Feliz cumple
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/209412-61441-2012-12-07.html
Por Horacio Verbitsky
La declaración emitida ayer por una larga nómina de organismos corporativos de jueces fue impulsada por dos ministros de la Corte Suprema, que no consiguieron la unanimidad de sus colegas para convertirla en un pronunciamiento del alto tribunal. El redactor del texto fue el juez supremo Juan Carlos Maqueda. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, lo circuló para obtener la firma del resto de los jueces. El ministro Enrique Petracchi respondió que el último punto revelaba una alarmante politización de la magistratura. Es el que solicita que todos los medios de comunicación habiliten mecanismos para que “el Poder Judicial pueda expresar sus opiniones y replicar argumentos o críticas” y que “los medios oficiales” habiliten espacios para que “el Poder Judicial pueda expresar opiniones a través de su agencia de noticias”. Esta secuencia explica por qué una declaración tan confrontativa con el Poder Ejecutivo se publicó sin firmas, sólo con el nombre de las entidades. El apurado documento ni siquiera consigna que la Comisión de Protección de la Independencia Judicial es coordinada por las juezas de la Corte Suprema Elena Highton y Carmen Argibay Molina.
La agencia de noticias que mencionan los jueces es una creación de Lorenzetti, quien designó para dirigirla a la ex periodista de los grupos Hadad y Clarín, María Bourdin, quien en mayo de 2010 llamó “madre adoptiva” a una mujer que había sido procesada como apropiadora del hijo de dos detenidos-desaparecidos. El portal no omite en texto y video ni un suspiro del jefe de la oposición en la Justicia, Ricardo Recondo, miembro de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial e integrante del lobby militar-judicial que en la década del 80 se formó para frenar el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad. Bourdin es abogada de la Universidad Católica de Santa Fe y tiene un master en periodismo otorgado por el Grupo Clarín. Realizó cursos de perfeccionamiento en el CATO Institute (financiado por las mayores empresas petroleras y tabacaleras y próximo al Tea Party) y en el Institute for Humane Studies, fue columnista de la Asociación Interamericana de Prensa Económica, AIPEnet, y del diario español Libertad Digital, todos ellos institutos y medios de la ultraderecha liberal, que consideran inadmisible cualquier regulación estatal de la economía.
Sólo en octubre de 1945 y marzo de 1962, el Poder Judicial se asumió de modo tan nítido como actor político. En el primer caso, quienes habían participado en la marcha de la Constitución y la Libertad del 17S reclamaron que se transfiriera el poder a la Corte, y el líder radical Amadeo Sabattini sugirió que el Procurador General Juan Alvarez asumiera el Poder Ejecutivo. Alvarez intentó formar gabinete y llevó su propuesta a la Casa Rosada en la tarde del 17O, pero ni pudo entrar porque ese mismo día la historia dispuso otra cosa. En marzo de 1962, cuando la Junta de Comandantes depuso y arrestó al presidente Arturo Frondizi, el presidente de la Corte, Horacio Oyhanarte, se adelantó al general golpista Raúl Poggi y puso en funciones al presidente del Senado José María Guido. La gravedad de ambos momentos destaca por contraste el absurdo planteo de la corporación judicial que intenta generar una crisis cuando funcionan a pleno las instituciones, más allá de la idea que cada uno pueda tener del estilo de algún funcionario. La idea de que las recusaciones y las denuncias penales contra determinados jueces constituyan una agresión institucional a un poder del Estado es extravagante, como si éstos no fueran mecanismos legítimos que pueden articular las partes en un juicio. Lo mismo puede decirse de la pretensión de que el escrutinio público del desempeño de esos o de otros jueces pueda considerarse como “campañas difamatorias”. La invocación al artículo 109 de la Constitución (aquel que proscribe al Poder Ejecutivo “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”), completa el dislate. Aunque digan lo contrario, los jueces están reivindicando un privilegio corporativo. Así como no pagan impuesto a las ganancias, tampoco admiten la respuesta pública a sus decisiones.
La prórroga de la medida cautelar que impide la aplicación de dos artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual hasta que una sentencia definitiva se pronuncie sobre su constitucionalidad, concedida ayer al Grupo Clarín por la sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y lo Comercial, integrada por jueces recusados, completa el cuadro de situación. Por un lado, ese fallo desmiente la afirmación del documento de que los “mecanismos directos o indirectos de presión” que atribuye al gobierno, hayan afectado la independencia de los jueces. Por otro, pone en evidencia la profundidad del compromiso con los intereses particulares que no admiten someterse a las leyes. Al cierre de esta edición, el Poder Ejecutivo preparaba un recurso para que la propia Corte Suprema, que hace pocos meses dijo que la cautelar vencía el 7D, resolviera la cuestión hoy mismo. Lorenzetti aduce que la Corte recién podrá reunirse el lunes para considerar el pedido, porque Maqueda tiene hora con el médico, Raúl Zaffaroni está en Colombia y Elena Highton festeja hoy su 70º cumpleaños.
La quinta columna
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/164539-52612-2011-03-20.html
Por Horacio Verbitsky
La solicitud suiza fue recibida por el Coordinador de Cooperación Internacional en Materia Penal de la Cancillería, Diego Martín Solernó, quien detectó que no se cumplieron los requisitos que fija el tratado de cooperación y los reclamó a Suiza. Pese a ello, envió el requerimiento a la Justicia, y ni siquiera avisó a las autoridades de su ministerio. Algo similar hizo la agencia de noticias de la Corte Suprema de Justicia, CIJ. El texto de la fiscal Bino dice que el Ministerio Público helvético abrió una causa “contra personas desconocidas por blanqueo de dinero”. La directora del CIJ, María Bourdin, tituló el jueves que se investigaba a los Moyano, padre e hijo, información que de inmediato fue levantada por el portal de noticias de Daniel Hadad, Infobae. Si algún delito real estuviera en investigación, esa nota del CIJ la habría obstaculizado, al hacerla pública en forma prematura. Pero es ostensible que sólo se buscaba el impacto mediático. El viernes, el fiscal Jorge Di Lello dictaminó que el juez federal Norberto Oyarbide podía responder siempre que Suiza adjuntara la información solicitada por la Cancillería argentina. Es decir, no todavía. Sin embargo, Bourdin tituló la información del CIJ en forma opuesta: “El fiscal Di Lello dio curso al exhorto enviado desde Suiza por causas vinculadas a Hugo Moyano”. De inmediato esa información fue reproducida por los portales de Infobae y de Clarín. Bourdin trabajó para ambos medios, en el caso de Hadad aún después de su designación en el portal creado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Fue Lorenzetti quien ordenó a Bourdin que dejara de aparecer en los programas de la señal C5N después de recibir reclamos de otros periodistas que lo consideraban una competencia desleal. Sin explicaciones, pocos minutos después la información falsa sobre el fiscal Di Lello desapareció de la agencia de noticias judicial y fue reemplazada por la información del primer día y así seguía ayer. Cuando Oyarbide siguió el criterio de Di Lello y reclamó a Suiza la información faltante, el CIJ no se dio por enterado. Tampoco informó el viernes sobre el procesamiento dictado en Mendoza por el juez Walter Bento contra los camaristas Luis Miret (destituido hace una semana por el Consejo de la Magistratura), Otilio Romano y Guillermo Max Petra Recabarren, como partícipes en delitos de lesa humanidad. El de esta semana no es el primer incendio generado por Bourdin, que Lorenzetti debió apagar antes de que se propagara. El 10 de mayo pasado, Bourdin llamó “madre adoptiva” de un nieto recuperado a una mujer que había sido procesada como apropiadora. También en ese caso, la información fue modificada minutos después. El portal no omite en texto y video ni un suspiro del jefe de la oposición en la Justicia, Ricardo Recondo, integrante del lobby militar-judicial que en la década del 80 se formó para frenar el avance de las causas por crímenes de lesa humanidad. Bourdin es abogada de la Universidad Católica de Santa Fe y tiene un máster en periodismo otorgado por el Grupo Clarín. Según su biografía oficial, realizó cursos de perfeccionamiento en el CATO Institute y en el Institute for Humane Studies, fue columnista de la Asociación Interamericana de Prensa Económica, AIPEnet, y del diario español Libertad Digital, todos ellos institutos y medios de la ultraderecha liberal. El CATO Institute auspicia el viaje que el mes próximo hará Mario Vargas Llosa a Buenos Aires, en su cruzada contra el populismo latinoamericano. También el subdirector del CIJ, Pablo Méndez, el subeditor, Sebastián El Chapo Aguirre y la redactora Lucía Villalbi provienen de la escudería Hadad. Méndez tiene una maestría en periodismo otorgada por La Nación. Una estimable iniciativa de difusión se ha convertido así en un arma que se utiliza contra el gobierno nacional y sus políticas con el mismo desparpajo que los medios privados, con los cuales coordina las respectivas coberturas.
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