Bellido, un camarista que reivindica la dictadura, protege a sus cómplices y viola la Constitución
El mismo camarista que el año pasado repudió la investigación de la Comisión Candela del Senado bonaerense por considerarla una “embestida del Poder Político” contra la corporación judicial, lanzó ahora una polémica encuesta mientras el Congreso Nacional avanza con los proyectos para democratizar la Justica.
Se trata del presidente de la Asociación de Magistrados de Morón, Fernando Bellido, quien además integra la Sala I de la Cámara de Garantías de ese mismo distrito bonaerense.
En el sondeo, remitido en los últimos días a magistrados y funcionarios judiciales de Morón, Bellido pregunta entre otras cosas: ¿Concuerda con que sea un impedimento para ser Consejero del Consejo de la Magistratura haber desempeñado alguna función jerárquica durante la última dictadura cívico militar? / ¿Concuerda con que sea un impedimento para participar de un concurso haber desempeñado alguna función jerárquica durante la última dictadura cívico militar?
Estas preguntas, que apuntan a la reforma propuesta por el Ejecutivo nacional al Congreso, “son claramente una reivindicación de la última dictadura genocida a la que cierto sector de la justicia fue funcional y, lamentablemente, 37 años después algunos pretenden seguir siéndolo”, señaló Alfredo Pedro Drocchi, titular del Juzgado en lo Criminal 1 de La Matanza.
“En un Estado de derecho, resulta incomprensible que una Asociación de Magistrados compuesta por hombres y mujeres de derecho, de quienes se presume conocen la ley, interrogue a sus asociados en franca violación al artículo 36 de la Constitución Nacional (Clausula del Nunca Mas)”, reflexionó Drocchi.
El juez matancero también advirtió que el sondeo “se torna en un mecanismo de control”, ya que “si el magistrado o funcionario no la envía, queda marcado; y si la envía se le pide que exteriorice sus creencias personales”.
“Así violan la ley contra la discriminación (23.592) al imponer a los asociados formen una opinión de carácter político en violación a la Constitución Nacional”, precisó.
Pero la encuesta es tan sólo la punta del iceberg. Drocchi denunció que Bellido, junto a Margarita Tropiano –presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia- protegen “a los cómplices y encubridores, que brindaron impunidad para instalar el terrorismos estatal y el genocidio económico”.
De esta forma se refirió al fiscal general Morón, Federico Guillermo Nieva Woodgate, antiguo jefe de Bellido, relacionado a las irregularidades del Caso Candela y, actualmente, sometido a jury por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. También apuntó al juez Mario Raúl Moldes, colega de Bellido en la Sala I de la Cámara de Morón, ex jefe de Tropiano durante los años de plomo y otro presunto responsable de delitos de lesa humanidad, según denunció oportunamente el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Según pudo saber esta agencia, el juez Drocchi pidió al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que evalúe si Bellido “tiene la idoneidad moral y ética para desempeñar la magistratura” y “arbitre las medidas” necesarias.
“Su conducta corporativa viola las Constituciones Nacional y Provincial, los pactos internacionales de derechos humanos, y desconoce y lesiona a las instituciones de la República al defender públicamente a jueces y fiscales que fueron garantes de la dictadura cívico militar”, fundamentó el magistrado de La Matanza en su solicitud a Fresneda.
Se trata del presidente de la Asociación de Magistrados de Morón, Fernando Bellido, quien además integra la Sala I de la Cámara de Garantías de ese mismo distrito bonaerense.
En el sondeo, remitido en los últimos días a magistrados y funcionarios judiciales de Morón, Bellido pregunta entre otras cosas: ¿Concuerda con que sea un impedimento para ser Consejero del Consejo de la Magistratura haber desempeñado alguna función jerárquica durante la última dictadura cívico militar? / ¿Concuerda con que sea un impedimento para participar de un concurso haber desempeñado alguna función jerárquica durante la última dictadura cívico militar?
Estas preguntas, que apuntan a la reforma propuesta por el Ejecutivo nacional al Congreso, “son claramente una reivindicación de la última dictadura genocida a la que cierto sector de la justicia fue funcional y, lamentablemente, 37 años después algunos pretenden seguir siéndolo”, señaló Alfredo Pedro Drocchi, titular del Juzgado en lo Criminal 1 de La Matanza.
“En un Estado de derecho, resulta incomprensible que una Asociación de Magistrados compuesta por hombres y mujeres de derecho, de quienes se presume conocen la ley, interrogue a sus asociados en franca violación al artículo 36 de la Constitución Nacional (Clausula del Nunca Mas)”, reflexionó Drocchi.
El juez matancero también advirtió que el sondeo “se torna en un mecanismo de control”, ya que “si el magistrado o funcionario no la envía, queda marcado; y si la envía se le pide que exteriorice sus creencias personales”.
“Así violan la ley contra la discriminación (23.592) al imponer a los asociados formen una opinión de carácter político en violación a la Constitución Nacional”, precisó.
Pero la encuesta es tan sólo la punta del iceberg. Drocchi denunció que Bellido, junto a Margarita Tropiano –presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia- protegen “a los cómplices y encubridores, que brindaron impunidad para instalar el terrorismos estatal y el genocidio económico”.
De esta forma se refirió al fiscal general Morón, Federico Guillermo Nieva Woodgate, antiguo jefe de Bellido, relacionado a las irregularidades del Caso Candela y, actualmente, sometido a jury por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad durante la dictadura. También apuntó al juez Mario Raúl Moldes, colega de Bellido en la Sala I de la Cámara de Morón, ex jefe de Tropiano durante los años de plomo y otro presunto responsable de delitos de lesa humanidad, según denunció oportunamente el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ).
Según pudo saber esta agencia, el juez Drocchi pidió al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, que evalúe si Bellido “tiene la idoneidad moral y ética para desempeñar la magistratura” y “arbitre las medidas” necesarias.
“Su conducta corporativa viola las Constituciones Nacional y Provincial, los pactos internacionales de derechos humanos, y desconoce y lesiona a las instituciones de la República al defender públicamente a jueces y fiscales que fueron garantes de la dictadura cívico militar”, fundamentó el magistrado de La Matanza en su solicitud a Fresneda.
agepeba
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