lunes, 10 de diciembre de 2012

LO QUE VIENE EN RELACIÒN A LA LEY DE MEDIOS


JUSTICIA Y POLITICA, CON LA CAUTELAR DE CLARIN COMO CATALIZADOR

Entre Navidad y Año Nuevo

La Corte rechazará la nulidad que pidió la Afsca y no se avocará per saltum. Pero por el recurso extraordinario dará sentencia entre Navidad y Año Nuevo. Las candidaturas presidenciales del juez Lorenzetti, del infotainer Lanata y, tal vez, del economista Lavagna, hablan de la crisis de la oposición. La pugna con el Grupo Clarín tiene una dimensión simbólica, porque enfrenta a los poderes fácticos y las instituciones estatales, incluyendo la judicatura, que es el Poder de la minoría con poder.
 Por Horacio Verbitsky en Pàgina12 09-12-12
La Corte Suprema se reunirá mañana para tratar los recursos presentados por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la jefatura de gabinete de ministros. Es imposible que declarare nula la medida cautelar en ejercicio de sus funciones de superintendencia, como pidió la AFSCA. La jefatura de gabinete de ministros solicitó el avocamiento de la Corte por salto de instancia, pretensión que también sería rechazada ya que al haber fallado el tribunal superior de la causa no habría verdadero per saltum. En cambio, la Corte aceptaría el recurso extraordinario, que la jefatura deberá presentar ante la misma sala que prolongó la cautelar. Pero en ese caso, debería dar vista sucesiva por diez días a ambas partes, lo cual llevaría la sentencia a una fecha intermedia entre la Navidad y el Año Nuevo. En los primeros contactos entre los jueces sí hubo acuerdo en señalar que la Cámara se había extralimitado al contradecir lo que ya dijo la Corte en mayo sobre la duración del proceso de adecuación a la ley. Antes podría producirse la sentencia definitiva del juez Horacio Alfonso. Cualquiera sea su decisión, cuando una de las partes apele, la sentencia quedará en suspenso. Ahí sí procedería el recurso directo a la Corte Suprema, salteando a la Cámara que prorrogó la cautelar. Cuando por fin el Grupo Clarín deba adecuarse a los topes legales, no perderá su poder político ni simbólico: en la línea sugerida por su fastidiado socio minoritario, Fintech Advisory, debería desprenderse de su paquete accionario en Cablevisión pero conservaría su señal de noticias TN, su radio Mitre y su canal 13 de televisión abierta.
Lo-La-Lá
La semana pasada se anunciaron dos candidaturas presidenciales y un posible frente antikirchnerista. Postuló al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, su colega Carlos Fayt durante un almuerzo en el Club del Progreso, que preside el dirigente radical Guillermo Moreno Hueyo. El infotainer Jorge Lanata anunció la suya en una entrevista biográfica con Luis Majul. Y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna plantó bandera de un Frente de Centro del que no negó que podría ser candidato, si bien como corresponde a un hombre tan elegante dijo que hablar de eso le parecía una nimiedad. Estos preparativos políticos coinciden con el momento más tenso de una confrontación de alto valor simbólico entre el gobierno nacional y una de las mayores empresas del país con ramificaciones profundas dentro del Poder Judicial. Aunque lo que se discute es si prevalecerán los poderes fácticos o las instituciones del Estado, la astucia empresarial instala el contraste en otros términos. El CEO del gigante mediático, Héctor Magnetto, le dijo al diario estadounidense New York Times que “lo que está en juego no es Clarín sino la democracia”, frase que Lanata repitió ante la SIP en el Congreso. Lorenzetti, Lanata, Lavagna: ¡Lo-La-Lá!
El grupo de la embajada
Una eventual candidatura de Lorenzetti como vicepresidente de Julio Cobos ya había sido mencionada en enero de 2010 por el ex diputado radical Daniel Katz. Lorenzetti dijo que la versión, que negó, pretendía afectar su imagen de imparcialidad. Una semana antes de la aclaración, la embajadora de los Estados Unidos, Vilma Martínez, había informado con entusiasmo a su gobierno que el presidente de la Corte formaba parte de un grupo secreto que procuraba superar “la desunión de la oposición” al kirchnerismo y “desarrollar una agenda en común para el mediano plazo”. La diputada macrista Gabriela Michetti le dijo que ese grupo se reunía en secreto desde mediados de 2008 (que es cuando se produjo el blooper histórico de Cobos) y además de Lorenzetti y ella lo integraban el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; el diputado de Wall Street Alfonso de Prat Gay; el entonces presidente de la Unión Cívica Radical, Ernesto Sanz; varios hombres de negocios y banqueros. Cuando Wikileaks sacó a luz la historia de ese grupo el año pasado, Lorenzetti no desmintió su pertenencia. La fuente sobre una eventual candidatura de Lorenzetti es ahora alguien de excelente relación con el presidente del tribunal. Al borde de los 95 años, Fayt dijo lo que creyó que agradaría a su colega. La semana pasada, Lorenzetti impulsó junto con Juan Carlos Maqueda la durísima declaración corporativa que consideró las recusaciones y las denuncias penales contra determinados jueces una agresión institucional y las opiniones públicas sobre su desempeño “campañas difamatorias”, y culminó pidiendo espacio en los medios de comunicación para que “el Poder Judicial” polemizara con los funcionarios políticos. En abril de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner exigió que la Cámara de Casación Penal dejara de obstruir y demorar los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado y promovió el juicio político de su presidente, Alfredo Bisordi, quien respondió que nunca había visto un gobierno que se entrometiera de forma tan explícita en la tarea de los jueces. Entonces, la Corte declaró (en un texto sin firma, igual que el de la última semana) que el control republicano de la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado “debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos, a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial”. El tono de aquella filípica era dulce al lado de la que Lorenzetti y Maqueda impulsaron ahora.
Monocracia y poliarquía
En una “tesis sobre judicatura y división de poderes”, que hizo circular entonces como reflexión personal, el ex secretario de la Corte y actual camarista platense Leopoldo Schiffrin se preguntaba qué llevó al “estamento judicial” a sublevarse en defensa de Bisordi, “hasta obligar a la Corte Suprema a un acto que la colocó junto con los enemigos más declarados de la línea política presidencial ¿Cuándo una Corte Suprema había amonestado a un Presidente?”. Las reflexiones de Schiffrin sólo han ganado valor y actualidad desde entonces. Sostiene que la mayor parte de la magistratura integra el bloque de poder dominante económico e ideológico-comunicacional que está en tensión relativa con la organización política-estatal y “cuya Biblia es el diario La Nación”. Para Schiffrin el poder formal del Estado “lucha (por momentos) por lograr alguna autonomía, por no ser un simple instrumento de aquel poder fáctico”. La “retórica sobre la democracia constitucional habla de las ‘idealidades’ de la Constitución como si fueran normas efectivas y generalmente cumplidas desde hace mucho tiempo”. En la Argentina, agrega, “el sistema presidencialista real es una monocracia (que no es dictadura) atemperada por el sistema federal y por la poliarquía, significada por innumerables instancias sociales”. En este contexto la justicia podría ser uno de “los factores políticos formales-sociales que atemperen la monocracia, pero, en vez de ello, sigue siendo un organismo burocrático incluido entre los poderes fácticos del bloque dominante”. Si algún juez quisiera asomarse a la “normalidad” y no a la “normatividad” constitucional, no encontraría “la supuesta división de poderes ni tampoco la independencia judicial”. La realidad le mostraría que además del monocrático poder del Estado y el poder fáctico del bloque dominante, también actúan “múltiples instancias sociales como diversas formas sindicales, múltiples ONG, cooperativas, movimientos de base, comunidades religiosas no católicas o católicas alejadas del bloque jerárquico de la Iglesia, y muchas otras”. Si la judicatura quisiera dejar el bloque social dominante y se transformara en el campo de contención, promoción y articulación de los intereses y derechos que esos grupos ajenos al sistema principal de dominación tratan de representar, sin perder su carácter estatal obtendría una sustancia autónoma y se erigiría como un contrapoder respetado. Sólo tendrá otros horizontes y perspectivas si varía su relación con la sociedad civil y remueve “la ideología según la cual la imparcialidad de los jueces consiste en la indiferencia afectiva frente a los conflictos humanos y valorativos que se le presentan”. Esa es la gran tarea pendiente a la que Lorenzetti alude en sus discursos magistrales y realiza en algunas intervenciones estimables de la Corte, pero que no puede emprenderse sin batallar con la concepción corporativa, que resplandece en el comunicado de esta semana.
La crisis como ilusión
La candidatura de Lanata también se conoció por un vocero amistoso, en este caso el columnista de La Nación Luis Majul, quien esta semana presentará una biografía del columnista del Grupo Clarín. Lanata “aceptaría una candidatura a presidente en condiciones extraordinarias: por ejemplo, si la Argentina estuviera en peligro de ingresar en una crisis parecida a la de diciembre del año 2001”. En el actual estado del país la frase sólo puede interpretarse como una expresión de deseos, la misma que anima a Hugo Moyano y Pablo Micheli, jefes de las agrupaciones sindicales empeñadas en lo que Micheli llamó una guerra nuclear con el gobierno. Ellos y tal vez también Luis Barrionuevo marcharán sobre la Plaza de Mayo nada menos que el 19 de diciembre, aniversario de la sublevación popular ante una recesión de cuatro años, un desempleo que pasaba del 20 por ciento, la oclusión de cualquier forma de supervivencia popular como efecto colateral del corralito y la declaración del estado de sitio para reprimir la protesta, lo que causó tres docenas de muertes. Con un apreciable grado de honestidad intelectual, el ex candidato de la UCR a presidente, Ricardo Alfonsín, admitió que CFK “gana porque a la gente le va bien” y reconoció que “es difícil enamorar a la sociedad cuando está enamorada de una mejora económica extraordinaria”, que atribuyó “no sólo a mérito del oficialismo sino también a las circunstancias del mundo”, opuestas a las que debió enfrentar el gobierno de su padre. En una ruta paralela a la de Alfonsín, una declaración de Navidad del Grupo de Curas en Opción por los Pobres destacó que el Estado ha intentado con éxitos, fracasos y cuentas pendientes pasar de ser sólo benefactor o asistencialista a promover y garantizar los derechos para vivir una democracia más igualitaria. Los curas celebran lo que llaman “las buenas noticias”, aunque señalan que coexisten con la vieja política:
1 un crecimiento de la participación de los asalariados del 34% al 44% del PBI;
2 menos gente ociosa en los barrios y pueblos porque se crearon 5 millones de puestos de trabajo;
3 la incorporación al sistema jubilatorio de 2,4 millones de abuelos que no tenían los aportes suficientes;
4 la Asignación Universal a 3,6 millones de hijos de padres deso-cupados o con trabajo informal y a madres embarazadas, permitió que las familias estén más cerca de sus hijos.
5 se otorgaron 250.000 microcréditos a la economía social y solidaria, en su mayoría a mujeres y menores de 35 años, para la adquisición de capital de trabajo;
6 los guardapolvos blancos y chicos escolarizados en los barrios, confirman los datos de la UNESCO: la Argentina, Cuba y México son los únicos países de América Latina con un índice menor al 1 por ciento de no escolarizados, superando a Estados Unidos, Noruega y Finlandia;
7 los jóvenes participan en cursos de capacitación radial y así se abren las puertas de la información para todos y todas;
8 en Santiago del Estero, las radios comunitarias permitidas por la anhelada ley de medios frenaron el flujo de vinaza, residuo tóxico de los ingenios azucareros de Tucumán que contaminan los corredores pluviales;
9 las netbooks abren a cientos de miles de adolescentes pobres y relegados un nuevo modo de relacionarse y crecer y nuevas puertas al conocimiento;
10 las comunidades se van apropiando de los centros integradores comunitarios (CIC), allí donde muy pocos pueblos tenían un lugar de encuentro para todos, y los habitan con sus actividades propias, como la salud en manos de la comunidad;
11 las viviendas populares, la erradicación de ranchos y el Plan Federal generan empleo y una mayor infraestructura en las comunidades rurales;
12 becas estudiantiles, tutorías, metodologías innovadoras y populares, casi mil Escuelas del Bicentenario, Jardines de Infantes, computadoras, materiales didácticos, capacitaciones, las posibilidades de terminar el primario y el secundario; las paritarias docentes que dan reconocimiento a lxs trabajadorxs de la educación;
13 la asistencia a la familia rural y la indispensable presencia del Estado en zonas donde nunca antes había llegado promueven el protagonismo del pequeño y mediano productor mediante la electrificación rural, construcción de aljibes, pozos de balde, represas, viviendas, entrega de semillas para forrajes, etc.
Todos contra Cristina
En la huella de Marcelo Torcuato de Alvear que en 1922 fue electo presidente mientras vivía en París, Roberto Lavagna eligió la capital francesa para proponer lo que denominó un Frente de Centro que impida la reforma constitucional que habilitaría una nueva candidatura de CFK. Lo hizo en un reportaje con Clarín, en el que dijo que sólo quedarían excluidos “un izquierdismo poco serio que cree que el beneficio es un pecado” y un “conservadurismo retrógrado, al que la sola existencia de la pobreza lo molesta”. Clarín le preguntó si el 8 y el 20N eran anticipos de una crisis y Lavagna respondió que no, si se piensa en la de 2001, que fue la peor en más de un siglo. Pero afirmó que había un deterioro y que una parte de la sociedad había decidido poner límites. El problema es que “esta enorme manifestación no tiene una canalización política”, que es lo que Lavagna le ofrece. Igual que Bartolomé Mitre en sus declaraciones en Brasil, Lavagna cree que el eje será el peronismo. A sugerencia de Clarín, admitió entre posibles integrantes de ese frente a Daniel Scioli, Maurizio Macrì, Hugo Moyano, José De la Sota, pero también a Hermes Binner y Ernesto Sanz. Como el grupo informal que entusiasmó a la embajada estadounidense; como el que se reunía en la Unión Obrera de la Construcción a mediados de 2010, con la intención de conformar para el año siguiente las fórmulas Scioli-Urtubey y Sanz-Michetti; como la mesa que por la misma época tendió Magnetto en su casa para Eduardo Duhalde, Carlos Reutemann, Francisco de Narváez, Felipe Solá y Maurizio Macrì, el objetivo es todos contra Cristina, sin comprender la sencilla lógica expuesta por Ricardo Alfonsín y corroborada por los curas en opción por los pobres.

El Poder de la Minoría

 Por Horacio Verbitsky
Las declaraciones de jueces, políticos y periodistas de la oposición “en defensa de la independencia del Poder Judicial”, omiten cualquier referencia al origen del poder de la Justicia en Estados Unidos, cuyo modelo importó la Argentina. Al respecto son muy ilustrativas las opiniones del constitucionalista Roberto Gargarella. Sostiene que el poder conferido a la justicia fue la respuesta del establishment al “poder e influencia de la ciudadanía sobre las legislaturas locales”, que dispusieron “medidas económicas perjudiciales para los sectores más acomodados de la sociedad”. Sobre las legislaturas se ejercía la presión de las asambleas populares, que resistían el acoso judicial de los acreedores por las deudas que agobiaban al pueblo. La clase dirigente tradicional vivió como “una afrenta inaceptable” que las legislaturas avalaran esos reclamos. La conexión “entre la voluntad de las asambleas populares y los votos de las asambleas legislativas, constituía una temible novedad para la clase dirigente de entonces”. Alexander Hamilton llegó a sostener que “la tiranía más opresiva” era la que emanaba “de una mayoría victoriosa” con lo cual el poder democrático de las legislaturas pasaba a ser un “instrumento de tiranía y opresión”. Las mayorías tenían una propensión a dejarse seducir por “demagogos y politiqueros”. Estos conceptos fueron expresados en la Convención Constituyente por James Madison, para quien “cuando una mayoría se encuentra unida por un sentimiento común y tiene la oportunidad, los derechos de la parte minoritaria pasan a estar inseguros”. Escribe Gargarella: en los albores de la organización del poder judicial se asumía que las mayorías actuaban con desmesura e imprudencia y que “existían minorías que debían ser especialmente protegidas”. Y aclara que esto se refería “a uno, y sólo a uno, de los posibles grupos minoritarios de la sociedad: el grupo de los acreedores, o grandes propietarios. Claramente, además, no se estaba hablando de un grupo sin poder efectivo, sino del núcleo de los más favorecidos de la sociedad”. Se plantearon en la Convención Constituyente dos principios fundamentales: las asambleas legislativas necesitaban urgentemente de instituciones y mecanismos que les sirvieran de freno y los miembros del poder judicial debían formar parte “de un grupo selecto y fiable”, para limitar “los atropellos legislativos”. Madison escribió en El Federalista que los jueces en la nueva Constitución iban a ser “conocidos personalmente por una pequeña fracción del pueblo” y que por la manera de su nombramiento y la naturaleza y duración de su mandato se encontrarían “demasiado lejos del pueblo para participar de sus simpatías”. Los padres fundadores norteamericanos desconfiaban de cualquier “apelación a la ciudadanía, dada la tendencia de la misma a dejarse guiar por sus pasiones”. Por eso atribuyeron a los jueces la facultad de contradecir al Poder Legislativo con sus fallos y se preocuparon por estructurar el poder judicial de modo que las decisiones de sus miembros fueran “completamente independientes de las decisiones a las que pudiese llegarse a través del debate público”. Ya en el siglo XX el comentarista constitucional Alexander Bickel cuestionó ese “carácter contramayoritario” del poder judicial y sostuvo que Hamilton y el cuarto presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, John Marshall, invocan al pueblo para justificar la revisión judicial cuando, en realidad, lo que hacen es justificar una frustración de esa voluntad. Los jueces “ejercen un control que no favorece a la mayoría prevaleciente, sino que va contra ella”. Concluye Gargarella: “A través de su inevitable tarea interpretativa, los jueces terminan, silenciosamente, tomando el lugar que debería ocupar la voluntad popular”. Su texto no fue publicado ahora sino en 1996, en el libro La justicia frente al gobierno. Sobre el carácter contramayoritario del poder judicial.

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