El Consejo de la Magistratura fue uno de los "chiches" favoritos de Raúl Alfonsín, que introdujo en el Pacto de Olivos junto con el Jefe de Gabinete -entre otras cosas- en su sueño de construir en la Argentina una democracia parlamentaria a la europea; atenuando lo que muchos llaman el "híperpresidencialismo" de nuestro sistema constitucional, quizás el rasgo en el que presenta más nítidas similitudes con las tradiciones políticas más arraigadas de América Latina.
En el país que fuera gobernado por Rosas, Roca, Yrigoyen y Perón se podría decir que esas ideas remaban contra la corriente, por no señalar que son impracticables, y en no pocos casos funcionales a la idea de debilitamiento del poder estatal; algo que suena siempre agradable a los oídos de los factores de poder real.
Pero volvamos al malhadado Consejo: hasta la reforma de la ley que lo rige -impulsada por Néstor Kirchner en el 2006, a partir de un proyecto presentado por Cristina en el Senado-, su existencia pasaba poco menos que desapercibida para el ciudadano común, y estaba fuera de la agenda de los grandes medios.
Sólo importaba a las corporaciones de jueces y abogados, a la Corte Suprema de Justicia de turno (que en todas sus integraciones, incluida la actual, sostiene una puja sorda con el Consejo por el manejo del presupuesto del Poder Judicial) y a la dirigencia política, descollando entre ésta los radicales, para los cuáles es una especie de Santo Sepulcro al que defienden como caballeros de las Cruzadas.
Los medios tampoco prestaban demasiada atención al Consejo, excepto cuando el Grupo Clarín movilizó todo su poder e influencia ante la dirigencia política para lograr -en tiempo récord para los procedimientos habituales allí- la destitución del juez Marquevich, por haber detenido a Ernestina Herrera de Noble, por delitos que hoy siguen impunes.
La reforma del 2006 (además de hacer que el Jurado de Enjuiciamiento no fuera un órgano permanente, sino conformado cada vez que fuera necesario) disminuyó de 20 a 13 el número de miembros del Consejo, y estableció en esa nueva conformación la primacía de los representantes de los órganos electos por la voluntad popular (es decir, uno por el Poder Ejecutivo y 6 por ambas Cámaras del Congreso); principio de elemental sentido común para contrapesar la influencia de los factores corporativos vinculados al Poder Judicial, el menos democrático de los poderes de la república -ninguno de sus integrantes es electo por el voto ciudadano-, y el que reclama con mayor urgencia una oxigenación mental e ideológica que sólo puede venir de abrirse a la sociedad, y dejar de lado los comportamientos de casta.
Y entonces "estalló la polémica", para decirlo en términos clarinescos: la oposición en el Congreso y los medios hegemónicos haciendo coro, plantearon que el gobierno lo que pretendía era lograr una justicia adicta, sin acertar a explicar como podía con 5 miembros (los 4 legisladores oficialistas y el representante del Presidente) determinar las decisiones de un cuerpo de 13 integrantes.
La utilidad del Consejo de la Magistratura en la selección y destitución de los jueces es materia de discusión. Sin dudas un procedimiento público, con pluralidad de participantes, tanto en uno como otro supuesto, ha de brindar mayores garantías de excelencia o ecuanimidad, pero no despeja por sí todas las sospechas, y sobran los ejemplos para demostrarlo.
La reforma de 2006 falló en un aspecto que no es responsabilidad del gobierno: la dirigencia opositora que asumió cargos de representación en el Consejo nunca se asumió como parte de un estamento (el político) puesto allí para contrapesar los factores corporativos, y toda vez que una decisión del órgano dividió aguas entre sus miembros (algo que no sucedió con frecuencia, porque los medios ocultan que el 95 % de las decisiones del Consejo desde que funciona fueron adoptadas por unanimidad o amplísima mayoría), los legisladores opositores cerraron filas con las corporaciones de jueces y abogados; reproduciendo una lógica política con la cual viene funcionando la oposición al kirchnerismo y que se acentúa con el paso del tiempo: supeditar su agenda a la de los factores de poder.
El caso más sonado -pero no el único- fue la escandalosa absolución de los jueces chaqueños que absolvían a los represores acusados de la masacre de Margarita Belén.
Desde 2006, la reforma del Consejo de la Magistratura (en realidad, volver a la conformación anterior a la reforma) forma parte del pliego opositor, aun de aquéllos como los Rodríguez Saá, que cuando les toca gobernar, arman una justicia a su medida.
Pero a partir de las elecciones legislativas del 2009 la cosa cambió: la modificación de la composición de las Cámaras del Congreso (donde el gobierno perdió la mayoría), alumbró para el Grupo A la oportunidad de tomar por asalto el Consejo y formar una nueva mayoría (en rigor, acentuarla), y por ella se lanzaron; sumado a que la propuesta de reforma naufragó, como casi todas las iniciativas que trataron de imponer sin éxito durante el año legislativo 2010.
Y para lograr ese objetivo, no se detuvieron en alcanzar una mejor representación entre los miembros del Consejo que lo son por el Poder Legislativo: tejieron alianzas con lo más conservador y procesista de las corporaciones que representan a jueces y abogados.
Así por ejemplo la UCR no dudó en aliarse al PRO en las elecciones del Colegio de Abogados de la Capital Federal (la más conservadora de las instituciones, que nuclea a dinosaurios procesistas como Mariano Grondona y Joe Martínez de Hoz) para elegir a Alejandro Fargossi; quien entre otros méritos, defiende al Grupo Clarín y las empresas de televisión por cable más importantes del país en su resistencia a la aplicación de la ley de medios.
Y en ese mismo contexto apoyó la elección en representación de la Asociación de Magistrados de la justicia federal de Ricardo Recondo, un mediático juez presto a denostar cualquier ingerencia del gobierno nacional en la justicia; pero silente cuando se trata de defender -por ejemplo- la independencia de los jueces presionados por Clarín o cualquier grupo económico que busca fallos a favor de sus propios intereses.
No lo hemos oído por ejemplo defendiendo la independencia de Oyarbide ante las presiones para que libere a Venegas, o la de la jueza Arroyo Salgado en la causa de los hijos de Ernestina; tampoco apoyando a los camaristas de la justicia laboral cuyos fallos -ordenando la reincorporación de los cesanteados de la comisión gremial interna- el Grupo Clarín desoye desde hace seis años, o defendiendo la integridad de los nuevos camaridstas del fuero laboral (la mayoría con años de carrera judicial), sospechados de parcialidad hacia la CGT por lo más granado del empresariado vernáculo.
Pero el "Plan B" del Grupo A (es decir, asumir la dirección del Consejo sin plantear ya su reforma) fracasó rotundamente esta semana, según lo que nos cuenta La Nación, y fue tapa de la mayoría de los medios.
Obsérvese que la nota habla de "triunfo oficialista" (otros medios eligieron "derrota opositora"), y nos dice con toda naturalidad que Recondo (conocido hasta aquí como "antikirchnerista") es radical, amén de la obviedad de que fue parte principalísima de la estrategia opositora al gobierno nacional.
¿Dónde quedan entonces las alegadas protestas de asepsia política de la Justicia, y la inmaculada independencia de Recondo como magistrado?
Pasemos por alto la idiotez suprema de subrayar como escandaloso el "autovoto" de Fera, el juez elegido a la postre presidente del Consejo (¿por quién creen los medios que votará en octubre cada candidato presidencial, por ejemplo, por quién votó el candidato de la lista perdedora?), y preguntémonos que habría pasado si el resultado de la elección hubiese sido el esperado por la oposición.
Seguramente nadie hubiese escuchado críticas (al menos desde los medios hegemónicos) por la politización del cuerpo, asumiendo con total naturalidad que se lo convierta en una trinchera opositora al gobierno nacional.
Es decir entonces que, en esa línea de pensamiento (que no creemos faltar a la verdad si decimos que se remonta al mismo Alfonsín), el Consejo de la Magistratura es un chiche, pero pensado para que jueguen con él solamente los radicales.
1 comentario:
OROSCO: yo voto por otro (SOBOLO)
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