Tiempo Argentino adelantó el lunes pasado que entre la batería de iniciativas del Poder Ejecutivo estaba la intención de corregir una manda constitucional nunca cumplida desde la reforma de 1994. En su artículo 114, la Constitución Nacional establece que entre las funciones del Consejo de la Magistratura está la de "administrar los recursos y ejecutar el presupuesto" destinado a la justicia, que hoy está bajo el control de la Corte Suprema. Para 2013, esa cifra se calcula en torno a los 7000 millones de pesos. Si se aprueba la ley, gran parte de esos fondos pasarán a ser administrados por el nuevo Consejo.
En el texto del proyecto que reforma el órgano encargado de seleccionar y remover jueces, además de todas las modificaciones en el mecanismo de elección de los consejeros, y en el aumento de la cantidad de representantes, se destaca la necesidad de "establecer las condiciones que garanticen el rol del Consejo de la Magistratura como administrador del Poder Judicial". En ese contexto, la propuesta subraya que "con respecto a las funciones de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo, se determina que es de su competencia fiscalizar y aprobar la gestión de la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial, efectuar el control de legalidad e informar periódicamente de ello al Plenario del Consejo". A continuación, indica que entre otras funciones "deberá considerar y aprobar el anteproyecto de presupuesto anual del Poder Judicial que le remita el Administrador General del Poder Judicial, quien deberá elaborarlo, entre las varias funciones que se le asignan". Con este apartado, se marca la intención de trasladar el rol que hoy descansa en la Corte al nuevo formato de decisión plenaria del Consejo.
En síntesis, se propone también cambiar las normativas de organización judicial, las complementarias del presupuesto, y las de autarquía del Poder Judicial, entre otras. Su objetivo es devolver al Consejo las facultades consignadas en los puntos 3 y 6 del artículo 114 de la Carta Magna.
Casi un 90% de los 7126 millones de pesos que el presupuesto nacional asigna este año para el Poder Judicial será destinado a salarios. A esto debe sumarse el presupuesto para el Fondo de Infraestructura, creado por la Corte en noviembre de 2008 y el Fondo Anticíclico, cuyos recursos no deben ser devueltos al Tesoro Nacional. De todas formas, el proyecto de ley no prevé cambios en el presupuesto anual destinado al Máximo Tribunal para su propio funcionamiento, que es de $ 1367 millones.
"Eso sí que va a ser un problema", deslizaron en los pasillos del cuarto piso del Palacio de Justicia, apenas enterados del contenido del proyecto presentado por el Ejecutivo. Hasta ahora, las facultades de la Corte no estaban sólo extendidas al rol de superintendencia sobre los tribunales inferiores. También es quien elabora el presupuesto para todo el Poder Judicial, dispone aumentos salariales de sus empleados, puede reasignar partidas de dinero con acuerdo de la Jefatura de Gabinete, y administra –desde 2008– las licencias de los magistrados. Esta última facultad, también la perderá. No es un dato menor. Fue la Corte la encargada de autorizar las licencias de los integrantes de la Cámara Civil y Comercial Federal para que viajaran con todos los gastos pagos a un seminario en Miami organizado por la ONG Certal, pese a que debían fallar sobre la Ley de Medios y que el Grupo Clarín, además de ser benefactor de la organización, era parte interesada en el litigio.
Con este nuevo escenario, el titular del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti ya no tendrá potestad para negociar acuerdos salariales con el líder de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato. Tampoco podrá crear cargos en la justicia ni tendrá poder de decisión sobre excedentes presupuestarios, ni sobre los fondos de libre disponibilidad asignados por el Tesoro. En 2012, se ejecutaron partidas para mantener juzgados por alrededor de 4587 millones de pesos. Aun así, dentro del Poder Judicial no existe un convenio colectivo de trabajo, ni un régimen de asensos y promociones.
La puja por los recursos registra sus antecedentes. El 28 de octubre de 2008, a través de una acordada firmada por todos sus miembros, la Corte había logrado un triunfo por sobre el Consejo, quedándose con la mayor parte de sus funciones, y con ello, acumulando un inmenso poder.
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