Nuevas revelaciones sobre el inicio del Plan Cóndor en la Argentina
Nacido en Uruguay y radicado en Buenos Aires, Andrés Correa fue secuestrado el 30 de agosto del '74, antes del estado de sitio de Isabelita. Era funcionario nacional. Lo torturaban represores de su país. Después, pasó un año preso en Devoto.
Andrés Alberto Correa –"Perico", para los amigos– nació en 1948 en La Unión, un barrio popular de Montevideo. A los 17 años, dejó Uruguay y se afincó en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, para quienes el 30 de agosto de 1974 lo secuestraron en la localidad bonaerense de San Miguel, Correa era un uruguayo más, y por eso los represores argentinos compartieron la faena de la tortura con sus pares llegados especialmente del otro lado del Río de La Plata.
Hacía un mes que había muerto Juan Domingo Perón y la presidencia estaba en manos de su viuda, María Estela Martínez, con la sombra funesta de José López Rega como telón de fondo. Existía en la Argentina un gobierno constitucional y faltaba casi un año y medio para el golpe. Sin embargo, ya comenzaba a desplegarse ese aparato represivo de escala continental que luego se conocería como Plan Cóndor. Un mecanismo de pinzas que, con el tiempo, iría conjurando a todas las dictaduras sudamericanas en el exterminio sin fronteras de sus rivales políticos.
A principios de 2102, la justicia estableció que el 6 de noviembre del '74, fecha en que Isabelita dictó el estado de sitio, empezaron a darse las "condiciones de posibilidad" para el accionar del Plan Cóndor en el país. Pero a Correa lo "chuparon" 69 días antes, y después de someterlo a vejámenes e interrogatorios, sus verdugos –por momentos argentinos, por momentos uruguayos– lo dejaron en manos de la policía. Una vez "blanqueado", estuvo preso un año en la cárcel de Devoto y al recuperar la libertad todavía restaban varios meses para que los militares y sus socios civiles tomaran el poder.
La historia de Correa es parte de una secuencia de operativos conjuntos que derivaron en los asesinatos de otros tres jóvenes uruguayos: Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, en hechos relatados por Tiempo Argentino en su edición del 9 de septiembre de 2012 (ver aparte). En estos casos, también fechados antes del Estado de sitio, las víctimas fueron secuestradas por un grupo de tareas al mando, según testigos, del comisario motevideano Hugo Campos Hermida.
Al ser detenido, Correa tenía 26 años. Era profesor de Filosofía y funcionario del gobierno nacional en la Dirección de Educación del Adulto (DINEA). Formado desde joven en la fe católica, había cursado el seminario con los Padres Pasionistas y participó del Movimiento de Curas Tercermundistas, aunque nunca se ordenó como sacerdote por sus diferencias con la jerarquía religiosa. Durante la dictadura de Lanusse, se vinculó con Montoneros y Tupamaros, pero cuando Perón, desde el exilio, pidió pasar de la Resistencia a la construcción de las bases para el futuro gobierno de Héctor Cámpora, se sumó a ese sector de la JP abocado a la formación de cuadros técnicos, dejando de lado la opción de la lucha armada.
El día en que lo secuestran, regresaba de un viaje a Paraná y desde el Ministerio de Educación –del que dependía la DINEA–le avisaron que lo buscaba la policía. Agentes de la Federal y del Ejército habían allanado en Moreno una casa que fuera suya, donde dijeron haber descubierto una "cárcel del pueblo".
Mientras se dirigía a la comisaría de la zona para presentar el boleto de compra-venta y demostrar que desde agosto de 1973 esa propiedad ya no le pertenecía, fue interceptado por varios autos con personal de civil. "Cuando me agarran, me dicen que me estaban siguiendo hacía tres meses", remarcó Correa. Lo acompañaba su amigo Francisco Strizzi, que también trabajaba en la DINEA, fue capturado y viviría los mismos vejámenes. "Estoy seguro que el secuestro lo hicieron policías de la Federal, policías de la provincia de Buenos Aires, gente de la Triple A y del Ejército", sostuvo en la declaración que en 2007 brindó a las Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos.
Su cautiverio duró 19 días y, en algunos de los varios lugares por los que pasó, pudo reconocer la voz de represores uruguayos, a quienes los argentinos llamaban "los de la Interpol". En diálogo con este diario, Correa relató: "Venían y te decían 'ahora te van a interrogar tus compatriotas'. Por la forma de hablar, enseguida te dabas cuenta de que eran uruguayos. Eran dos o tres y te daban la misma picana. Trabajaban igualito".
Ya por entonces, sin importar la procedencia, los uniformados supieron combinar los negocios con la doctrina de seguridad nacional. "Los uruguayos me torturaban convencidos que yo sabía sobre el nombre de los que habían secuestrado a un empresario italiano y sobre el dinero del rescate, de lo que no tenía la menor idea", detalló Correa, que hace varios años está radicado en Viedma, Río Negro, donde combina la militancia política con el cuidado de una chacra familiar (ver aparte). Con su testimonio y otros elementos que está recopilando junto a un grupo de abogados, espera poder presentarse en breve a la justicia, en el marco de los expedientes donde se investigan los delitos cometidos por el Plan Cóndor y la Triple A.
Estima que lo trasladaron, al menos, a cinco sitios diferentes. "Siempre estuve encapuchado, pero por abajo he visto botas del Ejército y gente de la policía", explicó. Mientras era sometido a tormentos, le preguntaban sobre sus contactos y las actividades realizadas en su antigua casa. Cada tanto, alguien, posiblemente un médico, lo revisaba para ver si podía seguir soportando el castigo.
Cuando lo secuestraron, llevaba consigo una libreta de teléfonos, con "apellidos de familiares, amigos, funcionarios de gobierno, militantes conocidos". Por cada persona que encontraban en la agenda, lo picaneaban y le pedían información. En esas páginas estaba el nombre de Daniel Banfi, a quien había conocido en épocas de noviciado y que luego sería asesinado junto a Jabif y Latrónica. "Días después de mi detención, me dicen que me van a dejar saludar a un amigo. Supe que era Daniel, porque le reconocí la voz y porque le llamó por mi apodo, Perico", contó Correa.
También tiene presentes a otros de sus compatriotas: los verdugos. "En una de las sesiones, se presenta gente de Uruguay, que me tortura y pregunta por personas uruguayas. Estaban totalmente organizados, había una movida sincronización de trabajo. Nos decían, 'bueno, ahora los va a interrogar la Interpol', que es justamente como le decían al Plan Cóndor."
Por último, lo trasladaron a "un edificio viejo, de ventanales altos, puede ser una comisaría". En una oficina, dos o tres personas le dijeron que se había "salvado", que le iban a sacar la capucha y que ellos se iban a cubrir el rostro. Le anticiparon que sería entregado a un juez, "pero que tenía que firmar todas las hojas que estaban en el escritorio, donde supuestamente reconocía que no había sufrido ningún maltrato". Además, le aconsejaron que se fuera del país.
El 18 de septiembre del '74, fue liberado junto a Strizzi y, acto seguido, los detuvo la Bonaerense. Correa no tiene dudas sobre la connivencia: "Nos atan a un árbol en los suburbios de Moreno –precisó–. Inmediatamente, ahí nomás, mediando 50 metros de distancia, apenas nos deja el Falcón o la camioneta de ellos, aparece la policía, que se hacen los boludos, nos desatan, nos sacan la capucha y nos meten incomunicados."
Antes, mientras estuvo desaparecido, el 5 de septiembre el diario La Razón difundió el Comunicado N° 3 de la Triple A, donde una autodenominada unidad de combate "Darwin Pasaponti" (sic) se atribuía su captura, lo acusaba de un accionar "antinacional y antipopular, al servicio de movimientos subversivos", lo dejaba en manos de "las autoridades argentinas para ser juzgado" y le advertía que "si posteriormente continúa con su accionar subversivo, será inmediatamente ejecutado, al igual que los miembros de su familia".
Junto a esta amenaza, se enteró de que pesaba en su contra una orden de captura por parte del juez federal Jorge Luque, de San Martín, porque luego de allanar su ex vivienda, la Secretaría de Inteligencia de la Policía Bonaerense (SIPBA) sostuvo que "era utilizada como reducto, fabricación de explosivos, acondicionamiento de armas y centro de operaciones" por "elementos" del ERP, Tupamaros y otras organizaciones.
Por un año, Correa permaneció preso e incomunicado. "En condiciones similares a las anteriores, pero sin torturas", describió. El juez Luque lo sobreseyó el 27 de agosto y el 31 salió de la cárcel. A los pocos días, frente al recrudecimiento de la represión clandestina, él y su esposa, María Rosa Ilari, emprendieron el exilio interno. Se recluyeron en Bariloche, aceptando el ofrecimiento de una familia amiga.
Debieron pasar tres décadas antes de que, gracias a la ayuda psiquiátrica y el apoyo de sus amigos y familiares, Andrés Correa pudiera contar lo que le tocó vivir. A pesar del tiempo transcurrido, las cicatrices –las visibles y las otras– aún siguen sanando. «
los "seminaristas parias" y bergoglio
A sus 65 años, Andrés Correa tiene "el día partido": mitad para las labores de su chacra en Viedma y mitad para seguir despuntando el hábito de la militancia política.
Casado con María Rosa Ilari –con quien tuvo cuatro hijos varones–, reserva las noches para escribir sobre cuestiones "de corte filosófico, político y religioso". Por estos días, trabaja sobre alguien a quien conoció en sus años de seminarista y que hoy es el Papa de la Iglesia Católica.
Formado desde su pubertad con los Padres Pasionistas e instruido por los jesuitas, conoció a Jorge Bergoglio en 1968 en el seminario mayor en San Miguel, donde el actual Sumo Pontífice era un estudiante avanzado que impartía cursos en la Facultad de Filosofía y Teología, en el Colegio Máximo.
Sobre su recuerdo de Bergoglio, Correa hizo una descripción breve y clara: "Se mantendría siempre a cierta distancia de nuestra militancia política y pastoral."
Por entonces, cientos de alumnos iniciaron una crítica interna. "Éramos los 'seminaristas parias', rechazados por las autoridades eclesiásticas", contó Correa, que nunca se pudo ordenar sacerdote.
los tres jóvenes uruguayos asesinados
El 30 de octubre de 1974, los cadáveres de Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica aparecieron enterrados en un campo de San Antonio de Areco, con heridas de bala y cubiertos de cal viva. Los tres eran uruguayos y habían sido secuestrados 50 días antes, en dos operativos de los que, según testigos, participó personal vinculado a la Policía Federal y represores llegados del otro lado del Río de La Plata.
La prensa local y las autoridades atribuyeron los asesinatos a la Triple A. De hecho, así es como hoy están encuadrados judicialmente, después de que en 2006 se los integrara a esa causa.
Sin embargo, junto al caso de Andrés Correa, el de estos tres jóvenes –Latrónica tenía 25 años; Banfi, 24; y Jabif, apenas 22– es otro antecedente de una operación conjunta realizada en el país por el Plan Cóndor antes del Estado de sitio dictado el 6 de noviembre del '74.
En la madruga del 13 de septiembre, unos diez hombres de civil que se identificaron como policías federales ingresaron al departamento de Aurora y Daniel Banfi, en Haedo. Los dueños de casa reconocieron al cabecilla: el comisario uruguayo Hugo Campos Hermida, abocado a la represión política a través del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Ese día, en la casa de Haedo también fueron secuestrados Latrónica y otro uruguayo, Rivera Moreno. Campos Hermida –muerto en 2001– les preguntaba por Correa, al que habían detenido dos semanas atrás.
Horas después, un grupo irrumpió en una vivienda de Palermo, de donde se llevaron a Jabif, ante la mirada de su mujer, Alicia Dubra. La medianoche del 12, hombres armados en un Ford Falcon habían levantado en el barrio de Once a Nicasio Romero, también uruguayo.
De las cinco víctimas de este raid de secuestros, sólo Romero y Rivera Moreno serían luego liberados.
Para Meloni y Dubra no hay dudas: "Claramente, estos hechos, por sus características, están dentro del Plan Cóndor”. Por eso, en 2012 Dubra declaró ante la Fiscalía que sigue ese expediente, para que sean incluidos los casos de su esposo, de Banfi y Latrónica. La fiscalía, a cargo del Miguel Ángel Osorio, aún no tomó una decisión.
PFA
Asuntos Extranjeros
El caso de esa unidad de la Federal, que reprimió a chilenos y uruguayos, podría ser clave.
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