miércoles, 31 de julio de 2013

BOSSI CRUZA A DES CARRIO

Bossio cruzó a Carrió por una denuncia: "Es falso hablar de desvío de fondos"

El Director Ejecutivo de la Anses desmintió hoy una publicación del diario Clarín en la que se hacía referencia a una denuncia realizada por la diputada sobre un supuesto desvío de fondos públicos. "Ningún juez ha realizado imputación alguna en mi contra, sino que un fiscal pidió dar curso a una sospecha electoralista opositora".

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) desmintió hoy una publicación del diario Clarín en la que se hacía referencia a una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió sobre supuesto desvío de fondos públicos.
En un comunicado, la Anses expresó: "En el día de ayer, el Grupo Clarín volvió a desinformar e instalar una nueva operación mediática con claro propósito electoralista. Como es habitual, da crédito e instala como noticias centrales suposiciones o sospechas de actores políticos de la oposición".
Por su parte, a través de la red social Twitter, el titular del organismo, Diego Bossio, manifestó: "La denuncia es del 10/07/13.Ya ANSES había comunicado a la AGN,SIGEN,a la Com. Bicameral del Congreso, al Consejo del FGS y publicado en línea. Es falso que el #FGS haya suscripto Letras a favor de CAMMESA, ni de ENARSA. El #FGS no financia títulos destinados a la petrolera PDVSA".
"Le pedí al presidente de la Comisión Bicameral @EricCalcagno visitar al Congreso y ampliar la información que los legisladores requieran. Es claro que ningún juez ha realizado imputación alguna en mi contra, sino q un fiscal pidió dar curso a una sospecha electoralista opositora", agregó el funcionario.
Y remarcó: "Es curioso q el requerimiento del fiscal fuera hecho en feria judicial, y recién ayer, en campaña electoral, Clarín la active como noticia. El #FGS fue creado en 2008 para proteger los fondos que son de los jubilados y pensionados del SIPA".
A continuación, el texto completo:
Debido a que estas desinformaciones pueden generar confusión en la ciudadanía, es oportuno reiterar algunas consideraciones sobre la falsedad de la denuncia, en especial, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) financie títulos destinados a la petrolera PDVSA.
Con respecto a la denuncia electoralista, Clarín da por cierta una ocurrencia opositora respecto de tres resoluciones conjuntas de la Secretaría de Finanzas y Hacienda que, solo por haber sido suscriptas el mismo día, supone que todas ellas corresponden a suscripciones del FGS. Eso es falso. Igualmente falso y absurdo es hablar de desvío de fondos, tal como se ha hecho.
El FGS sí ha efectuado una suscripción de una letra del Tesoro Nacional el 28 de noviembre de 2012, por un valor nominal de ochocientos treinta y cinco millones de pesos y por un plazo de 365 días. Esto constituye una práctica habitual.
El Grupo Clarín volvió a desinformar e instalar una nueva operación mediática
En la citada operación han intervenido en forma previa las áreas técnicas competentes, afirmando que el rendimiento es adecuado y razonable para el sistema financiero. Se ha emitido el correspondiente acto administrativo y cumplido todos los requisitos de procedimientos.
La suscripción de la letra por parte del FGS-ANSES tiene fundamento legal y financiero, por ser una operación de inversión permitida por el art. 74 inc. a) de la Ley 24.241 y Acta Nro. 1/09 del Comité Ejecutivo del FGS y encontrarse dentro de los límites allí permitidos.
Asimismo, la suscripción fue aprobada por el Comité de Inversiones del FGS por  adecuarse a las normas y procesos vigentes y a los lineamientos de la Política de Inversión definidos en las Líneas Directrices para la Inversión de Activos del FGS y al Plan de Inversiones del FGS para el ejercicio 2012.
El Comité Ejecutivo del FGS aprobó mediante acta 84 del 5 de diciembre de 2012 la suscripción realizada. Con fecha 18 de abril, el Director Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, remitió a la Comisión Bicameral el acta 84 donde se refleja la inversión realizada.
Desde esa fecha, 18 de abril, se encuentra en la página web del Fondo, http://fgs.anses.gob.ar, esa misma acta. La ANSES y el FGS publican periódicamente en su portal de Internet las inversiones que realizan en los distintos sectores productivos (obra pública, energía, automotriz y tecnología) y financieros.
Lo curioso es que la denuncia es de fecha 10 de julio de 2013, pero ya la ANSES había comunicado dicha suscripción a los organismos de control, entre ellos, a la AGN, a la SIGEN, a la Comisión Bicameral del Congreso, al Consejo del FGS y además fue publicada en la web.
La falsedad de la suscripción de dos letras a favor de CAMMESA y ENARSA
Por otro lado, también es absolutamente falso sostener que el FGS haya suscripto letras a favor de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), así como a favor de ENARSA. El FGS no financia títulos destinados a la petrolera PDVSA.
El Director Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, solicitó al presidente de la Comisión Bicameral, el Diputado Nacional Eric Calcagno, una pronta visita al Congreso a los fines de ampliar toda la información que los legisladores requieran.
La falsedad de la imputación
Finalmente, se aclara que ningún juez ha imputado al Director Ejecutivo de la ANSES, sino que un fiscal pidió darle curso a una sospecha electoralista opositora.
Como sucede habitualmente, el Juez la remitió a la Fiscalía para que se expida acerca de si impulsa o no la acción penal. El Fiscal de turno, durante la última feria judicial y en los términos de los artículos 180 y 188 del Código Procesal de la Nación, requirió la instrucción del sumario y habilitó al magistrado a iniciar la investigación pertinente a los fines de determinar si se cometió o no algún delito de acción pública. Ello no implica que haya dirigido imputación concreta hacia persona alguna, como indican algunos medios de difusión.
También resulta curioso que el requerimiento del fiscal fue realizado en plena feria judicial, pero es recién ayer, ya avanzada la campaña electoral, cuando Clarín decide activar este hecho como noticia.
El desempeño del FGS
El FGS fue creado en el año 2008 con el fin de proteger los fondos pertenecientes a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
En mayo último, durante su exposición ante la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, el Director Ejecutivo de la ANSES, Diego Bossio, afirmó que "el FGS tuvo un crecimiento de un 186,1% desde su creación. De $98.082 millones en diciembre de 2008 pasó a $280.567 millones al 30 de abril de 2013".
En su accionar, el FGS está sujeto a las regulaciones vigentes en el mercado de capitales local, como así también al monitoreo permanente de siete órganos de control. Hasta la fecha, el Director Ejecutivo de la ANSES ya fue 16 veces al Congreso a explicar cada una de las inversiones del Fondo. Incluso en la última visita, el 14 de mayo de este año, los legisladores de la oposición recomendaron la inversión en títulos públicos, dada la alta rentabilidad de los mismos.
El FGS invierte en activos financieros nacionales que incluyen, entre otros instrumentos, plazos fijos en bancos nacionales y la adquisición de títulos públicos o valores locales de reconocida solvencia. Entre otros, se efectuaron inversiones a largo plazo en áreas estratégicas como la industria energética y la obra pública, a diferencia de las AFJP que invertían el ahorro de los trabajadores argentinos en fondos y empresas extranjeras. Todos estos títulos cuentan con oferta pública y sus condiciones de emisión pueden ser verificadas en la web de la Comisión Nacional de Valores.

EL GNOSTICISMO DE BON FATTO

Para Francisco que lo mira por TV

Mientras el Papa Francisco pidió a los líderes del mundo ser sencillos y austeros, el Gobernador de la Provincia compró a una concesionaria de Rosario, sin licitación, un Mercedes Benz modelo Viano 2.2 CDI Trend que costó $381.000. 

Coherente con la sencillez que pregonó toda su vida, Francisco eligió un coche “popular” para sus traslados dentro de Brasil. Nada de autos blindados ni de alta gama: su decisión fue por uno de los diseños familiares de la escudería italiana: un Fiat Idea.
Paralelamente, en varios de discursos en La Jornada Mundial de La Juventud realizada en Brasil, pidió a los líderes mundiales y a los obispos de la Iglesia, que  tengan gestos de austeridad y humildad.

“No me dejen a pie”
En el gobierno provincial, las palabras del Papa Francisco no han logrado impacto en los útimos meses, ya que en marzo de este año se inició una “Gestión Directa” para la adquisicion de un vehiculo - tipo minibus con destino a la Secretaria Privada de la Gobernacion dependiente del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.
El plan de “contención del gasto corriente” que se había anunciado parece que terminó y ahora es tiempo de “vacas gordas”, aprovechando las bondades de la Reforma Tributaria.
El Gobierno, en este caso, sólo le pidió cotización a la empresa Stern Motors S.A. ubicada en la calle Junín 250 de la ciudad de Rosario que tasó una unidad Mercedes Benz modelo Viano 2.2 CDI Trend, año 2013, tipo familiar, color plata iridio en la suma de $381.000.
Según el pliego, el Gobierno provincial se comprometió a pagar dentro de los veinte (20) días de la fecha de presentación de la factura respectiva, previa conformidad definitiva del organismo receptor. Una forma muy diferente de pagar a los proveedores de la Provincia que en algunos casos, y cuando se trata de “muy buenos amigos”, cobran a los seis meses y hasta con un año de mora como pasa frecuentemente.

No aclares que obscurece
Sin Mordaza intentó conocer las justificaciones o argumentos de semejante erogación y encontró un enorme mutismo. Aunque un funcionario de la Casa Gris que pidió reserva, expresó: “no se adquirió por su valor sino teniendo en cuenta determinados parámetros que hacen a la seguridad. No se trata de un lujo, no es una cuestión de banalidad, lo que se buscó es un auto que brinde seguridad”, insistió y también justificó la determinación ya que “es una inversión que queda en el Estado y estoy seguro que su durabilidad será por mucho tiempo”.
Cabe recordar que el propio gobernador Antonio Bonfattti expresó el año pasado que: “para pagar los sueldos estamos rascando la ollla” y paralemanete el ministro de Hacienda, Ángel Sciara anunció un “supuesto” plan de austeridad para eliminar el enorme déficit público que tiene la Provincia.
“Me ofende que se hable tan alegremente de un problema profundo. No hay fiesta socialista”, dijo el ministro y agregó entonces: “hemos puesto en marcha un paquete de medidas de ahorro, con epicentro en el llamado “gasto de funcionamiento” como los viáticos, telefonía, contratos de servicio pero aclaro que no alcanzarán, por sí solas, para solucionar el problema de fondo: Esto no resuelve el problema del déficit”, aclaró el ministro Sciara.

Agnosticismo
El papa Francisco dio el pasado sábado un tirón de orejas a la clase política desde Brasil. En un discurso ante autoridades, legisladores y miembros de la sociedad brasileña reunidos en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, el pontífice argentino reclamó una ”visión humanista” de la política y la economía que elimine elelitismo y la pobreza. Parece que en Santa Fe los hombres del Gobierno dieron una muestra más del agnosticismo.

CLARÍN Y SU PAYASO A NEW YORK

Clarín en dos actos

Año 6. Edición número 271. Domingo 28 de julio de 2013
Los unos y los otros o los mismos. El cómico peruano Carlos Álvarez –empleado de los hermanos Delgado Parker– en uno de sus tantos sketchs donde ataca todo tipo de dirigente político que no le pague el salario. Jorge Lanata, desde su Periodismo para todos. La nota de Martín Sivak en The New York Times International Weekly que Clarín decidió levantar de su edición nacional y Genaro Delgado Parker, al frente de su emporio Panamericana Televisión, que logró los servicios del programa de Lanata para Miami.
ACTO I. En junio de 2013, Jorge Lanata festejó desde su programa dominical en Canal 13 –todo un logro, además, del Grupo Clarín– que se había firmado un acuerdo con una repetidora norteamericana para emitir Periodismo Para Todos en los Estados Unidos. “Se podrá ver allá cada domingo, pero no en el Tucumán de Alperovich”, dijo el conductor sonriendo canchero ante cámara.
Lo que nadie dijo –ni Lanata ni nadie del Grupo Clarín– es que Canal Sur, el canal que, en cuestión, repetiría el programa, es propiedad de Genaro y Héctor Delgado Parker, dos señores dueños de Sur Corporation, empresa que engloba, además de la mencionada señal, a Canal Sur Cable, Sur Perú, México TV, TV Venezuela y Sur Dish Network.
La página oficial de Sur Corporation dice que Genaro y Héctor Delgado Parker, dos empresarios peruanos de la industria de la radio y la televisión, tuvieron una preocupación: “La carencia de información que teníamos los latinoamericanos sobre nuestros países hermanos, en comparación con la abundancia de información que nos llegaba de los países de Norteamérica y de Europa. Estando tan cerca y con tantas similitudes culturales, era muy poco lo que sabíamos los latinoamericanos de nuestros vecinos y hermanos. Por ello, se formó un canal de televisión que informe a todos los latinoamericanos emigrantes sobre la realidad de su país de origen. Es así que, a mediados de 1992, lanza al mercado Canal Sur, que se introduce como una especie de ‘Naciones Latinoamericanas Unidas’. En este espacio cada país puede mostrar su realidad y dar a conocer al mundo sus vivencias, problemas, fortalezas y debilidades”. Sí, leyó bien, “una especie de Naciones Latinoamericanas Unidas”, minga de Mercosur, Unasur y todas esas uniones de países que pretenden, al parecer, caerse del mundo tan ordenadito. Toda una preocupación, qué embromar.
Por esa preocupación fue, quizá, que los Delgado Parker habían contratado con anterioridad –con mucha, muchísima anterioridad– al cómico Carlos Álvarez. El periodista César Hildebrant relata los detalles de la actuación de Álvarez “cuando Fujimori mandaba, Montesinos asustaba, Canal Sur pagaba y la gente decente vomitaba si encendía la tele”: “Era la época en que el señor Álvarez salía en los mítines re–reeleccionistas de Fujimori. El señor Álvarez cobraba en las ventanillas de Canal Sur, recibía indicaciones del guionista Bressani, del productor Montesinos y del Akira Kurosawa de los vertederos, Alberto Fujimori, y con toda esa ayudantía detrás salía a la pantalla a enlodar a la oposición, a calumniar a los díscolos y a hacerles muecas a los desafectos (a tanto el insulto, a cheque en mano la inmundicia y a letra a 30 días el kilo de saña)”.
Las gracias del cómico Carlos Álvarez radicaban en desacreditar a la democracia presentando como energúmenos apocalípticos a todos los que se animaban a pelearle al neoliberalismo peruano o abogaban por un país menos infecto.
Y antes, algunos años antes, cuando Héctor Delgado Parker fungía de asesor de Alan García (¿alguien recuerda aquellos afiches porteños de los ’80 que rezaban “Patria mía, dame un presidente como Alan García”, mientras la Argentina la presidía Raúl Alfonsín?), le encomendó a Álvarez despacharse con el personaje de Popy Olivera. El mentado personaje Olivera era Luis Fernando Olivera Vega, encargado en la comisión del Congreso peruano de investigar las propiedades del presidente, así como el más ensañado acusador de los infinitos casos de corrupción y de irregularidades del primer mandato de Alan García. Luego, fue congresista de Perú hasta 2000. El 14 de septiembre de ese año llegó a su cúspide política cuando presentó un video donde se mostraba al entonces asesor fujimorista Vladimiro Montesinos entregando 15.000 dólares a Alberto Kouri, un congresista de la oposición, para que se pasara a las filas de Perú 2000, el partido oficialista. El video provocó la caída del régimen del presidente Alberto Fujimori. Pero eso es apresurarse. En la primera época presidencial de Alan García (1985/1990), Olivera era su enemigo acérrimo, y para Delgado Parker era de suma importancia que el cómico Álvarez ridiculizara al máximo a Olivera poniéndole el nombre de un payaso venezolano, Popy, y pintándolo siempre como un fervoroso defensor de la estupidez. Dice Hildebrandt: “Álvarez obedeció, con su cheque respectivo, y durante años Popy Olivera se exprimió ante cámaras”.
García dejó el gobierno a manos de Alberto Fujimori y los Delgado Parker se aggiornaron. Carlos Ávarez siguió con su personaje de Popy Olivera, esta vez para atacar a quien atacaba a Fujimori.
El portal La Primera, de Perú, dice, sobre los empresarios de la televisión, que “no les resultó difícil arreglar sus negocios durante el régimen fujimontesinista, del cual inclusive se recuerda el video en el que Genaro Delgado Parker aparece cerrando un acuerdo con el inefable ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, para salir bien librado del juicio contra Ernesto Shütz Landázuri por el control del Canal 5”.
Y continúa: “A la caída de Fujimori, pudieron capear el temporal una vez más y, luego de obtener la administración de Canal 5 durante el gobierno de Toledo, mediante una argucia judicial bastante cuestionada, los empresarios se dieron el lujo de salir limpios de polvo y paja en el juicio anticorrupción por el caso Montesinos, del que Genaro fue excluido por ser mayor de 70 años, demostrando lo atinado del refrán que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo”.
Cuenta la historia de Perú que cuando Fujimori tuvo que huir, Héctor Delgado Parker consiguió reflotar sus asesorías políticas para Alan García. El cómico Álvarez, entonces, preguntó a quién debía obedecer. “Obedecerás, como siempre, al que pague”, dicen que dijo Delgado Parker. Cualquier similitud entre Álvarez y Lanata corre por cuenta del lector.
Hubo un diálogo desopilante cuando cayó Fujimori. Ocurrió cuando el sistema anticorrupción peruano llamó a declarar a Montesinos, nada más ni nada menos que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, Consejero de Seguridad del Gobierno y asesor plenipotenciario presidencial.
–Señor Montesinos: ¿a quién estaban dirigidos los sobres con dinero que tenían escrito el nombre de Carlos Álvarez?
–A Carlos Álvarez –respondió Montesinos.
–¿A Carlos Álvarez, el cómico? –le repreguntaron, insisntentes.
–No. Carlos Álvarez era el nombre falso de uno de los agentes del Servicio de Inteligencia –respondió Montesinos sin poder contener la carcajada.
Las denuncias sobre los Delgado Parker no dejaron de sonar. Una de ellas señala que los empresarios incumplieron con sus obligaciones de interventores judiciales pese a lo cual la titular del Segundo Juzgado Civil de Lima Norte, Ana Lucía Campos, quien lo nombró y puede revocarlo, lo mantiene al frente del canal.
La jueza Campos decidió ignorar la información que el ministerio de Trabajo le había proporcionado el 13 de agosto de 2008 sobre las infracciones legales laborales cometidas. Ese informe (oficio Nº 1357–2008 MTPE/2) señalaba que los Delgado Parker “incumplen las normas sociolaborales que obligan a la empresa Panamericana Televisión SAA y han llegado al extremo de negarse a permitir el ingreso de los inspectores del ministerio, además de mantener una abultada deuda con la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria) que bordea los 100 millones de soles”.
Como broche, una perlita de la literatura neoliberal sobre los hermanos Héctor y Genaro Delgado Parker. Así afirmó Mario Vargas Llosa en su libro El pez en el agua, luego de recibir un millón de dólares para su campaña presidencial de 1989: “Siempre tomé con un grano de sal sus declaraciones de amor político, pues creo conocerlos bastante bien para saber que el gran éxito como empresarios se ha debido no sólo a la energía y talento, sino también al genio camaleónico, la habilidad mercantilista para nadar en el agua y el aceite, y persuadir al mismo tiempo a Dios y al diablo que son hombres suyos”.
El acuerdo entre Canal Sur (Sur Corporation, los Delgado Parker) y Periodismo Para Todos (Canal 13, Grupo Clarín) permanece intacto.
ACTO II. Todos los sábados, los lectores del diario Clarín pueden consultar, dentro del show de suplementos que hace desarrollar el bíceps de los compradores, el The New York Times International Weekly, selección de las notas aparecidos en la edición del diario estadounidense traducidas al español. Todos los sábados, se dijo, menos el sábado 20, cuando una nota de Martín Sivak (autor del reciente libro Clarín, el Gran Diario argentino: Una historia), titulada “Las escaramuzas en los medios de América latina”, fue suplantada por una sobre el primer ministro de Serbia, Hashim Thaci, quien, como se comprenderá, puede ser un experto en escaramuzas pero poco en medios de América latina.
La nota de Sivak arrancaba con un polémico “durante el siglo XX, hubo dos guerras sangrientas en América del Sur: entre Bolivia y Paraguay en el Chaco (1932–1935) y entre Argentina e Inglaterra por las Islas Malvinas (1982). En el siglo XXI, otra clase de guerra se ha instalado en donde aún no hay víctimas: la guerra de los medios. De un lado están las grandes corporaciones mediáticas privadas que reclaman que la libertad de expresión y sus negocios se ven amenazados por regímenes, según ellos, autoritarios. Incluso han llegado a comparar las políticas de gobierno con el fascismo. Por otro lado, los gobiernos llamados populistas o de izquierda en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela acusan a los medios de hacerle daño a la democracia a través de una cobertura sesgada y de prácticas monopólicas, y de infundir ideas golpistas”. Luego, desarrollaba la historia del conflicto entre el gobierno nacional y el Grupo desde marzo de 2008 en los siguientes términos: “Muchos la llaman guerra, pero divorcio sería un término más adecuado”.
En uno de los párrafos, Sivak citaba su propia investigación: “El Grupo Clarín mantiene una cobertura del gobierno hostil, ‘no hay espacio para la neutralidad’, me dijo un editor importante de Clarín, que es el diario de más circulación en América latina. ‘O estás con los que defienden la libertad de expresión o estás con el Gobierno’”. Y de inmediato, proporcionaba la palabra del mismísimo Héctor Magnetto: “El presidente ejecutivo del Grupo Clarín, a quien el Gobierno describe como criminal, no habló con los medios de Argentina, pero le dijo a The New York Times: ‘Esto tiene que ver con algo más que Clarín. Tiene que ver con la democracia’”.
La nota asumía un punto de vista (como toda nota, al fin y al cabo) equidistante de las dos partes en conflicto (o “divorcio”, para acordar con Sivak). Quizá la frase más hostil del artículo, y aquí no sería ocioso entrecomillar la palabra hostil, hacía referencia a las vicisitudes que debían correr los lectores del diario: “A estos lectores se los somete a tener que descifrar meticulosamente las noticias que ven para averiguar lo que pasó el día anterior”.
La nota, en un país que exportó al mundo entero y con todo el dolor del caso la palabra “desaparecido”, desapareció. Martín Sivak, anoticiado del caso por el editor de The New York Times Tom Brady, decidió escribir una nota el domingo 21 en el periódico Perfil. Y allí resumió lo que le había dicho Brady: “Ayer Clarín (…) reemplazó de apuro una columna que escribí sobre los conflictos entre medios y gobiernos en América del Sur en general, y el de la administración Kirchner con el Grupo Clarín en particular. Esa columna, llamada ‘Inteligencia’, es una sección fija de la edición internacional del diario estadounidense que el diario argentino ha publicado regularmente. Clarín no observó errores u omisiones ni reclamó mayor inteligencia. La breve explicación que le dio a The New York Times es que no la publicaría porque ‘es un tema muy sensible’. Fue una salida elegante para no explicitar que sobre ese tema sólo se publica el relato de la empresa”.
The New York Times no parece un diario afín a las políticas del gobierno argentino ni ceñirse en demasía al relato nacional ni defender a capa y espada la alianza regional de América del Sur. Sin embargo, sus autoridades evaluaron que la columna era, según las palabras del propio Sivak (y la publicación en sus páginas del artículo de marras así lo confirma), “equilibrada y respetuosa”. Tanto, que, en un hecho inusual, había decidido subir a su página web (www.nytimes.com) la versión en inglés y en español para que los lectores de habla hispana pudieran leerla.
Escribió Sivak para Perfil: “La columna, en realidad, intenta sintetizar el conflicto con información familiar para una parte del lectorado argentino. Que las relaciones entre el gobierno de Néstor Kirchner y Clarín fueron mucho más armoniosas que conflictivas. Que el Gobierno le concedió favores estatales, como la fusión de Multicanal y Cablevisión. Que Clarín fue suave en la crítica y que relegó temas incómodos, como los relacionados con la corrupción gubernamental. Que cuando empezó el conflicto, ni el Gobierno ni Clarín dieron explicaciones convincentes sobre la mutua desilusión. Que la metáfora del divorcio parece mucho más precisa que la de la guerra. Que Héctor Horacio Magnetto no da entrevistas a medios argentinos pero sí a extranjeros”.
The New York Times le había pedido a Sivak una nota sobre la prensa “atacada y sitiada en América del Sur”. La respuesta del periodista argentino había sido clara: “Le dije que quizá no era la persona indicada, porque esa perspectiva ha limitado la explicación del conflicto a las acciones de los llamados gobiernos populistas o de izquierda-centroizquierda. También ha relegado temas centrales como la propiedad concentrada del sistema de medios, su relación de give and take (toma y daca) con la política y su responsabilidad en el conflicto por coberturas sesgadas y por momentos incendiarias. Le dije que no creía que la democracia estuviese en riesgo y que las metáforas bélicas de las media wars merecían revisión”. Pero Brady insistió. Y Sivak escribió la nota.
El suplemento del diario estadounidense tiene un público de seis millones de lectores de 35 diarios distintos (el China Daily, de China; El País, de España; Reforma, de México; Tages-Anzeiger, de Suiza, entre otros en los cuales se encuentra, “of course”, Clarín, de la Argentina).
Brady había llamado a Sivak en un brote genuino de indignación el jueves 18, cuando se enteró de la decisión clarinista de levantar la nota. Una decisión que sólo le había ocurrido una vez, cuando a la sección de The New York Times International Weekly en un país árabe había llegado una amenaza a las vidas de los periodistas de esa publicación si se editaba una nota contraria a las autoridades. Confirmada la veracidad de la amenaza, la nota se levantó. Las repercusiones que podían sobrevenir en la Argentina por la edición de la nota de Sivak no parecían tales. Y, además, no hubo amenaza alguna por parte de ningún terrorista. Y también habían llamado a Sivak dos periodistas amigos del The New York Times: “Uno me dijo que Clarín estaba haciendo lo que le criticaba al gobierno argentino. El otro, un viejo columnista que ha recorrido medio mundo con el diario, habló con un mapamundi en la mano: ‘Creo que estamos eligiendo mal nuestros aliados en América latina. Que un diario censure un artículo porque no le gusta es no haber entendido al Times. Les gusta el prestigio que les otorga, pero rechazan el periodismo del Times cuando habla de ellos’”.
Ricardo Kirschbaum replicó desde las páginas de Clarín a la nota aparecida en Perfil: “Martín Sivak denunció que fue censurado por no haberse incluido su texto en el suplemento de The New York Times. Clarín no publica allí temas de la coyuntura local, sino cuestiones globales. El contrato con NYT establece que Clarín puede seleccionar los textos que edita, en base a una oferta que recibe del diario neoyorquino”. Lindo argumento, elegante, pero falso: el 31 de agosto de 2012 publicó en esa misma sección una columna del mismo Sivak sobre la polarización en la Argentina (“Argentina’s rivalry”, La rivalidad argentina). Y el 18 de noviembre de 2011 publicó la columna de Pola Oloixarac “Setting a new stage” (Armando un nuevo escenario) centrada en la figura de Cristina Fernández de Kirchner.
Miradas al Sur envió a Tom Brady cinco preguntas sobre el hecho. Amablemente, Linda Zebian (Manager, Corporate Communication The New York Times Company) respondió el mail a pedido del editor norteamericano: “El señor Tom Brady me remitió sus preguntas sobre el hecho mencionado. El semanario internacional de The New York Times se distribuye como sección independiente dentro de 35 periódicos en 27 países a través de Norteamérica, de Europa, de América latina y de Asia. The Times no está implicado en las decisiones editoriales tomadas por cada publicación particular después de que se distribuya la sección”. Ooooole.
El acuerdo entre Clarín y The New York Times permanece intacto.

LAS ELECCIONES DE CARLOS SAUL MASSA

En la vida hay que elegir y Massa eligió clarín

Las últimas encuestas de Enrique Zuleta Puceiro y Poliarquía, que revelaron una inquietante paridad entre los intendentes de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y el de Tigre, Sergio Massa, para el ensayo electoral de las PASO de cara a las elecciones de octubre, alteraron el clima hasta ahora exageradamente festivo y optimista del cuartel general del nuevo enfant terrible de Clarín y La Nación.
Era previsible. A medida que Cristina Kirchner se involucrara en la campaña y definiera más claramente que su candidato oficial era Insaurralde, el voto filo-kirchnerista que veía con buenos ojos el experimento supuestamente cándido y balsámico del tigrense iba a reorientar su voto en apoyo del oficialismo.

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Frente a este escenario, Massa reaccionó endureciendo el discurso sobre seguridad, un hit de los tiempos pretéritos de Eduardo Duhalde y Carlos Ruckauf, sacándose el saco para pelear en un spot que recuerda a Fernando de la Rúa golpeando sin convicción la mesa del programa de TV de Mariano Grondona.
La sobreactuación tiene una única intención: ir en busca de los votos "hartos", de derecha dura y bien antikirchnerista, del colombiano Francisco De Narváez, para inyectarle una recobrada vitalidad a su propuesta light, hoy amenazada por el repunte de Insaurralde, que se hace cada vez más conocido y atractivo, incluso para los críticos del oficialismo.
La otra decisión de Massa ante esta realidad inesperada que comienza a preocuparlo fue definir su alineamiento mediático.
Si en la vida hay que elegir, el tigrense eligió a Clarín. Durante el programa Infama, del picante Santiago Del Moro, puesto a optar entre Página 12 y Clarín, eligió como diario de cabecera el de Héctor Magnetto con pompa y sin remilgos.
En estos tiempos, la suya es toda una definición política. En el contexto abierto por la Ley de Medios de la Democracia, con Clarín como ariete antikirchnerista sacado de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), lo de Massa es la verbalización de una alianza hasta ahora disimulada en la figura amigable de Mirta Tundis. En el pasado hubiera pasado como un pin pong alegre sobre gustos del candidato. Ya no.
La sensación es que Massa arrancó hace dos semanas en el techo de sus posibilidades electorales. En el camino, probó asociarse al PRO de Mauricio Macri, fuerte compromiso que mantiene en San Isidro, Vicente López y todo el corredor de la zona norte del Conurbano, donde su cartelería es amarilla intensa y con el logo del partido autonomista porteño.
Pero, en función de las encuestas, fue bastante patético ver cómo reculó y hasta ensayó con Macri un desacuerdo que no existe para no espantar al supuesto peronismo provincial no kirchnerista.
No es menos llamativo que, jugado por jugado, elija aferrarse a los pantalones de Héctor Magnetto y sus 250 licencias televisivas y radiales. Massa necesita sacarle diez puntos al kirchnerismo para soñar convertirse en una referencia indiscutible de todas las oposiciones existentes para octubre, que es la elección que vale.
El poderoso aparato comunicacional concentrado de Clarín es un socio formidable para cumplir con su deseo, ahora que descubrió que no hay tantos kirchneristas dispuestos a abandonar el barco que conduce Cristina Kirchner para subirse a la Interisleña que ofrece como si fuera un trasatlántico de lujo.
Los títulos, los copetes, los epígrafes y los zócalos que abastecen a granel su ilusión desde el búnker de la calle Tacuarí, ahora más que nunca, seguramente reconfortarán el narcisismo del tigrense para enfrentar el desafío próximo.
Pero en democracia, deciden las urnas. En la vida hay que elegir y Massa eligió a Clarín. Resta saber a qué intendente, si al de Lomas o al de Tigre, eligen los bonaerenses para que trabaje como diputado, haciendo leyes y debatiéndolas en el Parlamento; y no para ser estadista, como Magnetto quiere hacernos creer desde la hipnótica influencia que ejercen sus medios ilegalmente monopolizados.

 http://tiempo.infonews.com/2013/07/31/editorial-106559-en-la-vida-hay-que-elegir-y-massa-eligio-clarin.php

martes, 30 de julio de 2013

LA GRAN CLOACA QUE PASA POR LA RURAL

“Con olor a bosta de vaca”

 Por Jorge Gaggero *
En menos de un año de gestión, Luis Miguel Etchevehere ya ha logrado superar a su predecesor, Hugo Biolcati, lo que no es poco. Su diatriba feroz y sin sustento serio alguno, en la apertura de la exposición anual de la Sociedad Rural, ha hecho palidecer todo lo que conocemos de la actuación pública de la dirigencia del “campo” (como les gusta autodenominarse). Pero lo que me ha parecido aún más lamentable es que un elenco distinguido de “la oposición” haya estado dispuesto a poner la oreja (y la cara) para tales despropósitos.
No pude evitar recordar la famosa alusión del gran Sarmiento, cuando en los años ’80 del siglo XIX hablaba con desprecio de los miembros de “la aristocracia con olor a bosta de vaca” que se oponían a la educación pública universal y gratuita (para “preservar” las diferencias en la sociedad de entonces). También sus valientes denuncias acerca de los negociados de la familia de don Julio Argentino Roca con la tierra pública.
Dos de las estancias de Don Julio, que una nota de este fin de semana de La Nación identifica como los pagos donde el ex presidente desarrollaba su “esforzado trabajo rural”, le fueron “regaladas” graciosamente por la Legislatura. Por ello, Sarmiento decía (El Censor, 1885), con los sobrados fundamentos, que Etchevehere no se digna aportar hoy para sostener sus barbaridades: “Quieren que el Estado, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereyra Iraola, a los Luro y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas”.
Etchevehere ha dicho este sábado: “El Gobierno dilapidó en corrupción las divisas que produjo el campo”. Sintetizó lo que ya había afirmado cuando asumió su cargo actual (septiembre de 2012): “Entre 2003 y 2012 el campo aportó, en concepto de retenciones, 55.000 millones de dólares (como se ve, el hombre está “dolarizado”) en un drenaje de fondos (...) que no se transformaron en obras para mitigar el efecto de las inundaciones, ni en mayor salud, educación y seguridad”.
Etchevehere no parece que lea los informes que elabora la Universidad Austral (Departamento de Economía, junio de 2013) acerca de la aplicación del gasto público consolidado (Administración Central + Provincias + Municipios) durante el período 2003-2012. Si lo hubiera hecho, se habría enterado de que el aumento del gasto público fue de 210.000 millones de dólares en este lapso (lo “aportado” por las retenciones ha resultado marginal), que el 65 por ciento de este aumento de las erogaciones –unos 136.000 millones de dólares– fue destinado al “gasto social” (salud, educación y previsión social, principalmente) y que unos 21.000 millones de dólares fueron invertidos en la expansión del “capital físico” del país.
Ha sido muy significativo, además, que se refiriera a la corrupción –sin duda, un serio problema argentino– desde una tribuna ubicada en un predio sustraído fraudulentamente de la propiedad pública (común) de los argentinos durante la década de los ’90, y aún no restituido a su dominio.
* Economista. Investigador del Cefid.Ar.
 http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-225583-2013-07-30.html

domingo, 28 de julio de 2013

MASSA Y LA SANTA ALIANZA DE INTENDENTES, NARCOS Y FISCALES



A buen puerto te arrimas

Massa anunció el jueves que había enviado a la fiscalía de San Isidro las denuncias del Secretario de Seguridad Sergio Berni, para que “metan presos a uno, diez o cien narcos, a todos los que correspondan”. Pero el fiscal que recibió su presentación, Julio Novo, activo partícipe en los actos de campaña de Massa, tiene múltiples denuncias y un pedido de juicio político por obstruir la investigación de esos delitos, como los crímenes de Unicenter y San Fernando.
 Por Horacio Verbitsky
El canal de noticias del Grupo Clarín fue la boca de expendio que Sergio Massa utilizó para responderle al Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien había dicho que en Tigre se esconden los narcotraficantes más peligrosos del mundo. “Hicimos una presentación en la fiscalía de San Isidro para que se investigue y metan presos a uno, diez o cien narcos. A todos los que correspondan”, dijo el intendente. Además, reclamó endurecer las penas contra el narcotráfico.
No es tan simple: el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro que recibió la denuncia es Julio Alberto Novo, quien participa en forma activa en los actos de campaña del Frente Renovador, tiene múltiples denuncias presentadas por una docena de fiscales y por la Cámara de Apelaciones del distrito y un pedido de juicio político pendiente, todos por obstaculizar las investigaciones sobre los delitos para los que su amigo Massa propone aumentar penas, típica respuesta de la demagogia punitiva, que se reduce a suscitar una ilusión de seguridad. La afirmación de Berni parece hiperbólica, dado que el único ejemplo que mencionó fue el presunto traficante colombiano conocido con el alias Mi Sangre, Henry López Londoño. Sin embargo, desde Tigre hasta Pilar funciona una santa alianza de intendentes, narcos, fiscales y policías, cuya figura principal es Novo y su protector político Massa. El componente electoral de la denuncia de Berni es obvio, pero los hechos son reales y fueron expuestos en esta página el 31 de marzo, mucho antes de que Massa cambiara de frente. El departamento judicial de San Isidro tiene jurisdicción sobre los municipios más aventajados del país, donde culmina el corredor floreciente que arranca en la Capital Federal. Todos sus intendentes integran el Frente Renovador de Massa, pese al origen político distinto de cada uno: el primo inteligente de Maurizio Macrì, Jorge, en Vicente López; el radical Gustavo Posse en San Isidro; el vecinalista ex PRO, Luis Andreotti, en San Fernando; el propio Massa en Tigre, y el ex duhaldista de Pilar, Humberto Zúccaro. Varios de ellos han hecho de la seguridad un tema central de su campaña permanente, con la incorporación de tecnología de avanzada, incremento de recursos policiales, integración del ministerio público fiscal al dispositivo político-represivo y un discurso centrado en lo que llaman el combate contra la droga. Sin embargo, luego de casi una década de provincialización de delitos vinculados con estupefacientes, lejos de haber sido afectadas, las grandes organizaciones criminales han crecido. Los dispositivos legales y tecnológicos puestos en escena han servido para reforzar el control social sobre los sectores depauperados que en los prósperos partidos del norte coexisten con los más satisfechos. Raymond Chandler murió medio siglo antes de que ellos llegaran a esas alcaidías, en las que bien podrían basarse sus novelas, con policías, magistrados y políticos como parte de la trama delictiva. El diestro pionero en un esquema de gobernabilidad que incluyera en un todo armónico narcocriminalidad, policía y justicia fue el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. En 1995, propuso que la represión de los consumidores y el comercio al menudeo de drogas pasara a manos de policías, fiscales y jueces provinciales, delegándoles el control social y los negocios. Su continuador en la provincia, Felipe Solá, obtuvo en 2005 la ley que el Congreso le negó al precursor diez años antes.

“Estructuras tenebrosas”

En 2007, un plenario de jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro acusó a Novo de haber instaurado “estructuras tenebrosas”, y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo la independencia y la autonomía personal de los fiscales subordinados a él. Al año siguiente, en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez un breve tiroteo acabó con la vida de los paramilitares colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gardner. A principios de 2009 cayó abatido del mismo modo el compatriota de ambos Juan Sebastián Galvís Ramírez, esta vez en San Fernando. La primera causa era investigada por el fiscal Diego Grau; la segunda por su colega Luis Manuel Angelini. Los dos padecieron la interferencia del superior común, Julio Alberto Novo, un hombre de armas llevar, dicho esto en forma literal: escondido en un techo, mató de un disparo en la espalda a un adolescente que entró a robar a su casa. Uno de los hombres de confianza de Novo es el fiscal de Pilar Gonzalo Acosta, hijo del ex jefe del grupo de Tareas de la ESMA. En busca de nexos que ayudaran a esclarecer el doble crimen, el fiscal Grau participó en una reunión con dos colegas de otras jurisdicciones que llevaban causas similares: Juan Bidone, de Mercedes, quien tenía a su cargo el expediente por el triple crimen de General Rodríguez (donde fueron asesinados Sebastián Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón en agosto de 2008), y Analía Córdoba, de la UFI 4 de La Matanza, quien investigaba otro doble homicidio de ciudadanos colombianos en San Justo. El intercambio de información y la coordinación estratégica quedaron truncos porque el fiscal general adjunto de Novo en San Isidro, Marcelo Vaiani, ordenó a Grau que dejara aquel encuentro y acudiera a la sede departamental para impartirle directivas burocráticas sobre la forma de llevar las estadísticas. Grau y Angelini habían solicitado el allanamiento en la sede de Federal Aviation, una de las empresas de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, que dos años después serían detenidos en España. En octubre de 2009, trece fiscales de la jurisdicción imputaron irregularidades y delitos a Novo, entre ellos la obstrucción al avance de aquellas causas. Como ninguna de esas denuncias prosperó, dado el desinterés de la Procuración General y de la Legislatura, Angelini terminó por presentar una denuncia penal contra su superior, que se inició en el juzgado federal de Ariel Lijo, en la Capital Federal. Lijo se declaró incompetente y la remitió a su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien empezará a interiorizarse de su contenido a partir de mañana, cuando concluyen las vacaciones pagas de invierno de los magistrados. En ese texto, Angelini cuenta que Grau era el único fiscal que conocía a fondo la causa de Unicenter. Novo lo relevó sin fundamentos, lo cambió de función y distrito asignándolo a causas menores y dejó paralizada la investigación, hasta que en forma verbal decidió asignársela a Angelini, a quien no le proveyó ni escritorio, ni computadora, ni conexión al sistema de información judicial, ni personal, ni teléfono celular. Al mismo tiempo le asignó la fiscalía de San Fernando y le fijó un plazo perentorio de cuatro meses para que finalizara las mil causas que se tramitaban en ella. Angelini entiende que lo hizo adrede “por el dolo de encubrir”. Agrega que el adjunto Vaiani le aconsejó que archivara la causa de Unicenter. Ante su reclamo de recursos, Novo le asignó como colaboradores al propio Vaiani (que tiene mayor jerarquía que Angelini) y a Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas.

“Maquinaria de entorpecimiento”

Que Vaiani y Scapolán quedaran al mando de Angelini era “una verdadera puesta en escena prototípica de un ardid. Un cinismo absoluto”. Lejos de colaborar con él, formaron parte de la “gran maquinaria de entorpecimiento”. Esta ficción duró apenas unos pocos meses, cubriendo un flanco débil hasta que el jury de enjuiciamiento archivó la denuncia de los trece fiscales contra Novo. Al quedar habilitados a ingresar al legajo, Vaiani y Scapolán le pidieron los cuerpos originales y las copias. Pero según la denuncia de Angelini, utilizaron el expediente “para otros fines”. Angelini solicitó una auditoría, pero la Procuradora María del Carmen Falbo no lo admitió. En junio de 2009, mientras Grau encabezaba once allanamientos simultáneos, Vaiani lo interrumpió, no para colaborar sino con el propósito de enterarse “hasta qué punto la investigación involucraría a otras personas, aquellas a las que protegen y que se vinculan a la narcocriminalidad”. Algo similar le sucedió al fiscal Angelini cuando decidió registrar la embarcación “Woods”, en la causa Galvís Ramírez. La policía de investigación y la Prefectura secuestraron a bordo una pistola Glock calibre 40, similar a la que se utilizó en Unicenter y que luego desapareció cuando estaba bajo la responsabilidad de Novo, en la Secretaría de Gestión. Otro fenómeno de evaporación afectó al libro en el que se registraba quién accedía a las pruebas reservadas del expediente. Mientras registraba el barco, Angelini fue convocado de urgencia por la Fiscalía General para “obstaculizar el avance de la investigación”. De este modo le impidieron verificar el registro del GPS instalado en la embarcación, que “podría habernos dado el derrotero de navegación de los días previos”, cosa que luego se perdió. El otro adjunto de Novo en la Fiscalía General, Rodrigo Caro, distrajo los esfuerzos de Grau en las críticas primeras horas de la investigación sobre el crimen de Unicenter, al exigirle que informara en forma inmediata, detallada y por escrito sobre las diligencias que se habían practicado, afirma Angelini. Como lo mismo le pasó a él con el caso Galvís Ramírez, deduce que no sólo se procuraba obstruir la investigación sino, peor aún, “saber a qué nivel de conocimiento había arribado el fiscal instructor en cada caso para utilizar luego esos datos con fines distintos que los de colaborar”. Con la misma finalidad de “encubrir los tres crímenes y el narcotráfico internacional que los generó” se frustró un importante viaje a Colombia en busca de elementos probatorios. La Fiscalía General “con la connivencia institucional de altas autoridades” de la Procuración, omitieron en forma dolosa el trámite administrativo, de modo que los funcionarios colombianos terminaron quejándose porque los fiscales argentinos los dejaron “plantados en el aeropuerto”.

“El expediente de los colombianos”

También se intentó “obtener información acerca del curso de la investigación por fuera de los cursos previstos legalmente” bajo el disfraz de control de gestión, dice Angelini. Uno de los aspectos más graves es que esos agentes “registraban los datos de los testigos que se presentaban en la unidad, antes de que éstos declaren” en el legajo fiscal reservado o bajo la protección de su identidad e ingresaban una y otra vez en forma intempestiva y sin autorización al despacho de Angelini. Así buscaban “información reservada” y amedrentaban al fiscal y a los testigos. La intimidación se extendió a la única colaboradora de Angelini, la instructora judicial Elizabeth Romano. La Secretaria General de la Fiscalía General, Melisa Fernández Rey, la interrogó acerca del “expediente de los colombianos”, en forma coercitiva e ilegal, fuera del horario de trabajo y sin conocimiento del fiscal. Un instructor enviado por la Procuración reprochó que Angelini solicitara allanamientos sin previo aviso al jefe de la Policía Judicial, Oscar Amorín. “Me ahorro comentarios ante lo grotesco e ilegal del planteo. Si desde un principio los instructores cumplieron defectuosamente mis órdenes, luego de ese hito lo dejaron de hacer definitivamente.” A raíz de la filtración sobre medidas de carácter reservado (como allanamientos y detenciones), Angelini presentó una denuncia penal y pidió que se tramitara en otro departamento judicial. Pero Novo designó investigador a un fiscal subordinado a él, de modo de no perder acceso “a los legajos reservados de la investigación”. Una vez que la Procuración cerró el sumario iniciado contra Novo, el Fiscal General y sus dos adjuntos iniciaron causas civiles contra Angelini, a quien le reclaman indemnizaciones por medio millón de pesos. También presentaron demandas penales y civiles contra Grau, con el propósito de cargarles toda irregularidad o insuficiencia de la investigación y exculpar a la Fiscalía General. Para esas denuncias, que no prosperaron, se sirvieron de elementos tomados de las presentaciones de los fiscales ante la Procuración General. Esto prueba el “diálogo informal” entre altos niveles de las estructuras que comandan Falbo y Novo, con un “designio común que es el del encubrimiento del contexto de narcotráfico que precede a los crímenes”. Un nuevo pedido de juicio político a Novo fue presentado por el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Fabián Saín, quien durante su desempeño previo al frente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también había puesto la vista sobre los hermanos Juliá. Novo es el fiscal general que más denuncias ha recibido de sus colegas y de los jueces de su propia jurisdicción, no por sus modos sino a raíz de “gravísimos delitos”, escribió sobre el protector que ahora decidirá qué hacer con la denuncia de Massa.

viernes, 26 de julio de 2013

EL PIQUETE EN EL OJO COMO ESTRATEGIA OPOSITORA

La fantasía del voto equilibrante

A semanas de las PASO, reflexiones sobre las elecciones de medio término y un repaso a la fallida experiencia del Grupo A.

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Quizá el mayor rival del kirchnerismo en las PASO sea una idea que penetró hondo en la subjetividad del promedio de los votantes en los últimos 30 años de democracia: las elecciones legislativas de medio término deben servir para equilibrar el poder del Ejecutivo. La "teoría del control" parlamentario a los supuestos excesos de la Casa Rosada reúne adeptos, incluso, entre muchos electores de sus habitantes transitorios. Algo así como "te doy el poder, pero cuando tengo la oportunidad, te lo limito" apoyando ofertas legislativas opositoras, algunas muy extravagantes, que no son consideradas ni de lejos cuando se trata de elegir presidente.
Esta tentación por contrapesar al oficialismo gobernante como valor democrático se hace fuerte, sobre todo, en el núcleo de votantes que deciden su voto por efectos de coyuntura, y no por rígidas lealtades partidarias o ideológicas. Son personas que pueden votar a Cristina Kirchner como presidenta y a Elisa Carrió o a Francisco de Narváez como diputados, sin mucha contradicción o polémica. En definitiva, elegir a alguien para que gestione y administre la Nación, y a sus opuestos para que recorten o boicoteen sus capacidades desde el Congreso. En apariencia es un comportamiento contradictorio. Pero existe, y hasta cosecha el calificativo de "voto útil" o "maduro" entre los editorialistas de la prensa hegemónica. Es así, hay un sector de la ciudadanía que considera, casi de modo romántico, que un poder existe para crear fatiga en el otro; y que si eso no ocurre, porque el Ejecutivo consigue mayorías parlamentarias propias, se abre la puerta a la amenaza autoritaria. Esto último, claro, es un pensamiento mucho más elaborado que el anterior, pero con idéntico efecto en ambos casos.
Por fuera de esta utopía compensadora, la realidad es que los presidentes que no cuentan con fuerzas legislativas que apuntalen su proyecto atraviesan muchas dificultades. Barack Obama es un ejemplo candente. Dilma Rousseff, igual. Ocurre lo mismo con los premier europeos que renuncian sin más vueltas, cuando no alcanzan robustos acuerdos parlamentarios. Pero volvamos a la Argentina.
Hablamos de un régimen presidencialista, donde el electorado vota a un jefe/a de Estado para que impulse un programa de gobierno determinado. Ese plan demanda leyes para su implementación que deben ser avaladas por el Congreso. ¿Qué sucede cuando las bancadas opositoras superan en número a las oficialistas? En la teoría escandinava del consenso, nada: se supone que como son buenas normas para el país y las pide el presidente elegido libre y democráticamente en las urnas, oficialistas y opositores, con algunos cambios y variantes, todas para mejor, se dan la mano y acuerdan en su votación general. Pero en nuestro país, la verdad, sólo es posible llegar al consenso sueco o dinamarqués entre bancadas opuestas cuando lo que está en discusión es una obviedad evidente. Ejemplo: la Tierra gira alrededor del Sol y no a la inversa. Para todo el resto, vale la eterna zancadilla, el golpe debajo del cinturón, la ausencia en masa, el piquete de ojos, la negativa caprichosa, es decir, el desgaste del Ejecutivo hasta el fracaso o la inmovilidad a la espera de un nuevo turno electoral donde las chances opositoras se vean revitalizadas por una situación de desgobierno.
Repasar el trabajo legislativo opositor entre 2010 y 2011, cuando el llamado Grupo A reunió al archipiélago antikirchnerista en un solo bloque que gobernó ambas cámaras y las principales comisiones del Parlamento, es un ejercicio de memoria revelador y muy necesario frente a las elecciones de agosto y octubre.
Primero, vale recordar que esa singular composición parlamentaria fue hija de la batalla por la 125, que comenzó el 11 de marzo de 2008. Concretamente, la consecuencia electoral de un lockout patronal agropecuario de 129 días con manifestaciones, cortes de ruta, campañas mediáticas de demolición y desabastecimiento de productos esenciales en las principales ciudades del país.
El conflicto sectorial, con el tratamiento envenenado de los medios hegemónicos, se convirtió en un asunto de carácter nacional. Detrás del voto no positivo de Julio Cobos, la oposición tomó el tema como eje de su campaña para las legislativas futuras de 2009. "Hay una necesidad de que el Congreso recupera sus facultades", decía el radical Gerardo Morales. A su turno, Francisco de Narváez planteaba que el conflicto había sido "innecesario e insólito". Mauricio Macri postulaba: "Solamente con el campo el país va a salir de la pobreza. Sin él, el país no tiene futuro." El radical Oscar Aguad, el macrista Federico Pinedo y el lilito –hoy massista– Adrián Pérez, en mayo de ese año, acordaron "seguir convocando sesiones especiales en minoría hasta que el gobierno nacional y el campo retomen el diálogo o se llegue a un acuerdo frente al paro agropecuario". Esto es: mientras los patrones del agro mantenían de rehén a toda la sociedad argentina, los diputados opositores utilizaban sus bancas para presionar al gobierno elegido en 2007 con el 45% de los votos. Por un momento, con algo de lógica después de la agachada cobista que frustró el proyecto de retenciones del Ejecutivo, quedó instalado que el país se gobernaba desde el Parlamento. Las elecciones de medio término de 2009 pasaron a ser cruciales. Así lo expresaba la candidata del Acuerdo Cívico y Social-ARI, Patricia Bullrich: "Esta no es una simple elección de cambio de legisladores a mitad de mandato, enfrentamos la posibilidad de cambiar el rumbo del país, aquí nos jugamos el futuro."
La prédica surtió efecto. No alcanzaron las testimoniales ni la incursión personal de Néstor Kirchner, que terminó derrotado por Francisco de Narváez en territorio bonaerense, con el marketing vacío del "Alika, Alikate". En la apertura de las sesiones legislativas de 2010, Cristina Kirchner se anticipó a un escenario difícil, y realmente lo fue: "Las elecciones no se ganan por ponerle palos en la rueda al otro para que le vaya mal; las elecciones se ganan cuando vos tenés una mejor propuesta que el otro. Esto es lo que tenemos que aprender." Desde sus bancas, la escuchaban atentos 257 diputados: 115 pertenecientes al FPV y sus aliados; y 142 opositores (el "Grupo A") de la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el PRO, el Partido Socialista, el GEN, Proyecto Sur, Frente Cívico, Unidad Popular, Corriente del Pensamiento Federal, Libres del Sur, Córdoba Federal y otros siete monobloques. El kirchnerismo había perdido la mayoría, la presidencia de Diputados y el quórum propio en las primeras elecciones después de la derrota de la 125.
En los dos años siguientes, el Grupo A se repartió las comisiones e intentó cogobernar desde el Congreso. Así y todo, producto de la diversidad de propuestas partidarias y el excesivo narcisismo de sus líderes, sólo pudo unirse en plenitud para frustrar algunas leyes clave, como la del Presupuesto, nada menos, y votar una sola: la del 82% móvil para los jubilados, aunque sin ponerse de acuerdo en el financiamiento, lo que derivó en el veto de Cristina Kirchner. De las 39 sesiones de período 2010-2011, los opositores no alcanzaron quórum propio en ocho, pese a tenerlo holgadamente garantizado sólo con la suma de sus parlamentarios. Lo que sigue es apenas un boletín de faltas, como los que se extienden en un colegio. No intenta ser un estudio cerrado sobre razones más o menos atendibles del comportamiento legislativo del antikirchnerismo.
En 2010, se convocaron 27 sesiones en Diputados. Sólo se pudieron celebrar 18 y se votaron en total 86 leyes. El laxo compromiso de las principales espadas opositoras con el funcionamiento republicano de la Cámara surge de las siguientes cifras. Ricardo Alfonsín estuvo ausente en la votación de 39 leyes (el 45,35%). Eduardo Amadeo, en 40 (el 46,51%). Elisa Carrió, en 37 (el 43,02%). De Narváez, en 33 (el 38,37%). Ricardo Gil Lavedra, en 18 (el 20,93%). Gabriela Michetti, en once (el 12,79%). Pino Solanas, en 37 (el 43,02%); y Margarita Stolbizer, en 29 (el 33,72%).
En 2011, se convocaron 12 sesiones. Hubo quórum en ocho. Y la cantidad de proyectos de ley votados llegaron a 92. Alfonsín se ausentó en 31 leyes (el 33,70%). Amadeo en 12 (el 13,04%). Carrió en 76 (el 82,61%). De Narváez en 77 (el 83,70%). Gil Lavedra en una (el 1,09%). Michetti en 44 (el 47,83%). Pino Solanas en 39 (el 42,39%) y Stolbizer en once (el 11,96%). El Grupo A tuvo en ese lapso la presidencia de 45 comisiones.
Las leyes más importantes de esos dos años de cuasiparálisis parlamentaria fueron votadas por el FPV y sus aliados, en minoría. El 4 de mayo del 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario, que contó con la abstención de Carrió, que tampoco se pronunció por la de "infanticidio", sesión a la que no asistieron ni Michetti ni Pino Solanas y otros 49 legisladores antikirchneristas. En la de "trabajo domiciliario" pegaron el faltazo Bullrich, Carrió, De Narváez, Michetti, Solanas, Stolbizer y otros 62 opositores. En la de "lavado de activos", los ausentes fueron Alfonsín, Amadeo, Bullrich, Carrió, De Narváez, Solanas y otros 68. Tampoco estuvieron Alfonsín, Amadeo, Bullrich, Carrió, De Narváez y 36 más cuando se sancionó la regulación de la "medicina prepaga". Otra vez Alfonsín, Amadeo, Carrió, Claudio Lozano, Federico Pindeo, Solanas y otros 111 se esfumaron el día de la votación de la ley de "promoción del software". En la del “Tabaco”, Alfonsín, Carrió y Solanas y otros 70. En la de Imprescriptibilidad de la Acción Penal en delitos contra la Integridad Sexual de Menores, faltaron Michetti, Alfonsín, De Narváez y otros 40. En la de Derecho a la Identidad de Género, Michetti, Carrió y otros 65. En la de "muerte digna", Carrió, De Narváez, Michetti, Solanas y otros 104 diputados opositores.
Vamos de vuelta. La variación en el número puede ser simplemente el reflejo de la legítima disidencia frente a cada uno de los proyectos a ser debatidos. Es cierto, no hay pecado en ser opositor a un gobierno y es verdad que la democracias se nutre de las diferentes miradas y opiniones. Pero un breve repaso de las leyes deja dos conclusiones: 1) eran todos temas bastante relevantes; y 2) para expresar la disidencia, el otro punto de vista, el argumento alternativo, hay que estar presente y no ausente.
La pretendida vocación del Grupo A por cogobernar consensualmente desde el Congreso se fue convirtiendo con el paso de los meses en una simple maquinaria de boicot a los proyectos enviados por el Ejecutivo. Sus líderes, que soñaban con una plataforma común para suceder a Cristina Kirchner en 2011, vieron frustradas sus intenciones: la sociedad castigó la estrategia opositora y volvió a premiar a la presidenta, esta vez con el 54% de los votos y con una nueva supremacía parlamentaria, derivada del aluvión nacional kirchnerista.
Cuando faltan pocas semanas para las PASO, es casi seguro que un porcentaje nada desdeñable de esos electores vuelva a ser seducido por la idea del equilibrio. Es como un espejismo de lo políticamente correcto, fuertemente instalado por la costumbre y el repiqueteo incesante del relato mediático. En este contexto, un votante del 54% podría interrogarse por qué a la candidata que ayudó a ganar en las últimas presidenciales, a la que todavía le quedan dos años de mandato constitucional para cumplir con su programa de gobierno, habría que retacearle las mayorías en el Congreso y dejarla peligrosamente a merced de las muchas oposiciones que sólo acuerdan en el boicot a sus proyectos.
Los antecedentes sobre la experiencia fallida del Grupo A debieran funcionar como ayudamemoria.
Está todo escrito en el Diario de Sesiones.
 http://www.infonews.com/2013/07/21/politica-87280-la-fantasia-del-voto-equilibrante-paso-2013-ypf-chevron.php