martes, 18 de junio de 2013

SRA, LA JUSTICIA AMIGA Y LOS CRÉDITOS QUE PAGA LA SOCIEDAD

Cierran causa por polo gastronómico en la SRA

La justicia declaró "mal concedida" la apelación contra la prescripción del caso. El proyecto, que incluía 20 salas de cine, no se concretó.

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Acaba de terminar en la impunidad la investigación por un crédito incobrable por U$S 106 millones concedido por el Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) a una empresa integrada por directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que planeaba construir en el predio ferial de Palermo un polo gastronómico y de entretenimientos, que nunca se concretó. La Cámara del Crimen declaró "mal concedido" un recurso de apelación planteado contra el fallo que declaró prescripta la causa y sobreseyó a todos sus imputados, entre ellos integrantes de la SRA, ex directivos del BAPRO durante la gestión provincial de Eduardo Duhalde e incluso un ex funcionario porteño en tiempos en que Fernando De la Rúa era el jefe de gobierno. 
Así, por el paso del tiempo, la calificación del presunto delito y, sobre todo, por haber superado largamente el "plazo razonable" para llegar a una sentencia, de aquel episodio –estrechamente ligado a la presunta venta a precio vil del predio palermitano a la SRA– sólo quedará el perjuicio para las arcas bonaerenses.
La operación que estuvo bajo investigación fue el otorgamiento de un crédito millonario que el BAPRO concedió a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Ogden-Rural en condiciones de altísimo riesgo, con una posibilidad de recupero mínima y, sobre todo, salteando pasos del procedimiento administrativo habitual para estos préstamos. 
El proyecto contemplaba la construcción de cinco pabellones feriales de casi 50 mil metros cuadrados, otros 3 mil para exposiciones, un amplísimo estacionamiento y un sector de entretenimiento que incluía 20 cines, una sala 3D, pistas de bowling y un patio de comidas rodeado de locales comerciales. 
El 10 de septiembre de 1999, tres meses antes de que De la Rúa asumiera la Presidencia de la Nación, el BAPRO concedió el crédito "a los fines de sustentar el proyecto consistente en el desarrollo y la construcción de un centro de exposiciones y entretenimiento" en Palermo. 
Para ese entonces, ni siquiera existía la habilitación municipal para la obra. Las garantías ofrecidas por los tomadores eran "la recaudación" que preveía generar la inversión una vez puesta en funcionamiento y los derechos de usufructo sobre el terreno. Además, subsistía una sospecha sobre que el monto de la inversión comprometida estaba inflado y que el préstamo abarcaba todo el gasto previsto, de manera tal que la UTE prácticamente no invertía capital propio. Juan María de Anchorena, director del BAPRO, formaba parte también de la empresa inversora. Una de las empresas de la UTE, Ogden, terminó en manos del actual diputado Francisco De Narváez.
Uno de los directores del banco, Victorio Migliaro, renunció a su cargo, en desacuerdo con la decisión de otorgar el empréstito. En 2004, el juez de instrucción Ricardo Farías, a instancias del fiscal José María Campagnoli, llamó a indagatoria a unas 30 personas. La causa se empantanó tras sucesivos y engorrosos conflictos de competencia. 
El año pasado, el gobierno nacional declaró nula la venta del predio a la SRA en 1991, origen de esta causa. La recuperación del lugar nunca llegó a concretarse porque una cautelar de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal la suspendió.
La Sala 7ª de la Cámara del Crimen, integrada por los jueces Mauro Divito, Juan Cicciaro y Rodolfo Pociello Argerich (ahora remplazado por Mariano Scotto), intervino en varias oportunidades en el expediente. Fue ese tribunal el que dispuso profundizar la investigación contra los ex directivos del BAPRO Carlos Eduardo Sánchez, Hugo Néstor Pifarré, Sergio Gustavo Bugallo, Victorio Carlos Migliaro, Juan María Anchorena, Rubén Daniel Lusich, Osvaldo Hugo Rial, acusados de "haber violado los deberes a su cargo, perjudicando con su accionar fraudulento los intereses que la provincia les había confiado". 
Hace unos meses, el juez Farías, en primera instancia, "declaró extinguida la acción penal por prescripción" y dispuso el sobreseimiento de todos los imputados vinculados con la UTE. La medida alcanzó a Eduardo Carlos De Zavalía, Mario Roberto Eijo de Tezanos Pinto, Jaime Alberto Bernasconi, Juan Alberto Ravagnan, Carlos Alberto Sandri, José Norberto D’Andrea, Oscar Raúl Lozano, Francisco Prati, Raúl Etchebehere, Alfredo Miguel O'Farrell, Horacio Foster, Enrique Claudio Crotto, Francisco José Del Castillo, Carlos Alberto Mallmann, Jorge Iribarne, Carlos Alberto Lebrero y Juan Luis Gilli. También a Ernesto Marcer, quien fue procurador de la Ciudad durante la gestión de De la Rúa.
La Ciudad debía rezonificar parte del predio para que se concretara el megaproyecto, que nunca ocurrió.
Para el juez, el delito que se investigaba era "defraudación en perjuicio de la administración pública", que tiene una pena máxima de seis años de prisión. Para el fiscal Campagnoli, en cambio, se trataba de "malversación de caudales públicos", cuya pena máxima es de diez años. Más allá de esa discusión, Farías consideró que "en atención a los 16 años de trámite del sumario, debía concluirse en la insubsistencia de la acción penal" por exceso del "plazo razonable". En la apelación del fiscal, "la cuestión vinculada al plazo razonable del proceso no había sido materia de impugnación". «