Agrupación Néstor Kirchner - Santa Fe

Narcópolis

LAS 10 ALERTAS QUE EL GOBIERNO DE SANTA FE DESOYÓ

24.10.2012

Denuncias judiciales, anónimos con datos y videos, escraches, investigaciones periodísticas y un triple asesinato de tinte mafioso fueron algunos de los avisos ignorados sobre la complicidad de la policía con el crimen organizado. Las pruebas contra Tognoli.

Adentro. Después de estar prófugo durante dos días, Tognoli se entregó a la Justicia Federal.

Las máximas figuras del socialismo confesaron haberse enterado “por los diarios” de la existencia de una causa judicial que investiga los vínculos del jefe policial Hugo Tognoli con narcotraficantes y delincuentes vinculados a la trata de personas. Si hubieran seguido las denuncias periodísticas y formales sobre La Santafesina SA, quizá podrían haber actuado frente al problema a tiempo.

En los últimos tiempos hubo por lo menos diez señales de que los máximos exponentes de la policía provincial tenían relación estructural con el crimen organizado.

Estas son las advertencias que no fueron escuchadas.

1. Cartas sin respuesta. Norma Castaño, de Madres Solidarias, a partir de la adicción de su hijo, denunció la trama de complicidades entre narcos y policías con nombre y apellido, especialmente a Hugo Tognoli, pero dice que no fue escuchada. “Le pedimos audiencia a Hermes Binner y a Antonio Bonfatti para denunciar al señor Tognoli, con nombre y apellido”, se quejó en conversación con esta revista. Su hijo adolescente se hizo adicto a estupefacientes y, así, esta mujer casada con un policía que estaba en la división Drogas Peligrosas se convirtió en referente de un grupo de madres que denuncia la presencia de vendedores de drogas en los barrios santafesinos. “Nunca nos recibieron el gobernador ni los ministros de turno. Es lamentable que (Bonfatti) diga que no tenía conocimiento, en las cartas denunciamos la connivencia de señor Tognoli con el tráfico y tenemos el sello que indica que nos recibieron las cartas”. De acuerdo a Castaño, Tognoli les sacaba información que luego les llegaba a los narcos. Hasta vieron su auto en la puerta de la casa de un traficante. En su denuncia, la mujer puntualizaba el rol del jefe de Inteligencia, Carlos Pagano, apodado “el Señor de los Anillos”. Según trascendió, este policía tendría bastantes propiedades, entre ellas un local de la marca Siamo Fuori.

2. Escrache a Drogas. Castaño no se quedó sólo en las cartas. Ante la falta de respuestas, protagonizó un escrache a la sede de la división Drogas en septiembre pasado. “Llamamos a los medios y dimos a conocer nuestra investigación: hay 300 barrios, en cada uno cinco o seis kioscos, cada uno paga 2.000 pesos por mes. ¿Cuánto hace la Dirección?”, se preguntó la mujer. Y si bien destacó que “son sólo los que tienen poder en la policía los que están corrompidos”, se mostró escéptica sobre los hombres que siguen al frente de la institución. “Cristian Sola (hoy jefe de policía) sabía todo. Y José Luis Romitti, que es subjefe, tenía conocimiento de quiénes cobraban mensualmente”, dijo.

3. Primer anónimo. El 23 febrero pasado llegó una denuncia anónima a manos del fiscal Guillermo Camporini y del diputado Eduardo Toniolli, del Movimiento Evita-FPV, entre otras personas, donde se denunciaban los vínculos del jefe Tognoli con el negocio de la droga. La denuncia llegó por sobre: consistía en una carta y filmaciones caseras sobre venta de estupefacientes y robo de autopartes, es decir, negocios ilícitos con protección policial. El escrito atribuye el homicidio del sargento Carlos Honores a una cuestión mafiosa. Por las denuncias, se inició una investigación contra quince jefes policiales de la Unidad Regional II, que comprende a Rosario.

4. Segundo anónimo. Fue enviado el 3 de mayo pasado y llegó el 8 de ese mes: en él se hablaba de un acuerdo entre un alto jefe policial y un hombre al que sindican como narcotraficante. Trascendieron las iniciales de uno y otro: HT y LM. Ahora se sabe que son Hugo Tognoli y Luis Medina. Esta vez, el texto vino con otro DVD, filmado en el interior del estadio de Newell’s, donde se ve que policías les dan entradas a hinchas de ese equipo. El diputado Toniolli dijo a Veintitrés que “estos anónimos que nos llegaron tuvieron trascendencia en los medios y el tema fue judicializado. No hay forma de que desde la gobernación no se hayan enterado. Fue un aviso muy fuerte, y si bien era información que provenía de fuentes anónimas, había bastantes precisiones y el fiscal consideró que tenia suficiente peso o verisimilitud para judicializarlo”.

5. La relación con la barra de Newell’s. El hijo de Tognoli, Martín, arquero de las inferiores, tenía como representante a Roberto “Pimpi” Caminos, jefe de la barra. El periodista y escritor Carlos del Frade escribió en la Agencia Pelota de Trapo que “su representante era nada menos que ‘Pimpi’ Caminos, el jefe de la barra brava en tiempos de la presidencia de Eduardo López”. E ilustró: “Aquella administración recibió la imputación de lavar 10 millones de dólares en una causa iniciada por la AFIP; el dueño de la tribuna estaba acusado de distribuir droga en la zona sur de Rosario y el padre del pibe, por entonces alto oficial de la llamada Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Santa Fe, terminó siendo el jefe de la misma durante la administración del socialista Antonio Bonfatti. Sus vinculaciones con el narcotráfico eran conocidas desde hacía tiempo”. Según cuentan, después de una oportunidad en la que le metieron ocho goles en un partido contra Estudiantes, Tognoli hijo fue separado del equipo. El director técnico sufrió amenazas proferidas por personal policial.

6. La masacre del Barrio Moreno. El asesinato de tres jóvenes militantes del Frente Popular Darío Santillán el 1º de enero de este año, en el Barrio Moreno de Rosario, puso en la agenda pública nacional la cartelización de los barrios y el enfrentamiento entre bandas, pero sobre todo la complicidad policial con los sicarios, en este caso narcos de la barra de Newell’s. El hecho de que Jeremías “Jere” Trasante (17 años), Claudio “Mono” Suárez (19) y Adrián “Patón” Rodríguez (21) pertenecieran a una organización con fuerte presencia en el barrio, permitió que el tema no quede rotulado como “ajuste de cuentas”, que es una manera de invisibilizar la situación.

7. Las responsabilidades policiales en el triple crimen. Pedro Salinas, vocero del FPDS, dijo a esta revista que “la lucha insistente luego del triple crimen permitió darle visibilidad a la relación entre narcos y policías”, y puso como ejemplo al comisario inspector Eduardo Carrillo, que se contactó con uno de los acusados de los asesinatos para arreglar cómo se iba a entregar a la Justicia. El policía apostado en el Hospital Clemente Álvarez, Lisandro Martín, “olvidó” consignar que había entrado una persona con impacto de bala. Además, el referente social recordó que la comisaría ya había sido denunciada previamente a los asesinatos del 1º de enero. Néstor Arizmendi –jefe de la Unidad Regional II, a la que corresponde Rosario– y Abel Santana, comisario de la 15ª, a cargo de la zona donde se produjo el triple crimen, tuvieron que irse luego de sus balbuceantes declaraciones en la comisión investigadora. “Son denuncias concretas. Se pudo empezar a ver el vínculo entre narcotraficantes y policías. Esto es responsabilidad del gobierno provincial, pero el gobierno nacional tiene también sus culpas. Desde el Ministerio de Seguridad nombraron como jefe de la delegación de Drogas Peligrosas de la Policía Federal en Rosario al subcomisario Gustavo Alejandro Serna, que en 2005 había estado detenido por formar parte de una banda de traficantes”.

8. Las amenazas. Salinas recordó que “las amenazas y aprietes, con tiros incluidos, siguieron pese a las marchas y denuncias formuladas. Los narcos siguen actuando con protección policial. El jueves 23 de agosto, las familias organizadas en el FPDS acamparon frente a la gobernación para protestar porque Roque, el hermano del Mono Suárez, víctima del triple crimen, había sido baleado. “El ataque se produjo ante la ausencia injustificable de la guardia policial, que debería haber estado protegiéndolo a él y su familia, protección emanada de un oficio judicial. Quien debe velar por la protección de los familiares liberó la zona”, se quejaron.

9. Un asesinato impune. La dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Rosario, Sandra Cabrera, fue asesinada el 27 de enero de 2004 de un tiro de 9 mm en la cabeza por denunciar la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y la mafia policial. “El único imputado y detenido fue un oficial inspector de la Policía Federal, Diego Parvluczyk, pero luego fue sobreseído en noviembre de 2007 por pruebas ‘insuficientes’ para culparlo”, recordaron sus compañeras, que a raíz de la detención de Tognoli remarcaron que “desde hace ocho años denunciamos la mafia y corrupción policial: el comisario Walter Miranda, quien se desempeñaba como subjefe de Moralidad Pública en Rosario, fue pasado a disponibilidad tras verse imputado en las denuncias de Sandra”. Actualmente “es jefe de policía de esa ciudad, lo que demuestra la complicidad y la impunidad con la que se manejan las fuerzas policiales en la provincia. Las redes de trata de personas son las mismas que las de la droga, y en ellas la policía juega un papel importante. Las vinculaciones de la policía con el narcotráfico, la complicidad con el poder y la corrupción policial continúan vigentes”.

10. Las denuncias de Mendoza. El comisario Emilio Mendoza, ex jefe de Inteligencia Zona Norte de la Dirección de Drogas Peligrosas, formuló declaraciones públicas sorprendentes: “El problema de Tognoli es que se rodeó de gente que lo llevó adonde lo llevó. Nosotros, la gente del norte, hicimos que llegue a jefe de policía, y esta gente con la que se rodeó lo llevó a una cárcel de dos por dos”, señaló al diario Uno de Reconquista. Según informa el diario, en junio último Mendoza pidió el pase a retiro de la División de Drogas de la provincia tras realizar un pormenorizado relevamiento en el sur de Rosario, que fue entregado a las autoridades policiales superiores. “Intenté hablar con Leandro Corti, quien en su momento era ministro de Seguridad, pero nunca me atendió. Mi intención era decirle cuál era la situación de Rosario”.

Pero los meses pasaron y el mundo se le vino abajo a Tognoli. En el marco de una investigación por trata de mujeres de la fiscal Liliana Bettiolo y el juzgado federal de Carlos Vera Barros, operativizada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, quedó registrado un mensaje de texto donde un comisario mayor, Oscar Ledesma, le dice al dueño de un prostíbulo que, para vender cocaína en el local, tenía que arreglar “directo con Tognoli, 30.000”. Al ser investigado el narco Carlos Andrés “El Vasco” Ascaini, se constató que era avisado de los allanamientos. Y que alguien entró con el código y clave personal de Tognoli al Registro de la Propiedad del Automotor para investigar a los autos de la PSA que seguían al Vasco. En una escucha, Ascaini dice: “Trabajen tranquilos. Si hay algún problema con la gorra, lo arreglo con un llamado”.

(NOTA DE REVISTA 23)