¿Y ahora qué hacemos con seis millones de inmigrantes? (nota de EL PAÍS de España)
Empleo y servicios sociales, pilares de la integración, se desploman por la crisis
La salida de extranjeros se acelera
Los políticos eluden el debate sobre cómo gestionar la mayoría que se queda
Un inmigrante, a las puertas de un centro sanitario en Madrid. / LUIS SEVILLANO
En España vivían a principios de año 5,7 millones de extranjeros, un 12% de la población. Si se incluyen en el cálculo los residentes nacionalizados, la cifra se eleva a 6,7 millones, un 14%. Pese a la excepcional rapidez e intensidad del fenómeno, hasta ahora el flujo migratorio no ha sido fuente de conflictos sociales o episodios xenófobos de especial gravedad. Pero la crisis y los recortes económicos están minando rápidamente los principales cimientos de la integración de los extranjeros: empleo y prestaciones sociales. Un reciente informe de Cáritas alerta de que, del millón de personas atendidas por la organización en 2011, más de la mitad fueron inmigrantes. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) subrayan otro contundente reflejo de esta situación: la salida de extranjeros del país ha experimentado un gran acelerón en lo que va de año.
El saldo entre salidas y llegadas indica que el colectivo extranjero se ha reducido en 120.000 personas en nueve meses. Una cifra importante, pero que representa solo el 2% de los residentes regulares. ¿Qué pasará con los demás? ¿Está preparada la sociedad española para completar el proceso de metabolización de tantos inmigrantes? ¿O el nuevo escenario empuja inexorablemente el país hacia un horizonte de estampida y conflictos sociales?
Las grietas en los pilares del edificio son enormes. El trabajo, gran factor de integración, se desvanece: la tasa de paro entre inmigrantes se eleva a la estratosférica cota del 35% (frente al 22% de los nativos). “Y el problema no es solo que haya un desempleo tan elevado, o que la cobertura del paro se esté agotando para muchos. El problema es que, incluso cuando la economía se recupere, previsiblemente no lo hará en los sectores en los que son empleables buena parte de los inmigrantes en España”, observa Philippe Fargues, director del Migration Policy Center del Instituto Universitario Europeo.
Por otra parte, el colapso de los recursos disponibles está causando una reducción de las prestaciones y servicios sociales, precisamente en un momento de gran crecimiento de la demanda. Datos del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales indican que en 2010 fueron atendidas en España más de ocho millones de personas, un 19,5% más que en 2009. La suma de los dos factores —paro y recortes— empuja hacia la marginalidad a muchos inmigrantes, que suelen contar con menor colchón de ahorro y red familiar que los nativos.
“Los inmigrantes, obviamente, actúan de manera racional, y la falta de trabajo y servicios les induce a ir a otros sitios. Pero, a menudo, hay factores igualmente racionales que los vinculan al territorio —como la lengua, la escolarización de los hijos, redes familiares— y que complican la decisión de volver a emigrar”, argumenta Fargues. Muchos extranjeros probablemente abandonarán España, pero no parece que estas salidas vayan a resolver la cuestión migratoria.
“Ante una situación como la española, es fundamental acompañar al colectivo, a través de educación y formación, hacia los nuevos sectores con potencial de crecimiento”, dice Francisco Javier Moreno Fuentes, investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC experto en la materia. Esto, naturalmente, vale también para la población autóctona con menor grado de formación. Pero en el caso de los inmigrantes, la titánica tarea es complicada por factores lingüísticos, de nivel cultural de base, etcétera. Alcanzar buenos resultados educativos y de formación profesional requiere en estos casos un particular esfuerzo, precisamente en un momento en el que se reducen los recursos en este terreno.
España no responde de manera homogénea a estas exigencias. La diferente estructura socioeconómica e inspiración política de las comunidades autónomas y entes locales —competentes en sanidad, educación y otras prestaciones— ha dibujado en el país un cuadro heterogéneo en cuanto a servicios sociales y capacidad de integración, según señala Antidio Martínez, responsable técnico del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra. Pero la diversidad no significa que haya comunidades claramente más avanzadas que otras en materia de integración. “Algunas comunidades son aperturistas en ciertos sectores, pero más restrictivas en otros; no hay una que destaque globalmente por encima de otras”, considera Martínez. En cualquier caso, la escasez de recursos es un denominador común que ensombrece el horizonte en todo el territorio.
“El fenómeno es preocupante”, comenta Carmen González, investigadora principal de Demografía, Población y Migraciones Internacionales del Real Instituto Elcano. “Sobre todo, a mí me parece preocupante la cuestión de las segundas generaciones. En buena medida, están llegando a la edad laboral. Y no solo se enfrentan a un mercado laboral durísimo para todos, sino que lo hacen con resultados educativos medianamente peores que los nativos, lo que reduce aún más sus opciones. Eso puede generar malestar, dificultades de la convivencia social y hasta violencia”, argumenta González. Países como Francia y Reino Unido han sufrido varias oleadas de disturbios vinculados a la marginación y frustración de las segundas generaciones.
Más allá de los recursos disponibles, la política educativa de las comunidades puede agravar el fenómeno. “En comunidades, como la de Madrid o Cataluña, que han facilitado la expansión de los centros concertados [financiados con dinero estatal], la escuela pública experimenta una gran concentración de alumnos con menor posibilidad de éxito escolar, entre ellos muchos de origen extranjero. La expansión de la concertada contribuye a la segregación y a la desigualdad de resultados educativos. Eso es inapelable”, observa Moreno, del CSIC.
En sanidad también hay políticas que marcan cambios sensibles entre comunidades. Por ejemplo, Andalucía, Cataluña o País Vasco siguen prestando asistencia a los inmigrantes indocumentados pese a las nuevas directrices en sentido contrario del ministerio. La pauta de heterogeneidad se repite en el terreno de las prestaciones sociales. Aquí también, la escasez de recursos ha forzado un repliegue. País Vasco y Navarra, que erogaban prestaciones de renta mínima incluso a los irregulares, han endurecido las condiciones.
En el ámbito nacional, el debate sobre la cuestión migratoria brilla por su ausencia. Ferruccio Pastore, director del Fórum Internacional y Europeo de Investigaciones sobre la Inmigración, con sede en Turín, argumenta que la ausencia del tema del debate público tiene al menos una connotación positiva. “A diferencia de otras grandes depresiones, esta de momento no ha provocado un potente oleaje xenófobo. En Grecia hay problemas graves, han ocurrido episodios preocupantes en otros sitios, pero no es un fenómeno generalizado. Esto es positivo. Pero, claro está, el silencio no produce soluciones”.
¿Se reproducirán en España los brotes xenófobos griegos? “Sin duda se percibe una mayor preocupación por la competencia extranjera en una situación de escasez de empleo y recursos, pero de momento las encuestas no registran un auge de sentimientos xenófobos”, comenta Martínez.
Los expertos consultados coinciden en esa visión y en que, en cierta medida, España cuenta con la ventaja de la cercanía cultural, religiosa y lingüística de la importante cuota de inmigrantes que proceden de Latinoamérica. Pero esta no es un factor decisivo.
Si la cuestión identitaria es importante para la integración de los inmigrantes, Philippe Fargues advierte de que en la situación actual española se trata de un aspecto secundario. “Esta es una crisis económica, no cultural. Lo que se está perdiendo son empleos y oficios, no identidades”, dice.
“En definitiva, la clave de la cohesión social está en servicios públicos eficientes. Esto vale para los autóctonos y para los inmigrantes. Y hay cada vez más consenso entre expertos en que son mejores buenos sistemas universales que no programas específicos para inmigrantes, porque cubren sus necesidades particulares pero que acaban por estigmatizarles”, señala Moreno.
El tema no está en una agenda política española repleta de problemas acuciantes. “El recorte del acceso a los servicios médicos para los extranjeros en situación irregular es un guiño, pero por lo general el PP parece haber decidido no entrar de lleno en la cuestión”, dice Moreno. El PSOE, tampoco. Las experiencias francesa y británica —países con mayor tradición migratoria y con modelos de integración más articulados— sugieren que, antes o después, algún estallido podría ponerla abruptamente sobre la mesa. Ahí, décadas después, todavía debaten mucho del tema. En 2011, el primer ministro británico, David Cameron, dio por fracasado “el multiculturalismo de Estado”; y Sarkozy, gran abanderado del asimilacionismo radical, sufrió en mayo una gran derrota en las urnas.
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