Las corporaciones no dudan en asustar a pequeños propietarios y jubilados con tal de defender un sistema judicial aristocrático que se esmera en resguardar los intereses de los poderosos y relega los derechos sociales.
Los representantes del poder económico y su corifeos, defienden la intangibilidad del único poder del Estado que se mantiene impertérrito, como un coto cerrado, pese a los cambios generados en casi 30 años de democracia.
Cuando los revolucionarios latinoamericanos de los '60 consideraban a la Cuba socialista como un faro luminoso, la derecha espantaba a la clase media diciendo que "el régimen comunista te quita a los chicos". Cuarenta años después, para sostener sus privilegios, las corporaciones económicas amedrentan a la sociedad advirtiendo que si el populismo convierte en ley la reforma judicial, el Estado podrá expropiar casas particulares y abrir las cajas de seguridad sin derecho al pataleo. En el comunismo se perdían los chicos y en el populismo, los bienes.
Pese a que el proyecto de limitación de medidas cautelares contra el Estado excluye situaciones extremas, el coro de la derecha también asustó esta semana a los abuelos, sosteniendo que los jubilados quedarán indefensos ante el pérfido poder estatal o que morirán esperando que la nueva Cámara de Casación en materia previsional resuelva sus demandas. En realidad, la justicia argentina no se caracteriza hoy por su celeridad y no pocos ancianos se marchan esperando un fallo.
Fuera del gobierno, la reforma tiene algunos defensores. Los jueces, fiscales y abogados nucleados en "Justicia Legítima" apoyan los cambios porque entienden que procura "una justicia más plural e independiente" y creen que "quiebran los sistemas corporativos".
El proyecto oficial que prevé ampliar los miembros del Consejo de la Magistratura de 13 a 19 miembros y que los nuevos integrantes sean elegidos por el voto popular fue severamente condenado por la oposición y por la aristocracia judicial, porque a juicio de sus detractores, implica una politización maligna del organismo encargado de designar y remover jueces. Sostienen que el control de los magistrados será una forma de garantizar impunidad. En el gobierno, creen en cambio que la impunidad se produjo por el manejo de los miembros de la oposición que paralizaron el funcionamiento del organismo, lo cual quedó al desnudo con la irregular designación de jueces vinculados a la causa Clarín.
En realidad, quienes alegan contra la mentada politización suponen una asepsia impoluta que no es propia de un sistema en el cual, desde las leyes hasta los mecanismos judiciales, son, obviamente, expresiones de una clase e implican un criterio ideológico. Curiosamente, un proyecto que revaloriza el concepto democrático de la soberanía popular es descalificado por dirigentes políticos que señalan la "politización" como un hecho negativo. Serruchan la rama del árbol en la cual se sientan.
Lo que ocurre es que la posibilidad de que el voto popular catapulte a legos y extraños al organismo que selecciona y remueve jueces espanta a quienes defienden la composición aristocrática y endogámica de este poder del Estado que acompañó golpes militares, cohonestó dictaduras reaccionarias y demoró más de tres décadas en juzgar un genocidio.
La diputada del PRO, Gabriela Michetti, redondeó claramente este prejuicio antipopular, al recordar en una columna publicada ayer por el diario La Nación, que "ya Aristóteles destacaba la condición aristocrática de la Justicia: una aristocracia del saber del equilibrio y de la independencia".
La legisladora no aclara en cuál de los más de 200 tratados que se le atribuyen a Aristóteles está contenida esta idea que parece significar que sólo los dueños del saber alcanzan el equilibrio y la independencia. En realidad, sólo una defensa corporativa es capaz de atribuirle equilibrio e independencia a una justicia que ha dado clara muestras de inclinar la balanza en favor de quienes poseen capacidad de lobby y poder económico.
Contrariamente a lo que piensa Michetti, para el gobierno, la posibilidad de que se elijan ciudadanos comunes para integrar el Consejo y no estrictamente académicos, no sólo reivindica la soberanía popular, sino que ventilará al organismo e incorporará el sentido común del hombre de la calle a la visión de juristas y académicos.
El proyecto le otorga al Consejo la administración del Poder Judicial, con lo cual recorta poderes de la Corte Suprema de Justicia, donde surgieron obvias resistencias. Los miembros del máximo tribunal se reunieron especialmente en la semana para evaluar la situación, pero por el momento, no hay indicios de que vayan a producir una acordada sobre las reformas. Más bien parecen reservarse para cuando se formule el infaltable planteo de inconstitucionalidad de las leyes a punto de sancionarse.
El paquete de medidas –que según el gobierno tiende a democratizar la justicia y según la oposición a controlar a los jueces– será ley al mismo tiempo que se emita el fallo de la Cámara Federal sobre el caso Clarín. El titular de la Administración Federal de Servicios de Counicación Audiovisual, Martín Sabbatella, cree que el tribunal declarará la inconstitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la Ley de Medios Audiovisuales. Y se prepara para ir a la Corte, donde se definirá el pleito.
El cepo impuesto por la justicia sobre el corazón antimonopólico de una ley debatida popularmente durante décadas y sancionada en el Parlamento por abrumadora mayoría, exhibe claramente que las cautelares no se usan para defender derechos individuales vulnerados por el Estado, sino más bien para tutelar intereses poderosos. En la Corte Suprema de Justicia existe consenso mayoritario de que la norma no viola la sacrosanta libertad de prensa, sino que se trata de una cuestión comercial. Al fallar en favor de la propiedad privada y de los negocios, la Cámara está poniendo los intereses comerciales de un oligopolio por sobre el derecho social a informarse con veracidad y pluralidad.
El sonado caso también revela que sólo quienes poseen un gran poder de lobby y capacidad para contratar a grandes estudios jurídicos son capaces de detener la plena aplicación de una norma desfavorable durante tres años y medio con medidas cautelares que, con el tiempo, apuntan al fondo de la cuestión. En el peor de los casos, Clarín habrá conseguido prolongar su posición dominante durante cuatro años. Y si le va bien, un nuevo gobierno de signo conservador podría modificar la norma. Con una buena campaña, está todo pago.
La limitación de estas medidas contra el Estado tampoco es una novedad absoluta. El ministro de Justicia, Julio Alak, explicó en el Senado que todas las provincias argentinas tienen regulaciones para las medidas cautelares, pero que en el ámbito de la Nación existe una laguna jurídica que no es producto del azar, sino de la presión de intereses económicos y de los grandes estudios de abogados que prefieren mantener la aplicación supletoria del Código Civil y Comercial.
La presidenta subrayó anteayer la connivencia de la justicia con las clases altas, al promulgar un nuevo régimen laboral para el empleo doméstico. Dijo que en 60 años de vigencia del injusto y discriminador decreto suscripto por el dictador Pedro Eugenio Aramburu para regular el trabajo doméstico, no hubo juez alguno que se encargara de declarar su inconstitucionalidad. "Para los invisibles y pobres no hay cautelares, ni inconstitucionalidades", dijo Cristina Fernández.
Peronistas disidentes, radicales, macristas y conservadores varios marcharán el martes al Palacio de Tribunales con un documento que sostiene que el proyecto del gobierno no pretende democratizar la justicia, sino ocuparla con "jueces adeptos" y "preparar el terreno para la impunidad". Para el jueves está convocado un cacerolazo a Plaza de Mayo que incluye un reclamo contra la reforma judicial. Se oponen al gobierno cerrilmente y no admiten la necesidad de ventilar la justicia. Estaban en contra, aun antes de conocer los proyectos.
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