El inquietante caso de un narcocomisario
Quién es Hugo Tognoli, el comisario de Santa Fe vniculado al narcotráfico. Una columna de Eduardo Anguita.
Al
momento de escribir estas líneas, el –hasta el viernes– jefe de la
Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, permanecía en la delegación de las
Tropas de Operaciones Especiales (TOE) que él mismo dirigía. Esa era la
antesala para su declaración ante el juez federal Carlos Vera Barros,
quien lleva la causa que lo señala como un factor clave en la operación
de venta ilegal de drogas pero con conexiones con otros delitos
aberrantes como la trata de personas. La historia fue destapada por la
edición del viernes de Página/12, con datos precisos de los seguimientos
realizados durante meses por la Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA), en el marco de una investigación llevada a cabo por la fiscal
federal Liliana Bettiolo. Había dos causas iniciadas en sendos juzgados
de esa provincia. Una a cargo del juez Marcelo Bailaque y otra a cargo
del juez Carlos Vera Barros. Ambos magistrados delegaron la
investigación en la fiscal Bettiolo quien decidió recurrir a la PSA, una
fuerza que participó con éxito en investigaciones complejas por delitos
de lesa humanidad o de narcotráfico. La fiscal, en la causa que tramita
Bailaque, pidió 18 allanamientos, incluyendo la Comisaría 18, donde
hubo un escándalo cuando un narco, conocido como Ojito, pidió recuperar
su automóvil de alta gama. El juez accedió a 14 allanamientos que no
incluían ni la comisaría ni los domicilios de altos jefes policiales,
entre los que estaba Tognoli. Por su parte, Vera Barros tenía una causa
donde se juntan venta de narcóticos con protección a prostíbulos donde
puede haber relaciones con trata de personas.
Ante la falta de determinación de los jueces, alguien decidió que esta
historia tomara estado público. El hecho de que Tognoli haya tenido la
chance de enterarse por un diario es extraño. Pero sin entender la
información previa todo podría ser interpretado de modo capcioso. Se
supone que una investigación compleja, que mantuvo el secreto durante
tanto tiempo y que tuvo en la mira a un jefe policial de tanto rango,
debe ser conducida con rigor. Y si los magistrados no proceden, los
investigadores también se ven en la obligación de actuar con decisión.
Eso le dio a Tognoli esas importantes 48 horas que se tomó hasta
presentarse voluntariamente nada menos que ante las TOE. En el medio, lo
que se sabe es que dio una entrevista desde la clandestinidad, presentó
su renuncia y nombró como abogado a Eduardo Jauchen, un letrado muy
bien vinculado a la justicia y que tuvo entre otros clientes al ex
arzobispo de Santa Fe, Edgardo Storni, quien finalmente fue condenado a
ocho años de prisión por delitos sexuales.
Si Tognoli pudo borrar o no datos, advertir o no a cómplices, no parece
algo muy importante, ya que antes de esos dos días estuvo observado por
expertos que tomaron el recaudo de escuchar –con autorización– su
teléfono y seguir sus pasos.
En ese sentido, el gobernador Antonio Bonfatti equivocó el camino: su
mayor preocupación fue cargar contra la ministra de Seguridad, Nilda
Garré, por no haberlo informado antes de esto. Es, por lo menos,
desafortunado pensar que una investigación bajo orden judicial sobre un
funcionario de Santa Fe (el jefe policial es un funcionario político más
allá de que tenga un grado policial) debe perder su status y la
obligación de Garré era alertar al gobernador sobre algo que está en la
órbita de la fiscal Bettiolo. Es más, el secreto de la información
recolectada por la fiscal no tiene por qué llegar a la ministra de
Seguridad. Hay quienes están tentados en arrebatarse y tratar de
explicar esto como una pelea entre los planes políticos del gobierno
nacional y los del socialismo santafesino. Ese análisis puede quedar
para los reduccionistas, para los que pretenden ver todo bajo la lupa de
operaciones políticas y dejan de lado algunos asuntos extremadamente
complejos y preocupantes.
EL NARCO Y EL CONTRANARCO. El escritor y diplomático Carlos Fuentes,
un mes antes de morir repentinamente por una úlcera gástrica, dio una
conferencia en Cartagena de Indias, Colombia. Fue apenas unos días antes
de celebrarse la Cumbre de Presidentes llevada a cabo en esa
paradisíaca ciudad. Fuentes, acompañado por el presidente colombiano
Juan Manuel Santos, abogó lisa y llanamente por la legalización del
consumo de drogas. Un mexicano que veía desangrarse su país hablaba en
otro que vivió no menos de tres décadas con el azote de los carteles
narcos. Lo que Fuentes proponía era algo que tiene amplio consenso entre
especialistas de diversas disciplinas, tanto de seguridad como de
salud. Consiste en el control de la calidad de las drogas que puedan
venderse y su estricta compra bajo receta. Esta propuesta se concibe
como un desafío para encontrar soluciones menos malas y no para la
panacea académica donde se conciben escenarios idílicos. Campañas de
comunicación, policías, políticos y jueces desvinculados de grupos
delictivos, límites al dinero sucio, desvinculación de la plata del
narco para otros delitos horrorosos como el tráfico de armas o redes de
trata de personas. Durante la cumbre de Cartagena, la mayoría de los
presidentes centroamericanos advertían que las redes de narcos están más
que instaladas en la región. Cabe recordar que las carabelas de Colón
llegaron a esa región y que, pasando México, están ese grupo de
naciones. Esos presidentes tienen, justificadamente, terror de verse en
escenarios similares al de Ciudad Juárez y otras ciudades cercanas a la
frontera entre México y Estados Unidos, nada más y nada menos que el
principal destino de las drogas ilícitas. En Estados Unidos hay varias
agencias gubernamentales encargadas de luchar contra el narco y que
tienen probadas experiencias de asociaciones ilícitas con ellos. Caso
más conocido la DEA, pero no el único.
No hay ningún motivo para pensar que una estrategia similar a la que
propuso Fuentes tenga que ser desechada en la Argentina. Pero, dado que
la percepción generalizada es que este país no está en el centro de los
acontecimientos, puede pensarse que el tema drogas puede ser tratado en
un segundo o tercer nivel de importancia. Los hechos indican lo
contrario. Muchas policías provinciales han sido vulneradas por negocios
de narcotráfico. De la Bonaerense y la Federal hay casos sonados,
muchos indicios y advertencias severas de funcionarios de seguridad,
entre ellos de la mismísima Nilda Garré. Y de jueces con experiencia y
visión también. Uno es Raúl Zaffaroni, quien no solo está a favor de la
despenalización sino que dedica esfuerzos para acompañar a las víctimas
de adicciones con estupefacientes, especialmente los de sectores
sociales más vulnerables.
UN CASO. A fines de 2006, el entonces gobernador Felipe Solá citó a
este cronista a la sede de la gobernación. "Necesito que me ayudes con
un plan de comunicación para un plan de abordaje integral en la zona más
compleja del conurbano." Solá tenía un puntero que señalaba rutas en un
mapa satelital que tenía como foco un territorio atravesado por la
contaminación del río Reconquista y los terrenos de relleno de la
CEAMSE. Se trata de un conglomerado de barrios donde viven más de 100
mil bonaerenses, un tercio o más de la población del partido de San
Martín. Sin cloacas ni obras de saneamiento, encima el camino del Buen
Ayre fue construido sobre altura y contribuye al anegamiento de los
barrios pobres. Solá fue terminante: "Tenemos información de
inteligencia de que muchos de los delitos tienen bases operativas en
algunas de esas villas y que las bandas tienen protección policial. Si
no actuamos con una mirada integral de la seguridad, con trabajo,
vivienda, obras de saneamiento y participación comunitaria no vamos a
poder mejorar los índices de criminalidad." Tras el pedido-ofrecimiento
del entonces gobernador junto a un grupo de gente, este cronista
recorrió varias barriadas. Entre los participantes estaba el actual
secretario de Seguridad, Sergio Berni. La iniciativa tomada por Solá se
cortó por un hilo débil: terminada la idea de la re-reelección
provincial, el plan se diluyó. Cabe recordar que el ministro de
Seguridad provincial era León Arslanian y que en su equipo estaba Martha
Arriola, dedicada al área de Seguridad Comunitaria. Empezaban otros
tiempos. Con la buena imagen de Daniel Scioli y también con su absoluta
determinación de aceptar a los jefes de la bonaerense y terminar con lo
hecho por Arslanian. A tal punto que, por pedido expreso de los jefes
policiales a través de su primer ministro de Seguridad, Carlos
Stornelli, el ministro no tenía más el control telefónico sobre los
jefes policiales que sí tenía Arslanian. El dispositivo era muy simple:
cada jefe policial debía tener un teléfono prendido que lo contactaba
con un enlace con el ministro. Esos teléfonos podían ser rastreados por
satélites y de ese modo había un sistema de control de gestión que le
permitía a Arslanian dar órdenes que se cumplieran o enterarse
rápidamente de dónde estaba alguno de los jefes en momento de suceder
algo que no fuera combatir el delito sino dejar de combatirlo o, lo que
es peor, ser parte del delito. Eso es control. Como se controla, por
ejemplo, a la policía catalana –los mozos de Escuadra– al imponerles
tener cámaras de seguridad en las salas de interrogatorio. En realidad,
¿qué más quiere un funcionario policial, un fiscal, un gerente de ventas
o un intendente, que tener eficaces sistemas de auditoría? Esta vez fue
Santa Fe y, sin soslayar el caso concreto de Tognoli, mañana será otro.
No puede haber autogobierno policial y tampoco puede haber sistemas de
control improvisados. Se requiere profundizar las experiencias como las
llevadas a cabo por Arslanian y continuar con la línea de Garré y
agregar todos los sistemas de control y participación ciudadana más las
mejores técnicas de control de gestión.
1 comentario:
Vamos,
vamos, subiendo la cuesta...
Estan reprotegidos.
Siguen saliendo en las fotos mirando
para otro lado.
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