viernes, 17 de mayo de 2013

Detención, tortura y despojo de la familia Iaccarino

                             Alejandro y Carlos Iaccarino
Le Monde diplomatique ¨ 13 junio 2010
por Marta Vassallo*
La detención y procesamiento el pasado 4 de mayo del ministro de Economía de la última dictadura militar argentina José Alfredo Martínez de Hoz, por el secuestro de los empresarios textiles Federico y Miguel Gutheim, coloca en primer plano los objetivos económicos y financieros de esa dictadura y su perdurabilidad. Además, recuerda la existencia de secuestros extorsivos que no se inscriben en el exterminio de opositores políticos sino que resultaron en la apropiación de bienes en perjuicio de empresarios que por alguna razón no respondían a las imposiciones de la dictadura militar. Una de esas historias es la de la familia Iaccarino.
Cuando los hermanos Iaccarino cuentan que los agentes del Primer Cuerpo del Ejército los atormentaban para que explicaran qué era el Plan Económico Expansivo General (PEEG), sospechando que se trataría de un nuevo instrumento de la conjura marxista internacional, de una nueva organización revolucionaria todavía no registrada por las fuerzas de seguridad, la situación dramática se tiñe de grotesco. Sin embargo, la escena no carece de cierta sombría lógica: el PEEG, ideado por Alejandro Iaccarino a mediados de los años 60, cuando era todavía un adolescente, era “un plan diseñado para la paz social, con 17 bases que formulaban enormes beneficios, atacaba a los monopolios, a la intermediación, haciendo llegar directamente los productos al consumidor. Por eso nos tenían que sacar del medio”, insiste hoy su autor. Se trata de uno de esos secuestros que se ensañaron con personas sin actividad ni identificación políticas, que sin embargo constituían una molestia para los criterios económico-sociales que la dictadura vino a afianzar.
“Estaban acostumbrados a lo ideológico-político -acota Carlos Alberto Iaccarino- y nosotros no entendíamos ni jota ni de ideología ni de política, ni de servicios de inteligencia; no sabíamos ni que existían, y nos habían infiltrado siete personas en el ámbito de nuestras industrias…”. En el caso de los Iaccarino, una actividad económica dirigida al fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa, en momentos en que mediante la dictadura se impuso la tendencia mundial a una cada vez mayor concentración económica, resultó en una fuente de infortunios.
El calvario
El secuestro de los miembros de la familia Iaccarino se produjo el 4 de noviembre de 1976 (un día antes de la detención de Federico y Miguel Gutheim, dueños de la algodonera Sadeco), simultáneamente en la ciudad de Santiago del Estero donde fueron detenidos el padre, Rodolfo Iaccarino, y dos de sus hijos, Rodolfo José y Carlos Alberto, y en la ciudad de Buenos Aires donde fueron detenidos la madre, Dora Venturino de Iaccarino y el otro hijo, Alejandro. En la ciudad de Santiago del Estero la operación la llevó a cabo la policía provincial cumpliendo órdenes de la X Brigada de Infantería dependiente del Primer Cuerpo del Ejército. En la ciudad de Buenos Aires, un grupo civil armado.
El padre estuvo detenido 13 días en la Brigada de Investigaciones de la policía de Santiago del Estero, a cargo del comisario general José Medina; y la madre 17 días en la comisaría 21 de la Policía Federal, en condiciones deplorables. En cuanto a los tres hijos, quedaron ilegalmente secuestrados hasta el 11 de enero de 1977, cuando los pusieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y sólo fueron liberados el 4 de septiembre de 1978. Tal liberación no los privó del persistente hostigamiento del entonces interventor militar de la provincia de Santiago del Estero, general Cesar Fermín Ochoa.
En ese período pasaron por cuatro centros clandestinos de detención (CCD), y su cotidianidad de torturas y vejámenes: la delegación Santiago del Estero de la Policía Federal, que funcionó como CCD en 1976 y 1977; el Comando de Operaciones Tácticas de Investigaciones de Martínez (COTÍ Martínez); la Brigada de Investigaciones de Lanús con sede en Avellaneda (”El Infierno”), y la Unidad Carcelaria N° 9 de La Plata, sobre la que hay consenso en que se trató de una prolongación de los CCD, con torturas sistemáticas y asesinatos. Además, pasaron por catorce centros de detención.
LOS Iaccarino, que actualmente superan los 60 años, tenían en aquel momento poco más de 30. Caratulados como “detenidos terroristas”, no tenían actividad política. .Ningún vínculo con la izquierda ni con el peronismo. Son católicos, como sus padres, y alentaron siempre una concepción económica de sentido social. Sólo en la década de los 80, caída la dictadura, se acercaron a Arturo Frondizi, con quien estudiaron economía hasta su muerte en 1995.
En agosto de 1977 empezaron a comprender lo que el Primer Cuerpo del Ejército quería de ellos: de la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde se encontraban secuestrados desde mayo de ese año, los llevaron al despacho del comisario Rómulo Ferranti, a reunirse con dos personajes: Bruno Chezzi, dueño de Equinoquímica SA, y Vicente Antonio García Fernández, interesados en los establecimientos La Marta y El Milagro-Lote MM, destinados a producción agrícola, forestal y ganadera, unas 25.000 hectáreas (ha) que los Iaccarino poseían en Santiago del Estero, y el flamante avión Aerocommander Srike 500, que habían adquirido en Estados Unidos. Les ofrecían a cambio anular una causa que les habían armado en el Juzgado N° 2 de La Plata, a cargo del juez Leopoldo Russo, por infracción a la Ley 12.906, “por monopolio de la carne”, la venta de la cancha de golf del Sierras Hotel de Alta Gracia, de 28 ha, más 300.000 dólares, todo lo cual equivalía apenas a la quinta parte del valor de las propiedades en la provincia de Santiago del Estero y el avión ejecutivo, conjunto cuya valuación actual supera los 125 millones de dólares. Pero ni siquiera recibieron nunca esas 28 ha ni la suma en dólares. En efecto, nunca tuvieron el boleto de compra venta armado el 9 de octubre de 1977, boleto mencionado en la escritura del 24 de agosto de 1979, folio 32, realizada por el escribano Adolfo Barceló en la ciudad de Alta Gracia, Córdoba, ratificada en abril de 2007, donde consta que los tres hermanos Iaccarino han pagado una fracción de terreno de 28 ha conocida como cancha de golf del Sierras Hotel al presidente de la Compañía de Tie¬rras y Hoteles de Alta Gracia, Bruno Chezzi.
El 11 de noviembre de 1977 les comunicaron el sobreseimiento en la causa de La Plata; el mismo día en la Brigada de Investigaciones de Lanús, con la presencia de Chezzi y García Fernández y ante la escribana Lía M. Cuartas de Caamaño, les hicieron firmar un poder a favor de su padre para la venta de las 25.000 ha de Santiago del Estero. El 28 de diciembre de 1977 el padre de los secuestrados firmó en la escri¬banía de Nassif Neme en Santiago del Estero la venta de las 25.000 ha a favor de Equinoquímica SA, a cambio de la vida de sus hijos, como se encargó de decirle Bruno Chezzi, presente en el acto de la firma.
Demoraron el blanqueo de los secuestrados, con su traslado a la Unidad N° 9 de La Plata, hasta el 13 de enero de 1978. La liberación se concretaría recién en septiembre de ese año.
Historia productiva
“Planificaron desapoderarnos para que no pudiéramos llevar adelante el plan económico PEEG”, interpreta hoy Alejandro Iaccarino, para quien la apropiación de los campos en la provincia de Santiago del Estero fue sólo la consecuencia del objetivo de impedirles llevar a cabo la aplicación integral de su proyecto económico. “Ese proyecto -recuerda- ya había dado sus frutos con la Constructora Sureña Argentina SA, y después con la sociedad Ilumbras, de iluminación a gas de mercurio…”. Al día de hoy no ha renunciado a la aplicación de ese plan, en el que utilizarían el resarcimiento material que se les debe por los bienes de los que fueron despojados. “El sistema económico que no llegamos a desarrollar, porque nos detuvieron, era un sistema de bonos que se retroalimenta devolviendo al comprador en dinero efectivo, a mediados de mes, un porcentaje de las compras realizadas…”.
Según figura en el informe sobre los desarrollos empresariales de los Iaccarino elaborado por Carlos Alberto, el menor de los hermanos, en noviembre de 1976, a pedido del coronel Ricardo Anselmo Flores Jouvé, de la X Brigada de Infantería del Primer Cuerpo del Ejército, en 1946, cuando los dos hermanos mayores eran muy pequeños, el padre, conservador, había sido desplazado por el gobierno peronista de su cargo en el Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. La madre era docente, y muy luchadora. De los tres hermanos, sólo el menor, Carlos Alberto, terminó la escuela secundaria en el colegio industrial Albert Thomas de La Plata. Alejandro, el segundo hijo, tenía 17 años cuando ideó su PEEG, que tuvo el aval del director de la Banca Shaw, Alejandro Enrique Shaw, gracias a cuyo apoyo ingresó en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Para poner en marcha el PEEG debieron buscar múltiples adhesiones gremiales, consiguiendo entre otras la del Sindicato de la Carne de Berisso y de la seccional La Plata de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) cuyo secretario general Rubén Diéguez sería detenido y torturado simultáneamente con los Iaccarino. En 1968 montaron la mencionada empresa constructora a raíz de la sugerencia del secretario general del Sindicato de la Carne, Tito Guana, de poner en marcha el PEEG mediante un plan de construcción de viviendas. Poco después formarían la otra empresa, Ilumbras SRL, para colocar iluminación a gas de mercurio en la Municipalidad de Berisso.
En 1973 Rubén Diéguez, ya secretario general de la CGT de La Plata, les encargó el abastecimiento de productos esenciales de alimentación. Organizaron seis puestos de abastecimiento y abaratamiento de carne, frente a los cuales llegaron a formarse filas de tres cuadras y media, “porque la gente veía no sólo la diferencia de precios sino de calidad”, recuerdan los Iaccarino. No compraban en los mercados sino que iban a las fuentes de producción, y los productos llegaban sin intermediación a los consumidores. La paradoja es que mientras estaban secuestrados les inventaron una causa precisamente “por monopolio de la carne”…
Fue a raíz de esa actividad que en 1974 les ofrecieron comprar dos establecimientos de producción agrícola, ganadera y forestal en el Departamento de Alberdi de la provincia de Santiago del Estero. Esas fueron las 25.000 ha de las que serían despojados durante la dictadura. “Compramos las estancias con 5 mil cabezas de ganado y con bosque virgen, porque íbamos a aplicar una metodología diferente de la aplicada hasta ese momento en el país”, explica Alejandro. Habitualmente la madera de esos bosques, de gran duración por su dureza, se empleaba en durmientes de ferrocarriles, en cambio los Iaccarino buscaron una conexión con una empresa química a los efectos de negociar 12 subproductos de la madera de alto valor en el mercado mundial. Para ese proceso extractivo trajeron 12 plantas de Estados Unidos, de 6 millones de dólares cada una.
En 1975 compraron en la ciudad de Santiago del Estero la empresa Industrias Lácteas SA (ILSA) que pasaba por un mal momento económico. El balance de un año después registraba que las ventas se habían triplicado.
El propósito de los Iaccarino era hacer que Santiago del Estero, que no tiene cuenca láctea, dependiera menos de Córdoba y Santa Fe para la producción lechera. Para incentivar a los tamberos les pagaron el 50% del precio de la leche en sachéis que se vendía en las góndolas de los super mercados, el doble del 25% que estaban recibiendo, a cambio de que elevaran el caudal de entrega en un 30% en el primer año y en un 50% en los sucesivos. La reacción de los tamberos fue muy positiva, lo cual les permitió empezar a traer leche de Tucumán. Y concebir la idea de instalar una planta láctea en Selva, en el límite de Santiago con Santa Fe, donde competían directamente con SanCor. Instalaron una planta enfriadora en una estación de servicio que le alquilaban a la familia Marozzi. A través de los tamberos y de otras cooperativas les llegaban mensajes de que SanCor no toleraría mucho tiempo la situación. En efecto, para 1976 ya había comenzado el proceso de concentración empresaria, que anula toda competencia. Y la industria láctea no era ninguna excepción en ese proceso de globalización.
Antes de ser secuestrados, habían sufrido el hostigamiento de las autoridades militares a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. El gerente del Banco Provincia, Jorge Guarino, les había informado que por orden del interventor de la institución, Roberto Bullrich, figuraban en una lista de clientes que tenían que cancelar sus deudas con el banco, de modo que pondría en descubierto los créditos de aceptaciones bancarias que vencían meses después. Así presionados por el banco, se vieron obligados a ceder por la mitad de su valor 350 ha próximas a la ciudad de La Plata. La persona que hizo la propuesta de comprarlas a bajo precio, y que demostraba conocer al detalle la situación de los Iaccarino, resultó ser representante del doctor Hugo Jorge, sobrino del general de división Llamil Reston. Ya secuestrados, los acusaron de haber adquirido ILSA con fondos preferenciales del Banco Provincia, y de haber hecho contrabando de productos lácteos hacia países limítrofes…
Empecinados en la resistencia
Rodolfo Iaccarino padre falleció tres días después de la liberación de sus hijos; la madre, Dora Venturino, en enero de 2008, a los 90 años; el mayor de los hermanos, Rodolfo José, cuya salud ya estaba afectada como consecuencia de la prolongada detención ilegal, murió el 13 de julio de 2009, un mes después de recibir amenazas de que a él y sus hermanos les sucedería lo mismo que a Julio López. Quedan Alejandro y Carlos Alberto, quienes siguen empeñados en lograr no solamente la recuperación de sus bienes, sino una reparación integral por los delitos de secuestro, tortura, falsificación de documentos y extorsión de los que fueron objeto, incluido el resarcimiento moral que sus padres y hermano esperaron en vano.
Les fue devuelta la fábrica en Santiago del Estero, y luchan judicialmente por la entrega efectiva de las 28 ha de la cancha de golf en Alta Gracia. En el año 2005, después de que declararon en el Juicio por la Verdad llevado a cabo por la Cámara Federal de-La Plata, se originó de oficio en el Juzgado en lo Correccional Federal N° 3 de La Plata a cargo del doctor Arnaldo Corazza la causa N° 63 titulada “Iaccarino Rodolfo José y otros s/apropiación indebida de bienes”.
El 24 de noviembre de 2009 el premio Nobel de la Paz 1980, y presidente del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) Adolfo Pérez Esquivel, a quien los Iaccarino conocieron precisamente por compartir la prisión en la Unidad N° 9 de La Plata, presentó un “amicus curiae” ante el Juzgado federal N° 3 de La Plata en apoyo de los reclamos de los Iaccarino, amicus curiae admitido por el juez Corazza el 22 de diciembre de 2009. “El terrorismo de Estado -argumenta Pérez Esquivel- fue la necesaria justificación y herramienta política para la concentración económica que hoy se observa, se vive y se sufre en Argentina. Dentro de ese marro hubo empresarios detenidos desaparecidos, debiéndose aparentemente esta situación a que eran un obstáculo para los negocios del gobierno de facto y sus socios, o simplemente a que sus bienes eran deseados por ellos…”. Enmarca lo sufrido por la familia Iaccarino en los mismos procedimientos que se utilizaron contra las familias de Federico Gutheim, Rafael Perrotta, Julián Delgado, Jacobo Timerman, Juan Graiver, Hugo Tarnopolsky, Luis Guillermo Taú, Conrado Higinio Gómez y Víctor Cerrutti.
En el curso del año 2009 los Iaccarino habían recibido el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires, así como de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Alejandro Iaccarino es querellante en la Causa 3021 que se tramita ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata contra Jorge Bergés, Miguel Etchecolatz, Ibérico Saint Jean y Jaime Smart, entre otros. Carlos Alberto Iaccarino es testigo en el juicio que se sigue ante el mismo Tribunal contra catorce agentes del Servicio Penitenciario, encabezados por el ex director de la Unidad, Abel Dupuy, por delitos de lesa humanidad cometidos en la Unidad N” 9 de La Plata durante la dictadura militar. •
*Periodista.
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