómo operaba el flujo de dineros entre empresas relacionadas. La universidad adquirió el 100% de las acciones de Inversiones Pedro de Valdivia S.A., empresa de propiedad de Ángel Maulén y los hermanos Enrique, Manuel, Carmen y Ricardo Rodríguez Villa. Para adquirirla, la UPV desembolsó 141.473,569 UF, unos $3 mil millones, y ese monto lo repartió entre los socios, quienes engrosaron su patrimonio personal. Llama la atención este movimiento, considerando que en febrero de ese año la asamblea de socios de la UPV había considerado la opción de hacer un aumento de capital  por el mismo monto, que finalmente se materializó en diciembre del 2010.

MEDIDAS URGENTES ANTES DE LA ACREDITACIÓN

Una de las principales falencias detectadas por la CNA en el primer intento de acreditación de la Universidad Pedro de Valdivia, en noviembre de 2007, fueron los negativos indicadores de capital de trabajo (CT) de la universidad, es decir, los recursos que la entidad requiere para operar en el corto plazo.
En ejercicio contable, una empresa con capital de trabajo negativo significa que tiene la urgente necesidad de aumentar su dinero en efectivo. Esto puede lograrlo consiguiendo dinero, vendiendo bienes o endeudándose a largo y no a corto plazo. Esta última fue la opción escogida por la universidad para revertir sus problemas financieros, ad portas de su segundo intento de acreditación.
En octubre de 2010, la UPV se preparaba para recibir la visita de los pares evaluadores, grupo compuesto por tres o más docentes, investigadores o profesionales ligados a la educación superior, que son seleccionados por la Comisión Nacional de Acreditación a través de concurso público. Su función: visitar y evaluar en terreno las instituciones y carreras que voluntariamente postulan a la acreditación, proceso que finaliza con la entrega de un informe a la CNA enumerando las fortalezas y falencias detectadas. Una suerte de “embajadores” de los comisionados. Doce días antes de su visita, el 21 de octubre de 2010, la UPV modificó cuatro de los nueve préstamos que entre octubre y noviembre de 2009 obtuvo de las empresas del holding Pedro de Valdivia. Ese día, los preuniversitarios Pedro de Valdivia Limitada, Concepción, Rancagua y Viña, extendieron el plazo de los compromisos por 286.371,77 mil UF (más de $6.100 millones), desde diciembre de 2011 hasta enero de 2015, es decir, cuatro años, un lapso que logró transformar la deuda de la UPV con empresas relacionadas, del corto al mediano plazo. Esto permitió que la universidad pasara de un capital de trabajo negativo de $5.807 millones en 2009 a uno positivo de $4.333 millones en 2010.
Con la reclasificación de más de $6 mil millones de deuda, la UPV recibió a sus pares evaluadores entre el 2 y el 4 de noviembre de 2010. Pero aún faltaba revertir la falta de infraestructura que la CNA detectó en su primer intento de acreditación en 2007. Para ello, el 2 de diciembre de 2010, un mes después de la visita de los pares evaluadores, la universidad firma una promesa de compra de su Campus Las Condes, ubicado en Avenida Apoquindo 5142 al 5148, de propiedad de Inmobiliaria La Conquista Limitada, otra de las empresas relacionadas de Ángel Maulén y su socio Enrique Rodríguez Villa (propietarios de la UPV). La compraventa se fijó en 63.854 UF (más de $1.368 millones).
Finalmente, el 9 de diciembre de 2010, los pares evaluadores de la UPV entregaron su informe a la Comisión Nacional de Acreditación. El veredicto fue lapidario. Entre otros juicios, los pares expresaron que la consolidación del plan de desarrollo de la universidad “no está acompañado de significativas inversiones en sus campus, tanto en infraestructura, equipamiento y en académicos con formación de alto nivel”.
Tras conocer esta negativa evaluación, los miembros o socios de la Corporación Universidad Pedro de Valdivia convocaron a una asamblea extraordinaria para ese mismo 9 de diciembre. Luego de analizar la crítica visión de los pares evaluadores, y a fin de “dar una potente señal en cuanto a la real intención de la asamblea sobre la política financiera de la universidad”, los socios de la corporación aprobaron una medida desesperada: una cuota extraordinaria de $3 mil millones enterada en partes iguales por Ángel Maulén Ríos y Enrique Rodríguez Villa.
Con el aporte materializado, el 13 de diciembre de 2010 la UPV entregó a la CNA sus comentarios y observaciones respecto al informe de los pares evaluadores.
El 22 de diciembre de 2010, la CNA, presidida por Eugenio Díaz, rechazó la acreditación de la U. Pedro de Valdivia. En esa votación, Díaz se abstuvo de participar. Pero una semana después,  cuando la comisión se pronunció sobre la apelación de la universidad, no existe constancia de que lo hiciera. Es así como el 29 de diciembre de 2010, y con la disidencia de solo un comisionado (María Elena González), la Comisión Nacional de Acreditación acreditó a la UPV por un año, el periodo mínimo establecido. Los argumentos esgrimidos por la Comisión corresponden exactamente a los movimientos previos que hizo el directorio de la UPV para  mejorar sus condiciones financieras. Es decir, para la decisión fue clave la reclasificación de los préstamos en deudas de largo plazo, el aumento extraordinario de capital y la promesa de compraventa del campus Las Condes.
En efecto, en el acuerdo institucional 139 de la CNA, que acogió la apelación presentada por la UPV, se estableció que existen “acciones tendientes a mejorar la precaria situación financiera de la institución entre 2007 y 2009”, y que su plan de desarrollo estratégico 2009-2013 “puede facilitarse a través de las últimas acciones en el ámbito financiero”.
El certificado extendido por la CNA permitió que sus alumnos accedieran por primera vez al Crédito con Aval del Estado (CAE). En 2011, de sus 5.000 alumnos, 1.400 solicitaron dinero del CAE por un monto total de de $2.350 millones, lo que arroja un promedio de deuda por alumno de $1.600.000 por cada año de estudio. A eso se le deben multiplicar los años de carrera –cinco o seis- y los intereses del CAE que en ese momento eran del 6% anual.
Poco después de esa polémica acreditación, la UPV firmó un contrato con Díaz por un total de $50 millones. Una última arista de la indagatoria judicial sobre este contrato es que el pago a Díaz se hizo contra boleta de honorarios a nombre del Preuniversitario Pedro de Valdivia, una empresa con fines de lucro, propiedad de los mismos controladores de la Universidad. Este hecho podría tener consecuencias tributarias para los controladores de la UPV.

LOS CORREOS ENTRE DÍAZ Y MAULÉN

Si la investigación que actualmente realiza el Ministerio Público contra Ángel Maulén comprueba el pago de honorarios a Eugenio Díaz por asesorías tendientes a acreditar a la UPV, su explicación sería una sola: la presión que realizan universidades como la Pedro de Valdivia para acreditarse y acceder al CAE. Para María José Lemaitre, ex secretaria ejecutiva del Consejo Superior de Educación, la vinculación entre dinero y acreditación “ha provocado algo perverso pues la CNA no resiste dejar a una universidad sin CAE. Entonces, la acreditan por un año, que es lo mismo que no acreditar”.
Ese es el caso de la Universidad Pedro de Valdivia, que el 18 de agosto de 2011, a cuatro meses de finalizar su acreditación,  entregó a la CNA su informe de evaluación interna con miras a su reacreditación.
Un mes después, la comunicación entre Eugenio Díaz y Ángel Maulén se reactivó. En un correo enviado el 3 de septiembre de 2011, el ex presidente de la CNA explica a Maulén que, a causa de las movilizaciones y tomas estudiantiles, la comisión analiza prorrogar por tres meses la validez de las acreditaciones que vencen ese año. En el correo menciona también que “si sólo se prorroga a las que están en toma, se deja en una situación difícil a las demás, sobre todo a la UPV”.
Según fuentes al interior de la CNA,  no se extendió la prórroga, tal como deseaban Eugenio Díaz y Ángel Maulén. En consecuencia, la acreditación expiró el 29 de diciembre de 2011.
Finalmente, el 4 de julio de 2012, la Comisión Nacional de Acreditación, ahora presidida por Íñigo Díaz, rechazó la reacreditación de la UPV, argumentando, entre otros indicadores, “diferencias en la calidad de la oferta e infraestructura en sus distintas sedes, con evidente necesidad de espacios académicos, recreativos y de equipamiento en la mayoría de ellas”, siendo las más críticas las sedes de Antofagasta y Concepción.
Los alumnos de Odontología del campus Antofagasta conocen bien las críticas realizadas por la CNA. Al punto que, en junio pasado, 89 estudiantes se mantuvieron por más de un mes en paro a fin de exigir mejoras en las instalaciones de su sede. Ingebor Mol, vocera de la carrera, detalló en julio una serie de irregularidades al portal SoyAntofagasta.cl:
-No tenemos la infraestructura necesaria para atender a público, menos aún en el campus, ya que se encuentra en la línea de inundación del plano regulador y no fue autorizada la construcción de estas salas. Aunque existen conversaciones, estamos muy preocupados para quienes deben cursar el próximo año la carrera sin las condiciones mínimas –informó la estudiante de tercer año de Odontología.
En esa misma fecha, el presidente de la Federación de Estudiantes de la UPV Antofagasta, Sergio Rojas, indicó al portal Madero Noticias que la precaria infraestructura no sólo afecta a Odontología:
-Pedagogía en Educación Física no tiene gimnasio, balones ni profesores competentes; Enfermería no tiene laboratorio de anatomía, ni ramos de primeros auxilios; Psicología no posee sala de espejos; Fonoaudiología no posee sala de fonética -precisó el dirigente estudiantil.
Tampoco son auspiciosos los resultados de la UPV en la última medición de la prueba INICIA 2011, que mide desempeño de egresados en el área de Pedagogía. De los 17 egresados de Educación Básica que rindieron la prueba, el 82% obtuvo un nivel insuficiente en conocimientos pedagógicos. En el caso de los 13 egresados de Educación Parvularia, se ubicaron en los últimos lugares, con un 56% de respuestas incorrectas.
Durante el proceso de acreditación, la ley de donaciones que permite a las empresas descontar impuestos, también benefició a las sociedades relacionadas con Maulén. De acuerdo al registro oficial, en 2006 –cuando asumió la propiedad- , la Universidad recibió algo más de $68 millones: Preuniversitario Pedro de Valdivia Concepción aportó $14 millones, mientras Preuniversitario Pedro de Valdivia Limitada donó $40 millones, en ambos casos, para readecuación de infraestructura. Otra empresa relacionada con el Preuniversitario en Viña del Mar (Estudios Viña del Mar) registra aportes por $7 millones. Otras donaciones  vinieron de Minera Los Pelambres, Sociedad de Suministro de Personal SEP y Paz Gestión Limitada. El año que más aportes obtuvo fue en 2008, con $128 millones (Clarial S.A. y Andrés E. Guiloff D. aportaron $25 millones  y $98 millones, respectivamente, destinados a la Facultad de Salud y Banco Santander donó $5 millones para programas tecnológicos). Los aportes en 2010 sumaron $43 millones, de los cuales Banco Santander donó $20 millones para programas de desarrollo tecnológico y el resto se destinó a un fondo de becas (Inversiones San José de Logroño, $5 millones y Vicente Caruz Ltda, $18 millones). En 2011 sólo se registra donaciones de Banco Santander, por $2,4 millones, para el fondo de becas.

SORPRESIVOS CAMBIOS DE CONTRATOS

Una vez que el 4 de julio de este año, la CNA rechazó las gestiones de la UPV para renovar la acreditación por un nuevo periodo, la universidad inició de inmediato un proceso de apelación a fin de revertir el fallo adverso. En ese intertanto, realizaron algunos movimientos clave, que parecen orientados a borrar las huellas contractuales con empresas relacionadas de propiedad de los mismos dueños de la UPV.  El 10 de agosto,  hubo tres transacciones para poner fin a los contratos de arrendamiento que mantenía la UPV con Inmobiliaria La Conquista Limitada, otra de las empresas de propiedad de Ángel Maulén Ríos y Enrique Rodríguez Villa.
Según consta en los documentos notariales, La Conquista traspasó a la U. Pedro de Valdivia dos contratos de arrendamiento por los inmuebles de Eleodoro Yáñez 2964, 2974 y 2988 (sedes de la UPV), que mantenía con el ex socio de la Universidad Mariano Egaña: Juan Germán Cerón López. En definitiva, lo que se hizo fue borrar el vínculo con una empresa relacionada, quedando la UPV como arrendadora directa de esos inmuebles. La misma inmobiliaria traspasó a la universidad el arriendo de ocho estacionamientos del Estadio Español, ubicado a cuatro cuadras de su campus Las Condes. Una operación de blanqueamiento que borró a Inmobiliaria La Conquista del mapa de empresas relacionadas con la UPV y que mejoró su presentación a la apelación ante la CNA. La estrategia utilizada no fue suficiente para la CNA, porque el 3 de octubre rechazó el recurso de reposición interpuesto por la universidad.
Miguel de Cervantes: La otra universidad de propiedad de Ángel Maulén
La Universidad Miguel de Cervantes (UMC) fue fundada el 7 de mayo de 1996. Según el informe que envió la Universidad al Ministerio de Educación, dando cuenta de todas las reformas de estatutos, Ángel Maulén Ríos aparece por primera vez como socio, en una modificación del 6 de marzo de 2003. Un año más tarde, en mayo de 2004, renuncia a la Corporación. Sin embargo, su alejamiento no duraría mucho. El 8 de junio de 2006 el directorio de la UMC aprueba el ingreso, en calidad de socio, de Inversiones Cantalao S.A., cuyo representante legal y dueño era Ángel Maulén Ríos.
El último cambio informado corresponde al 26 de abril de 2011. A esa fecha, figuran 28 socios activos de la Corporación, entre ellos, tres sociedades relacionadas con Maulén: Inversiones Cantalao S.A., Sociedad Ángel Maulén Ríos, y Sociedad María Elia Maulén Ríos. Como socios en calidad de personas naturales aparecen: Luis Ortiz Quiroga, Juan José Santa Cruz, Hugo Lavados M., Carlos Alberto y Gutenberg Martínez Alvear, Oscar Pizarro y Ernesto Corona. Además, figuran como representantes legales: Gutenberg Martínez (Soc. Martínez y Cía. Y C y C  S.A.), Edmundo Hermosilla (Varas y Hermosilla Consultores y Cía Ltda.), Ernesto Corona (PEERCO S.A.), Oscar Pizarro (Inmobiliaria e Inversiones Pentium S.A.), Alejandro Hasbún (Asesorías e Inversiones El Trébol Ltda. y Asesorías e Inversiones Los Conquistadores), Walter Oliva y Rodrigo Bosch (Inv. Para el Futuro y Desarrollo Ltda.), Héctor Altamirano (Estudios Proyectos Construcción A.I.M. Ltda.), Francisco Salazar P. (Inversiones E.F.E.S.) y Víctor Aguilera V. (Soc. Aguilera Gutiérrez S.A., Soc. Metropolitano S.A. y Soc. Araucarias S.A.)

Caso Lucro: Los verdaderos responsables y por qué la movilización debe seguir

Por : Diego Vela Grau en OpiniónPublicado: 04.12.201
portada_CNALa caída de Eugenio Díaz y de los ex rectores y dueños de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia ha desatado una inédita crisis de credibilidad en el sistema de educación superior. A las pruebas de que ese sistema no produce calidad aceptable, se suma ahora la evidencia de que no funciona ni siquiera con decencia. En esta columna, el presidente de los estudiantes de la Universidad Católica, repasa las responsabilidades políticas que han permitido el desastre. Insiste, además, en que la movilización de los estudiantes no puede detenerse, “para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, como es el caso de los estudiantes de la Universidad del Mar”.
Para justificar el éxito en la recuperación de Islandia después de la crisis financiera del 2008, su actual Presidente, Olafur Ragnar Grimsson, explicó: “El gobierno rescató a las personas y encarceló a los banqueros, lo opuesto que están haciendo América y Europa”. Ragnar ha sido conocido a nivel mundial por decidir la no promulgación de una ley (por medio de dos referéndums) que pretendía hacer que los islandeses indemnizaran a Gran Bretaña y Holanda, cuyos ahorradores habían sido perjudicados por la quiebra del banco en línea Icesave. En un principio, cuando se produjo el colapso bancario, producto de años de burbujas financieras de todo tipo, la respuesta del anterior Primer Ministro Haarde fue la de “meter preso a los banqueros corruptos”, pasando por alto las responsabilidades de Estado y de los políticos en el desastre. Sin embargo, gracias a la revolución pacífica y sostenida de la ciudadanía que en masa se volcó a las calles diciendo NO, el Primer Ministro Haarde terminó preso junto a los políticos corruptos, negligentes y cómplices del sistema. Los islandeses no aceptaron que una deuda privada se transformara en un asunto público. Se tomaron las calles y echaron abajo al gobierno, exigiendo nuevas elecciones. Con el cambio de gobierno vino el referéndum y 9 de cada 10 islandeses dijo NO a pagar la deuda de los bancos privados. Y el Presidente Olafur Ragnar privilegió los intereses públicos por sobre los intereses privados.
“Nuestras autoridades gastan sus energías en mantener en pie un cadáver que genera un enorme daño social”.
Una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y deberes, informada y bien organizada puede lograr grandes cambios estructurales. Esto no es una utopía. Y es imperativo que las miles de personas que se han manifestado en Chile para protestar por los diversos abusos sigan marchando en las calles y presionen para que el sistema político en su conjunto se haga responsable. Es necesario ejercer esta presión, romper con los conflictos de interés y de una vez por todas cambiar la historia que estamos construyendo como país.
La investigación judicial en que están envueltas la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y, por ahora, las Universidades del Mar (18.000 alumnos) y Pedro de Valdivia (5.000 alumnos), le ha puesto una lápida al sistema con que el Estado vigila el correcto funcionamiento de las instituciones de educación superior chilenas. Hoy estamos ante un mecanismo de acreditación absolutamente desacreditado que se mantiene funcionando únicamente gracias a una clase política que es negligente e indolente frente a la existencia del negociado en la educación. El lucro está en el fondo de todo este asunto.
Sólo porque hay lucro es posible que haya sobornos como los que se investigan. Resulta increíble que nuestros diputados aún no hagan cumplir la ley dejando que las universidades lucren (recordemos que la Cámara de Diputados rechazó el Informe sobre el lucro) y que el gobierno, mostrando su ideología más intrínseca, trate a  ciudadanos vulnerados de derechos como clientes diciéndoles que su solución es que vayan al SERNAC. Mientras la autoridad se mantiene con los ojos bien cerrados, el negocio en Educación alcanza tal nivel que figura entre las cinco áreas que más gastos hacen en marketing, según la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP). Sólo es superado por el retail y la telefonía.
Lo más preocupante es que la discusión pública sobre este caso se ha centrado en las penas que deberían sufrir los corruptos sorprendidos, como si tuviéramos al frente un caso particular y no un sistema completo que está en crisis. Para creer eso hay que olvidarse de cosas importantes. Por ejemplo, cómo fue que la Universidad del Mar se transformó en lo que es. Un dato: pasó de tener 3.900 alumnos en 2002 a 22.388 en 2007. Es decir, en cinco años quintuplicó la cantidad de alumnos. Pese a que hace años se escuchan denuncias en contra de su calidad, y sus pobres resultados en las pruebas Inicia y en la Eunacom estaban a la vista de todos, el Estado que debe cautelar los intereses de todos fue indolente. Y la Universidad del Mar nunca fue debidamente fiscalizada.
Hoy la autoridad de turno se sorprende al descubrir el desastre académico de la U. del Mar. En realidad deberíamos sorprendernos de la sorpresa de las autoridades que durante décadas vieron crecer este problema y que ahora tratan, los que están en el poder y los que desesperadamente quieren volver, de sacar provecho político con acusaciones cruzadas. La verdad es que la derecha presionó para crear una legislación donde el “emprendimiento privado” no estuviera sometido a la vigilancia del Estado. Y la Concertación miró para el lado y dejó crecer estos monstruos que han devorado los sueños de miles de jóvenes.
Se entiende entonces que a muchos les convenga plantear lo sucedido como algo puntual, como una única manzana podrida en un árbol sano. Así es como se ha enfrentado el problema educacional durante estos años. Pero el árbol está muerto. Nuestras autoridades gastan sus energías en mantener en pie ese cadáver que genera un enorme daño social. Estoy convencido de que durante estos años los movimientos sociales han generado tierra fértil para que podamos plantear un nuevo árbol donde el fruto que nazca sea uno justo.
Para que luego no se olvide, dejemos aquí señaladas las responsabilidades que tocan a cada cual. Si dejo alguna en el tintero los lectores de CIPER pueden agregarlas en los comentarios de esta columna.  Partamos por el Presidente Sebastián Piñera, quien luego de asumir en marzo del 2010, tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). No lo hizo. Dejó de subrogante a Eugenio Díaz, hoy acusado de recibir sobornos a cambio de acreditar. Durante todo 2010, la CNA se dedicó a acreditar a todas las instituciones que se presentaron ante ella. La CNA acreditó todo lo que se moviera, incluyendo a las universidades del Mar y la Pedro de Valdivia. Fue un festín. ¿El gobierno no supo lo que ocurría en la CNA?
Deberían haberlo sabido, pues el gobierno tiene un representante en la CNA: Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior, mano derecha del ministro de Educación. ¡Lamentablemente Juan José Ugarte faltó a un 71% de las sesiones de la CNA! Aunque cuando asistió no lo hizo mejor. Ugarte estuvo presente en las sesiones en que se entregaron antecedentes claros de que tanto la Universidad Santo Tomás, como la UNIACC, lucraban. Su obligación, dado el estatuto administrativo, era informar a sus superiores de todo tipo de irregularidad. Sin embargo el ministro Harald Beyer dijo reiteradamente que no tenía antecedentes de lucro en universidades.
“El Presidente Sebastián Piñera tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la CNA. No lo hizo. Dejó de subrogante a Eugenio Díaz, hoy acusado de recibir sobornos a cambio de acreditar. Durante todo 2010, la CNA se dedicó a acreditar a todas las instituciones que se presentaron ante ella, incluyendo a la Universidad del Mar y la Pedro de Valdivia. Fue un festín. ¿El gobierno no supo lo que ocurría en la CNA?”
Además de lo anterior, el Ministerio de Educación carga con otra responsabilidad ineludible. Beyer y sus antecesores siempre dijeron que no solo no tenían antecedentes de lucro, sino que no tenían atribuciones para fiscalizar universidades. Ahora vemos que tras estallar el escándalo en la prensa el ministro inició una auditoria en la Universidad del Mar y recurrió al Consejo de Defensa del Estado para ampliar las querellas a otros implicados. Estando ad portas de que se cierre el monstruo que dejamos crecer, es evidente que lo que le faltaba al ministro no eran atribuciones sino incentivos para actuar correctamente.
Hoy escuchamos que la propuesta del ministro frente al drama de los 18.000 alumnos de la universidad del Mar es reacomodarlos en diferentes instituciones. Pero si dejara de ver sólo números y diera el paso para ver que hablamos de personas afectadas, no propondría eso. Según la Encuesta Nacional de la Universidad del Mar realizada por la Feudm de Viña del Mar, un 28% de los estudiantes de la Universidad del Mar son padres, un 47% son estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, un 84% cree que lo que ha sucedido en su universidad les va a perjudicar al momento de encontrar trabajo, más de 1.000 estudiantes no pueden ser reubicados debido a que estudian en las sedes de San Fernando o Quillota, lugares donde la opción más cercana queda a horas de distancia. Es decir, el problema no es puntual, es un drama humano y social de proporciones mayores.
El gobierno y el ministerio actúan como si estuviéramos ante un negocio que se cierra. Ahí hay otra gran culpa. La educación no es un negocio: se trata de familias, proyectos truncados, esfuerzos económicos y humanos desperdiciados. Hablamos de 18 mil chilenos vulnerados y entregados a los vaivenes del mercado en la incertidumbre total sobre su futuro, para que unos señores puedan tener su BMW.
Como institución el Congreso también carga con su culpa. No solo su incapacidad de ver el enorme lucro y denunciarlo. En plena crisis de la Universidad del Mar, el miércoles 28 de noviembre, los diputados de la Cámara tuvieron la oportunidad de empezar a buscar justicia y partir por el ejercicio sencillo de que se cumpla la ley. Pero nuevamente fallaron. De los 120 diputados, 37 se ausentaron de la votación para iniciar una nueva comisión investigadora del lucro. (Vea aquí quienes no hicieron la pega). Ya nos han hecho perder la ingenuidad de que se van a comportar distinto. No queremos más promesas, sino actos concretos.
Si el gobierno y los políticos insisten en mantenerse al margen de casos como el de la Universidad del Mar y no toman medidas más eficientes e inmediatas frente al escándalo mayor que ha significado lo de la Comisión Nacional de Acreditación, la ciudadanía debe manifestarse, movilizarse, salir a la calle a ejercer presión. La ciudadanía no debe olvidar lo que ha pasado aquí. La educación no es cualquier tema. Es definitorio para el futuro de Chile. Debemos mirar cómo actúan nuestras autoridades en este tema y manifestar nuestra opinión a través del voto. Las elecciones municipales fueron una pequeña señal de que la sociedad chilena ya no está dispuesta a seguir como si nada pasara y que frente a proyectos vacíos que no atacan los problemas gravitantes de los ciudadanos, no hay participación que aguante. La transversalidad de las grandes temáticas que debemos y podemos transformar como país son, entonces, razón suficiente para  seguir manifestándose con firmeza y convicción.
“Es imperativo que las miles de personas que se han manifestado en Chile para protestar por los diversos abusos sigan marchando en las calles y presionen para que el sistema político en su conjunto se haga responsable”.
Es lo que sucedió en Islandia, un país pequeño, pero con grandes ciudadanos que se atrevieron a salir a las calles y decir firme y claro No a los abusos de un sistema neoliberal feroz, se negaron a ser espectadores de un sistema donde los banqueros invierten, arriesgan y si sale bien, la ganancia es para ellos; pero si sale mal, que el Estado, por ende los ciudadanos, paguen y se hagan cargo. ¿Qué pasó con Islandia, pese a los temores de Europa que vaticinaba lo peor? Hoy ha triplicado su crecimiento, es un país prospero y en paz. Gracias a una sociedad civil activa y determinada, el gobierno defendió a los ciudadanos y no a unos pocos corruptos. Islandia es hoy un país donde ideas como tener una Educación Pública, una Constitución que realmente refleje la visión país de la ciudadanía no son sueños, sino realidades que construyen la historia de un país.
Las chilenas y chilenos tenemos el derecho y deber de ser protagonistas, de ser gestores de las grandes transformaciones que nuestra sociedad requiere. Debemos ser activos promotores de espacios que velen por la justicia y el bien común para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, para que no se repita en algunos años más que miles de estudiantes son engañados víctimas de la persecución de utilidades por parte de empresarios amparados en la negligencia de políticos e instituciones públicas.
PUBLICADO POR CIPER-CHILE