A BINNER HAY QUE DARLE CON UN CAÑO

El gobierno provincial anunció ayer la apertura de los sobre de la licitación convocada para la construcción del acueducto Desvío Arijón-Santo Tomé , que constituye la primera etapa de una obra mayor para proveer de agua potable a localidades del centro y norte provincial; ocasión propicia para algunas reflexiones sobre la gestión del Frente Progresista en ese área crítica. 

Los servicios de agua potable y saneamiento en la provincia están muy lejos de ser accesibles para todos, pues la DIPOS y el operador privado que la sucedió (lo mismo sucede hoy día con Aguas Santafesinas) los prestaban en sólo 15 localidades de un total de 362 en el territorio santafesino, y aun dentro de ellas vastos sectores de la población no tienen agua o cloacas, o ninguna de las dos cosas. Si bien la cobertura geográfica de la concesión era limitada (apenas el 4 % de las localidades de la provincia), dentro de su ámbito habitan el 60 % de los santafesinos (dos millones de personas aproximadamente), porque comprende a los principales centros urbanos.

Más allá de la necesidad de realizar obras de mantenimiento y conservación de la red existente (la infraestructura básica es obsoleta), si lo que se busca es la universalización de servicios tan esenciales, han de realizarse obras de ampliación o conexión de nuevos usuarios, cuyos costos deben ser absorbidos por quien tenga a su cargo la concesión, o trasladados a los usuarios existentes, por vía de aumentos de la tarifa.

Ese fue el reclamo invariable del concesionario privado aun antes de la salida de la Convertibilidad en 2002, que al ser denegado por el Estado motivó varias renegociaciones contractuales, que consistieron básicamente en postergar el cumplimiento de las obras pautadas, con lo cual la concesión se alejaba cada vez más de las metas de expansión y cobertura universal de los servicios.

No hace falta recordar aquí que la privatización de la DIPOS diseñada y ejecutada por  Reutemann y Mercier terminó en un rotundo y completo fracaso, lo que forzó la vuelta de los servicios al Estado con la creación de Aguas Santafesinas en 2006 . 

Desde el inicio de la gestión de ASSA, el compromiso del Estado con su financiación fue en aumento, y más allá del aporte original de capital para conformar la empresa, los fondos del Tesoro viene representando casi la mitad del total de los recursos de la empresa; e incluso la Administración Central tomó directamente a su cargo la ejecución de obras de expansión de los servicios. Por el Decreto 1358/07 la empresa suscribió un contrato de vinculación con la provincia para establecer las condiciones en que habría de prestar los servicios durante la transición, que venció el 31 de diciembre de 2008.

Con la llegada al gobierno del Frente Progresista Cívico y Social (cuyos referentes habían sido muy críticos del proceso privatizador en su rol de opositores) algunas cosas habrían de cambiar, quizás no en el sentido esperable.

No puede decirse que el 29 % por ciento de incremento de las tarifas que decidió la nueva gestión en 2008, se haya traducido en mayores obras de ampliación o expansión de los servicios; pues, mientras en el Presupuesto 2007 el 31,94 % de las partidas de la empresa estaban destinadas a Bienes de Uso (obras, maquinarias y equipos), ese porcentual fue descendiendo constantemente hasta llegar al 25,73 % previsto en el Presupuesto 2010; donde incluso el monto nominal es exactamente el mismo contemplado para el año pasado, monto que además fue sub-ejecutado.

Hay que tener en cuenta que, si bien el área servida por ASSA cuenta al presente con una cobertura del 96 % de la población con agua potable y un 67 % con cloacas, esos valores no son homogéneos en todos los municipios comprendidos, pues Rosario tiene un 99,7 % de su población con agua potable, pero en Reconquista la cobertura desciende al 75,3 %; y mientras ciudades como Gálvez tienen un 94,6 % de su población que cuenta con cloacas, otras como Funes no las poseen en absoluto.

El reclamo constante de Perotti, el intendente de Rafaela, por las cloacas tiene -además de los condimentos políticos del caso- un sustento real, porque su ciudad -pese a ser la tercera más poblada de la provincia- ocupa el noveno lugar entre las 15 comprendidas en el área atendida por Aguas en el porcentaje de cobertura de ese servicio. Pese a estas disparidades regionales, la ciudad de Rosario pasó de absorber el 32,8 % de las partidas destinadas a obras por ASSA en 2008, al 47,38 % el año pasado, lo que marca que la gestión socialista se maneja en esto (como en otras cosas) por sus preferencias partidarias.

El año pasado el gobierno provincial anunció planes de expansión de los servicios en Santa Fe y Rosario que plantean dudas respecto de su estructura de financiación; pues se contempla cobrar contribución por mejoras a quienes vayan a acceder al agua potable y a las cloacas en el futuro; lo que puede parecer correcto desde el punto de vista teórico, pero implica imponer una mayor carga económica a sectores sociales con alto grado de vulnerabilidad, evidenciado justamente -entre otras variables- por carecer de esos servicios básicos.

Luego de un año del vencimiento del régimen de vinculación transitoria de Aguas Santafesinas con el Estado provincial, Binner dictó el decreto 2624/09, que lo prorroga hasta diciembre del 2011 (más allá del final de su gestión), reprograma el plan de obras de mejoras y expansión de los servicios (readecuándolo a la  situación financiera de la provincia) y autoriza a la empresa a gestionar la explotación del nuevo Acueducto Centro Oeste; construido por el gobierno nacional e inaugurado en 2009 para abastecer de agua potable a 112 localidades de la provincia.

La Ley 12.668 (2006) estableció el llamado “Programa de Grandes Acueductos” para abastecer de agua potable a una gran cantidad de localidades del territorio santafesino que carecen de ese vital elemento, en las que viven más de un millón de personas; creando la Empresa Santafesina de Grandes Acueductos Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (ESGA SAPEM), con el objeto de construir y administrar los acueductos, y operar las obras como prestataria del servicio de captación del agua, su tratamiento y transporte; y para su financiación autorizó al Poder Ejecutivo a endeudarse en hasta 200 millones de US$, y utilizar aportes comprometidos por quienes resultaren adjudicatarios de las obras.

Los legisladores opositores (hoy oficialistas) cuestionaron este aspecto en particular del Programa, porque no quedaba claro si esas empresas prestarían además los servicios, señalando que la provincia absorbía el costo de construir y habilitar los acueductos (parte principal de la inversión) para captar el agua, tratarla y transportarla hasta los puntos de toma en las diferentes localidades para desde allí distribuirlos a los usuarios finales; quedando este tramo de la operación en manos de prestadores que le compraban el agua en bloque a la nueva sociedad creada y la vendían a los usuarios, debiendo invertir en consecuencia sólo en las redes de distribución (que en muchos casos existe porque el servicio es prestado por cooperativas). También objetaron el endeudamiento autorizado, porque la provincia contaba –por entonces- con recursos para afrontar las obras provenientes del Fondo Anticíclico, y no había precisiones sobre su cronograma de ejecución, para evaluar si era imprescindible contar con esos préstamos.

Por el Decreto 1447/07 de Obeid se constituyó la sociedad, que en la práctica nunca llegó a funcionar, y se convocó luego -para contratar la ejecución y financiamiento de las obras- a una fallida licitación objetada por el Tribunal de Cuentas, que señaló que el financiamiento que aportaran las empresas privadas siempre sería en condiciones más perjudiciales que aquél al cual puede acceder el Estado a través de los organismos multilaterales de crédito; y que la provincia terminaría garantizando esos préstamos, para lo que la Ley 12.510 requiere autorización legislativa expresa.

El nuevo gobierno sumó cuestionamientos que apuntaron a la traza prevista para los acueductos, el presupuesto oficial (se dijo que se inflaron costos y se sospechaba de sobreprecios) y la utilización de materiales inadecuados para las obras; pese a lo cual Binner dictó el Decreto 2044/08, que ratificó el Pliego de Bases y Condiciones y la estructura de financiamiento de las obras fijados por la anterior gestión, fijando nueva fecha de apertura de la licitación, varias veces postergada luego.

Cuando finalmente se conocieron las ofertas presentadas, casi duplicaron los números del presupuesto oficial y el gobierno provincial -tras múltiples dilaciones y contradicciones del ministro del área- tuvo que admitir el fracaso de la licitación, y la necesidad de reformular el proyecto. Los fracasos licitatorios se fueron sucediendo, uno tras otro; pese a que las obras de acueductos planteadas eran cada vez más modestas.

Aquí una reseña interesante de los desaguisados del Frente Progresista en éste tema.

Pese a los anuncios oficiales de una inversión para el año pasado del orden de los 83 millones para una primera etapa del sistema de acueductos, el Presupuesto aprobado contemplaba a esos fines solo 10 millones, y proyectaba la misma cantidad anual hasta por lo menos el 2013; lo que, sumado a la incertidumbre que genera la situación financiera de la provincia y la eficacia operativa del gobierno, permite avizorar que la gestión iniciada en diciembre de 2007 concluirá sin haber alcanzado avances significativos en la materia.

El anuncio de una obra de 32 kilómetros de acueductos, a ejecutar en 42 meses (tres años y medio), para dar agua potable a 80.000 personas cuando esté concluída, en una provincia donde carecen de agua potable segura más de un millón de habitantes, luego de 38 meses de gobierno; parece un balance ciertamente magro, que pone además en justa perspectiva la concreción del Acueducto Centro Oeste concretada en Santa Fe por el gobierno nacional.

Pero además considerando que la operación de los acueductos a construirse estaría a cargo de Aguas Santafesinas, es interesante analizar los datos concretos que arroja la gestión del Frente Progresista al frente de la empresa, sumados a los vaivenes y contradicciones ya señalados en relación a los acueductos y al régimen de vinculación de la empresa con la provincia, para delinear los contornos del modelo prestacional escogido para garantizar un servicio tan esencial.

Analizando la gestión de ASSA en el período 2008-2010, se advierte que, mientras sus gastos totales se incrementan en un 19,43 %, los correspondientes al rubro Personal lo hacen en un 67,87 %; como consecuencia de lo cual pasaron de insumir el 29,51 % de su presupuesto en 2008, al 41,48 % proyectado para este año (para comparar, en la EPE representan el 21,98 %). El crecimiento interanual 2009-2010 del gasto global de la empresa será apenas del 2,85 %, pero el gasto en Personal se incrementaría en el mismo lapso un 34,42 %.

Los rubros Bienes de Consumo y Servicios No Personales (que incluyen los productos químicos necesarios para tratar el agua y los efluentes cloacales, la electricidad y los impuestos que la empresa debe pagar) pasaron del 38,69 % del gasto total de ASSA en el 2008, al 30,93 % previsto para este año en el Presupuesto, lo que parece desmentir el argumento oficial del aumento de los costos de prestación de los servicios de la empresa, para justificar los incrementos tarifarios.

Un aumento del 87 % como el aprobado el año pasado por el gobierno provincial llevaría al casi autofinanciamiento de la empresa sin aportes del Tesoro, sin que simultáneamente se plantee que éstos últimos (que representan algo más de 151 millones de pesos este año) vayan a ser reafectados, por ejemplo, a obras de expansión de los servicios de agua y cloacas para que lleguen a más santafesinos, o a avances en la construcción del sistema de acueductos; siendo que en este último caso representarían disponer de quince veces lo previsto en el Presupuesto 2010 para esas obras, y sin necesidad de contraer endeudamiento.

Pero no es necesario recordar el fracaso de la privatización reutemanista de la DIPOS para concluir en que el problema no es que los servicios de agua potable y cloacas estén hoy a cargo del Estado.

En el mismo año 2006 en que Obeid rescindía la concesión de Aguas Provinciales (en realidad antes), por éste decreto de Néstor kirchner se revocaba la concesión de Aguas Argentinas (cuyo propietario era en parte el mismo grupo económico de la prestadora santafesina) para la Capital Federal y el conurbano bonaerense, otorgada en tiempos del menemismo; y se creaba la estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), que tomaba a su cargo los servicios.

Mediante un vigoroso plan de obras de expansión, con millonarias inversiones a cargo del Estado nacional, la empresa llegará este año a brindar un 100 % de cobertura de provisión de agua potable y un 80 % de servicio de cloacas, a los millones de personas que viven en el área de cobertura de la empresa; pese a la decisión política de no aumentar las tarifas.

Aquí pueden tener una dimensión de la magnitud y complejidad de los servicios que AYSA tiene a su cargo.

Es decir entonces que evaluando la gestión de Binner también en éste aspecto, hay que darle con un caño.