Resisten con armas una inspeccion de AFIP y Trabajo
Los inspectores de la AFIP y del Ministerio de Trabajo fueron expulsados por la fuerza de un campo de 9.000 hectáreas. Investigaban la existencia de más de 200 peones rurales semiesclavizados, a quienes dejaron partir sin la paga prometida.
Once inspectores de las delegaciones del Ministerio de Trabajo y de la AFIP en Santiago del Estero fueron expulsados por la fuerza de un campo de 9.000 hectáreas y amenazados por una patota de guardias armados con escopetas, en medio de un operativo de fiscalización desplegado en una hacienda donde más de 200 peones rurales trabajaban en condiciones infrahumanas para el desmonte de tierras destinadas a la soja.
La inspección llegó luego de que uno de los obreros sometidos a la servidumbre denunció, infructuosamente, el caso ante el gremio rural UATRE, que se negó a iniciar acciones contra los acusados de violación de los derechos laborales y trata de personas.
Luego del altercado con los guardias armados y la frustrada inspección, el 17 de mayo, la delegación santiagueña de la cartera laboral inició una causa penal ante la justicia federal para regresar con la policía. Pero, según relató después a BAE uno de los obreros que realizó la denuncia, cuya identidad se preserva, los contratistas cortaron inmediatamente todo suministro de agua y alimentos a los peones y los “liberaron” (sin la paga que les habían prometido) para borrar toda evidencia de los delitos cometidos.
Los primeros convocados para las obras de desmonte llegaron a fines de abril a la finca “Las Corzuelas”, ubicada en la localidad de Tintina, unos 200 kilómetros al nordeste de la capital santiagueña.Venían de Nueva Esperanza, Añatuya, Cardón Esquina y Brea Pozo, todos pueblos de la frontera interprovincial entre Santiago y Chaco.
En el Ministerio de Trabajo sospechanque la contratación (verbal) ofrecida a los trabajadores era por un período prolongado, dado que algunos de ellos se trasladaron a los campos acompañados por sus familias enteras. En el grupo de 200 que decidió denunciar los malos tratos había mujeres, niños, adolescentes menores de 18 años y dos bebés.
La denuncia penal, a la que accedió BAE por fuentes de Santiago del Estero, fue presentada por Alejandro Ducca, delegado de la cartera laboral nacional en la provincia. Allí los inspectores relatan que “se obtuvo siempre la negativa de los encargados” ante su intención de relevar a los empleados en el campo. “Procedimos a retirarnos de la propiedad por encontrarse armados (los encargados).
Nuestra única alternativa era concluir el operativo para evitar enfrentamientos que pusieran en peligro nuestra vida y la de los trabajadores”, explicaron a la Justicia. El acta de los inspectores de la AFIP agrega que los guardias armados del campo se conducían en “una camioneta marca Ford con dominio DBD 214” y que en la hacienda “se visualizó un número importante de personas en actitud de trabajo en relación de dependencia”, que no pudieron ser identificadas.
La labor se centraba en el desmonte completo de los árboles, incluidos quebrachos añosos. Según el relato de los denunciantes, los contratistas incluso utilizaron topadoras con cadenas para derribar los ejemplares más antiguos, práctica penada explícitamente por la Ley de Bosques.
El trato hacia el personal era similar al que reciben los peones golondrina que durante el verano realizan la “desflorada” del maíz, lo cual desató este año un escándalo y disparó varias investigaciones penales contra las cerealeras más grandes del país.
A los santiagueños les cobraban por el alimento que les entregaban el doble de lo que valía en cualquier almacén. También les vendían (y con sobreprecio) herramientas necesarias para el trabajo, como hachas.
Según denunciaron los trabajadores, el agua les era provista en tachos y no era apta para consumo por su sabor salado. Sólo les entregaron un plástico negro para que hicieran su “vivienda”.
En los primeros dos días, además, les prohibieron construirlas para que no perdieran tiempo. Eso hizo que sufrieran intensos fríos durmiendo en el suelo, algunos con colchonetas, y otros sin nada.
A nivel penal, sin embargo, el caso es más grave que otros difundidos recientemente por la AFIP, debido a que los empleados no podían abandonar el sitio donde estaban confinados si no era en los camiones de los empresarios que los habían llevado hasta allí.
Para llegar a la ruta provincial más cercana hay que atravesar 20 kilómetros de monte tupido, tarea casi imposible de realizar con bebés y niños a cuestas.
La inspección llegó luego de que uno de los obreros sometidos a la servidumbre denunció, infructuosamente, el caso ante el gremio rural UATRE, que se negó a iniciar acciones contra los acusados de violación de los derechos laborales y trata de personas.
Luego del altercado con los guardias armados y la frustrada inspección, el 17 de mayo, la delegación santiagueña de la cartera laboral inició una causa penal ante la justicia federal para regresar con la policía. Pero, según relató después a BAE uno de los obreros que realizó la denuncia, cuya identidad se preserva, los contratistas cortaron inmediatamente todo suministro de agua y alimentos a los peones y los “liberaron” (sin la paga que les habían prometido) para borrar toda evidencia de los delitos cometidos.
Los primeros convocados para las obras de desmonte llegaron a fines de abril a la finca “Las Corzuelas”, ubicada en la localidad de Tintina, unos 200 kilómetros al nordeste de la capital santiagueña.Venían de Nueva Esperanza, Añatuya, Cardón Esquina y Brea Pozo, todos pueblos de la frontera interprovincial entre Santiago y Chaco.
En el Ministerio de Trabajo sospechanque la contratación (verbal) ofrecida a los trabajadores era por un período prolongado, dado que algunos de ellos se trasladaron a los campos acompañados por sus familias enteras. En el grupo de 200 que decidió denunciar los malos tratos había mujeres, niños, adolescentes menores de 18 años y dos bebés.
La denuncia penal, a la que accedió BAE por fuentes de Santiago del Estero, fue presentada por Alejandro Ducca, delegado de la cartera laboral nacional en la provincia. Allí los inspectores relatan que “se obtuvo siempre la negativa de los encargados” ante su intención de relevar a los empleados en el campo. “Procedimos a retirarnos de la propiedad por encontrarse armados (los encargados).
Nuestra única alternativa era concluir el operativo para evitar enfrentamientos que pusieran en peligro nuestra vida y la de los trabajadores”, explicaron a la Justicia. El acta de los inspectores de la AFIP agrega que los guardias armados del campo se conducían en “una camioneta marca Ford con dominio DBD 214” y que en la hacienda “se visualizó un número importante de personas en actitud de trabajo en relación de dependencia”, que no pudieron ser identificadas.
La labor se centraba en el desmonte completo de los árboles, incluidos quebrachos añosos. Según el relato de los denunciantes, los contratistas incluso utilizaron topadoras con cadenas para derribar los ejemplares más antiguos, práctica penada explícitamente por la Ley de Bosques.
El trato hacia el personal era similar al que reciben los peones golondrina que durante el verano realizan la “desflorada” del maíz, lo cual desató este año un escándalo y disparó varias investigaciones penales contra las cerealeras más grandes del país.
A los santiagueños les cobraban por el alimento que les entregaban el doble de lo que valía en cualquier almacén. También les vendían (y con sobreprecio) herramientas necesarias para el trabajo, como hachas.
Según denunciaron los trabajadores, el agua les era provista en tachos y no era apta para consumo por su sabor salado. Sólo les entregaron un plástico negro para que hicieran su “vivienda”.
En los primeros dos días, además, les prohibieron construirlas para que no perdieran tiempo. Eso hizo que sufrieran intensos fríos durmiendo en el suelo, algunos con colchonetas, y otros sin nada.
A nivel penal, sin embargo, el caso es más grave que otros difundidos recientemente por la AFIP, debido a que los empleados no podían abandonar el sitio donde estaban confinados si no era en los camiones de los empresarios que los habían llevado hasta allí.
Para llegar a la ruta provincial más cercana hay que atravesar 20 kilómetros de monte tupido, tarea casi imposible de realizar con bebés y niños a cuestas.
ALEJANDRO BERVOCHICH abercovich@buenosaireseconomico.com
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