Massa anunció el jueves que había enviado a la
fiscalía de San Isidro las denuncias del Secretario de Seguridad Sergio
Berni, para que “metan presos a uno, diez o cien narcos, a todos los que
correspondan”. Pero el fiscal que recibió su presentación, Julio Novo,
activo partícipe en los actos de campaña de Massa, tiene múltiples
denuncias y un pedido de juicio político por obstruir la investigación
de esos delitos, como los crímenes de Unicenter y San Fernando.
El canal de noticias del Grupo
Clarín fue la boca de expendio que Sergio Massa utilizó para
responderle al Secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien había dicho
que en Tigre se esconden los narcotraficantes más peligrosos del mundo.
“Hicimos una presentación en la fiscalía de San Isidro para que se
investigue y metan presos a uno, diez o cien narcos. A todos los que
correspondan”, dijo el intendente. Además, reclamó endurecer las penas
contra el narcotráfico.
No es tan simple: el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de
San Isidro que recibió la denuncia es Julio Alberto Novo, quien
participa en forma activa en los actos de campaña del Frente Renovador,
tiene múltiples denuncias presentadas por una docena de fiscales y por
la Cámara de Apelaciones del distrito y un pedido de juicio político
pendiente, todos por obstaculizar las investigaciones sobre los delitos
para los que su amigo Massa propone aumentar penas, típica respuesta de
la demagogia punitiva, que se reduce a suscitar una ilusión de
seguridad. La afirmación de Berni parece hiperbólica, dado que el único
ejemplo que mencionó fue el presunto traficante colombiano conocido con
el alias Mi Sangre, Henry López Londoño. Sin embargo, desde Tigre hasta
Pilar funciona una santa alianza de intendentes, narcos, fiscales y
policías, cuya figura principal es Novo y su protector político Massa.
El componente electoral de la denuncia de Berni es obvio, pero los
hechos son reales y fueron expuestos en esta página el 31 de marzo,
mucho antes de que Massa cambiara de frente. El departamento judicial de
San Isidro tiene jurisdicción sobre los municipios más aventajados del
país, donde culmina el corredor floreciente que arranca en la Capital
Federal. Todos sus intendentes integran el Frente Renovador de Massa,
pese al origen político distinto de cada uno: el primo inteligente de
Maurizio Macrì, Jorge, en Vicente López; el radical Gustavo Posse en San
Isidro; el vecinalista ex PRO, Luis Andreotti, en San Fernando; el
propio Massa en Tigre, y el ex duhaldista de Pilar, Humberto Zúccaro.
Varios de ellos han hecho de la seguridad un tema central de su campaña
permanente, con la incorporación de tecnología de avanzada, incremento
de recursos policiales, integración del ministerio público fiscal al
dispositivo político-represivo y un discurso centrado en lo que llaman
el combate contra la droga. Sin embargo, luego de casi una década de
provincialización de delitos vinculados con estupefacientes, lejos de
haber sido afectadas, las grandes organizaciones criminales han crecido.
Los dispositivos legales y tecnológicos puestos en escena han servido
para reforzar el control social sobre los sectores depauperados que en
los prósperos partidos del norte coexisten con los más satisfechos.
Raymond Chandler murió medio siglo antes de que ellos llegaran a esas
alcaidías, en las que bien podrían basarse sus novelas, con policías,
magistrados y políticos como parte de la trama delictiva. El diestro
pionero en un esquema de gobernabilidad que incluyera en un todo
armónico narcocriminalidad, policía y justicia fue el ex gobernador
bonaerense Eduardo Duhalde. En 1995, propuso que la represión de los
consumidores y el comercio al menudeo de drogas pasara a manos de
policías, fiscales y jueces provinciales, delegándoles el control social
y los negocios. Su continuador en la provincia, Felipe Solá, obtuvo en
2005 la ley que el Congreso le negó al precursor diez años antes.
“Estructuras tenebrosas”
En 2007, un plenario de jueces de la Cámara de Apelaciones y
Garantías de San Isidro acusó a Novo de haber instaurado “estructuras
tenebrosas”, y un sistema autocrático, contrario al derecho, suprimiendo
la independencia y la autonomía personal de los fiscales subordinados a
él. Al año siguiente, en el estacionamiento del shopping Unicenter de
Martínez un breve tiroteo acabó con la vida de los paramilitares
colombianos Héctor Edilson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros
Gardner. A principios de 2009 cayó abatido del mismo modo el compatriota
de ambos Juan Sebastián Galvís Ramírez, esta vez en San Fernando. La
primera causa era investigada por el fiscal Diego Grau; la segunda por
su colega Luis Manuel Angelini. Los dos padecieron la interferencia del
superior común, Julio Alberto Novo, un hombre de armas llevar, dicho
esto en forma literal: escondido en un techo, mató de un disparo en la
espalda a un adolescente que entró a robar a su casa. Uno de los hombres
de confianza de Novo es el fiscal de Pilar Gonzalo Acosta, hijo del ex
jefe del grupo de Tareas de la ESMA. En busca de nexos que ayudaran a
esclarecer el doble crimen, el fiscal Grau participó en una reunión con
dos colegas de otras jurisdicciones que llevaban causas similares: Juan
Bidone, de Mercedes, quien tenía a su cargo el expediente por el triple
crimen de General Rodríguez (donde fueron asesinados Sebastián Forza,
Leopoldo Bina y Damián Ferrón en agosto de 2008), y Analía Córdoba, de
la UFI 4 de La Matanza, quien investigaba otro doble homicidio de
ciudadanos colombianos en San Justo. El intercambio de información y la
coordinación estratégica quedaron truncos porque el fiscal general
adjunto de Novo en San Isidro, Marcelo Vaiani, ordenó a Grau que dejara
aquel encuentro y acudiera a la sede departamental para impartirle
directivas burocráticas sobre la forma de llevar las estadísticas. Grau y
Angelini habían solicitado el allanamiento en la sede de Federal
Aviation, una de las empresas de los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá,
que dos años después serían detenidos en España. En octubre de 2009,
trece fiscales de la jurisdicción imputaron irregularidades y delitos a
Novo, entre ellos la obstrucción al avance de aquellas causas. Como
ninguna de esas denuncias prosperó, dado el desinterés de la Procuración
General y de la Legislatura, Angelini terminó por presentar una
denuncia penal contra su superior, que se inició en el juzgado federal
de Ariel Lijo, en la Capital Federal. Lijo se declaró incompetente y la
remitió a su colega de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien empezará
a interiorizarse de su contenido a partir de mañana, cuando concluyen
las vacaciones pagas de invierno de los magistrados. En ese texto,
Angelini cuenta que Grau era el único fiscal que conocía a fondo la
causa de Unicenter. Novo lo relevó sin fundamentos, lo cambió de función
y distrito asignándolo a causas menores y dejó paralizada la
investigación, hasta que en forma verbal decidió asignársela a Angelini,
a quien no le proveyó ni escritorio, ni computadora, ni conexión al
sistema de información judicial, ni personal, ni teléfono celular. Al
mismo tiempo le asignó la fiscalía de San Fernando y le fijó un plazo
perentorio de cuatro meses para que finalizara las mil causas que se
tramitaban en ella. Angelini entiende que lo hizo adrede “por el dolo de
encubrir”. Agrega que el adjunto Vaiani le aconsejó que archivara la
causa de Unicenter. Ante su reclamo de recursos, Novo le asignó como
colaboradores al propio Vaiani (que tiene mayor jerarquía que Angelini) y
a Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas.
“Maquinaria de entorpecimiento”
Que Vaiani y Scapolán quedaran al mando de Angelini era “una
verdadera puesta en escena prototípica de un ardid. Un cinismo
absoluto”. Lejos de colaborar con él, formaron parte de la “gran
maquinaria de entorpecimiento”. Esta ficción duró apenas unos pocos
meses, cubriendo un flanco débil hasta que el jury de enjuiciamiento
archivó la denuncia de los trece fiscales contra Novo. Al quedar
habilitados a ingresar al legajo, Vaiani y Scapolán le pidieron los
cuerpos originales y las copias. Pero según la denuncia de Angelini,
utilizaron el expediente “para otros fines”. Angelini solicitó una
auditoría, pero la Procuradora María del Carmen Falbo no lo admitió. En
junio de 2009, mientras Grau encabezaba once allanamientos simultáneos,
Vaiani lo interrumpió, no para colaborar sino con el propósito de
enterarse “hasta qué punto la investigación involucraría a otras
personas, aquellas a las que protegen y que se vinculan a la
narcocriminalidad”. Algo similar le sucedió al fiscal Angelini cuando
decidió registrar la embarcación “Woods”, en la causa Galvís Ramírez. La
policía de investigación y la Prefectura secuestraron a bordo una
pistola Glock calibre 40, similar a la que se utilizó en Unicenter y que
luego desapareció cuando estaba bajo la responsabilidad de Novo, en la
Secretaría de Gestión. Otro fenómeno de evaporación afectó al libro en
el que se registraba quién accedía a las pruebas reservadas del
expediente. Mientras registraba el barco, Angelini fue convocado de
urgencia por la Fiscalía General para “obstaculizar el avance de la
investigación”. De este modo le impidieron verificar el registro del GPS
instalado en la embarcación, que “podría habernos dado el derrotero de
navegación de los días previos”, cosa que luego se perdió. El otro
adjunto de Novo en la Fiscalía General, Rodrigo Caro, distrajo los
esfuerzos de Grau en las críticas primeras horas de la investigación
sobre el crimen de Unicenter, al exigirle que informara en forma
inmediata, detallada y por escrito sobre las diligencias que se habían
practicado, afirma Angelini. Como lo mismo le pasó a él con el caso
Galvís Ramírez, deduce que no sólo se procuraba obstruir la
investigación sino, peor aún, “saber a qué nivel de conocimiento había
arribado el fiscal instructor en cada caso para utilizar luego esos
datos con fines distintos que los de colaborar”. Con la misma finalidad
de “encubrir los tres crímenes y el narcotráfico internacional que los
generó” se frustró un importante viaje a Colombia en busca de elementos
probatorios. La Fiscalía General “con la connivencia institucional de
altas autoridades” de la Procuración, omitieron en forma dolosa el
trámite administrativo, de modo que los funcionarios colombianos
terminaron quejándose porque los fiscales argentinos los dejaron
“plantados en el aeropuerto”.
“El expediente de los colombianos”
También se intentó “obtener información acerca del curso de la
investigación por fuera de los cursos previstos legalmente” bajo el
disfraz de control de gestión, dice Angelini. Uno de los aspectos más
graves es que esos agentes “registraban los datos de los testigos que se
presentaban en la unidad, antes de que éstos declaren” en el legajo
fiscal reservado o bajo la protección de su identidad e ingresaban una y
otra vez en forma intempestiva y sin autorización al despacho de
Angelini. Así buscaban “información reservada” y amedrentaban al fiscal y
a los testigos. La intimidación se extendió a la única colaboradora de
Angelini, la instructora judicial Elizabeth Romano. La Secretaria
General de la Fiscalía General, Melisa Fernández Rey, la interrogó
acerca del “expediente de los colombianos”, en forma coercitiva e
ilegal, fuera del horario de trabajo y sin conocimiento del fiscal. Un
instructor enviado por la Procuración reprochó que Angelini solicitara
allanamientos sin previo aviso al jefe de la Policía Judicial, Oscar
Amorín. “Me ahorro comentarios ante lo grotesco e ilegal del planteo. Si
desde un principio los instructores cumplieron defectuosamente mis
órdenes, luego de ese hito lo dejaron de hacer definitivamente.” A raíz
de la filtración sobre medidas de carácter reservado (como allanamientos
y detenciones), Angelini presentó una denuncia penal y pidió que se
tramitara en otro departamento judicial. Pero Novo designó investigador a
un fiscal subordinado a él, de modo de no perder acceso “a los legajos
reservados de la investigación”. Una vez que la Procuración cerró el
sumario iniciado contra Novo, el Fiscal General y sus dos adjuntos
iniciaron causas civiles contra Angelini, a quien le reclaman
indemnizaciones por medio millón de pesos. También presentaron demandas
penales y civiles contra Grau, con el propósito de cargarles toda
irregularidad o insuficiencia de la investigación y exculpar a la
Fiscalía General. Para esas denuncias, que no prosperaron, se sirvieron
de elementos tomados de las presentaciones de los fiscales ante la
Procuración General. Esto prueba el “diálogo informal” entre altos
niveles de las estructuras que comandan Falbo y Novo, con un “designio
común que es el del encubrimiento del contexto de narcotráfico que
precede a los crímenes”. Un nuevo pedido de juicio político a Novo fue
presentado por el diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Fabián
Saín, quien durante su desempeño previo al frente de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, también había puesto la vista sobre los
hermanos Juliá. Novo es el fiscal general que más denuncias ha recibido
de sus colegas y de los jueces de su propia jurisdicción, no por sus
modos sino a raíz de “gravísimos delitos”, escribió sobre el protector
que ahora decidirá qué hacer con la denuncia de Massa.
Por Horacio Verbitsky
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