domingo, 26 de mayo de 2013

EL 12 DE JUNIO CIERRA LA INSCRIPCION DE ALIANZAS Y EL 22 LA DE CANDIDATURAS


Sólo dos semanas

El 12 de junio se inscriben las alianzas y el 22 las candidaturas, causa de tanta exasperación. El gobierno potencia las políticas distributivas y moviliza a su militancia. La oposición busca minar la confianza en las autoridades. Podría controlar el Consejo de la Magistratura si no se embobara con la alegre catarata de infamias del showbiz. Sin militares golpistas los medios son inocuos. Macri, De la Sota y el partido del orden. Alfonsín y la autoestima perdida. El homenaje de Nun a Cobos.
 Por Horacio Verbitsky
La exasperación de la vida política y económica se explica por el cronograma electoral: sólo faltan dos semanas y dos días para la inscripción de alianzas (el 12 de junio) y menos de un mes para la presentación de candidaturas (22 de junio) para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (11 de agosto), de las que surgirán los competidores en las elecciones nacionales de medio término, el 27 de octubre. Cada sector lo encara a su manera. El gobierno nacional intenta potenciar las políticas que entiende más atractivas para el electorado y moviliza a su muy activa militancia, mientras las distintas variantes de la oposición, antes que proponer medidas que aplicarían de alcanzar el poder, buscan degradar la confianza en las posiciones institucionales, políticas, económicas y éticas de las autoridades. No hay que dramatizarlo: la doctrina Sanz, de cuanto peor mejor, está en la lógica de cualquier sistema de suma cero. Basta ver un debate en el parlamento británico. Pasado por el tamiz ítalo-argentino de la comedia bufa, lo único llamativo es que nadie intente disimular que la condición del éxito es la desdicha del oponente.

Números

El gobierno nacional convocó a dos manifestaciones multitudinarias en los últimos doce días, el martes 14 en la Universidad Nacional de La Matanza y ayer en la Plaza de Mayo y vastas adyacencias. El estadio de la universidad fue colmado por 19.700 personas que se acreditaron con nombre, traje, apellido, corbata y documento de identidad. Las estimaciones oficiales decuplican esa cifra para la concentración de ayer, en la que se conmemoró la fecha patria pero también las cuatro décadas desde la asunción presidencial de Héctor J. Cámpora y los diez años del kirchnerismo, a los que la presidente se refiere como la década ganada. El encuentro en La Matanza fue para debatir si es posible romper la alianza judicial con los poderes fácticos. Veinte mil abogados o estudiantes de derecho siguiendo un discurso político es algo que nadie más que Cristina puede conseguir hoy en el país. Otro tanto puede decirse de la imponente concentración de ayer, con participación determinante de personas jóvenes y de muy distintos sectores sociales, tanto los que forman el núcleo duro del voto kirchnerista como aquellos cuyas oscilaciones alientan la ilusión opositora. Mientras las manifestaciones de adhesión a las políticas en curso mantienen su vitalidad, las contrarias al gobierno se desinflan. Pasó con el ex ingeniero Blumberg y vuelve a ocurrir ahora con los caceroleros. La crítica literaria Beatriz Sarlo anotó con perspicacia que transformar las consignas en política es tarea de los partidos. No contaba con que al día siguiente de la última marcha una dirigente política como Patricia Bullrich se arrogaría haberla organizado y se postularía como candidata a la presidencia y que cuatro días después sus organizadores virtuales viajarían a San Pablo invitados por los acreedores externos que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 para coordinar acciones “en defensa de la libertad”.
Hace diez días, la presidente homologó convenciones paritarias de gremios numerosos, de obreros industriales y de servicios, con aumentos proporcionados a los del índice de precios reales al consumidor. El miércoles dictó una serie de medidas que implican una fuerte transferencia de ingresos a favor del sector social más vulnerable, con incrementos que superan al IPC Tumini-Gil Lavedra. También dispuso movilizar a sus organizaciones políticas y sociales para que controlen que esa mejora no gotee hacia la hoja de resultados de las empresas del oligopolio alimentario (http://www.pagi na12.com.ar/diario/economia/2 220738-2013-05-24.html).

Blanco y negro

La semana próxima la Cámara de Diputados confirmará la votación senatorial del miércoles pasado, creando bonos de inversión inmobiliaria y energética, ofrecidos con la tradicional generosidad patria a quienes ocultaron dólares. Su anuncio coincidió con una descompresión del mercado cambiario clandestino, aunque no hay un vaticinio homogéneo acerca del éxito recaudatorio que tendrá. La discusión sobre los aspectos éticos de un blanqueo es ineludible, y cada fuerza política exhuma posiciones pasadas de sus adversarios que contradicen las actuales, porque también está en la lógica de las cosas que los gobiernos rastrillen recursos allí donde estén y los opositores los fulminen con un anatema moral. Con los roles, también cambian las perspectivas de cada uno. Pero crear instrumentos financieros para captar los dólares que atesora en forma clandestina un grupo reducido de agentes económicos, mientras no existen otros que defiendan de la inflación los ahorros de la gran mayoría que no especula ni fuga, no es sólo objetable desde un punto de vista moral, sino también económico. Con instrumentos adecuados, como las obligaciones negociables que colocó YPF, con un rendimiento del 19 por ciento anual, podría volcarse a la inversión productiva un caudal superior al que promete el blanqueo y sin sus obvias contraindicaciones.
La explícita declaración presidencial de que quien quiera una devaluación deberá esperar otro gobierno, ratificó la doctrina Mugica y contribuyó a quitar presión al mercado cambiario marginal. En vísperas de la convertibilidad, Domingo Cavallo paró una corrida contra el peso vendiendo todo lo que fuera necesario hasta generarles pérdidas significativas a los apostadores. Ahora, en cambio, el mismo efecto se consiguió cuidando las reservas, que son el recurso estratégico que sostiene el funcionamiento del sistema, porque es tan malo devaluar como endeudarse. Si la especulación con la divisa constituye una ostensible presión devaluatoria, el pronunciamiento presidencial opera como estabilizador. La inyección al consumo de 17.000 millones de pesos adicionales termina de definir un panorama. A pesar del impacto de las dificultades brasileñas y de la desaceleración china, el gobierno sigue empecinado en la protección del empleo (que está creciendo a menor velocidad que los nuevos demandantes que se incorporan) y del nivel de ingresos. Esto explica la hostilidad en ascenso que suscita: si el empleo y los ingresos no se desploman, aunque el desempeño de la macroeconomía sea entre dos y tres veces inferior al de los mejores años de la década, es porque también los costos de la crisis se están repartiendo en forma más equitativa, lo cual es vivido como una provocación por aquellos que siempre dictaron el rumbo a seguir en cada encrucijada del camino: no pueden atesorar en dólares, que es el refugio en el que se agazaparon a la espera de cada nuevo golpe cambiario; sus costos laborales no serán licuados por ningún pase de magia; se sigue incrementando el control para impedir su evasión y elusión fiscal. Además se obliga a las empresas transnacionales a reinvertir en el país sus utilidades en vez de enviarlas a sus casas centrales, lo cual ha provocado un porcentaje record de Inversión Extranjera Directa (con un crecimiento del 27 por ciento, el más elevado de la década, según la CEPAL) aunque hasta ahora tienda a concentrarse en recursos naturales con o sin elaboración. Por todo esto, aún los consultores y analistas más sesgados contra el gobierno, como los radicales de Poliarquía o el maurrasiano Vicente Massot, dan por descontado el triunfo del Frente para la Victoria en los próximos comicios, y sólo se consuelan con la presunta imposibilidad oficial de remover los obstáculos para una nueva elección de Cristina en 2015, que ellos consideran como el objetivo principal de un gobierno cuyas señales en contrario prefieren ignorar.

El derrotismo opositor

Esta ausencia de expectativas de victoria fue notable en las discusiones sobre la reforma al Consejo de la Magistratura. La primera objeción se centró en su constitucionalidad, que en última instancia decidirá una justicia que es tan independiente del gobierno como para haber motivado este tipo de proyectos. Pero es obvio que este tipo de consideraciones no es central en la vida política argentina, donde el juicio por jurados lleva un sueño de 160 años entre las páginas de la Carta Magna. Y en forma más reciente, la Corte Suprema de Justicia negoció con el gobierno el único punto de los seis proyectos cuya constitucionalidad no admite dos opiniones: aquel que reglamentaba las facultades del artículo 114.2, por las que el Consejo de la Magistratura debería “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia”. Pasada esta efusión de virtud, las diatribas se concentraron en el propósito atribuido al gobierno de controlar el Consejo y por esa vía conseguir la impunidad para los gravísimos delitos que cada hora del día cometen todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, sus familiares, amigos y testaferros. El supuesto implícito de esta argumentación es el mismo de los poliarcosos y los falangistas de negocios: la impotencia electoral de cualquiera que se enfrente con Cristina. Recién en un tercer momento contemplaron la posibilidad de apoyar una lista común de notables que permitiera batir a la del oficialismo. En octubre serán elegidos por voto popular tres jueces, tres abogados y seis académicos; en cada caso el partido ganador duplicará los representantes del que le siga. Los así electos se sumarán a los tres jueces, dos abogados, un académico, tres representantes del Senado, tres por Diputados y uno del Poder Ejecutivo que ya lo integran. Si la oposición venciera en octubre con una boleta única, tendría una mayoría de 13 a 12, según este detalle:
- Mario Fera (aliado inestable del kirchnerismo)
- Alejandro Sánchez Freytes (aliado inestable del kirchnerismo)
- Ricardo Recondo (oposición, UCR)
- Dos nuevos por la oposición
- Uno por el Frente para la Victoria.
Abogados:
- Alejandro Fargosi (oposición)
- Daniel Ostropolsky (oposición)
- Dos nuevos por la oposición
- Uno por el Frente para la Victoria.
Académicos:
- Manuel Urriza (aliado del kirchnerismo)
- Cuatro nuevos por la oposición.
- Dos nuevos por el Frente para la Victoria.
Legisladores:
- Oscar Aguad (diputado UCR)
- Mario Cimadevilla (senador UCR)
- Marcelo Fuentes (senador FPV)
- Ada Iturrez de Cappellini (senadora FPV)
- Carlos Moreno (diputado FPV)
- Stella Maris Córdoba (diputada FPV)
PEN:
- Hernán Ordiales (Frente para la Victoria)
Total:
FpV + aliados = 12.
Oposición = 13.
Si esto ocurriera, ¿qué harían con el discurso sobre el gobierno autoritario que quiere quedarse con todo? A partir de 2015 sí, cada presidente podría contar con mayoría en el Consejo. Pero en el caso de una victoria opositora este año lo más probable sería que esa fuerza también impusiera la sucesión presidencial dentro de dos años. Esto tal vez mejoraría las condiciones de gobernabilidad democrática, en los términos del teórico de los partidos políticos y la democracia Giovanni Sartori y al estilo del parlamentarismo europeo.

Fuegos artificiales

Aunque varios la han propuesto, esta hipótesis no despierta euforia en un sector que sólo se excita con los fuegos artificiales mediáticos, que se esmeran por suplir en la televisión la procacidad sexual por otra más obscena. Con la deformante iluminación de esas bengalas nocturnas, Ricardo Alfonsín perdió la autoestima al presentarse en un acto partidario con un bolso y preguntar al público si sabía cuánto pesaba. Aquí vale la pena una digresión. En Brasil lleva cuatro años una medida cautelar que prohíbe al diario O Estado, de San Pablo, informar acerca de la investigación judicial sobre los negocios del empresario Fernando Sarney, hijo del ex presidente y actual senador José Sarney. En Estados Unidos el presidente Obama justificó la requisa de llamados telefónicos de la agencia Associated Press y de emails del periodista James Rosen, de Fox News, alegando presuntas razones de seguridad nacional. Ambas cosas serían inimaginables aquí, donde los periodistas gozan de un grado de libertad con poco parangón en el mundo y ninguno en la propia historia del país. Pero la propuesta de pasar a la noche del domingo los partidos de fútbol de Boca y de River permite inferir un cierto grado de inquietud oficial por los efectos del show y su alto rating. Se comprende la irritación oficial ante el tono a la vez frívolo e insultante de Jorge Lanata quien, en forma explícita, se propone mermar las chances electorales del gobierno aunque eso implique insultar al aire a sus propios colaboradores. El fundador y fundidor de Crítica y Data 54 asume esa tarea sin otro código que la medición minuto a minuto. Varias veces, Kirchner y Cristina han aludido a los “generales mediáticos” como el equivalente contemporáneo de los fierros castrenses. En realidad, a lo largo de los sesenta años de inestabilidad institucional se han complementado, como partes de una misma maniobra. La andanada mediática ablandaba a los gobiernos electos y a los mandos castrenses que, convencidos de su rol sobrenatural por la prédica eclesiástica, tomaban el gobierno y entregaban su administración a sus mandantes económicos, nacionales e internacionales. El Grupo Clarín y La Nación cumplen hoy el mismo rol que en 1976, y que en otros momentos desempeñaron Crítica, La Razón o La Opinión. Pero hoy ya no existen Fuerzas Armadas sensibles a esas incitaciones y el gobierno tiene bases firmes de sustentación. Para esto fue imprescindible el largo trayecto histórico, con avances y retrocesos, que permitió que el dictador Jorge Videla muriera en una cárcel común y que a marzo de este año hubiera otros 229 condenados (y 25 absueltos, ya que nadie paga por lo que no se puede probar que hizo, en juicios con todas las garantías). Obstruir este proceso, como propuso el gobernador cordobés José De la Sota en diálogo televisado con un ex custodio del ex general Luciano Menéndez, sería convocar a aquellos fantasmas que la Argentina ha exorcizado mejor que cualquier otro país del mundo. La reconciliación que pregonó es un concepto religioso que no puede introyectarse a presión en la vida política. Ninguno de los represores ha cumplido ni siquiera con las condiciones del catecismo católico para acceder al sacramento de la reconciliación o la penitencia: el arrepentimiento, la detestación de los pecados cometidos y el propósito de reparación y enmienda. La verdadera reconciliación a que puede aspirar una sociedad está cumplida con creces aquí. Consiste en que todos sus miembros se sometan a la ley común, sin privilegios ni prepotencia. La negociación de impunidad por información que pretende De la Sota no se sustenta en la experiencia propia ni comparada. En Sudáfrica los pocos casos esclarecidos lo fueron a costa de una tremenda frustración de los familiares de las víctimas que debieron escuchar en horrendo detalle cómo fueron deshechos hasta la muerte sus seres queridos y ver al responsable irse en libertad luego de confesarlo. Aquí las invitaciones a aportar información en forma reservada, como la del general Balza en 1995, nunca fueron escuchadas. Entre la ley de obediencia debida, de 1987, y la primera detención de Videla y Ma-ssera, en 1998, pasaron once años de impunidad, sin que nadie más que Adolfo Scilingo contara lo que había hecho, no por alguna reducción de pena sino al contrario porque no se aguantaba a sí mismo y pedía castigo. En cambio, en un lapso similar, desde la reapertura de los juicios, en 2001, hasta hoy, se produjeron los mayores avances en la reconstrucción de la verdad.
De la Sota disputa con Maurizio Macrì el liderazgo del partido del orden. Ambos respaldan en forma activa la violencia institucional. Macrì con el amparo a la banda de la policía metropolitana que confundió un hospital psiquiátrico de Barracas con una aldea afgana tomada por el talibán. De la Sota al respaldar a los guardiacárceles que encadenan a los presos de su provincia y denunciar por intromisión indebida en los asuntos provinciales al fiscal de la Procuración General Abel Córdoba, que lo descubrió y secuestró los instrumentos de tortura. Ambos promovieron también decretos para defender al Grupo Clarín de una intervención que nunca existió más que como un rumor, desmentido por el gobierno. Macrì le lleva una ventaja apreciable: diez años menos, el apoyo del establi-shment económico que sueña con un país atendido por sus dueños y el carnet de Boca. De la Sota pierde toda empatía electoral en cuanto sale de Córdoba.

Pregunta sin respuesta

Por último, una pregunta sin respuesta: la catarata de alegres infamias que se derrama desde las pantallas de la televisión y el dial de la radio hasta los foros de lectores de los diarios, ¿es desestabilizadora y tiene alguna posibilidad de éxito? Mi opinión es que constituye una inofensiva válvula de escape, el venteo que desahoga la inquina de quienes no toleran la ampliación de derechos de todo tipo porque sienten que compromete su propio estatus. Además forma parte del showbiz y como tal mantiene relaciones sólo tangenciales con la realidad. A la inversa, en 1955, con toda la prensa bajo control oficial (forzado, como La Prensa, o voluntario, como Clarín, que hizo grandes negocios con el gurú de la comunicación peronista, Raúl Apold) ese rol fue cumplido por la red de publicaciones clandestinas y panfletos que organizó la Iglesia Católica. Con medios precarios y ante una rígida censura que daba verosimilitud a cualquier rumor tuvo el éxito que no me parece posible hoy, aunque el odio y la difamación sean iguales.