¿JUSTICIA INDEPENDIENTE O JUSTICIA DE CLASE?

Leemos en Infobae la preocupación de las entidades empresariales nucleadas en el llamado G 6 (lo más granado del establishment económico argentino) por el ascenso a camaristas del fuero laboral de jueces vinculados a la CGT, a Hugo Moyano y al diputado nacional Héctor Recalde, y su reclamo por una "justicia independiente".

Hace poco y a propósito del entramado judicial armado por el Grupo Clarín para defender sus intereses, reflexionábamos sobre el rol de la justicia; y es interesante señalar que no recordamos ningún pronunciamiento similar de este conglomerado del poder real sobre ninguna de esos casos, en las que resulta evidente que un grupo económico manipula a su gusto y paladar jueces, causas y fallos.

Es obvio que la Justicia, en tanto aparato del Estado pensado para dirimir conflictos de intereses en la sociedad, no puede escapar al conflicto político y social que atraviesa esa misma sociedad, por lo que la idea de su "independencia" se parece bastante a una quimera: algo difícil -si no imposible- de alcanzar.

Pero en el caso particular de la justicia laboral, surgió históricamente en la Argentina como fuero especial (durante el desempeño del entonces coronel Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión) justamente para garantizar el cumplimiento estricto de una nueva legislación promulgada por el Estado, para proteger al trabajador -al fin y al cabo, la parte débil de la relación laboral- y morigerar así las desigualdades que genera y reproduce la estructura de producción del capitalismo.

Cuando se le retacean méritos al primer peronismo en la modernización de la legislación social argentina -aludiendo por ejemplo a los proyectos presentados por Alfredo Palacios u otros legisladores socialistas- se deja frecuentemente de lado este aspecto: la creación de los tribunales del trabajo; medida que -junto al ejercicio del poder de policía administrativa en manos de la Secretaría, hoy Ministerio de Trabajo- posibilitó hacer reales y efectivos los nuevos derechos reconocidos, frente a la resistencia de las patronales a cumplir con las leyes que los consagraban.

La dura lucha que hoy -sesenta años después- hay que afrontar contra el empleo en negro, muestra a las claras la necesidad de una y otra herramienta, en tanto ciertos comportamientos de la clase empresaria argentina parecen ser ya endémicos.

La misma Unión Industrial Argentina (parte central del G 6) viene abogando desde hace años por mantener en el texto de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo muchos de los artículos (como el que excluye la doble vía indemnizatoria) reiteradamente declarados inconstitucionales por la justicia laboral, e incluso por la propia Corte Suprema. ¿Dónde queda en ese caso el reclamo de independencia judicial?

Por eso cabe preguntarse si lo que el G 6 reclama, más que la presunta vinculación de los jueces laborales con Moyano, Recalde o la CGT, no es sino mantener en los tribunales del fuero laboral jueces dóciles a sus deseos, reacios a desconocer los derechos del trabajador, o defensores de las nefastas reformas implantadas por el menemismo en los tiempos de la flexibilidad laboral.

En definitiva, más que una justicia independiente, una justicia de clase.