lunes, 10 de diciembre de 2012


Lo que la SIP silenció

  Por Roberto Caballero. En 2010 varios periodistas ya habían denunciado ante el organismo los ataques del Grupo Clarín.  En el Senado de la Nación, ante un grupo de periodistas opositores, la entidad patronal que agrupa a dueños de diarios de toda América, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció finalmente contra la Ley de Medios y volvió a denunciar, con total libertad, que en la Argentina la libertad de expresión está amenazada.


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 En el Senado de la Nación, ante un grupo de periodistas opositores, la entidad patronal que agrupa a dueños de diarios de toda América, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció finalmente contra la Ley de Medios y volvió a denunciar, con total libertad, que en la Argentina la libertad de expresión está amenazada. Ya es un clásico. Esta vez, la delegación empresarial llegó al país invitada por el Grupo Clarín SA, en vísperas del 7D. Como una semana antes su anfitrión intentó meter presos a periodistas que no piensan como Héctor Magnetto, usando el Código Penal como garrote, algo que fue repudiado por la SIP, sus autoridades tuvieron la delicadeza de citarme a un encuentro masivo en el Hotel Intercontinental, no para hablar del ataque contra la libertad de expresión más grave del último tiempo cometido por uno de sus socios, sino para que contribuya con mi presencia a legitimar su operación político-mediática a favor de los que me denunciaron. Lo que sigue, es el correo electrónico que le envié a Carlos Jornet, representante local de la SIP y director del diario La Voz del Interior (propiedad de Clarín y La Nación) como respuesta, que fue silenciada:
 
Estimado Carlos Jornet:
 
Agradezco el comunicado de la Comisión de Libertad de Expresión de la SIP criticando la denuncia penal contra un grupo de periodistas cuyas opiniones no son del agrado de los accionistas del Grupo Clarín S.A. Valoro que ante este ataque a la libertad de opinión de un grupo privado dominante con tendencia monopólica, la SIP se haya manifestado como lo hizo, y valoro mucho más todavía que este repudio se haya hecho público a pesar de que el propinante de la persecución criminal sea un miembro de su propia organización patronal. También quiero aprovechar estas líneas para declinar su invitación para participar de su evento en el Hotel Intercontinental. Hace dos años, un grupo de periodistas, encabezados por Víctor Hugo Morales y Cynthia Ottaviano, pidió una entrevista con el titular de la SIP para denunciar los ataques del Grupo Clarín S.A. a la ley de medios de la democracia, la 26522, que vino a remplazar la vieja Ley de Radiodifusión de la Dictadura Cívico-Militar, etapa en la que no hubo libertad de expresión en la Argentina. Acompañaban el pedido más de mil periodistas-trabajadores de prensa de la Argentina. El entonces presidente de la SIP, en un determinado momento y de modo intempestivo, se levantó molesto y dejó a mis colegas hablando solos. Creo, sinceramente, que de haber escuchado aquel reclamo colectivo de los comunicadores democráticos de mi país, no hubiésemos llegado a la descabellada denuncia criminal por los delitos de “incitación a la violencia” y “coacción agravada”, con penas de 6 a 10 años de cárcel, que los abogados del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, radicaron contra quien escribe estas líneas y otros colegas, todos ellos de larga trayectoria profesional en el medio. Entiendo que no se puede usar el Código Penal como garrote para acallar a los que piensan distinto. Ratifico, a su vez, que si hay algo o alguien que pone la libertad de expresión en riesgo en mi país es el Grupo Clarín S.A., que desconoce el artículo 13 de la Declaración de Pensamiento y de Expresión de CIDH que habla de la obligación de los gobiernos de controlar a los monopolios públicos y privados, que restrinjan la libertad de expresión por vía de la censura directa o indirecta. ¿No es acaso un ejemplo de “censura indirecta” el denunciar penalmente a otro por sus opiniones? La nueva ley de medios de mi país es un ejemplo de todo lo contrario: garantiza la pluralidad de voces, la diversidad de opiniones y democratiza la palabra. Fue discutida en foros a lo largo y a lo ancho del país. Fue votada por el Parlamento con el voto de legisladores del oficialismo y la oposición, demostrando un grado de consenso pocas veces alcanzado en 29 años de democracia. Sin embargo, hace tres años ya, los mismos abogados que quisieron meternos presos por expresar distintas ideas a las de sus mandantes, no han ahorrado chicanas judiciales y presiones mediáticas a los funcionarios para deslegitimarla y evitar su aplicación plena. Sería importante que la SIP, no como hace dos años, sino como en aquella histórica visita al país durante la noche oscura del genocidio, se manifieste contra la intolerancia y la prepotencia de un grupo privado de tendencia monopólica que pone en crisis a las instituciones del Estado de Derecho del que hoy gozan 40 millones de argentinos. Por último, quiero agregar que pertenezco a una asociación profesional, COMUNA (Comunicadores de la Argentina), que no sólo defiende la ley de medios de la democracia, sino que es muy exigente en sus requisitos de ingreso: periodistas que hayan ocupado puestos editoriales clave en medios de comunicación públicos y privados durante el Terrorismo de Estado sin denunciar esos crímenes aberrantes, no pueden pertenecer a COMUNA. Esto no sólo me enorgullece, sino que me impide compartir tribuna con estos periodistas que, cuando tuvieron la custodia de la libertad de expresión en sus manos, silenciaron nada menos que un genocidio. Reitero mi agradecimiento por la invitación, espero que mis motivaciones para declinarla sean transmitidas de modo fehaciente a todos los socios de la SIP.
Lo saluda muy atte, a usted y a la entidad que representa,
 
Roberto Caballero
Periodista.
 
Por último, según La Nación del viernes, un grupo de periodistas opositores citados por la SIP en el Senado coincidieron en que “nunca como ahora, la libertad (de prensa) estuvo más en riesgo desde el regreso de la democracia”. ¿En qué parte del “nunca” entran el asesinato de José Luis Cabezas, Mario Bonino y la desaparición del estudiante de periodismo Miguel Bru? 
 
Este texto debió haberse publicado en la 
edición de ayer, domingo 9 de diciembre.
 
solidaridad con un colega
 
Aunque es de vieja data, el escándalo de Clarín intentando meter presos a periodistas que defendemos la Ley de Medios, sirvió también para que tomara estado público la denuncia civil por “daño moral” que Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, le inició al periodista de Clarín, Matías Longoni, reclamándole un resarcimiento de más de un millón de pesos por información publicada en un libro de su autoría. En sintonía con el CELS, organismo que repudió la demanda, hay que decir que los reclamos dinerarios constituyen una forma indirecta de limitar el trabajo profesional de un periodista. Echegaray es funcionario de un gobierno democrático que derogó el delito de calumnias e injurias. No hay en la administración pública nadie que haya sido más agraviado y de modo más cotidiano que la presidenta Cristina Kirchner. Y, sin embargo, no ha optado por denunciar a ningún periodista argentino. De allí para abajo, sería deseable que el resto de los funcionarios la copiaran. Mi solidaridad con Longoni, colega y flamante integrante de la Comisión Gremial Interna que votaron los trabajadores de prensa del diario Clarín, después de una década de persecusión sindical.

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