Crímenes perceptibles y fuerzas de inseguridad
Año 6. Edición número 269. Domingo 14 de julio de 2013
Amistades.
El lauchón Pedro Tomás Viale y una de sus protegidas del prostíbulo./
La reja. La entrada de la casa quinta, escenario del violento
allanamiento./ Justicia. Alberto Lebbos pide por Paulina./ César
Monsalve. desapareció el 27 de mayo. Lo encontraron muerto el 8 de
julio.
El Lauchón Viale, asesinado por el Grupo Halcón de
la Bonaerense. César Monsalve, de 13 años, aparecido muerto en Trelew.
El apriete a Alberto Lebbos cuando quiso denunciar el crimen de su hija
Paulina.
Viale estaba en su casa, con su esposa, y antes de las siete de la mañana, cuando todavía estaba oscuro y en un día feriado, un equipo de elite ingresó en la vivienda. El informe oficial dice que El Lauchón se resistió con su Glock 40 y alcanzó a herir a un “halcón” en el pie izquierdo. Cualquier novelista de temas policiales pensaría como poco verosímil que un señor con cuatro décadas de agente de Inteligencia estuviera tan despierto un día feriado y que fuera tan poco perspicaz como para disparar al lado de su mujer contra quienes ganaron su habitación por sorpresa. Consultado un funcionario de la Secretaría de Inteligencia por este cronista, se limitó a decir que es preciso esperar que se abra la causa, por ahora en secreto de sumario. El Grupo Halcón tuvo la precaución de llevar a La Reja una orden de allanamiento firmada por el juez Federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Cullota, quien ese día había ordenado otros 16 procedimientos, uno de ellos en la casa de un hijo del Lauchón. La trama delictiva investigada por el juez involucra venta de estupefacientes y apropiación de viviendas con el apoyo notarial.
“Mi viejo le pagaba una plata por mes al Lauchón –dice Lorena Martins– para que le informe si alguno de los teléfonos de los prostíbulos o de los empleados más importantes estaban pinchados. Eso entre otras cosas, pero no sé hasta dónde llegaba el arreglo.”
Hace poco, quien escribe pudo entrevistar personalmente a Lorena Martins, quien denunció allanamientos en su casa, con orden judicial, con el pretexto de retirar algunos electrodomésticos que son parte del litigio familiar. Lorena sostiene que, en realidad, eran maniobras intimidatorias además de búsqueda de supuestos archivos. Después de eso, la hija del ex agente de Inteligencia y regenteador de prostíbulos tuvo que volverse a España.
“Sé que El Lauchón –agrega– hace mucho que estaba en investigaciones referentes a temas de droga. Hará dos años aproximadamente, una de las últimas veces que lo vi, estaba interesado en que mi viejo se asociara en un prostíbulo que, aparentemente, la SIDE tenía en la Triple Frontera. Según El Lauchón, la SIDE tenía el 50% del prostíbulo en cuestión y se vendía el otro 50% (a un particular, porque aparentemente siempre ponían de socio un proxeneta real para que hiciera de pantalla). La condición de la SIDE era quedarse con datos que eran de interés para ellos (como por ejemplo información de clientes, datos de las tarjetas de crédito). El local era como de tres o cuatro plantas. Tenía hasta lavandería (me lo repitió diez veces, al menos) y juego. Prostitución, droga y juego. A mi viejo no le interesó el negocio porque no era su zona”.
“El último día que hablé con El Lauchón fue el 28 de octubre de 2011, que fue cuando me mandó los matones a mi casa a pedido de mi propio padre. En mi casa estaba la policía y por suerte intervinieron. Cuando le pedí explicaciones al Lauchón se disculpó y me dijo que mi papá nunca le contó que los matones eran para mí. Que si lo hubiera sabido, no los hubiera mandado. Jamás negó haberlos mandado, sólo se disculpó porque era yo”.
Por último, Lorena Martins dice algo que debería hacer levantar de la silla a más de un funcionario: “Me da mucha rabia recordar que fuentes muy confiables me dijeron que la causa contra mi viejo se cerró por presiones de agentes de Inteligencia. Jamás los investigaron. Ni al Lauchón, ni a mi viejo, ni a nadie”.
Chubut ¿Otro caso de desaparición selectiva seguida de muerte? El día anterior a que El Lauchón recibiera cuatro tiros policiales, en Trelew, las fuerzas de seguridad provinciales encontraban el cuerpo de César Monsalve, un chico de 13 años desaparecido en esa ciudad el 27 de mayo pasado.
La familia de César no dejó de reclamar desde ese día y de señalar al fiscal Fabián Moyano, quien habría entorpecido la investigación. La línea argumental de la familia es que la desaparición de César estaba relacionada con el asesinato de su tío, Bruno Rodríguez Monsalve, en 2012, quien fuera testigo “protegido” clave en el caso de violación (empalamiento) de un pibe de 16 años en la comisaría segunda de Trelew ocurrido a principios de 2012. El pibe discutía con su novia en la calle, un grupo policial lo llevó preso y lo empaló. El padre de la víctima, Fernando Almonacid, un trabajador que vive en el humilde barrio Presidente Perón de esa ciudad, cuando denunció el caso dijo: “Mi hijo tuvo los huevos de contar lo que pasó y sólo pido Justicia”. Agregó, casi de modo premonitorio: “Cuántos pibes se habrán matado después de esto? ¿Cuántos suicidios ocurrieron después de semejante humillación?”.
La secuencia resulta escalofriante: después de la vejación en sede policial, quien salió de testigo fue Bruno Rodríguez Monsalve, porque estaba preso mientras sucedía la violación. Después de dar testimonio, un policía lo apretó en la calle, luego lo hicieron testigo protegido y finalmente Rodríguez Monsalve recibió tres puñaladas mortales. La Justicia nunca aclaró quiénes y por qué lo mataron. Esta semana apareció el cuerpo de César y tanto la Justicia como la policía siguen ausentes sin aviso.
Tucumán, la muerte de Paulina Lebbos. El martes 9 de julio, un rato después de la muerte del Lauchón, el padre de Paulina, Alberto Lebbos, intentaba llegar hasta la Presidenta de la Nación cuando se hacían las pompas del Día de la Independencia. Una patota de civiles y uniformados se lo impidió.
Siete años atrás, Lebbos era subsecretario de Juventud del gobernador José Alperovich. Por entonces, Paulina tenía 23 años. El 26 de febrero de 2006, al igual que César, “desaparecía”. Era estudiante de la Universidad Nacional de Tucumán y la madrugada previa a su muerte había salido con sus amigos a bailar. Paulina fue hallada muerta el 12 de marzo, a la vera de la ruta 341, a 30 kilómetros de la capital de Tucumán. Poco después, Alberto Lebbos renunciaba a su cargo y comenzaba la larga lucha por esclarecer el crimen de su hija.
Lo primero que pudo aclarar fue que no era una partida policial, como figuraba en el expediente, quien había encontrado el cuerpo de Paulina sino dos hermanos –Sergio y Marcelo Goitea–, quienes habían declarado en la sede policial de Raco. Sergio y Marcelo fueron apretados por policías para que se callaran. El apriete era para que no se conociera la falta de rigurosidad en la búsqueda de parte de los efectivos. Ese hecho extorsivo abrió una causa judicial por falsificación de documento público. Quedaron imputados Enrique García –que era comisario de Raco–, Héctor Brito –jefe de zona, y Hugo Sánchez –jefe de Policía–.
En abril, a pocos meses de la muerte de su hija, Lebbos decía: “Subsiste la ideología que reinó durante la dictadura y, en el caso de mi hija, es obvio que existe un brutal encubrimiento policial”. El 9 de julio, tres meses después, iba Néstor Kirchner a los festejos del Día de la Independencia y recibía a Lebbos. Sánchez seguía como jefe policial.
Tres años después, cuando se hacía el Acuerdo por la Seguridad Democrática que presentó el CELS junto a diferentes referentes del kirchnerismo, así como de otras fuerzas políticas y las organizaciones de derechos humanos, Lebbos interrumpió al orador, Horacio Verbitsky, y dijo: “No quiero que bajen la edad de imputabilidad, ni que endurezcan las penas, ni que haya más policías en las calles para que estén al servicio de la corrupción y repriman al pueblo. Sólo quiero que se haga cumplir la ley de protección a testigos y se respeten las normas que están vigentes”. Luego de sus palabras, se retiró del público. Verbitsky retomó su discurso: “Las palabras del señor son una prueba adicional de la gravedad y la complejidad que tiene el problema de la inseguridad en nuestro país”.
Las marchas en Tucumán pidiendo justicia por Paulina se convirtieron en moneda corriente y cobraron mayor peso con el pasar del tiempo. Sólo hubo un detenido que, pese a ser sospechoso, quedó libre: Luis el Gordo Olivera había sido detenido –en su momento– por ser cuidador del camping El Cadillal donde habrían escondido el cuerpo de Paulina.
Alberto Lebbos denunció ante la Justicia que en la muerte de su hija tuvieron responsabilidad “los hijos del poder”. Tras las denuncias, se señaló a Gabriel Alperovich y Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, un gendarme que había sido jefe de Policía años atrás y luego fuera convocado por Alperovich a colaborar en su gobierno. El hilo de la acusación de Lebbos surgía de los dichos del Gordo Olivera, quien dijo que en el camping había una casa de Kaleñuk que, curiosamente, fue demolida en 2007.
Entre tanta oscuridad, mientras Susana Trimarco estaba sentada cerca de la Presidenta, Alberto Lebbos fue impedido de llegar hasta Cristina. El informe policial aclaraba que junto a Lebbos había gente que “portaba banderas, armados con palos y elementos contundentes”. Entonces, los efectivos usaron gases “en procura de lograr el cumplimiento del operativo de Seguridad dispuesto con motivo de desarrollarse los festejos por el 197º aniversario de la Independencia nacional”.
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