miércoles, 23 de febrero de 2011

AVIONES, VALIJAS, MILITARES Y POLICÍAS


El episodio del avión yanqui cuya carga fue decomisada por las autoridades nacionales va dejando mucha tela para cortar; pero más allá del foletín periodístico (y de la fiebre cipaya que ha afectado al periodismo hegemónico, automáticamente alineado con las posiciones de los EEUU), se plantea la discusión sobre el rol de las fuerzas armadas en la política de seguridad interior.

En la edición de este domingo de Página 12, Horacio Verbistky realiza una interesante reseña sobre la frontera entre ambos temas -muchas veces deliberadamente difusa- entre la defensa nacional y la seguridad interior; y el rol que en cada una deben cumplir las fuerzas armadas y de seguridad.

En ésta nota de Miradas al Sur hay otro racconto interesante del tema, en éste caso desde la óptica de lo que sucede al respecto en los Estados Unidos. 

En espejo -como vienen actuando en relación al tema en los últimos tiempos- Clarín vuelve a la carga contra el gobierno asumiendo la posición del Pentágono (el Departamento de Defensa del gobierno de los EEUU), que presuntamente desconfiaría de las verdaderas intenciones argentinas en el episodio del avión y sus valijas.

Pero lo que realmente no se entiende es cual es en definitiva la crítica de Clarín en éste punto: si el gobierno siempre dijo que quiere desmilitarizar la seguridad interior, ¿cuál sería el inconveniente con que el Ministerio de Seguridad (además, a cargo de quien antes condujo el de Defensa) revisara todos los acuerdos de cooperación vigente que conspiran contra esa idea?.

Porque además desmilitarizar la seguridad interior no es un capricho de Cristina, ni de Nilda Garré: es una exigencia de las leyes argentinas, sancionadas desde la vuelta a la democracia, y con diferentes gobiernos.

La Ley de Defensa Nacional sancionada durante el gobierno de Alfonsín  y reglamentada en 2006 por Néstor Kirchner diferencia claramente la defensa nacional de la seguridad interior; y establece claramente que ésta última debe ser regida por una ley especial.

El decreto reglamentario dice con claridad que "El Sistema de Defensa Nacional no podrá contemplar en su formulación doctrinaria, en la planificación y adiestramiento, en la previsión de las adquisiciones de equipos y/o medios, como así tampoco en las actividades relativas a la producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior, conforme la misma aparece delimitada en la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior."

Precisamente la Ley de Seguridad Interior dictada durante el gobierno de Menem define a la seguridad como "la situación de hecho basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional." ; mientras que la defensa nacional tiene por objeto (según la ley respectiva) "garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.".

Y si bien esa misma ley admite en circunstancias excepcionales el empleo del instrumento militar para abordar problemas de seguridad, lo condiciona a que las fuerzas de seguridad (lo que incluye a las provinciales y a las federales como la Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura) sean insuficientes para conjurar las amenazas a esa seguridad; o que el país viva una convulsión o conmoción de tal magnitud que lleven a la declaración del estado de sitio por el Congreso Nacional.

Aun entonces, deposita la decisión en el presidente de la República, como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; es decir ni más ni menos que el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional; algo que olvidan a menudo los "republicanos" argentinos, que tienen sueños húmedos mirando por televisión la imagen de los militares brasileños entrando con tanques a las favelas.

Tornar difusos los límites entre uno y otro concepto (algo sobre lo que vuelve la derecha argentina en forma recurrente) es -para decirlo sin ambages- volver a uno de los puntos nodales de la tristemente célebre Doctrina de la Seguridad Nacional, el sustento ideológico de la dictadura genocida. De allí que mantener claros esos límites es una exigencia impostergable de la consolidación y profundización del proceso democrático argentino.

Incluso en lo vinculado a las tareas de inteligencia, la Ley Nacional de Inteligencia sancionada durante el gobierno de De La Rúa,  diferencia claramente la inteligencia criminal (la destinada a obtener información sobre el delito) de la estratégica militar; que tiene que ver con las hipótesis de conflicto exterior, y es la única en que pueden participar las Fuerzas Armadas.

Y esa labor de inteligencia (de acuerdo a la misma ley) no puede nunca tener que ver con  "almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción."

No es necesario recordar las andanzas de Ciro James y el Fino Palacios para saber que la derecha argentina  no acepta -en su fuero íntimo- esos límites legales; que son a su vez vallas para evitar que progresen en nuestro sistema institucional política e hipótesis de trabajo (sea de las fuerzas armadas, o las de seguridad) vinculadas a lo que los norteamericanos llaman "conflictos de baja intensidad". Pero lógicamente esa misma derecha no dejará de intentarlo, una y otra vez.

No es un dato menor que, pese a ese contexto, el comportamiento de la oposición política al gobierno nacional en todo el episodio del avión fue vergonzoso: a su deserción de la lucha contra las corporaciones internas, le suman el alineamiento automático con un país extranjero, cuando éste entra en conflicto -en un terma puntual- con el gobierno del propio.

Dato a tener en cuenta cuando esa misma oposición política habla a menudo de "políticas de Estado a largo plazo", y de "respetar la institucionalidad".   

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