Los vuelos de la ESMA y los que falta investigar
En la megacausa de la ESMA que comenzó la semana pasada, se juzgará por primera vez a pilotos que participaron en vuelos para exterminar secuestrados. Si bien hay testimonios de otros casos, no hay imputados.
Por Diego Martínez en Página12 03/12/2012
Los vuelos de la muerte, denunciados por Rodolfo Walsh en el primer aniversario del golpe de Estado, llegaron a juicio 35 años después. El modo en que se instruyeron verdaderas megacausas derivó en que los primeros imputados por su actuación específica en la fase final del proceso de exterminio y desaparición de la dictadura no sean quienes impartieron órdenes a aviadores y tripulantes, cuya responsabilidad es más simple de probar, sino marinos y prefectos acusados como ejecutores directos: tres por confesiones en privado, tres por documentos que sobrevivieron a la destrucción planificada de pruebas. Mientras el Tribunal Oral Federal Nº 5 que juzga a represores de la ESMA se dispone a escuchar a testigos de relatos macabros en primera persona y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa identificando víctimas que el mar devolvió a las costas, sigue pendiente la imputación de quienes integraban estructuras superiores y cadenas de mando por encima de los autores materiales.
El método de arrojar personas desde aviones y helicópteros lo aplicaron las tres fuerzas armadas y varias fuerzas de seguridad, incluso antes del golpe de Estado. El suboficial Luis Martínez declaró en 1981 que grupos de tareas de Seguridad Federal interrogaban a los secuestrados en el tercer piso de Azopardo 680 y luego recurrían a vuelos nocturnos que despegaban desde un sector de aeroparque custodiado por la Fuerza Aérea. “Estos hechos se remontan a 1975-1976 porque luego comenzó a funcionar Club Atlético”, precisó. Tomás Francisco Toconas, militante del PRT secuestrado el 26 de junio de 1975 en Monteros, Tucumán, fue asesinado y arrojado desde un helicóptero, y terminó enterrado como NN en el cementerio de Pozo Hondo, Santiago del Estero. El coronel Albino Zimmermann, jefe de policía de Antonio Bussi, llegó a jactarse en reuniones familiares de haber tirado a guerrilleros desde helicópteros a los montes tucumanos.
Poco después del golpe de Estado comenzaron aparecer cuerpos en las playas. A fines de abril de 1976, el océano devolvió seis cadáveres en un balneario de Rocha, Uruguay. El séptimo apareció el 1º de mayo, 150 kilómetros al norte, y fue identificado hace apenas dos meses: es Luis Guillermo Vega Ceballos, chileno, militante del PRT, secuestrado en La Boca el 9 de abril. Con ese dato se rastrearon las huellas dactilares de militantes caídos junto con Vega Ceballos, un perito de Prefectura viajó a Rocha y del cotejo con las huellas tomadas al primer grupo se identificó a Nelson Valentín Cabello Pérez, también chileno. No se conocen testigos de sus cautiverios y se ignora dónde estuvieron.
A mediados de mayo de 1976, siempre en Uruguay, aparecieron los cuerpos atados y torturados de María Rosa Mora y Floreal Avellaneda, secuestrados un mes antes en Vicente López. Las huellas dactilares de Mora y el tatuaje con las iniciales de Floreal permitieron identificarlos. El joven de 15 años fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. Días después aparecieron tres cuerpos en Colonia. Uno fue identificado este año: se trata de Roque Orlando Montenegro, que había sido secuestrado en febrero junto a su mujer, quien continúa desaparecida, y a su hija. Aquella niña, Victoria Montenegro, fue robada y criada con una identidad falsa por el coronel Herman Tetzlaff, oficial de Inteligencia destinado en Campo de Mayo.
Ex jerarcas del que fuera el mayor centro clandestino del país fueron condenados por el caso Avellaneda, entre otros. Los ex miembros del Batallón de Aviación 601, de Campo de Mayo, en cambio, siguen impunes. La investigación judicial se activó el año pasado con la llegada de la jueza federal Alicia Vence, que les tomó declaración a casi 400 conscriptos. Varios recordaron haber visto hombres y mujeres con vendas y capuchas a quienes descargaban de camiones y subían a helicópteros y aviones con destino desconocido. Del resto de los cuerpos aparecidos en costas uruguayas en 1976, el único identificado fue Horacio Adolfo Abeledo, estudiante de Antropología y militante del PRT. Abeledo fue secuestrado el 21 de julio y su cadáver, junto a otros tres, apareció en Colonia en septiembre. Su identidad se conoció el año pasado y se ignora dónde estuvo en cautiverio.
En marzo de 1977, antes de caer acribillado, Walsh denunció en su Carta Abierta a la Junta Militar que “entre 1500 y 3000 personas han sido masacradas en secreto”, sugirió que los cuerpos aparecidos en Uruguay eran parte “del cargamento de torturados hasta la muerte en la ESMA” y apuntó que se arrojaban “prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea” de El Palomar. Los testimonios de 33 conscriptos le permitieron al fiscal Federico Delgado confirmar el dato: hubo vuelos de la muerte que partieron de El Palomar y se hicieron desde aviones Hércules C-130 y Fokker F-27. El juez Daniel Rafecas hizo suyas las conclusiones de la investigación, que incluyó más de 600 testimonios de colimbas y empleados civiles, pero ni el jefe de la base está imputado por ese delito. El motivo: no hay víctimas identificadas.
En junio y julio de 1977 se produjeron los dos vuelos que confesó el ex capitán Adolfo Scilingo, el único represor que admitió públicamente su participación. El primero fue en un avión Skyvan de Prefectura, el segundo en un Electra de la Armada, y ambos partieron desde Aeroparque. Por esas treinta ejecuciones, el marino fue condenado en España, donde purga una pena de 1084 años de prisión. El civil Gonzalo Torres de Tolosa y el capitán Carlos Daviou, mencionados por Scilingo como partícipes de los vuelos, integran la lista de 68 acusados del megajuicio que comenzó la semana pasada. A 18 años de la confesión, ningún miembro de la estructura de conducción de la aviación naval o de Prefectura, partícipes de la asociación ilícita que además trasladó por todo el país a personas privadas ilegalmente de su libertad, fue indagado por su aporte de aviones y hombres al terrorismo de Estado.
A fines de 1977 aparecieron en costas de San Bernardo y Santa Teresita los cuerpos de varios familiares de desaparecidos secuestrados en la Iglesia de la Santa Cruz, el 12 de diciembre. El EAAF identificó a la monja francesa Léonie Duquet, a Angela Aguad y a tres de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Una investigación de la Procuración General de la Nación, a partir de las planillas de vuelos que Prefectura le entregó al fiscal Miguel Angel Osorio, permitió el año pasado dar por primera vez con el registro de un vuelo de la muerte: el Skyvan PA-51 despegó de Aeroparque el 14 de diciembre de 1977 a las 21.30, dos horas después de que las monjas francesas fueran obligadas a fotografiarse con una foto de Montoneros detrás para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada. El avión voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, y volvió al punto de partida. De las 2758 planillas aportadas por Prefectura, es la única que tiene por objetivo la “navegación nocturna”. Tres de los cuatro tripulantes rinden cuentas ante el TOF Nº 5: son los pilotos Enrique De Saint George, Mario Arru y Alejandro D’Agostino. El cuarto era el mecánico David Fernández, ya fallecido. Los superiores de los acusados, incluido el prefecto Hilario Fariña, ex jefe del Departamento de Aviación de Prefectura, entrevistado por Página/12 el año pasado, todavía no fueron citados a indagatoria.
El 18 de febrero de 1978 apareció en Las Toninas el cuerpo de Roberto Arancibia, ex miembro del comité central del PRT y fundador del ERP. Había sido secuestrado en mayo de 1977 y fue visto en cautiverio en Campo de Mayo. En diciembre de 1978, el mar arrojó en playas bonaerenses los cadáveres de los últimos cautivos del Olimpo, de los cuales nueve fueron identificados. La semana pasada, el juez Rafecas procesó como partícipes necesarios de los homicidios a los represores que los tuvieron en su poder hasta el momento del “traslado”. La principal pista sobre los ejecutores directos la aportó en 1995 el ex gendarme Federico Talavera, ex guardia del Olimpo, quien admitió que cada veinte días y hasta que se cerró ese centro clandestino, transportaba a secuestrados adormecidos en un camión Mercedes-Benz rumbo a la base de El Palomar, donde los cargaban en un Hércules de la Fuerza Aérea. Dispuesto a hablar en televisión en los viejos tiempos de impunidad menemista, ahora el paradero de Talavera es para la Justicia un misterio.
Secretos y confesiones
Algunos fanfarronearon y provocaron el horror de sus oyentes. Otros hicieron alarde ante medios de comunicación. Ante la Justicia trataron de negarlo.
Tres confesiones en ámbitos privados, relatadas bajo juramento por testigos directos, llevaron a otros tantos marinos al banquillo de los acusados por su participación en vuelos de la muerte. Emir Sisul Hess y Rubén Ricardo Ormello hablaron ante compañeros de trabajo cuando todavía regían las leyes de impunidad. A Julio Alberto Poch le jugó una mala pasada la canilla libre en un restaurante de la Isla de Bali, en Indonesia, y una conversación sobre el papá de la princesa Máxima, Jorge Zorreguieta, ex secretario de Agricultura de la dictadura. Tanto el juez federal Sergio Torres como la Cámara Federal porteña privilegiaron el valor de las confesiones frente a la deliberada destrucción de pruebas por parte la Armada. La última palabra la tendrá el Tribunal Oral Federal N° 5.
Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada y prestaba servicios en el área militar de la base de Ezeiza. Su confesión la relataron ante Página/12 y luego ante el juez sus ex compañeros de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’, con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos y cuando ya estaban listos salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello”, según reconstruyó un operario.
Hess integró en 1976 y 1977 la Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, con asiento natural en la base aeronaval Comandante Espora, Bahía Blanca, denunciada desde 1984 por el cabo Raúl Vilariño como una cobertura de represores de la ESMA. Aviador naval y paracaidista, Hess se retiró en 1991 y pasó a gerenciar un complejo turístico en Villa La Angostura, donde ocurrieron sus confesiones. “Contaba en tono burlón cómo las personas pedían por favor y lloraban”, declaró uno de sus empleados. “Dijo que las arrojaban al Río de la Plata y que él era piloto. Nombró como compañero a (Ricardo Miguel) Cavallo. Decía que los vuelos salían de Palomar o Morón, que les ponían una bolsa en la cabeza, los subían a aviones y los trasladaban hasta que eran arrojados”, contó. Cuando el juez Juan José Galeano comenzó a investigar se topó con un segundo testigo. “Hablaba con bronca y resentimiento. Tenía necesidad de hablar, un tipo íntimamente trastornado”, recordó.
–¿No sentía lástima por esa gente? –dijo que le preguntó.
–No, no sufrían. Los llevaban dopados y los tiraban al río –respondió Hess–. Eran tipos muy pesados. Esos boludos no sabían a dónde iban a parar: al Tigre, al Riachuelo o al Río Paraná. Iban cayendo como hormiguitas.
Los testigos de la confesión de Poch, desmenuzada en los procesamientos, son pilotos de la aerolínea holandesa Transavia.
–¡Qué espantoso que hayas tenido que hacer eso! –reaccionó Tim Weert cuando Poch relató los vuelos en primera persona, en 2003.
–Ustedes no saben nada. Tienen que comprender que era una guerra, donde muere gente de ambos bandos –dijo el marino.
–Por Dios, ¿cómo pudiste colaborar en eso? –insistió Weert.
–Eran terroristas de izquierda. No merecían nada mejor.
–¿Por qué no devolvieron los cuerpos a sus seres queridos, a esas Madres de las pancartas?
–Deberían haber sabido que sus hijos eran terroristas. Deberíamos haberlos matado a todos –afirmó Poch.
–Es un modo inhumano de matar gente.
–Estaban drogados –justificó.
Cuando Edwin Brouwer preguntó cómo lo había hecho “Julio estrechó su mano derecha horizontalmente hacia adelante e hizo un movimiento rotatorio”, recordó. “El costado derecho de su mano se inclinó un poco hacia abajo. Aún se lo veo hacer”, contó a la Justicia. “Julio fue muy auténtico y hasta hoy creo su historia”, dijo Weert. “Hay personas que saben más y no se atreven a comparecer”, agregó.
Cuando la Cámara Federal marcó la necesidad de reforzar la prueba, el juez Torres cursó cuestionarios para una docena de testigos en Holanda. De los ocho preparados por Gerardo Ibáñez, abogado de Poch, siete no habían estado en el restaurante donde ocurrió la confesión y el octavo no presenció el diálogo. De los mails de Frederik van Heukelom surgió que había recibido indicaciones sobre qué declarar y consejos para borrar los correos con la estrategia de salvataje. Lo peor para Poch no fue que Weert y Brouwer ratificaran sus relatos sino la aparición de un tercer testigo, que estaba volando y no había podido declarar cuando Torres tomó declaraciones en 2009. Chris Duijker confirmó la confesión y contó que el hijo de Poch, también piloto de Transavia, le pidió que dijera que su padre no había hablado en primera persona del singular sino como “nosotros”, por los marinos. Duijker se negó y declaró la verdad.
El Delta, “el lugar perfecto”
Un pibe de Villa Paranacito, en Islas de Ibicuy, Entre Ríos, se sienta en el muelle familiar sobre el río Paraná para sintonizar una FM con su Tonomac súper platino. El ruido del agua que golpea contra la costa se interrumpe con el sonido grave de las aspas de un helicóptero, que se posa a diez metros de altura, cerca de la desembocadura del desaguadero del Sauce. De repente, golpes: algo cae al río. Más tarde, en un recodo, en una rama, aparecen cuerpos atados de pies y manos. Luego Prefectura Zona Delta, la misma que alojó al prefecto Héctor Febres hasta que el cianuro lo silenció para siempre, se encarga de desaparecerlos. “‘Estaba en política’ (mala palabra), decían cuando preguntábamos. Esto por lo frecuente, aunque sea una aberración injustificable, era considerado normal.” La historia transcurrió durante la dictadura. El relato y la cita se publicaron en 2007 en la revista La Isla del Delta, que se edita en Campana. El protagonista, testigo de la imagen que Charly García propuso recrear para homenajear a las víctimas de los vuelos, amplió su testimonio ante el periodista entrerriano Fabián Magnotta, que lo acaba de publicar en el libro El lugar perfecto. Vuelos de la muerte y desaparecidos en el delta entrerriano (1976-1980), de Ediciones Cinco.
Magnotta inició su investigación en 2003, cuando un policía que en los ’80 había prestado servicios en Villa Paranacito se presentó ante el juez de instrucción de Gualeguaychú para relatar una historia que le había contado una ex novia. Cuando era niña, recordó, fue testigo del entierro de un hombre joven que había sido arrojado desde el aire adentro de un tambor de 200 litros. “Me contó que ese día todos entendieron qué era lo que había en esos tanques que se veían caer desde helicópteros”, declaró. El juez Eduardo García Jurado ubicó a la mujer, que no se presentó ante la citación. Cuando un móvil policial la trasladó al juzgado, negó el relato. Durante el careo con su ex novio, temblando, volvió a negarlo. “Tienen que entender la idiosincrasia del isleño”, explica ante Página/12 Carlos Ferreyra, el pibe de la Tonomac que tardó tres décadas en contar sus recuerdos. “El isleño se mimetiza con el paisaje, es un observador silencioso, no habla”, dice. “Los habitantes del delta tienen miedo hasta hoy”, agrega.
Magnotta recorrió el delta durante años, volvió una y otra vez para ganarse la confianza de los lugareños y recoger testimonios de primera mano. La hipótesis que desarrolla en su libro es que el delta entrerriano, miles de héctareas de ríos pero también montes, esteros y bañados a los que sólo se accede de a pie, fue el lugar elegido por las Fuerzas Armadas para concluir el ciclo secuestro/interrogatorio/ejecución/desaparición. A partir de los testimonios de lancheros, jornaleros y pescadores, armó un mapa de los lugares donde se encontraron cuerpos o se los vio caer al vacío. Hay menos de cien kilómetros de Buenos Aires, apenas 15 o 20 minutos de avión, apuntó, y destacó la reiterada respuesta de Prefectura cada vez que algún vecino decidió anoticiarla: “usted no vio nada”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario