La receta del Fondo Monetario
POR MARCELO ZLOTOGWIAZDA
04.04.2013
La segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner fue presentada como la etapa de la sintonía fina, y en ese entonces, hace casi un año y medio, parecía que uno de los primeros temas a corregir era la política de subsidios para todos. Caía de maduro: el mantenimiento indiscriminado de tarifas baratas había llegado a insumir decena de miles de millones de pesos que, además de complicar las cuentas fiscales, incentivar consumos dispendiosos, debilitar al extremo los balances de varias empresas de servicios públicos y desalentar inversiones necesarias en esos sectores, iba a parar en buena medida a las franjas de la población de mayores ingresos. Un extraordinario ensayo de Jorge Gaggero y Darío Rossignolo que fue publicado en este espacio en los días en que Cristina asumía su segundo mandato (http://veintitres.infonews.com/nota-3798-economia-El-Estado-bajo-la-lupa.html) demostraba que mientras el 20 por ciento más rico recibía el 42,6 por ciento de los subsidios a la electricidad y el gas, al 20 por ciento más pobre le correspondía apenas el 6,4 por ciento.
Efectivamente, hubo un intento de avanzar en la dirección correcta mediante una convocatoria a la renuncia voluntaria y un simultáneo recorte en el subsidio para consumidores residentes en los mejores barrios de la zona metropolitana. Pero los pasos que se dieron fueron muy cortitos y se frenaron enseguida. A fin del año pasado hubo un nuevo retoque pero fue tan leve que lejos estuvo de modificar la situación y la tendencia.
De acuerdo al informe que acaba de publicar la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, en el primer bimestre de 2013 los subsidios económicos aumentaron un 84,4 por ciento respecto de igual período de 2012, hasta alcanzar los 12.626 millones de pesos o el equivalente a 40 millones de dólares por día. Energía con 7.534 millones y Transporte con 3.456 millones absorbieron el 87 por ciento del total.
No sólo es evidente que el Gobierno no acierta en parar esa gigantesca bola de nieve, sino que además se lo nota desorientado. De considerar que los subsidios requerían la intervención de un bisturí en el marco de la sintonía fina, pasó a justificarlos diciendo, por boca del viceministro Axel Kicillof, que se trata de un salario indirecto que incentiva al consumo. No hay duda de que incentiva el consumo, pero es el consumo de todos y todas, de pobres y fundamentalmente de ricos, como surge trabajo ya citado.
Se ha visto que la Argentina tiene un enorme problema con los subsidios excesivos y mucha impericia para resolverlo, pero lejos está de ser un caso único. Un estudio publicado la semana pasada por el FMI calculó que los subsidios a la energía insumen en todo el mundo 1,9 billones de dólares. Una cifra gigantesca que equivale al 2,5 por ciento del Producto Bruto Mundial, al 8 por ciento de todos los ingresos fiscales, al PBI de Italia, o a cuatro veces el PBI argentino.
El trabajo titulado “Reforma a los Subsidios a la Energía - Lecciones e Implicancias” fue presentado por el subdirector gerente de la institución, David Lipton, que en la ocasión señaló que “la remoción de esos subsidios puede ayudar a acelerar el crecimiento económico, a mejorar los incentivos para la investigación y el desarrollo de energías alternativas, y a atenuar la desigualdad social”. El funcionario sostuvo que “los subsidios refuerzan la desigualdad social porque la mayoría beneficia a los grupos de altos ingresos, que son los mayores consumidores de energía”. El estudio estimó que, en promedio, en los países de bajo y mediano ingreso el 20 por ciento más rico de las familias capturan el 43 por ciento del total de subsidios a la energía, que es una proporción casi calcada a la que se verifica aquí, tal como fue citado al comienzo de esta nota. Tomando en cuenta sólo los subsidios más relevantes para la Argentina (excluyendo combustibles líquidos y carbón), el trabajo del FMI muestra que a nivel global el 20 por ciento más pobre recibe nada más que el 10 por ciento de los subsidios al gas y el 9 por ciento de los subsidios a la electricidad.
Reconociendo que la quita de subsidios y el consecuente aumento de precios tendría un importante impacto en los pobres, Lipton sostuvo que toda reforma debe incluir medidas que compensen ese efecto, y afirmó que existen herramientas de transferencia para los pobres que son mucho más efectivas que los subsidios; por ejemplo, las transferencias en efectivo.
El trabajo incluye una guía de acción para la reforma que establece seis ingredientes clave: 1) que sea parte de un plan integral del sector energético, con objetivos de largo plazo, análisis de impacto, y consulta con los afectados; 2) una fuerte estrategia de comunicación, que informe sobre la magnitud y el efecto de los subsidios; 3) aplicar los aumentos en forma escalonada; 4) mejorar la eficiencia de las empresas del sector; 5) medidas compensatorias para los pobres; 6) despolitización en la fijación de precios.
Sobre el sexto punto corresponde aclarar que cualquier mecanismo de fijación de precios es “político”, desde aquel que los deja librados al mercado hasta el más intervencionista. También cabe señalar que el estudio tiene un larguísimo anexo que describe veintidós experiencias de reformas, fallidas o exitosas a juicio de los autores, que sugieren la conveniencia de que el sector eléctrico y gasífero sea operado por empresas privadas.
Pero no se trata de acordar con cada una de las recomendaciones que brinda para este asunto el tan denostado FMI, sino de exhibir un abordaje posible a un problema muy extendido en el mundo, que en la Argentina se torna cada vez más complicado, y sobre el que el Gobierno no da pie con bola.
No hay comentarios:
Publicar un comentario