No, no estamos hablando de los que les cobran a los clubes de fútbol por los operativos policiales en los días de partido; ni a los comercios para proveerlos de "custodia especial", sino de ésta nota donde Alvaro Gaviola, el Ministro de Seguridad de Binner, explica la política del gobierno en relación a los ascensos policiales.
En la misma nota se explican los próximos cambios en la cúpula policial santafesina, a través de los ascensos y pases a retiros; y el ministro explica que el gobierno provincial va a pagar los retroactivos salariales resultantes de los ascensos del personal; cumpliendo de ese modo (dice) con una promesa de campaña y saldando una presunta deuda de los gobiernos anteriores.
Lo que no dice Gaviola es que todo ese movimiento (que le insumirá al Estado provincial según el mismo dice unos 30 millones de pesos éste año) es completamente al margen de las normas vigentes; y expresa la claudicación del poder político -expresado por el gobierno del Frente Progresista- ante las presiones de la corporación policial.
En efecto, en el segundo mandato de Jorge Obeid y durante los años 2004 a 2006, se sancionó primero la Ley 12.333, creando el Instituto de Seguridad Pública y modificando el mecanismo de ingreso a la Policía; y posteriormente se dictó la Ley 12.521, que reformó íntegramente el régimen del personal policial de la provincia.
Todo ese conjunto normativo (en especial la segunda ley) implicaba un profundo cambio estructural en la organización de la fuerza policial; y fue precedido de un amplio acuerdo del arco político, incluyendo a quienes eran opositores y hoy conducen el gobierno provincial, lo que no obstó para que -una vez asumido Binner- lo dejaran completamente de lado, como si no existiera.
Entre los puntos centrales de la reforma (que procuraba reforzar los controles políticos y sociales sobre la fuerza policial) estaba la disolución de las Juntas de Calificaciones, por las cuáles eran los propios policías quienes definían sus ascensos y destinos; en un sistema de premios y castigos sin participación de las autoridades civiles; apto para saldar de ese modo disputas al interior del aparato policial, pero absolutamente desvinculado de las políticas públicas de seguridad y la evaluación de su cumplimiento efectivo.
Ese mecanismo era, por otra parte, un acicate para más conflictos y reclamos dentro de la Policía (que incidían a su vez en la política de pases a retiro), que la mantenían en un permanente estado deliberativo y la alejaba de sus funciones específicas en resguardo de la seguridad de los santafesinos. De hecho, no pocos episodios de inseguridad que involucraron corrupción o pasividad policial, tienen su explicación profunda allí.
La Ley 12.521 creaba una estructura de ascensos por concursos públicos y abiertos, con participación de autoridades civiles (incluso de organizaciones sociales o personalidades del mundo académico) y para cubrir exclusivamente aquéllas vacantes que determinase el Poder Ejecutivo, en base a las prioridades de las políticas de seguridad; todo lo cual fue dejado de lado para "resucitar" las viejas Juntas de Calificaciones, mediante una antojadiza interpretación legal del Fiscal de Estado de la provincia.
Desde entonces, la vieja Ley 6769 (dictada en tiempos de la llamada Revolución Argentina, es decir la dictadura de Onganía) rige los ascensos del personal policial como si la reforma nunca se hubiera emprendido; y de allí se generan ascensos con retroactividad (en algunos casos de más de diez años) para subsanar presuntas "postergaciones" (como si existiese un "derecho al ascenso"), y generando jugosos retroactivos salariales por cargos de mayor jerarquía (cargos en rigor nunca desempeñados efectivamente), que son de los que habla Gaviola en la nota.
Esos 30 millones de pesos que representarán los ascensos con pago de retroactivos salariales equivalen a la compra de 1654 motos como las (carísimas) que adjudicó Binner mediante el Decreto 2894 del 30 de diciembre del año pasado, tras una cuestionada licitación; o si se prefiere dirigir ese gasto hacia los salarios de los policías santafesinos (que es justo tengan un sueldo digno atento a la importante función que cumplen), con ese dinero se le podrían aumentar los sueldos en 125 $ por mes, o 147 $ si solo se consideran (dentro de los 20.000 policías) a los cargos inferiores.
Porque habrá que decirlo claramente: esta política de ascensos conforma a unos pocos policías (comparados con el conjunto de los agentes de la fuerza), y lejos de resolver los malestares internos los potencia.
Con este mecanismo de subordinar las políticas de seguridad a los deseos y caprichos de la corporación policial (y en especial de las cúpulas), no es de extrañarse que en breve -si no está sucediendo ya- la Policía santafesina reproduzca el complejo panorama que hoy ofrece la Bonaerense; donde Casal, el ministro de Seguridad de Scioli, lleva adelante una política igual -en lo central- a la que ha emprendido desde diciembre del 2007 el gobierno del Frente Progresista.
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