domingo, 21 de julio de 2013

EL CASO MILANI. LOS HECHOS Y LAS DENUNCIAS

                            El ex preso Ramón Olivera, uno de los denunciantes de Milani.

 Paraguas o fusible

 Por Horacio Verbitsky
Tiene razón el general de división César Santos Gerardo del Corazón de Jesús Milani cuando dice que las denuncias en su contra tienen el fin político de perjudicar al gobierno nacional. No es tan seguro que todos y cada uno de los hechos que le imputan sean falsos, con independencia de la calificación legal que merezcan por parte de una justicia que posee todos los elementos desde hace años y nada hizo con ellos.
Los emisores son inverosímiles. Socios económicos y políticos de la dictadura cívico-militar, carecen de toda autoridad para objetar la política de memoria, verdad y justicia, que los organismos defensores de los derechos humanos impulsaron desde su creación y que el gobierno nacional hizo propios en 2003. Es de celebrar que algún cincuentón que se declaró cansado de hablar de los 70, con ayuda de un viagra investigativo haya recuperado el tono muscular y el interés por entender la diferencia entre víctimas y victimarios del Estado Terrorista. Habrá que ver si los conserva una vez concluido este episodio y alguna vez los dirige al campo fértil que hoy tiene alrededor o vuelve a la laxitud habitual.
Las mentiras a designio que han sostenido el Grupo Clarín y su socio La Nación confirman la índole de sus intenciones. Por ejemplo:
* Que el subteniente Milani fue oficial de Inteligencia en el Operativo Independencia en Tucumán. Nunca existieron en el Ejército subtenientes de Inteligencia, una especialidad en cuyos rudimentos recién es posible iniciarse dos grados más adelante, como teniente 1. Milani egresó del Colegio Militar en diciembre de 1975, fue asignado a una unidad de ingenieros en construcciones con sede en La Rioja, y en marzo de 1976 fue enviado a la Zona de Operaciones de Tucumán, para la construcción de una escuela en Monteros y algunas obras de infraestructura vial.
* Que el soldado conscripto Alberto Agapito Ledo, detenido-desaparecido en Tucumán en junio de 1976 era su asistente personal. Venía de La Rioja, como Milani, pero no hay dato fehaciente alguno de esa relación entre ambos, que por otra parte tampoco sería prueba de nada, cuando el imputado de la desaparición es un capitán Sanguinetti, tres grados y catorce años mayor que Milani, según el testimonio de otros soldados y la denuncia de la familia. La fiscalía pidió su procesamiento hace cinco años y el juez nunca respondió.
* Que durante la dictadura militar se desempeñó en la Inteligencia del Ejército, de lo cual se alega como prueba una nómina publicada en la revista “XXIII”, bajo el título “Todos los nombres del batallón 601”. El legajo del general Milani indica que ingresó a esa unidad en diciembre de 1983, es decir cuando ya había concluido la dictadura. Oficiales del Ejército sin relación con el actual gobierno cuentan que luego de la guerra por las islas Malvinas, en la que se puso en evidencia la falta de capacitación profesional de la Inteligencia militar preparada para la represión política y no para la defensa nacional, se decidió modificar el perfil de esa especialidad, para que se volcara hacia sus funciones específicas militares, y cambió el perfil de los oficiales seleccionados para integrarla. Esa lista fue desclasificada por el propio Milani como director de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército y la revista que la publicó se limitó a alfabetizar los nombres, omitiendo la fecha del desempeño de cada integrante, como si fueran lo mismo 1976 que 1983.
* Que Milani asistió a torturas y a simulacros de fusilamiento, de lo cual no hay testimonio alguno.
* Que participó de un alzamiento carapintada, cuando su nombre no figura en el listado oficial que realizó la Corte Suprema de Justicia, y en la fotografia difundida es ostensible que no forma parte del grupo amotinado, sino de quienes conversan con ellos.
* Que el gobierno utiliza al Ejército para realizar tareas prohibidas de Inteligencia interior, de lo cual no se alega una sola prueba.
* Que Milani es el inspirador del denominado Proyecto X, del que sólo participó la Gendarmería y que no guarda relación alguna con el Ejército.
* Que para realizar esas operaciones se incrementó su presupuesto a 333 millones de pesos. En realidad, los gastos de funcionamiento de la Dirección de Inteligencia no llegan a 4,5 millones de pesos, las asignaciones funcionales para 33 unidades de Inteligencia en todo el país son de 5,5 millones y los gastos reservados de 12,3 millones que se han aplicado al equipamiento de Inteligencia de combate, comunicaciones, criptografía, capacitación y supervisión, sistemas de información geográfica y meteorológica, de movilidad en campaña, sistemas no tripulados y tecnología de ciberdefensa y realidad aumentada. Esa actividad fue supervisada en 2008 y 2010 por la Comisión Bicameral de seguimiento de los organismos y actividades de Inteligencia, en visitas de las que participaron los partidos de la oposición, entre otros la diputada Patricia Bullrich, quienes inspeccionaron tanto el tipo de Inteligencia que se produce como la ejecución de los gastos reservados. Los 310 millones restantes se destinan al pago de sueldos.
Dicho todo esto con el suficiente detalle como para que no queden dudas, también es cierto que en actuaciones judiciales y en documentos públicos provinciales hay otros elementos que han preocupado a algunos organismos defensores de los derechos humanos, que no desean aplicar a Milani un estándar distinto del que practican desde hace tres décadas. Esto ha sido puesto en conocimiento del Poder Ejecutivo, junto con la documentación pertinente. Mañana, la comisión de acuerdos del Senado tratará el pliego. Antes de eso, si tan preocupado está Milani por el daño que pueda sufrir la presidente, podría servirle de fusible en vez de usarla como paraguas. Si diera un paso al costado favorecería el alegado propósito de defender su trayectoria y su buen nombre, lo que no le resultará difícil ante los indolentes sistemas judiciales de La Rioja y Tucumán, pero sin afligir en el empeño al gobierno que hizo de la defensa de los derechos humanos su bandera. No para debilitar sino para fortalecer esa política que distingue a la Argentina y a su gobierno en el mundo.