la ley no se refiere a medios gráficos sino audiovisuales, lo cual excluye de cualquier riesgo a ambos diarios

LOS FALLOS DEL JUEZ ALFONSO, LA CAMARA DE NUEVA YORK Y EL TRIBUNAL DEL MAR

El centro del ring

Tres fallos que ratifican la centralidad política de CFK. El caso Clarín tiene gran valor simbólico, porque es la única empresa que rechaza la regulación estatal y discute quién gobierna. Kirchner subió al ring a los medios, Cristina a la Justicia. Marita Verón y Candela Rodríguez, dos casos de connivencia institucional con el crimen, pero con distinta valoración por parte del gobierno nacional. La ley Scioli-Casal reforzará esas redes de ilegalidad con participación policial y judicial.

 Por Horacio Verbitsky

El fallo de fondo del juez Horacio Alfonso en respaldo de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual redujo la interpretación del 7D como un fracaso del gobierno nacional a una mera expresión de deseos de políticos y medios de la oposición. Pero aun antes de la sentencia de Alfonso, que coincide con el fiscal Fernando Uriarte en que no hay afectación de derechos constitucionales, ni de libertad de expresión ni de propiedad, esa lectura no se compadecía con lo sucedido hace una semana. Por el contrario, CFK volvió a mostrar una capacidad de interpelación a sectores diversos de la sociedad que nadie más posee en la Argentina de esta década. El nuevo fallo dilatorio de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial para la aplicación plena de la ley no empañó la convocatoria masiva que reprodujo el clima del Bicentenario, contra todos los vaticinios sobre declinación de las respuestas positivas que la presidente suscita. Su número fue igual o mayor que el de la concentración adversa del 8N, pero su composición y su tono la diferenciaron por completo. La convocatoria a una fiesta popular fue honrada por una multitud donde el núcleo duro que responde a Cristina en cualquier circunstancia fue acolchonado por sectores medios que no desertan del frente policlasista plebiscitado en los comicios de 2011. Aun los contestatarios más enconados saben que si hoy hubiera elecciones, tal vez la diferencia se ampliaría, porque la oferta electoral opositora se ha diversificado. Por eso, precisamente, han encontrado su único punto de unidad en la negativa a facilitar una reforma constitucional que habilite una tercera candidatura de Cristina. Los sucesivos intentos de unir el aceite radical-socialista con el vinagre del macrismo y el Peornismo Opositor, a las patronales agropecuarias con la política que te gusta, son desbarres al estilo de los que cometieron en 2010 cuando con el Grupo Ahhh... controlaron el Congreso. Lejos de fortalecer a la oposición muestran su desconcierto. Por el contrario, el gobierno termina el año con una seguidilla de buenas noticias, que confirman la justeza de las firmes posiciones asumidas contra todas las presiones, internas y externas. El temple con que Cristina las resistió es un dato que nadie puede soslayar. A este fallo se suman los de la Cámara de Apelaciones de Nueva York contra los fondos buitre y la liberación de la Fragata Libertad ordenada por el Tribunal del Mar.

Ni la letra ni el espíritu

Ahora que el juez Alfonso ha removido el obstáculo cautelar vale la pena preguntarse qué ocurrirá con el Grupo Clarín, que ya anunció que apelará y que considera que la cautelar sigue en vigencia hasta que la revoque la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial. A pocas horas del fallo, comenzó a interpretarlo en su portal, bajo el título panglosiano “Los constitucionalistas cuestionan el fallo”, aduciendo que no era una sentencia “definitiva y firme”, cuando la Cámara sólo había hablado de sentencia definitiva como límite a la vigencia de la cautelar. Es dudoso que la mera apelación vuelva a congelar la ley sabiendo la Cámara que el 22 de mayo la propia Corte Suprema adelantó una opinión coincidente con la de Alfonso. Lo único probable es que intente concederle al Grupo un año más, con vencimiento el 7D de 2013, aunque tampoco esta argucia parece viable ante la Corte. En el mismo estilo de esa nota de Clarín, las interpretaciones sobre la ley de medios y políticos de la oposición no surgen de su texto ni de su espíritu:

- Joaquín Morales Solá pretende que el propósito oficial es “la liquidación del Grupo Clarín”;

- Su colega Carlos Pagni añade que se trata de “liquidar a Clarín” o que “ese holding sea silenciado”.

- Fernando Laborda alega que “el objetivo final es herir de muerte al Grupo Clarín”, y

- Nelson Castro, que “el Gobierno quiere destruir Clarín”.

- Luis Majul, que la presidente procura hacerlo desaparecer.

- José Eliaschev, que el objetivo es “la muerte del Grupo Clarín”.

- El editor responsable del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum, que la obsesión oficial “es hundir a Clarín”.

- Ya sin adjetivos que modulen su exasperación, la columnista Susana Viau acudió al léxico bélico: dijo que había una “operación de acoso y derribo del Grupo Clarín”.

- Otros columnistas y editoriales hablaron de desguazar, desarticular, desmantelar, castigar, derrotar, quebrantar, doblegar o condicionar al mayor grupo mediático del país.

- En la misma cuerda, el dirigente radical Ernesto Sanz y el socialista Roy Cortina sostuvieron que el plan es “destruir” a Clarín.

- Para el Peornista Opositor Enrique Thomas, se procura “la destrucción del Grupo Clarín”.

- Federico Pinedo opina que el gobierno quiere “matar” a Clarín.

- Para la indefinible Patricia Bullrich el gobierno quiere que “por lo menos Clarín y La Nación desaparezcan” 1.

Esta confusión entre el diario y el Grupo Clarín no es inocente: la ley no se refiere a medios gráficos sino audiovisuales, lo cual excluye de cualquier riesgo a ambos diarios. Si el Grupo Clarín admitiera adecuarse a la ley podría conservar todas sus bocas de infundio político: nada le impediría mantener el canal 13 de televisión abierta, la radio Mitre y la señal de cable Todo Noticias, con sus tenembaums, lanatas y alfanos. También podría dividirse en varias sociedades encabezadas por sus accionistas principales, siempre que se tratara de compañías reales, independientes, con sede social, administración y equipos diferentes. Así ocurrió en Estados Unidos en 1911, cuando la Corte Suprema ordenó que la compañía petrolera Standard Oil se dividiera en 34 unidades independientes y en 1984 cuando el viejo monopolio telefónico Ma Bell debió alumbrar las siete Baby Bell. Lo que cambió allí y cambiará aquí es la posibilidad del ingreso de nuevos actores que hoy tienen cerradas las puertas por la posición dominante de quien controla el mercado. Si en aquellos casos esa obstrucción afectaba la competencia en los mercados del petróleo y las comunicaciones, aquí está en juego la posibilidad del pueblo de escuchar una pluralidad de voces antes de elegir a sus gobernantes. Las declaraciones públicas y privadas del presidente de la Afsca, Martín Sabbatella, no descartan que la desinversión de oficio siga esas mismas líneas, que en nada afectarían la posibilidad del Grupo Clarín de ventilar, por los mismos medios que ha usado hasta ahora, su despecho con el proceso popular abierto en 2003.

Un caso testigo

Una pregunta repetida es si un objetivo tan moderado justifica una batalla tan áspera. Uno de los iconos del entretenimiento ligero, Mario Pergolini, ironizó sobre la propuesta de las familias Vila y Manzano para dividir su holding. Una inquietud similar se eleva desde varias organizaciones sociales. La respuesta sólo puede ser afirmativa, porque la disputa tiene una dimensión simbólica trascendente para la democracia argentina. En los mismos términos en que lo planteó Juan D. Perón hace siete décadas, cuando no regula el Estado, que defiende el bien público y el interés general, lo hacen los monopolios que sólo buscan el lucro privado. Por supuesto esta pugna de poder se reproduce en otros sectores, como lo muestran estos diez ejemplos:

1. La expropiación de Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, Correo Argentino e YPF,

2. Las retenciones a las exportaciones agropecuarias, que incrementaron el componente directo de la recaudación impositiva y mejoraron la distribución del ingreso,

3. La recuperación del sistema previsional, que sólo aprovechaban los bancos y algunos de sus socios privilegiados,

4. Las multas millonarias a las cementeras por cartelizar el mercado y subir los precios,

5. Las sanciones a las traders cerealeras que triangulan con subsidiarias en otros países para eludir impuestos,

6. Las regulaciones del Banco Central sobre el tipo y las condiciones de los préstamos que están obligados a otorgar los bancos,

7. El fraccionamiento de la licitación para el gasoducto del Noreste, de modo de impedir que Techint realice la obra y provea los tubos,

8. El control estatal del mercado de valores para asegurar la transparencia de sus colocaciones.

9. La obligación para las entidades de atender sin costo la bancarización de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo o una jubilación,

10. La regulación estatal de todas las variables del negocio hidrocarburífero dispuesta por el decreto 1277.

La particularidad es que Clarín resiste la aplicación de la ley y lo hace no sólo mediante recursos judiciales, sino comprando jueces, sugiriendo líneas de actuación a los partidos políticos opositores, ocultando cualquier logro del gobierno. El jueves, apenas dedicó 72 palabras al Premio Internacional de la Diversidad Sexual, entregado a Cristina en Estocolmo con beneplácito del gobierno sueco, por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). Lo hizo en un párrafo escondido al final de una nota nueve veces más larga, titulada “Cristina reclamó que haya control sobre los jueces”. La inconstitucionalidad reclamada por el Grupo Clarín era una cuestión de puro derecho y es imposible justificar que haya insumido tres años de demora, mientras la medida cautelar más extensa de la historia impedía aplicarla, pese a que tanto la Corte Suprema como el fiscal sostuvieron que la ley no afecta la libertad de expresión. Por el contrario, cumple con el mandato del sistema interamericano de protección a los derechos humanos de impedir la formación de monopolios (públicos o privados). Lo que se debate es si gobiernan las autoridades electas a través de las leyes sancionadas por el Congreso o los poderes económicos.

Entre las cuerdas

Otra cuestión que se ha suscitado esta semana es si valía la pena extender esa pugna, del Grupo Clarín a la Justicia. Como era previsible, los recursos oficiales de nulidad por superintendencia y de salto de instancia fueron rechazados por la Corte Suprema y el gobierno debió seguir el camino habitual del recurso extraordinario ante la misma Cámara domeñada por el Grupo Clarín. El fallo definitivo de primera instancia abrevió ese camino. Podría decirse entonces que nada de lo que hizo el gobierno era necesario. Pero es más probable que el dramatismo de la actitud oficial haya incidido en la felicidad con que Alfonso apuró el paso (según el curioso par binario de Ricardo Lorenzetti en su mensaje grabado a los jueces). Esto sugiere que para el gobierno el embrollo no es judicial sino político y que Cristina intenta hacer con la Justicia lo mismo que Néstor Kirchner le hizo a Clarín, con las ya famosas preguntas: “¿Qué te pasa?” y “¿Estás nervioso?” La figura es la de una lona en la que el gobierno se defiende del ataque del poder económicomediático mientras en el ringside un juez displicente, de impecable traje blanco, anota en su tarjeta los puntos que favorecen al adversario, cualquiera haya sido el desarrollo de cada round. Hasta que el Estado toma de la solapa al elegante y lo arroja al centro del ring para que al ayudar a su adversario también pueda comerse una réplica. Sin duda, es una salvajada que rompe las reglas del juego. Pero ese juego era tramposo y ahora cualquiera puede advertirlo. El ciclo kirchnerista ha hecho más que cualquier otro por modificar la composición y las prácticas de la Justicia, con reformas en los procedimientos de designación de magistrados que implicaron resignar facultades constitucionales a favor de una mayor transparencia y participación. Sin embargo, ahora por primera vez el dilema de la Justicia entre ser una corporación o un poder del Estado es puesto de relieve con absoluta claridad, lo cual no equivale a decir que su resolución correcta esté asegurada.

De qué se trata

El dirigente de la UCR Oscar Aguad llegó a decir en la señal noticiosa del Grupo Clarín que el fallo absolutorio a los acusados por la desaparición y esclavitud de Marita Verón podría ser una maniobra oficialista para cuestionar a la Justicia y propiciar la reforma constitucional. Esta presunción sólo revela el nivel injurioso y ramplón del sector radical que intenta torcer el rumbo hacia una alianza con Maurizio Macrì. Pero es cierto que CFK captó con una notable sensibilidad para los temas populares la repercusión de ese veredicto y lo vinculó en forma inobjetable con el desempeño que le preocupa de la Justicia en lo cautelar federal civil y comercial. Se comunicó de inmediato con Susana Trimarco, le prometió acompañarla en su reclamo e incluyó en sesiones extraordinarias del Congreso la reforma a ley de trata, que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Esta saludable reacción toma nota de la vinculación de la Justicia con las redes de ilegalidad de las que también participan las instituciones de seguridad y un sector de la política. En ese sentido el gobierno provincial se colocó a la defensiva: José Alperovich, cuando se difundió una foto suya con La Chancha Alé, sindicado como el máximo jefe de la cosa nostra tucumana; su esposa Beatriz Rojkés, al referirse en forma complaciente o al menos resignada a gravísimos delitos que, dijo, siempre existieron y seguirán existiendo. Ante la ira presidencial ambos tuvieron que retroceder: el gobernador visitó a Susana Trimarco y aceptó su solicitud de relevar al ministro de gobierno y la incomprensible vicepresidente del Senado debió disculparse ante la madre de la víctima. Opinar sobre el fallo es difícil, cuando sólo se ha difundido el veredicto absolutorio. Pero la instrucción policial y judicial fue desastrosa, esa etapa había concluido en 2004 y desde entonces la causa podría haber pasado al juicio oral. Algunas víctimas tuvieron que declarar a lo largo de tres días, algo que ni siquiera ocurrió en el juicio a los ex comandantes de 1985. El maltrato incluyó la interrupción de sus dramáticos testimonios porque los jueces querían irse a almorzar. El día de la lectura, la madre de Marita debió esperar afuera cuatro horas mientras los acusados festejaban su absolución antes de la lectura del veredicto. Sería comprensible que entre los trece imputados hubiera varias absoluciones, pero por lo menos ocho testimonios de otras víctimas demostraron que Marita había pasado contra su voluntad por varios prostíbulos de esa organización, por lo que el fallo parece más bien una absolución eclesiástica. La actitud de ambas Cámaras tiene un punto decisivo en común: en ambos casos se trata de una justicia cómplice de los poderosos.

Cárcel para todxs

Opuesto es el caso de los jueces a quienes Cristina fustigó desde la Plaza de Mayo por dejar en libertad a detenidos que luego vuelven a delinquir. Coherente con ese discurso, el kirchnerismo bonaerense le dio los votos a Daniel Scioli y al alcaide mayor penitenciario Ricardo Casal para maniatar a los jueces de garantías y transferir a la policía la decisión sobre quien queda detenido en las abarrotadas cárceles provinciales, al prohibir la excarcelación de quienes la policía diga que portaba armas al ser detenido. Junto con los partidarios de renovar el añejo pacto políticopolicial levantaron la mano los mismos senadores que en septiembre aprobaron el informe de la comisión investigadora del asesinato de la niña Candela Sol Rodríguez. Su texto cuestionó en forma severa la connivencia entre los organismos encargados de aplicar la ley y grupos organizados para violarla, lo cual incluye el plantado de pruebas para desviar una investigación hacia sectores sin poder preservando las redes de ilegalidad que no podrían funcionar sin un componente policial y judicial. La comisión recomendó al Poder Ejecutivo que exonerara, separara de sus cargos e iniciara acciones penales contra el jefe de policía, Hugo Matzkin, y otros cincuenta oficiales de los más altos rangos, incluyendo varios catalogados como “narcopolicías” y que “asuma la responsabilidad de conducir la agencia policial evitando el autogobierno de la misma”. Pero Scioli ratificó su confianza en Matzkin y apenas tres meses después le amplió las facultades para falsificar procedimientos y seleccionar en forma arbitraria a los nuevos huéspedes de la tenebrosa Hotelería Casal.

1 Ediciones de La Nación de los días 21 de octubre, 8 de noviembre, 4, 10 y 13 de diciembre de 2012; de Clarín de los días 10 de octubre, 9, 12 de diciembre de 2012; de Perfil de los días 8 de diciembre de 2012; de La Prensa del 12 de diciembre de 2012; 10 de octubre de 2012; de El Parlamentario de los días 25 de diciembre de 2011, 22 de noviembre y 25 de diciembre de 2012; de la señal TN del 5 de julio y el 12 de octubre de 2012 y del diario español El Mundo, del 7 de diciembre de este año.

La guerra nuclear

 Por Horacio Verbitsky

La movilización que convocaron para el miércoles Pablo Micheli y Hugo Moyano ha causado divisiones en los segmentos sindicales que cada uno de ellos conduce. Según el matutino La Nación, luego del masivo festejo popular del 7D, Mi y Mo temen que la Plaza de Mayo deje en evidencia su menguada capacidad de convocatoria. La elección de la fecha desnuda la carencia de pensamiento estratégico de esta alianza: el contraste con lo que ocurría hace once años realza los logros del gobierno. Esta vez, no contarán con los piquetes que al impedir el acceso a la Capital maquillaron el débil paro del 20N, día en el que no descendió el consumo de energía. El 19D es una fecha que la paleoizquierda considera propia y algunas de sus agrupaciones amenazan con impedir que se apropie de ella y de su escenario “la burocracia sindical”. Diversos gremios de la CGT rechazan el discurso incendiario de Micheli, inversamente proporcional a su representatividad. Derrotado en un plenario de ATE Capital, que resolvió no adherir al paro del 20N, sólo sobrevive en la incubadora de las luces de la televisión, ávida de frases estrepitosas, como su desatinada declaración de “guerra nuclear” al gobierno. Antes había perdido la conducción de las seccionales de ATE en el Litoral. El mentor de Micheli en ATE y CTA, Víctor De Gennaro, advierte que todo esto fortalece a Moyano, con quien se disputa la simbólica denominación de El Lula Argentino. El camionero puede simular así que conduce un dispositivo complejo, con un ala izquierda a cargo de Micheli y un ala derecha encarnada por Gerónimo Venegas y Luis Barrionuevo, remedo caricaturesco del peronismo de hace cuatro décadas. El jueves, Moyano viajó a Mendoza para inaugurar un hospital de su gremio en Guaymallén. Sus custodios impidieron la libertad de circulación de los fotógrafos a quienes sacaron a los empujones cuando intentaron llegar a la primera fila para hacer las fotos. Uno de ellos, Axel Lloret, de Edición Cuyo, fue golpeado en el rostro. En solidaridad los periodistas decidieron no ingresar a la conferencia de prensa, salvo las complacientes señales de cable del Grupo Clarín y de Alberto Pierri.

 EL DOCUMENTO JUDICIAL CONTRA EL GOBIERNO

Los jueces quieren saber

El documento corporativo contra el gobierno no tiene firmas y los jueces quieren saber cómo se gestó. El quién es quién de las asociaciones de la judicatura, cuya unidad fue quebrada por este paso político audaz. Lobby empresarial para condicionar los fallos y lisa y llana corrupción.

 Por Horacio Verbitsky

Miembros de la Asociación de Magistrados, de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores preguntarán a sus autoridades cómo se decidió, quiénes redactaron y aprobaron y por qué se publicó sin ninguna firma el virulento comunicado del viernes 7 contra el gobierno a raíz de las denuncias contra camaristas acusados de vinculación con el Grupo Clarín.

La Asociación de Magistrados es presidida por el camarista penal Luis María Cabral. El fiscal general Jorge Auat lo señaló como un pernicioso ejemplo de shopping forum por su designación para integrar una sala de la Cámara de Casación Penal, sin sorteo y sin respetar el orden de prelación fijado por la ley de subrogancias. Pero la Cámara lo confirmó, con la única disidencia de Alejandro Slokar. Sigue llevando la voz cantante en la Asociación su ex presidente Ricardo El Piojo Recondo, otro especialista en la designación de jueces a dedo y el principal gestor del conflicto de la judicatura con el gobierno nacional por el caso Clarín, en el que tiene interés personal. Subsecretario de Justicia durante el primer gobierno de la UCR y miembro del equipo judicial de la SIDE que operaba sobre los jueces, en 1988 Recondo impulsó la designación de Juan Rodríguez Basabilvaso como camarista federal, para terminar con los juicios por violaciones a los derechos humanos. Su nombre surgió en la sobremesa del lobby militar-judicial-empresarial que se reunía los fines de semana en la quinta del Gerente de Relaciones Públicas del Grupo Económico FATE, Alejandro Pérez Cárrega. Recondo ocultó que el postulante se había desempeñado en el tribunal especial conocido como El Camarón, que el Congreso disolvió en 1973. “Hay que darle a la gente la oportunidad de cambiar. Si nos ponemos a escarbar el pasado de cada uno, no queda nadie”, dijo cuando se hizo público. Dos décadas después, ya como presidente de la Asociación de Magistrados, Recondo proclamó durante un acto de la Corte Suprema que el reclamo del entonces presidente Néstor Kirchner para que no se siguieran demorando las causas por violaciones a los derechos humanos constituía un “avasallamiento grotesco de la justicia”. La Corte lo respaldó con una declaración sin firma, según la cual el control republicano debe “respetar la honorabilidad e independencia judicial”. Ahora, Recondo encabeza el bloque de jueces, abogados y legisladores radicales en el Consejo de la Magistratura. Además integra la Cámara Federal en lo Civil y Comercial, participó en el sorteo manual de un juez jubilado para fallar en favor del Grupo Clarín contra la constitucionalidad de tres artículos de la ley de medios y su hija Ana es coordinadora de Certal, la entidad de lobby que sostienen los operadores de cable, entre ellos el Grupo Clarín. La lista Bordó de Cabral se impuso por muy pocos votos a la Celeste, que postulaba a la camarista del trabajo Gabriela Vázquez (la primera mujer candidata a ese cargo) y que se propone democratizar la Asociación. Nueve de los once consejeros Bordó son hombres, mientras cinco de los nueve consejeros Celeste son mujeres. Contra la fantasía de Lorenzetti sobre una judicatura monolítica, los celestes no asistieron a la comida de fin de año de la Asociación, en disidencia por la invitación a representantes de Certal y a la exclusión del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Urriza, y el ministro de Justicia, Julio Alak. Los celestes propusieron que la Asociación despojara al presidente de la facultad discrecional para invitar y excluir a quien le venga en gana.

La Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores (Jufejus) es conducida por Luis Francisco Lozano, presidente del Tribunal Superior porteño. Antes, fue director de Asuntos Jurídicos de Recondo en la subsecretaría de Justicia del gobierno radical. Cuando asumió en Jufejus, se comprometió a priorizar el trabajo en materia de independencia judicial pero, en flagrante contradicción, encomió el rumbo trazado por el titular saliente, Rafael Francisco Gutiérrez, que es el antimodelo de la independencia: fue designado en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe por su primo, el entonces gobernador Carlos Reutemann y durante su gestión Jufejus firmó convenios con la Asociación de Aseguradores Argentinos (Adeaa), para que también jueces supremos provinciales pudieran viajar a Fort Lauderdale, Miami y Washington con el pretexto de los cursos de capacitación que dicta la International Judicial Academy(IJA), para jueces de países de Asia, Africa, América y el ex bloque comunista europeo en los que Estados Unidos y sus empresas quieren influir. Esta IJA (del american way) es una organización dedicada a propagar entre jueces de todo el mundo los valores del Consenso de Washington, que identifican democracia representativa con apertura de mercados. La IJA tiene dos sedes, una en Washington y la otra en Buenos Aires, que funciona en la Asociación de Magistrados y está a cargo de Ricardo Li Rosi, juez nacional en lo civil. Sus programas incluyen visitas a los tribunales y a la Oficina de Marcas y Patentes estadounidenses, como ha sido denunciado por la cámara latinoamericana que agrupa a laboratorios que producen medicamentos genéricos. Buena parte de los seminarios a los que asisten jueces argentinos suelen congregar también a hombres de negocios, como el seminario sobre Seguros y Justicia dictado en Washington en 2008 y 2009 para jueces y ejecutivos de seguros de la Argentina; o el programa sobre “Regulación del Gobierno y Justicia” al que asistieron en la capital estadounidense jueces, abogados y ejecutivos de negocios de la Argentina y México en octubre de 2009. En septiembre de 2010 se dictó un curso en Mendoza y San Juan sobre un tema de estricta actualidad: las medidas cautelares. La cuidada página electrónica de la IJA no explica cómo se financian sus costosas actividades, que incluyeron viajes y estadía en distintos países del mundo para 4387 jueces. Pero los cursos son promovidos por las embajadas de EE.UU. y, en la Argentina, por la Cámara de Empresas Estadounidenses, AmCham. Li Rosi tuvo sus 15 minutos de fama en 2007, cuando la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil determinó que la responsabilidad por un accidente en un ascensor en el que no se había reemplazado la puerta tijera era compartida entre el consorcio y la nena de dos años que puso el pie donde no debía, por lo cual debió ser operada siete veces. En julio de 2011 el fiscal federal Federico Delgado pidió que se investigara a los camaristas del fuero civil y comercial federal Ricardo Víctor Guarinoni y Santiago Kiernan (dos de los que viajaron con Francisco de las Carreras y Recondo al congreso de Certal), Patricia Barbieri y Ana María Brilla De Serrat por haber dictado resoluciones favorables a Google a cambio de dinero o dádivas. La denuncia por prevaricato y cohecho fue presentada por el abogado de las actrices Virginia Da Cunha y Florencia Raggi que reclamaban daños y perjuicios a Google, en cuyos buscadores online se las asoció con contenidos sexuales. Antes de revocar dos fallos a favor de Da Cunha y Raggi, los cuatro camaristas habrían participado de una reunión en las oficinas de Google, cuya llegada a la sede den Puerto Madero fue filmada por el denunciante. En el video se reconoce a Ricardo Li Rosi, quien reconoció haber asistido, según dijo, para una actividad de capacitación técnica de la IJA. Según la denuncia a cada concurrente a la reunión, Google les regaló una tablet. El juez Sergio Torres y la sala II de la Cámara Federal sobreseyeron a los cuatro magistrados, porque su imagen no aparece en el video y Li Rosi declaró que no participaron de la actividad, típica de la relación promiscua entre magistrados y empresas.

La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) es presidida por el camarista cordobés Víctor María Vélez, protegido del grupo de penalistas radicales de José Ignacio Cafferata Nores y José Buteler, ministro y defensor respectivamente de Eduardo Angeloz. Como Presidente de la Asociación de Magistrados de Córdoba, defendió los privilegios estamentales, gracias a lo cual el gobernador José De la Sota exceptuó a los jueces de su reformas previsionales. Su antecesor en FAM fue el juez penal de Salta Abel Fleming, a quien el ex diputado de la UCR Fernando Chamorro calificó como “sirviente de la dictadura militar” alegando que aún conserva el estado policial obtenido cuando estuvo a cargo de la División de Investigaciones Científicas de la Policía, donde creó una División de Drogas. Como presidente de la Cámara Séptima de Córdoba, Vélez juzgó a 59 personas por el motín de febrero del 2005 en el penal San Martín. Sólo cuatro fueron absueltos y las condenas ejemplificadoras no exceptuaron a aquellos reclusos que hicieron todo lo posible por pacificar la situación. De la Sota dijo entonces que “los derechos humanos son para los decentes”, y Vélez lo tuvo bien en cuenta como fuente del derecho. El fallo señaló falencias del Estado entre las causas del motín, pero no dio un solo paso para individualizar y juzgar a los responsables de que un edificio del siglo XIX para 600 personas recibiera al triple; de que una cárcel enclavada en el tejido urbano albergara a condenados, más propensos al motín y la fuga, mientras la de alta seguridad construida en Bower se reservaba a procesados; de que los reclusos hubieran manejado ametralladoras y fusiles, que sustrajeron de la armería del penal, donde no deberían haber estado; de que se abriera fuego sin medir las consecuencias y causando ocho muertes.

Si Cabral, Recondo, Li Rosi, Lozano, Fleming o Vélez son los defensores de la independencia judicial, puede anticiparse que el lenguaje será condenado a reclusión perpetua.