LA NECESARIA REFORMA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Crímenes perceptibles y fuerzas de inseguridad

Año 6. Edición número 269. Domingo 14 de julio de 2013

Por 

Eduardo Anguita

eanguita@miradasalsur.com

Amistades. El lauchón Pedro Tomás Viale y una de sus protegidas del prostíbulo./ La reja. La entrada de la casa quinta, escenario del violento allanamiento./ Justicia. Alberto Lebbos pide por Paulina./ César Monsalve. desapareció el 27 de mayo. Lo encontraron muerto el 8 de julio.

Otras notas

• Trata, espías, dinero y Macri
  Como si a este verano le hiciera falta calor, la escena mediática tomó temperatura con una historia de espías, intrigas y una cantidad y calidad de ribetes periodísticos aún difíciles de dimensionar. Por todo ello parece una operación. Una historia taquillera, de dinero, políticos y política; una trama de despecho familiar, complicidades y traiciones. Pero en su interior, hay otra historia, más dolorosa, la de la trata de personas. Un culebrón tan grande, que es difícil de seguir si no es a través de sus personajes.
  
• Raúl Martins, espionaje e impunidad
  Lorena Martins denunció a Raúl Martins, su padre. Las pruebas sobre los vínculos de Martins con la prostitución vip tanto en México como en Argentina y el espionaje quedaron al descubierto por las abundantes pruebas brindadas nada menos que por su propia hija. Lorena se fue a vivir fuera de la Argentina y ahora tiene que responder ante diversos juzgados. “Mi viejo me armó seis o siete causas penales para hacerme callar y ahora estoy en Buenos Aires y tengo que presentarme a indagatoria por el supuesto hurto de un televisor”, dijo esta denunciante denunciada a este cronista.
  
• Martins: prohibido denunciar a papá
  Como un castillo de naipes, la causa penal por trata de personas contra Raúl Martins se cayó en la Justicia argentina. Es que días atrás la Cámara Federal porteña anuló la causa en la que Lorena Martins denunció a su padre, un ex agente de la SIDE acusado de ser un proxeneta top en Argentina y México. La Sala Primera –con las firmas de los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero– argumentó que una hija tiene prohibido denunciar a su padre.
  
• Martins: historia de un emprendedor
  Debido al cariz de los acontecimientos, el ya célebre proxeneta Raúl Martins Coggiola pasó el primer mes de 2012 recluido en su hogar, un lujoso piso del condominio Mar al Lago, situado en la zona hotelera de Cancún. Sin embargo su voz aflautada no ha dejado de hacerse oír. “Jamás cederé al chantaje de mis hijos”, proclamó días antes a un reportero del periódico local Quequi. Ahora, esas siete palabras encabezaban la edición del 26 de enero, que él tenía ante sus ojos.
  
• Un extraño suicidio fue el epílogo del asesinato de un agente policial
  Su nombre se conoció por ser uno de los acusados de matar al policía Diego D’Andreis. Sergio Ezequiel Gauna esperaba en la celda de la comisaría cuarta de la localidad de Manuel Alberti, en Pilar. Estaba preso, sospechado de ser quien disparó en el crimen del agente de la Policía Federal baleado el miércoles 4 en su casa de Tortuguitas. Ese día el oficial guardaba su auto en el garaje y dos delincuentes le quisieron robar. Se resistió al asalto y lo mataron de dos tiros. Horas después a Gauna, quien vivía a 20 cuadras de allí, lo metieron preso.
  
• El testigo que volvió para morir
  El jueves, en la ciudad de Rawson, la sede del Poder Ejecutivo de Chubut parecía poseída por un espíritu malsano. Por la mañana, el gobernador Martín Buzzi hizo su entrada a la Sala de Situación con cierto retraso. Allí lo esperaba el vicegobernador Gustavo Mac Karthy, secundado por un puñado de intendentes y funcionarios de segunda línea. Debían discutir sobre el mejoramiento de la red cloacal en algunos municipios. Pero el mandatario lucía disperso, como ausente.
  

El Lauchón Viale, asesinado por el Grupo Halcón de la Bonaerense. César Monsalve, de 13 años, aparecido muerto en Trelew. El apriete a Alberto Lebbos cuando quiso denunciar el crimen de su hija Paulina.

El Lauchón se llamaba Pedro Tomas Viale. Lo conozco casi desde que nací porque era amigo de mi viejo. Era SIDE desde hace mil años. Nunca se retiró. En cambio, mi viejo sí lo hizo”, le dice Lorena Martins a este cronista que quiso averiguar algo más sobre la muerte de cuatro balazos salidos de armas del Grupo Halcón de la Bonaerense el martes 9 de julio en la localidad de La Reja. Es sabido: Lorena Martins denunció hace años la trama de prostíbulos regenteados por su padre, el ex agente de Inteligencia Raúl Martins.
Viale estaba en su casa, con su esposa, y antes de las siete de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y en un día feriado, un equipo de elite ingresó en la vivienda. El informe oficial dice que El Lauchón se resistió con su Glock 40 y alcanzó a herir a un “halcón” en el pie izquierdo. Cualquier novelista de temas policiales pensaría como poco verosímil que un señor con cuatro décadas de agente de Inteligencia estuviera tan despierto un día feriado y que fuera tan poco perspicaz como para disparar al lado de su mujer contra quienes ganaron su habitación por sorpresa. Consultado un funcionario de la Secretaría de Inteligencia por este cronista, se limitó a decir que es preciso esperar que se abra la causa, por ahora en secreto de sumario. El Grupo Halcón tuvo la precaución de llevar a La Reja una orden de allanamiento firmada por el juez Federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Cullota, quien ese día había ordenado otros 16 procedimientos, uno de ellos en la casa de un hijo del Lauchón. La trama delictiva investigada por el juez involucra venta de estupefacientes y apropiación de viviendas con el apoyo notarial.
“Mi viejo le pagaba una plata por mes al Lauchón –dice Lorena Martins– para que le informe si alguno de los teléfonos de los prostíbulos o de los empleados más importantes estaban pinchados. Eso entre otras cosas, pero no sé hasta dónde llegaba el arreglo.”
Hace poco, quien escribe pudo entrevistar personalmente a Lorena Martins, quien denunció allanamientos en su casa, con orden judicial, con el pretexto de retirar algunos electrodomésticos que son parte del litigio familiar. Lorena sostiene que, en realidad, eran maniobras intimidatorias además de búsqueda de supuestos archivos. Después de eso, la hija del ex agente de Inteligencia y regenteador de prostíbulos tuvo que volverse a España.
“Sé que El Lauchón –agrega– hace mucho que estaba en investigaciones referentes a temas de droga. Hará dos años aproximadamente, una de las últimas veces que lo vi, estaba interesado en que mi viejo se asociara en un prostíbulo que, aparentemente, la SIDE tenía en la Triple Frontera. Según El Lauchón, la SIDE tenía el 50% del prostíbulo en cuestión y se vendía el otro 50% (a un particular, porque aparentemente siempre ponían de socio un proxeneta real para que hiciera de pantalla). La condición de la SIDE era quedarse con datos que eran de interés para ellos (como por ejemplo información de clientes, datos de las tarjetas de crédito). El local era como de tres o cuatro plantas. Tenía hasta lavandería (me lo repitió diez veces, al menos) y juego. Prostitución, droga y juego. A mi viejo no le interesó el negocio porque no era su zona”.
“El último día que hablé con El Lauchón fue el 28 de octubre de 2011, que fue cuando me mandó los matones a mi casa a pedido de mi propio padre. En mi casa estaba la policía y por suerte intervinieron. Cuando le pedí explicaciones al Lauchón se disculpó y me dijo que mi papá nunca le contó que los matones eran para mí. Que si lo hubiera sabido, no los hubiera mandado. Jamás negó haberlos mandado, sólo se disculpó porque era yo”.
Por último, Lorena Martins dice algo que debería hacer levantar de la silla a más de un funcionario: “Me da mucha rabia recordar que fuentes muy confiables me dijeron que la causa contra mi viejo se cerró por presiones de agentes de Inteligencia. Jamás los investigaron. Ni al Lauchón, ni a mi viejo, ni a nadie”.
Chubut ¿Otro caso de desaparición selectiva seguida de muerte? El día anterior a que El Lauchón recibiera cuatro tiros policiales, en Trelew, las fuerzas de seguridad provinciales encontraban el cuerpo de César Monsalve, un chico de 13 años desaparecido en esa ciudad el 27 de mayo pasado.
La familia de César no dejó de reclamar desde ese día y de señalar al fiscal Fabián Moyano, quien habría entorpecido la investigación. La línea argumental de la familia es que la desaparición de César estaba relacionada con el asesinato de su tío, Bruno Rodríguez Monsalve, en 2012, quien fuera testigo “protegido” clave en el caso de violación (empalamiento) de un pibe de 16 años en la comisaría segunda de Trelew ocurrido a principios de 2012. El pibe discutía con su novia en la calle, un grupo policial lo llevó preso y lo empaló. El padre de la víctima, Fernando Almonacid, un trabajador que vive en el humilde barrio Presidente Perón de esa ciudad, cuando denunció el caso dijo: “Mi hijo tuvo los huevos de contar lo que pasó y sólo pido Justicia”. Agregó, casi de modo premonitorio: “Cuántos pibes se habrán matado después de esto? ¿Cuántos suicidios ocurrieron después de semejante humillación?”.
La secuencia resulta escalofriante: después de la vejación en sede policial, quien salió de testigo fue Bruno Rodríguez Monsalve, porque estaba preso mientras sucedía la violación. Después de dar testimonio, un policía lo apretó en la calle, luego lo hicieron testigo protegido y finalmente Rodríguez Monsalve recibió tres puñaladas mortales. La Justicia nunca aclaró quiénes y por qué lo mataron. Esta semana apareció el cuerpo de César y tanto la Justicia como la policía siguen ausentes sin aviso.
Tucumán, la muerte de Paulina Lebbos. El martes 9 de julio, un rato después de la muerte del Lauchón, el padre de Paulina, Alberto Lebbos, intentaba llegar hasta la Presidenta de la Nación cuando se hacían las pompas del Día de la Independencia. Una patota de civiles y uniformados se lo impidió.
Siete años atrás, Lebbos era subsecretario de Juventud del gobernador José Alperovich. Por entonces, Paulina tenía 23 años. El 26 de febrero de 2006, al igual que César, “desaparecía”. Era estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán y la madrugada previa a su muerte había salido con sus amigos a bailar. Paulina fue hallada muerta el 12 de marzo, a la vera de la ruta 341, a 30 kilómetros de la capital de Tucumán. Poco después, Alberto Lebbos renunciaba a su cargo y comenzaba la larga lucha por esclarecer el crimen de su hija.
Lo primero que pudo aclarar fue que no era una partida policial, como figuraba en el expediente, quien había encontrado el cuerpo de Paulina sino dos hermanos –Sergio y Marcelo Goitea–, quienes habían declarado en la sede policial de Raco. Sergio y Marcelo fueron apretados por policías para que se callaran. El apriete era para que no se conociera la falta de rigurosidad en la búsqueda de parte de los efectivos. Ese hecho extorsivo abrió una causa judicial por falsificación de documento público. Quedaron imputados Enrique García –que era comisario de Raco–, Héctor Brito –jefe de zona, y Hugo Sánchez –jefe de Policía–.
En abril, a pocos meses de la muerte de su hija, Lebbos decía: “Subsiste la ideología que reinó durante la dictadura y, en el caso de mi hija, es obvio que existe un brutal encubrimiento policial”. El 9 de julio, tres meses después, iba Néstor Kirchner a los festejos del Día de la Independencia y recibía a Lebbos. Sánchez seguía como jefe policial.
Tres años después, cuando se hacía el Acuerdo por la Seguridad Democrática que presentó el CELS junto a diferentes referentes del kirchnerismo, así como de otras fuerzas políticas y las organizaciones de derechos humanos, Lebbos interrumpió al orador, Horacio Verbitsky, y dijo: “No quiero que bajen la edad de imputabilidad, ni que endurezcan las penas, ni que haya más policías en las calles para que estén al servicio de la corrupción y repriman al pueblo. Sólo quiero que se haga cumplir la ley de protección a testigos y se respeten las normas que están vigentes”. Luego de sus palabras, se retiró del público. Verbitsky retomó su discurso: “Las palabras del señor son una prueba adicional de la gravedad y la complejidad que tiene el problema de la inseguridad en nuestro país”.
Las marchas en Tucumán pidiendo justicia por Paulina se convirtieron en moneda corriente y cobraron mayor peso con el pasar del tiempo. Sólo hubo un detenido que, pese a ser sospechoso, quedó libre: Luis el Gordo Olivera había sido detenido –en su momento– por ser cuidador del camping El Cadillal donde habrían escondido el cuerpo de Paulina.
Alberto Lebbos denunció ante la Justicia que en la muerte de su hija tuvieron responsabilidad “los hijos del poder”. Tras las denuncias, se señaló a Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, un gendarme que había sido jefe de Policía años atrás y luego fuera convocado por Alperovich a colaborar en su gobierno. El hilo de la acusación de Lebbos surgía de los dichos del Gordo Olivera, quien dijo que en el camping había una casa de Kaleñuk que, curiosamente, fue demolida en 2007.
Entre tanta oscuridad, mientras Susana Trimarco estaba sentada cerca de la Presidenta, Alberto Lebbos fue impedido de llegar hasta Cristina. El informe policial aclaraba que junto a Lebbos había gente que “portaba banderas, armados con palos y elementos contundentes”. Entonces, los efectivos usaron gases “en procura de lograr el cumplimiento del operativo de Seguridad dispuesto con motivo de desarrollarse los festejos por el 197º aniversario de la Independencia nacional”.