El informe de Human Right Watch y las mentiras del señor Magnetto

Clarín titula con algo inexistente. Leída desde Londres o París, la falsa noticia da la idea de una Argentina casi “chavista”. “Intervenir” y “cuestionar” son palabras que describen acciones diferentes. Eso se llama manipulación.

No todos los periodistas pensamos igual. Los hay de derecha, de izquierda y algunos que todavía se preguntan qué son. Pero si se hiciera una encuesta, todos vamos a coincidir en algo: mentir es un pecado antiperiodístico.
Por eso, cada vez que los medios hegemónicos privilegian su guerra de demolición con el gobierno sobre el derecho de sus audiencias a informarse de modo veraz, dejan de ser empresas periodísticas y se transforman en empresas, a secas, que sólo buscan herir a todo aquello (gobierno, sociedad civil, competencia) que pone en discusión la ganancia de sus accionistas.
Para defender o atacar, entonces, estas empresas dejan de lado el periodismo y utilizan técnicas de propaganda y acción psicológica, como la manipulación, la omisión y la descontextualización, disimuladas bajo una pátina de verosimilitud que son las firmas de algunos (no todos) de sus periodistas o editores. El efecto es uno: mostrar como verdadero aquello que no lo es.
En la página 6 de su edición de ayer, Clarín insiste con este método. Bajo el título “Denuncian en EE UU la intervención del Gobierno en el sistema judicial”, el diario de Magnetto y AEA alude al informe 2010 de la Human Rights Watch, la principal organización de Derechos Humanos del mundo, que sería crítica sobre la Argentina. La nota lleva la firma de Ana Barón, su corresponsal en Washington, aunque no es seguro que ella haya intervenido en la confección del título. Gracias a que el mundo ya no es lo que era e Internet facilita las cosas, cualquiera de nosotros puede acceder al informe de Human Right en .
El encabezamiento del documento, que es un resumen de todo el material, dice así: “Argentina continúa logrando avances significativos en los juicios contra militares y policías por desapariciones, asesinatos y hechos de tortura ocurridos durante el Terrorismo de Estado de 1976-1983, si bien hubo demoras procesales. En 2010, Argentina sancionó una ley de regulación de medios de comunicación audiovisual y actualmente se están tratando varios proyectos que promueven el acceso de la información. El impacto de la nueva ley de medios para la libertad de expresión en el país dependerá de su implementación, que estará a cargo de una autoridad de aplicación creada por ley. En julio se sancionó una ley emblemática que legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entre los graves problemas que persisten en la actualidad pueden mencionarse las condiciones carcelarias deplorables y las restricciones arbitrarias a los derechos reproductivos de las mujeres.”
Clarín titula con algo inexistente. Claro que, leída desde Londres o París, la falsa noticia de Clarín da la idea de una Argentina casi “chavista”, donde el Ejecutivo intervino el Poder Judicial. El daño ya está hecho. La operación fue impecable. Magnetto debe frotarse las manos.
En realidad, lo que dice el informe de Human Right Watch, en uno de sus 22 párrafos es lo siguiente: “Tanto la presidenta Fernández como su esposo y otras autoridades de alto nivel han cuestionado en varias oportunidades decisiones adoptadas por el poder judicial durante 2010”. Desde que la RAE, y no Magnetto, decide cuál es el verdadero significado de una palabra, la humanidad puede entenderse. Por caso, “intervenir” quiere decir, acá y en España: “dirigir, limitar o suspender el libre ejercicios de una actividad”; y “cuestionar”, también en Madrid o Rosario: “controvertir un punto dudoso, proponiendo las razones, pruebas y fundamentos de la otra parte”.
“Intervenir” y “cuestionar”, como puede advertirse, son palabras que describen acciones diferentes.
Eso se llama manipulación. Ya habíamos visto, incluso, lo omitido: los elogios a la política de Derechos Humanos, nada menos que en un informe sobre Derechos Humanos. La descontextualización es un escándalo: con sólo repasar lo que la organización estadounidense dice sobre la violación a esos derechos en el propio Estados Unidos, en Brasil o Uruguay, las supuestas críticas a la Argentina quedan reducidas a nada.
Es cierto que el informe dedica tres líneas a destacar que hay proyectos tendientes a regular la publicidad oficial para que esta no sea utilizada de manera discrecional por el Ejecutivo en premiar o castigar a los medios. Clarín, el mayor beneficiario de esa pauta publicitaria estatal junto a La Nación desde los tiempos de Videla, lo reproduce en su nota, ignorando que su caso, precisamente, desmiente el supuesto de las presiones que tanto le gusta denunciar a la SIP. Nadie es más opositor que Clarín y, sin embargo, nadie ha recibido tanta plata del Estado, es decir, de los contribuyentes argentinos, aún con los gobiernos kirchneristas.
Lo que tampoco dice Clarín, cuando menciona estos proyectos legislativos, es que desde hace dos años la mayoría parlamentaria en la Argentina la tiene la oposición y no el oficialismo. Pequeño detalle en una répública que funciona con división de poderes.
Sin dudas, los argentinos nos merecemos un periodismo mejor.
En eso estamos.



Roberto Caballero
Director de Tiempo Argentino