¿Dónde tiene que estar preso el "Tigre" Acosta?
Al comenzar la semana del lunes 10 de junio, el Tribunal Oral Federal 5 salió en auxilio de Acosta y otros presos de la patota de la ESMA.
Los jueces federales de Morón Juan Pablo
Salas (juez subrogante del juzgado número 1) y Jorge Rodríguez (juez
titular del juzgado número 2) hicieron lugar a sendos habeas corpus a
favor de que el genocida Jorge el "Tigre" Acosta y otros seis detenidos
por delitos de lesa humanidad fueran reintegrados al hospital del
Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde gozaban de una serie de
beneficios.
Tal como Miradas al Sur consignó en la edición del 2 de junio, el jueves 30 de mayo, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de Víctor Hortel, dec+idió el traslado de 13 genocidas que estaban allí por orden judicial pero sin sustento médico que justificara su estancia en un hospital. Con el agravante de que esas plazas debían ser ocupadas por otros procesados y condenados por delitos contra la humanidad que sí tenían orden médica de cuidados especiales. La respuesta del SPF a los magistrados, al día siguiente, fue que no tienen capacidad en ese hospital.
El pasado viernes 7, apenas dos días después, el juez Salas ordenó al SPF que Acosta y otros dos de los siete detenidos fueran llevados al Hospital Municipal de Marcos Paz, donde hay un pabellón con cuatro camas bajo custodia penitenciaria. El “Tigre” Acosta y los otros dos detenidos, al momento de ser informados del traslado, se negaron al mismo. Acosta acaba de cumplir 73 años y está en buen estado de salud, de acuerdo a los médicos que trabajan en el SPF. Sus antecedentes en la ESMA son de una crueldad ilimitada. Sin embargo, logró sortear las condiciones de cárcel común por decisiones que ya no pueden ser atribuidas a leyes de impunidad sino que se explican por las rendijas de solidaridad que le extienden algunos funcionarios judiciales. Los motivos de esos gestos son difícilmente comprensibles. Para no buscar teorías de complicidad canalla, cabe consignar que muchas veces –como en este caso– los magistrados piden el auxilio del Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia y que fue señalado innumerables veces como arbitrario –a favor de los victimarios– por parte de los organismos defensores de Derechos Humanos.
Al comenzar la semana del lunes 10 de junio, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) salió en auxilio de Acosta y otros presos de la patota de la ESMA: envió un oficio al director del SPF en el que "lo intima" a que en 24 horas cumpliera con el reintegro de estos siete presos al Hospital de Ezeiza. Acosta y el resto de los genocidas habían gozado del privilegio de vivir en ese hospital penitenciario, por pedido expreso de los jueces del TOF 5. Cabe decir, que ese tribunal, a fines de 2011, dictó una sentencia ejemplar en la megacausa ESMA. El TOF 5 está integrado por Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Leopoldo Bruglia, pero el único que participó de la condena de 2011 es Obligado.
CATARATA DE PEDIDOS. El primer pedido de auxilio a favor de Acosta fue realizado por el TOF 5 el 3 de junio. Apenas tres días después de que fuera trasladado desde el hospital de Ezeiza a Marcos Paz. Fue a través de un oficio enviado al SPF donde pedía las razones del traslado. Dos días después, el 5 de junio, en consonancia con el TOF 5, el juez Rodríguez (juzgado federal 2 de Morón, el mismo que ahora tiene la causa por el choque de trenes en Castelar) mandó otro oficio reclamando el traslado de Acosta, Carlos Capdevilla, Víctor Olivera, Juan de Dios Daer y Antonio Pereyra, todos criminales de los grupos de tareas de la ESMA. Al día siguiente, el juez Rodríguez reiteró el pedido a las autoridades del SPF, las cuales le contestaron que "no tienen cupo en ese establecimiento".
De inmediato, el TOF 3 de Morón se involucró y sumó su reclamo al SPF del traslado de Capdevilla, Olivera y Acosta. Esta vez al hospital de Marcos Paz. El lunes 10 de junio, el TOF 5 reiteró el pedido de traslado, pero al hospital penitenciario de Ezeiza.
Podrá resultar engorroso detenerse a leer las idas y vueltas de reclamos judiciales a favor de que un grupo de genocidas presos esté alojado en un hospital por razones que no son médicas sino porque los jueces consideran que la hotelería es más adecuada. Aunque, por supuesto, no lo expresan así sino que buscan un sustento en los médicos forenses. Habrá quienes puedan pensar que hay motivos de venganza en buscar que Acosta y otros criminales estén en cárceles acordes a la Constitución y no en unas condiciones mejores.
Como evidencia de que es la hotelería y no razones de salud, en el hospital penitenciario, Acosta y el resto de la patota de la ESMA tenían sus bibliotecas, cajas con archivos personales, ropa acomodada en estanterías, escritorios, fotografías y macetas con plantas. Ninguna de esas habitaciones tenía algo que pudiera identificarse con un espacio sanitario. Además, esas plazas hospitalarias eran requeridas por las autoridades sanitarias del SPF para otros detenidos (también por delitos de lesa humanidad) cuyos cuadros clínicos justifican la internación en el hospital de Ezeiza.
La jueza Adriana Paliotti, integrante del TOF 5, el 2 de junio visitó el penal de Marcos Paz para ver en qué condiciones están alojados estos detenidos. Paliotti fue tres días después de que Acosta y el resto de los reos llegaran a esa cárcel. La jueza pudo ver el alta médica de los reos trasladados, lo cual daba garantías respecto de que no había una situación de castigo encubierto ni una decisión arbitraria. Por otra parte, la jueza pudo constatar que en los pabellones del penal de Marcos Paz esos detenidos cuentan con atención médica las 24 horas, ambulancia disponible y todos los protocolos médicos para responder a las urgencias que pudieran suscitarse.
UNA COLONIA PARA LOS GENOCIDAS. El juez federal Sergio Torres, en abril pasado, ordenó varias detenciones en el marco de la causa ESMA. Concretamente, la secretaría 23 del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 12 (cuyo titular es Torres) envió un oficio en forma directa a la Armada Argentina en el cual solicita la detención de varios integrantes de un grupo de tareas de la ESMA: José Ángel Iturri, José Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Aníbal Roberto Colquhoun, Néstor Carlos Carrillo, Horacio Luis Ferrari y Carlos Mario Castelvi. Aunque parezca algo irrelevante, desde hace cinco años, existe una resolución por la cual las Fuerzas Armadas tienen prohibido de modo taxativo detener a integrantes o ex integrantes de sus propias fuerzas. Es decir, los juzgados deben recurrir a las fuerzas de seguridad como auxiliares de Justicia. Desde el Ministerio de Justicia se comunicaron con esa secretaría 23 de inmediato para ponerlos en conocimiento, "a lo que informan que dicho Juzgado estaba en conocimiento de la misma, y que pese a ello el Juez disponía se remita igualmente a la fuerza", según consta en un memorándum enviado por Defensa al fiscal Jorge Auat, a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.
Esto no quedó en una discusión de formalidades y competencias. En esos días, los medios informaban que los integrantes de la patota de la ESMA Colquhoun y Ferrari no habían sido hallados en sus domicilios y que, por lo tanto, habían sido "declarados en rebeldía". Sin embargo, en el Ministerio de Defensa pudieron constatar que el abogado de Colquhoun y Ferrari se había presentado en el juzgado a informar que se encontraban internados en el Hospital Naval Pedro Mallo. A raíz de ello, las autoridades ministeriales requirieron a la Armada que informara las razones por las que Colquhoun y Ferrari estaban en el hospital naval. Colquhoun, en 1976, era teniente de navío y su historia fue descubierta por gente del Ministerio de Defensa hacia 2010, cuando accedieron a carpetas "secretas" de la Armada. En ellas pudieron encontrar responsabilidades concretas de oficiales y suboficiales navales que no habían sido señalados por sobrevivientes.
El caso de Colquhoun no puede ser asimilado a la situación de Acosta y los otros detenidos que están cumpliendo condena mientras que Colquhoun está ahora procesado. Sin embargo, queda claro que "se había refugiado" en el hospital naval, de donde fue "dado de alta" el 7 de mayo y sus abogados negociaban que el juzgado le diera la prisión domiciliaria mientras se lleva adelante la causa. El otro imputado, Ferrari, también fue "dado de alta" unos días después.
El memorándum de Defensa al fiscal Auat no termina con esto. Lo que sigue es claro respecto de cómo ciertos sectores pretenden que los criminales de lesa humanidad sean tratados como castigados militares y no como criminales. "Javier Falcioni, quien dijo ser Fiscal –dice el memo– se comunicó con personal de la Armada a fin de consultar sobre la disponibilidad de la Unidad 35 en Río Santiago, de manera tal de poder alojar a todos los detenidos en el marco de causas por delitos de lesa humanidad en la misma." Pues bien, ¿dónde se desempeña el fiscal Falcioni? Nada menos que en el TOF 5, el que muestra tanta preocupación por el "Tigre" Acosta y que pretende que, al menos, esté en el hospital penitenciario de Ezeiza. A su vez, el juzgado de Torres recibió un pedido del acusado Ferrari argumentando que su defendido no podía ir detenido a las cárceles del SPF porque tienen "grandes diferencias con otros imputados" y que "su vida corría riesgo".
El 22 de mayo, el Ministerio de Defensa recibió un oficio del juzgado del juez Torres, que incluye un escrito del abogado de Ferrari donde advierte "con notable preocupación la situación de quienes se encuentran privados de libertad en la presente causa", refiriéndose tanto a detenidos bajo la órbita de ese juzgado como los del TOF 5. ¿Qué sugiere el abogado que utiliza al juzgado de Torres como mensajero?: ¡Que el Ministerio de Defensa habilite la colonia penal de Río Santiago! -
Tal como Miradas al Sur consignó en la edición del 2 de junio, el jueves 30 de mayo, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de Víctor Hortel, dec+idió el traslado de 13 genocidas que estaban allí por orden judicial pero sin sustento médico que justificara su estancia en un hospital. Con el agravante de que esas plazas debían ser ocupadas por otros procesados y condenados por delitos contra la humanidad que sí tenían orden médica de cuidados especiales. La respuesta del SPF a los magistrados, al día siguiente, fue que no tienen capacidad en ese hospital.
El pasado viernes 7, apenas dos días después, el juez Salas ordenó al SPF que Acosta y otros dos de los siete detenidos fueran llevados al Hospital Municipal de Marcos Paz, donde hay un pabellón con cuatro camas bajo custodia penitenciaria. El “Tigre” Acosta y los otros dos detenidos, al momento de ser informados del traslado, se negaron al mismo. Acosta acaba de cumplir 73 años y está en buen estado de salud, de acuerdo a los médicos que trabajan en el SPF. Sus antecedentes en la ESMA son de una crueldad ilimitada. Sin embargo, logró sortear las condiciones de cárcel común por decisiones que ya no pueden ser atribuidas a leyes de impunidad sino que se explican por las rendijas de solidaridad que le extienden algunos funcionarios judiciales. Los motivos de esos gestos son difícilmente comprensibles. Para no buscar teorías de complicidad canalla, cabe consignar que muchas veces –como en este caso– los magistrados piden el auxilio del Cuerpo Médico Forense que depende de la Corte Suprema de Justicia y que fue señalado innumerables veces como arbitrario –a favor de los victimarios– por parte de los organismos defensores de Derechos Humanos.
Al comenzar la semana del lunes 10 de junio, el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) salió en auxilio de Acosta y otros presos de la patota de la ESMA: envió un oficio al director del SPF en el que "lo intima" a que en 24 horas cumpliera con el reintegro de estos siete presos al Hospital de Ezeiza. Acosta y el resto de los genocidas habían gozado del privilegio de vivir en ese hospital penitenciario, por pedido expreso de los jueces del TOF 5. Cabe decir, que ese tribunal, a fines de 2011, dictó una sentencia ejemplar en la megacausa ESMA. El TOF 5 está integrado por Adriana Paliotti, Daniel Obligado y Leopoldo Bruglia, pero el único que participó de la condena de 2011 es Obligado.
CATARATA DE PEDIDOS. El primer pedido de auxilio a favor de Acosta fue realizado por el TOF 5 el 3 de junio. Apenas tres días después de que fuera trasladado desde el hospital de Ezeiza a Marcos Paz. Fue a través de un oficio enviado al SPF donde pedía las razones del traslado. Dos días después, el 5 de junio, en consonancia con el TOF 5, el juez Rodríguez (juzgado federal 2 de Morón, el mismo que ahora tiene la causa por el choque de trenes en Castelar) mandó otro oficio reclamando el traslado de Acosta, Carlos Capdevilla, Víctor Olivera, Juan de Dios Daer y Antonio Pereyra, todos criminales de los grupos de tareas de la ESMA. Al día siguiente, el juez Rodríguez reiteró el pedido a las autoridades del SPF, las cuales le contestaron que "no tienen cupo en ese establecimiento".
De inmediato, el TOF 3 de Morón se involucró y sumó su reclamo al SPF del traslado de Capdevilla, Olivera y Acosta. Esta vez al hospital de Marcos Paz. El lunes 10 de junio, el TOF 5 reiteró el pedido de traslado, pero al hospital penitenciario de Ezeiza.
Podrá resultar engorroso detenerse a leer las idas y vueltas de reclamos judiciales a favor de que un grupo de genocidas presos esté alojado en un hospital por razones que no son médicas sino porque los jueces consideran que la hotelería es más adecuada. Aunque, por supuesto, no lo expresan así sino que buscan un sustento en los médicos forenses. Habrá quienes puedan pensar que hay motivos de venganza en buscar que Acosta y otros criminales estén en cárceles acordes a la Constitución y no en unas condiciones mejores.
Como evidencia de que es la hotelería y no razones de salud, en el hospital penitenciario, Acosta y el resto de la patota de la ESMA tenían sus bibliotecas, cajas con archivos personales, ropa acomodada en estanterías, escritorios, fotografías y macetas con plantas. Ninguna de esas habitaciones tenía algo que pudiera identificarse con un espacio sanitario. Además, esas plazas hospitalarias eran requeridas por las autoridades sanitarias del SPF para otros detenidos (también por delitos de lesa humanidad) cuyos cuadros clínicos justifican la internación en el hospital de Ezeiza.
La jueza Adriana Paliotti, integrante del TOF 5, el 2 de junio visitó el penal de Marcos Paz para ver en qué condiciones están alojados estos detenidos. Paliotti fue tres días después de que Acosta y el resto de los reos llegaran a esa cárcel. La jueza pudo ver el alta médica de los reos trasladados, lo cual daba garantías respecto de que no había una situación de castigo encubierto ni una decisión arbitraria. Por otra parte, la jueza pudo constatar que en los pabellones del penal de Marcos Paz esos detenidos cuentan con atención médica las 24 horas, ambulancia disponible y todos los protocolos médicos para responder a las urgencias que pudieran suscitarse.
UNA COLONIA PARA LOS GENOCIDAS. El juez federal Sergio Torres, en abril pasado, ordenó varias detenciones en el marco de la causa ESMA. Concretamente, la secretaría 23 del juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 12 (cuyo titular es Torres) envió un oficio en forma directa a la Armada Argentina en el cual solicita la detención de varios integrantes de un grupo de tareas de la ESMA: José Ángel Iturri, José Luis María Ocaranza, Néstor Eduardo Tauro, Ramón Roque Zanabria, Aníbal Roberto Colquhoun, Néstor Carlos Carrillo, Horacio Luis Ferrari y Carlos Mario Castelvi. Aunque parezca algo irrelevante, desde hace cinco años, existe una resolución por la cual las Fuerzas Armadas tienen prohibido de modo taxativo detener a integrantes o ex integrantes de sus propias fuerzas. Es decir, los juzgados deben recurrir a las fuerzas de seguridad como auxiliares de Justicia. Desde el Ministerio de Justicia se comunicaron con esa secretaría 23 de inmediato para ponerlos en conocimiento, "a lo que informan que dicho Juzgado estaba en conocimiento de la misma, y que pese a ello el Juez disponía se remita igualmente a la fuerza", según consta en un memorándum enviado por Defensa al fiscal Jorge Auat, a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos.
Esto no quedó en una discusión de formalidades y competencias. En esos días, los medios informaban que los integrantes de la patota de la ESMA Colquhoun y Ferrari no habían sido hallados en sus domicilios y que, por lo tanto, habían sido "declarados en rebeldía". Sin embargo, en el Ministerio de Defensa pudieron constatar que el abogado de Colquhoun y Ferrari se había presentado en el juzgado a informar que se encontraban internados en el Hospital Naval Pedro Mallo. A raíz de ello, las autoridades ministeriales requirieron a la Armada que informara las razones por las que Colquhoun y Ferrari estaban en el hospital naval. Colquhoun, en 1976, era teniente de navío y su historia fue descubierta por gente del Ministerio de Defensa hacia 2010, cuando accedieron a carpetas "secretas" de la Armada. En ellas pudieron encontrar responsabilidades concretas de oficiales y suboficiales navales que no habían sido señalados por sobrevivientes.
El caso de Colquhoun no puede ser asimilado a la situación de Acosta y los otros detenidos que están cumpliendo condena mientras que Colquhoun está ahora procesado. Sin embargo, queda claro que "se había refugiado" en el hospital naval, de donde fue "dado de alta" el 7 de mayo y sus abogados negociaban que el juzgado le diera la prisión domiciliaria mientras se lleva adelante la causa. El otro imputado, Ferrari, también fue "dado de alta" unos días después.
El memorándum de Defensa al fiscal Auat no termina con esto. Lo que sigue es claro respecto de cómo ciertos sectores pretenden que los criminales de lesa humanidad sean tratados como castigados militares y no como criminales. "Javier Falcioni, quien dijo ser Fiscal –dice el memo– se comunicó con personal de la Armada a fin de consultar sobre la disponibilidad de la Unidad 35 en Río Santiago, de manera tal de poder alojar a todos los detenidos en el marco de causas por delitos de lesa humanidad en la misma." Pues bien, ¿dónde se desempeña el fiscal Falcioni? Nada menos que en el TOF 5, el que muestra tanta preocupación por el "Tigre" Acosta y que pretende que, al menos, esté en el hospital penitenciario de Ezeiza. A su vez, el juzgado de Torres recibió un pedido del acusado Ferrari argumentando que su defendido no podía ir detenido a las cárceles del SPF porque tienen "grandes diferencias con otros imputados" y que "su vida corría riesgo".
El 22 de mayo, el Ministerio de Defensa recibió un oficio del juzgado del juez Torres, que incluye un escrito del abogado de Ferrari donde advierte "con notable preocupación la situación de quienes se encuentran privados de libertad en la presente causa", refiriéndose tanto a detenidos bajo la órbita de ese juzgado como los del TOF 5. ¿Qué sugiere el abogado que utiliza al juzgado de Torres como mensajero?: ¡Que el Ministerio de Defensa habilite la colonia penal de Río Santiago! -
http://tiempo.infonews.com/2013/06/18/editorial-103975-donde-tiene-que-estar--preso-el-tigre-acosta.php
No hay comentarios:
Publicar un comentario