jueves, 25 de abril de 2013

CLAVES DE LOS PROYECTOS APROBADOS HOY


Las claves de los tres nuevos proyectos aprobados

Qué cambia con la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de las nuevas Cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado.

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Esta mañana, la Cámara de Diputados convirtió en ley los proyectos de creación de las tres nuevas Cámaras de Casación y regulación de las medidas cautelares contra el Estado y aprobó las modificaciones al de reforma del Consejo de la Magistratura, que volverá al Senado .
Consejo de la Magistratura
Es el proyecto que deberá volver al Senado, ya que se le introdujo una modificación por pedido de la Corte Suprema.
La ley establece la ampliación de la cantidad de integrantes del organismo, que pasará de 13 a 19. Habrá cinco nuevos miembros académicos y científicos "interdisciplinarios", que podrán provenir de otras profesiones no ligadas al Derecho.
La elección de los representantes de los jueces y de los abogados será por voto popular, pero se respetarán los mandatos de los actuales consejeros, que vencen en diciembre de 2014. Los nuevos postulantes serán elegidos en las Primarias que se celebrarán el próximo 11 de agosto y deberán estar identificados con alguno de los partidos políticos que se presentarán. La idea es que los nuevos miembros se incorporen en diciembre.
Las votaciones pasarán a ser por mayoría absoluta (mitad más uno) de los miembros, en lugar de los dos tercios que se necesitan actualmente.
El cambio que se incluyó, y por lo que el proyecto deberá volver al Senado, señala que se mantiene el manejo del presupuesto judicial en manos de la Corte.
Cámaras de Casación
La ley crea la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, con sede en Capital Federal.
- Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal: recibirá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas tanto por la Cámara Nacional de Apelaciones de ese fuero como por las demás cámaras federales de apelación del país en causas que involucren a la administración pública.
- Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad Social: recibirá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social.
- Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial: recibirá los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión interpuestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
Recurso de casación: se podrá aplicar a las sentencias definitivas dictadas por la Cámara de Apelaciones y será admisible contra las resoluciones que determinen la suspensión de los efectos de actos estatales u otra medida cautelar frente a alguna autoridad pública y contra las decisiones que declaren formalmente inadmisible a la pretensión contencioso administrativa.
Medidas cautelares
Tendrán un plazo máximo de seis meses, que será el tope para la resolución de la cuestión de fondo y contribuirá a que las causas se resuelvan con mayor rapidez. Será obligatorio, además, que se le corra vista al Estado como parte del litigio -algo que hasta hoy no sucedía- y, eventualmente, ante la apelación del Ejecutivo, la medida será concedida con efecto suspensivo, lo que hará caer automáticamente la cautelar. Sin embargo, no podrá ejercerse contra las personas, la salud o la seguridad alimentaria.
Por pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se amplió a los "sectores socialmente vulnerables" la posibilidad de que un juez pueda otorgar una medida cautelar antes de contar con el punto de vista del Estado. También se excluyeron los conflictos laborales.
Esto abre la puerta al gobierno para la elaboración, en el futuro, de un Códico Contencioso Administrativo, que evitaría que las causas que involucran al Estado caigan en el fuero Civil y Comercial.

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