viernes, 21 de junio de 2013

LA “MODERNIZACIÓN” DEL GOBIERNO PORTEÑO


RR.HH. privados

El Pro terceriza su política laboral. Una empresa privada podrá adoptar medidas disciplinarias con personal del Gobierno de la Ciudad. Quién es Andrés Ibarra, el hombre de Macri en la tarea.
Desarmador. Andrés Ibarra, el hombre de Mauricio Macri para la modernización del Estado.
Apenas asumió su segundo mandato, Mauricio Macri creó dos nuevos ministerios, ambos pensados con un único objetivo: su proyección para ser presidente en 2015. Por un lado, el Ministerio de Gobierno comandado por Emilio Monzó, que literalmente se encarga de generar alianzas y crear candidatos en distintas provincias, y por el otro el Ministerio de Modernización cuyos objetivos, bien al estilo Pro, se basan en cuatro ejes: el capital humano, la modernización de la administración, la información y Gobierno Abierto y Ciudad Inteligente. En criollo: una especie de oficina de recursos humanos de la burocracia porteña.
El encargado de coordinar esa cartera es Andrés Ibarra, íntimo amigo del jefe de gobierno, ex directivo de Socma e integrante de la comisión directiva del club Boca Juniors. Lo cierto es que el presupuesto de este ministerio creció exponencialmente. En 2012 fue de 112.688.107 pesos, mientras que en 2013 se triplicó, alcanzando un total de 375.857.680 pesos. El incremento presupuestario vino acompañado de la creación de dos nuevas subsecretarías y dieciséis direcciones generales. Sin embargo, según denuncia la comunera socialista Julieta Costa Díaz, “esta ampliación de la estructura política va a contramano de dos licitaciones lanzadas este año y que tienen como objetivo el ajuste en el eslabón preferido de la derecha: los trabajadores del Gobierno de la Ciudad”.

Se trata de dos licitaciones publicadas por el boletín oficial el 27 de marzo. Una se titula “Fortalecimiento de la Gestión y del Desarrollo del Capital Humano”, y la otra, “Auditoría de Presentismo, Puntualidad, Permanencia y Proceso de Registro de Asistencia”. En ambos casos, se trata de la contratación a consultoras privadas por más de cuatro millones de pesos. En el primer caso, según consta en los papeles, la empresa contratada podrá “propiciar la adopción de medidas correctivas y/o disciplinarias”, también “confeccionar el listado de ausentes para los fines del descuento correspondiente” y “notificar a las reparticiones las inasistencias con el objetivo de que elaboren sus descargos y analizar y dar respuesta a los mencionados cargos”. Según explicó Costa Díaz a Veintitrés, “toda la política laboral del gobierno queda en manos de una empresa privada cuyo éxito estará dado en el mayor número de irregularidades encontradas, abriendo paso a la arbitrariedad en la búsqueda de eliminar personal de las distintas áreas del GCBA”. Y agregó: “Este es el primer paso en el plan de reducción del personal”.

La segunda medida tiene que ver con conocer la “dotación actual de 66 direcciones generales y la modalidad de contratación del personal en cada una”, una especie de ordenamiento de la gestión pública. Pero quizás el dato más llamativo es que la empresa contratada tendrá la potestad para la “identificación en las dotaciones de empleados en condición de jubilarse y de aquellos que podrían acceder al retiro voluntario”. Según reflexionó la comunera –que luego de romper con el espacio de Pino Solanas integra la “Corriente Veinteveintiuno” que está dentro de Unidos y Organizados–, “se trata de despidos encubiertos”.

Todavía resta saber quiénes serán los adjudicatarios de tales licitaciones y en ese caso, cómo se llevan a cabo las disposiciones. Sin dudas, allí habrá más tela para cortar.