viernes, 17 de mayo de 2013

HISTÓRICA CONDENA A UN EX DICTADOR


Lo que América no debe olvidar

La reciente condena de un Tribunal de Guatemala a 80 años de prisión para el ex dictador, general Efraín Ríos Montt, por genocidio, como responsable de miles de asesinatos, es uno de los actos de justicia más esperados en Centroamérica, en América Latina y en el mundo.

Sin embargo, este es un solo caso de justicia en un país que tiene más de 70 mil desaparecidos y 200 mil muertos bajo las dictaduras que se sucedieron a partir de la invasión de Estados Unidos en 1954.

A instancias de la poderosa bananera United Fruit Company se derrocó a un presidente electo democráticamente como Jacobo Arbenz Guzmán, que decidió expropiar (y pagar) las tierras no utilizadas por esa compañía para repartirla entre miles de campesinos sin tierra, entre otras medidas de justicia social.

En ese momento, el país, que en 1944 había salido de la noche de la dictadura de Jorge Ubico, para vivir apenas unos diez años de un proceso de recuperaciones democráticas, entró al infierno de un esquema de terrorismo de Estado que perduró hasta los años 90.
"Los crímenes cometidos bajo el gobierno de Ríos Montt suman unas 30 mil personas."

Los famosos escuadrones de la muerte, el paramilitarismo de la patrullas de Autodefensa y el ejército de la Seguridad Nacional entrenado por las temibles Fuerzas Especiales en Contrainsurgencia del ejército estadounidense (antiguas Boinas Verdes) produjeron uno de los mayores genocidios en la región, que diezmó a la población indígena especialmente. Más de 440 aldeas desaparecieron del mapa, con toda su población y Ríos Montt creó el modelo de las Aldeas estratégicas -como las que se utilizaron en la guerra de Vietnam- adonde miles de pobladores indígenas fueron trasladados desde sus lugares de origen a zonas vigiladas y cerradas. 

Antes de Ríos Montt, fueron los generales Carlos Castillo Armas, Manuel Arana Osorio (el Chacal), Miguel Idígoras Fuentes, Enrique Peralta Azurdia, bajo cuyo mandato en los años 60 comenzaron las primeras desapariciones masivas como una estrategia contrainsurgente, y tantos otros, como Romeo Lucas García, y los que sucederían en los años 80 a Ríos Montt como el general  Humberto Mejía Víctores, que continuó las matanzas. 

Ríos Montt fue el símbolo de la contrainsurgencia y, aunque su gobierno fue breve -16 meses entre 1982 y 1983-, ahora ha sido juzgado por el asesinato de 2.147 indígenas de la etnia ixil de tres municipios que habitan en el norte del Quiché. De acuerdo al perito Patrick Ball, del Grupo de Análisis para los Derechos Humanos (Human Rights Analysis and Data Group, HRDG), lo sucedido en Guatemala en el siglo XX es sin duda alguna un genocidio. Y lo mismo se considera para los crímenes cometidos bajo el gobierno de Ríos Montt, que suman unas 30 mil personas.

En este juicio fueron ya identificadas 1.771 personas asesinadas por el ejército encontradas en tumbas colectivas, entre ellos centenares de niños.

El actual presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, fue jefe de las fuerzas contrainsurgentes Kaibiles, acusados de asesinatos atroces en ese país.

Los datos son suministrados por varios organismos, entre ellos la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH) que dirige el alemán Christian Tomuschat que ya en 1996 pudo registrar más de 42 mil víctimas de violaciones, 29 mil de las cuales fueron ejecutadas o desaparecidas.

Esto es solo un ajustado resumen de la tragedia que vivió el pueblo de Guatemala, durante casi medio siglo. Pero lo más preocupante es que continúan las viejas estructuras paramilitares y no ha cambiado el esquema de aquel ejército. El terror sigue siendo “parte de nuestra piel”, como ha señalado un testigo en esta causa.

La justicia es otro ejemplo donde sólo se han modificado en algunos aspectos. Y por eso se intentó detener el juicio a Ríos Montt. El tribunal además ordenó al Estado guatemalteco que ofrezca una disculpa al pueblo ixil, lo que aceptó Pérez Molina. Además, que se levante un monumento a las víctimas y haya ceremonias en los poblados afectados y que se construya  un    centro cultural en la región ixil de El Quiché, para rescatar la memoria histórica y la identidad. Hay muchas otras medidas que pueden contribuir a que miles de víctimas accedan a la justicia, si se ejecutan.

Pero ¿dónde está la mayor presión contra la justicia? Precisamente en los grandes propietarios, en el poder económico y mediático, que han reaccionado con furia y amenazan con apelar este histórico fallo.

La antigua oligarquía, que siempre colaboró con las dictaduras militares, no quiere justicia, sino olvido. La cúpula empresarial, agroindustrial y financiera de Guatemala exigió el día 13 de mayo anular el juicio contra  Ríos Montt porque, según un comunicado, “no se ha demostrado la intencionalidad específica el Estado por exterminar a un grupo étnico en particular”.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), demandó que en las apelaciones del caso, la Corte de Constitucionalidad “contribuya a la gobernabilidad y un efectivo estado de derecho, anulando la sentencia”.
"En el país que, después de Colombia, tiene el récord trágico de víctimas de dictaduras alienantes, los poderosos no sienten ni piedad, ni arrepentimiento alguno."

Es bueno comparar estas declaraciones con lo que se escucha desde algunos sectores “democráticos” ante los juicios contra los ex dictadores en Argentina.

Como aquí, las grandes empresas advierten que este fallo por genocidio se debió a la presión internacional y un abogado defensor llegó a decir que con la condena a Ríos Montt se ha “avergonzado” a Guatemala.

En el país que, después de Colombia, tiene el récord trágico de víctimas de dictaduras alienantes, los poderosos no sienten ni piedad, ni arrepentimiento alguno. Siguen siendo el poder, como sucede en buena parte de América, donde tratan de obstaculizar todo cambio a favor de los pueblos. No los “averguenzan” los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su amparo, y presionan sobre la justicia, que siempre manejaron, para asegurar la impunidad.

No solo reivindican los horrores del pasado, sino que intentan regresarnos a esos confines. Por eso la memoria  y la justicia verdaderamente independientes de los poderes fácticos son lo que hacen posible el futuro de los pueblos libres.