jueves, 30 de mayo de 2013

Precios, corrupción y elección de consejeros

Precios, corrupción y elección de consejeros

Es imprescindible mejorar la calidad de las estadísticas, lo que sólo lo puede hacer el organismo oficial nacional.

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Una lista de diez productos alimenticios básicos vendidos en supermercados cuyos precios fueron medidos entre el 28 de junio de 2012 y el 23 de mayo de 2013 (once meses) registró una variación del 13 %. La proyección interanual es apenas mayor al 14%. Los productos son pan, aceite de maíz, leche entera, queso por salut, azúcar, fideos, tomate perita, arroz, yerba y asado. Hace once meses costaban 205,33 pesos y la semana pasada 233,08 pesos. No es un estudio del Índice de Precios al Consumidor del INDEC. La información fue publicada en la edición de Clarín del 24 de mayo en la página 7.
A criterio de quien escribe estas líneas, estos datos son demostrativos de que es imprescindible mejorar la calidad de las estadísticas y que solo lo puede hacer el organismo oficial nacional. Es posible que si la sección “El changuito” de Clarín hubiera dado que la variación interanual era del 25%, la noticia habría sido destacada. Sin embargo, ahí está, publicada. Y nadie va a pensar que a los editores de Economía de ese diario se les escapa la tortuga.
El gobierno nacional hizo muy bien en tomar la inflación como asunto prioritario de agenda. Salir a controlar los precios es bueno. En principio hay un teléfono gratuito (0800 666 1518) de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor donde cualquiera puede llamar a hacer denuncias o a informarse. Este cronista y consumidor, en un horario laborable (9.35 de la mañana) llamó. En menos de cinco minutos fue atendido por una trabajadora de la central de atención de denuncias. En menos de diez minutos, con claridad y precisión, ella respondió a los requerimientos. Lo primero: en la actualidad se pueden radicar denuncias relativas al acuerdo de congelamiento voluntario de precios de los comercios adheridos. Aclaración: son precios distintos en cada comercio, solo hay incumplimiento si hubo un aumento en ese mismo comercio. Si alguien lleva dos facturas del mismo local con variación de precios, caben las multas. Si alguien lleva dos facturas con precios distintos de dos comercios distintos no hay multas. 
La adhesión fue voluntaria, rige desde principios de febrero, termina hoy y cualquiera puede encontrar información para saber cómo sigue esto. En el portal Precios en su Sitio (www.preciosensusitio.gov.ar) creado precisamente como herramienta de seguimiento y control del próximo paso, que está todavía en vigencia.
Ese es el nuevo paso, anunciado por la Presidenta ayer y se refiere a la lista de los 500 productos que los comercios adheridos mantendrán sus precios fijos. La Subsecretaría del Consumidor da el listado de productos y de comercios a disposición de los consumidores.
Las principales empresas que aceptaron mantener congelados 500 artículos de primera necesidad ya habían recibido en las últimas dos semanas la autorización del secretario Guillermo Moreno para disponer subas hasta del 9% en el resto de sus líneas de productos. Entonces, habrá que estar atentos para saber qué se puede controlar y qué queda librado a la voluntad de los comerciantes.
¿Alguien cree que no ayudará la presencia de las organizaciones sociales a esta tarea? Si, como pudo comprobar este cronista, la información pública está disponible y los mecanismos institucionales de denuncia van por los carriles correctos, ¿cuál es el riesgo de que haya militantes atentos a un tema tan sensible como los precios? ¿Alguien cree que la militancia no tiene que ocuparse de la agenda pública? Para evitar mayores conflictos, el anuncio de Cristina aclaró que serán los inspectores de los municipios (50 para empezar) los que contribuyan con esto.
Es indudable que la inflación merece un tratamiento complejo. Con la historia que tiene la Argentina con los procesos descontrolados de aumentos de precios, empezar con algo eficaz no es malo. Quedarse solo con eso puede ser peligroso.
GANANCIAS Y CORRUPCIÓN. De acuerdo a la visión clásica, la ganancia es la retribución al capital y, en la filosofía del capitalismo, las empresas pueden y deben buscar maximizar esas ganancias. No es un descubrimiento de este artículo la existencia de una corrupción sistémica entre privados, entre entes públicos y también entre privados y el Estado. Tampoco es un descubrimiento que tanto los mecanismos de control y auditoría –internos y externos- así como los tribunales que atienden estos litigios están bajo permanente sospecha, por sus vínculos con los lobbies y los grandes estudios contables o jurídicos vinculados a grandes empresas.
La creencia de que la corrupción es un tema sobresaliente en la Argentina y que se centra en funcionarios políticos es una reducción inconsistente. Ahora, lo que puede y debe hacer el periodismo –serio, comprometido- es no desdeñar las historias de corrupción por el argumento de que está manipulado desde tal o cual sector político. Ahora, tras años de discutir la sustancia de la ley de medios para mejorar la calidad informativa, nos encontramos con que, de acuerdo a la línea editorial de cada medio, se puede ver la chacra de Elisa Carrió o la estancia de Lázaro Báez. Es un periodismo pobre que trata de mostrar los bienes de algunos empresarios o políticos ricos. Para eso, realmente, es mejor dejar el periodismo.
Como cada cual tiene que cumplir con sus responsabilidades, le compete a cada cronista hacer un análisis de situación y actuar de acuerdo a sus convicciones y a la información seria con que cuente. Un rato antes de escribir este artículo, en Radio Nacional se podía escuchar un informe que citaba a un consultor de opinión pública que decía que la corrupción dejó de lado a la inseguridad en las encuestas. Dos periodistas de la radio afirmaban que eso certifica la existencia de la manipulación mediática. Pregunta: ¿los oyentes de Nacional tienen coronita y no se dejan manipular? No parece bueno comprar el discurso de que los públicos son manadas.
La realidad de estos días es que Lázaro Báez está metido en un berenjenal del cual difícilmente pueda salir sin reconocer que manejó dinero negro. Si es un punto que se anotó la oposición es menos importante que el hecho de que no se debe apañar la indecencia. El domingo pasado por la noche, Jorge Lanata dijo que los medios cercanos al gobierno mentían cuando daban cifras de concurrencia a la Plaza de Mayo. Según él, no podía haber 700 mil personas porque en la plaza entran 75 mil. Un argumento falso, mentiroso. Él sabe perfectamente que hubo columnas que iban por las dos diagonales y por avenida de Mayo que estaban colmadas por cuadras y cuadras.
Estamos viviendo en una época donde se cotiza el periodismo de partido o de grupo empresario. Hace dos décadas todos los estudiantes de las carreras de Comunicación y de Periodismo querían ser presentadores de espectáculos deportivos. Era parte del vaciamiento cultural del menemismo. Ahora se vive una época de grandes cambios culturales y surgió una camada de militantes en distintos ámbitos. Pero se corre el riesgo de dejar de lado dos cosas fundamentales: la primera es que lo prioritario en este oficio es darle buena información al receptor. Para eso es preciso acceder a buena información. Así como en el caso de los precios se puede disponer de fuentes inobjetables, hay otros temas en los que la sociedad se merece un debate más profundo y para eso se necesita acceder a más y mejor información pública. Pongamos como ejemplo el de la contratación de la obra pública, que está tan en boga. Así como existen en cada municipio, provincia y en la Nación también todas las leyes y reglamentaciones para la transparencia de las contrataciones, en la Argentina está cartelizada –desde hace muchísimos años- la obra pública o la concesión de servicios públicos. Así, en reserva, cualquier empresario o político puede relatar cómo existen sobreprecios establecidos para pagos de supuestas intermediaciones. Es más, muchas empresas tienen rubros de gastos reservados que se rinden luego a la autoridad fiscal de modos más que dudosos. Un grupo de no más de ocho empresas centrales y una infinidad de empresas satélites son parte de esos jugosos contratos desde hace décadas. Empresas que se ponen muy nerviosas cuando entran en juego otras, de menor porte, pero que pueden contratar a profesionales, técnicos, obreros y también a los subcontratistas.
Es patético que los medios y los periodistas conservadores pongan el grito en el cielo cuando los supuestos ilícitos los cometen empresarios K y muestran sus casas como si fueran todos los ladrillos robados. En cuanto a las propiedades de los empresarios de los grupos cartelizados, ni mú. Ahora, si alguien cree que se puede jugar con la plata sucia surgida de los sobreprecios de la obra pública, por lo menos es un cínico. La moral pública no es patrimonio de la derecha republicanista. Más bien, muchos de ellos pueden tener doble discurso pero eso no justifica el doble discurso de quienes dicen ser nacionales y populares.
Al kirchnerismo, la mala prensa de la derecha no le impactó en las elecciones de 2011. No hay ningún motivo para pensar que las urnas se manejan desde las empresas periodísticas. La transparencia y la lucha contra la corrupción no se limitan a debates electorales.
CONSEJEROS Y CONFLICTOS. Cualquiera que se informe con detenimiento, debía advertir que desde el 1º de marzo, cuando Cristina habló de hacer reformas en la Justicia sin apelar a una reforma constitucional se venía un choque. El calendario muestra un conflicto ineludible: se “inundan” (así dicen los medios conservadores) de recursos de amparo los tribunales en busca de cautelares para evitar que se lleve a cabo la ley de elección de consejeros para el Consejo de la Magistratura. Las PASO son el 11 de agosto y las nacionales el 27 de octubre. Sería una irresponsabilidad muy grande por parte del arco opositor recurrir al sabotaje a una ley votada por el Congreso y que se dispone a dirimir diferencia nada menos que a través del voto popular. Desde la UCR, primero Ernesto Sanz y luego Ricardo Gil Lavedra, propusieron llevar candidatos únicos en las boletas radicales, del PRO y del Peronismo Federal. Con un mensaje ambiguo: solo en caso de que la Justicia no lo impida a través de una cautelar. La oposición, sin distinciones, apuesta a que la Corte Suprema se ponga en franco conflicto con los otros dos poderes del Estado. Incluso quieren que esto sea antes del 22 de junio cuando tienen que oficializarse las listas.
Parece muy poco serio. Una mala oposición no resulta beneficiosa a un buen oficialismo. La sociedad tiene suficientes conflictos. Nuevos paros docentes en la provincia de Buenos Aires. Una situación preocupante con los docentes fueguinos. Los ataques a la comunidad Qom en Formosa y Chaco. La absolución de todos los imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón en Tucumán. Por mencionar algunos. La editorial de La Nación del lunes pasado (bajo el título “1933”) en la que el diario de los Mitre se permite hablar del ascenso del hitlerismo a partir de los 80 años de la caída de la República de Weimar para criticar al gobierno es demostrativa de que la derecha puede recurrir a cualquier argumento. El artículo termina así: “Salvando, como decíamos, las enormes distancias, los argentinos deberíamos reparar en los rasgos autoritarios que, cada vez con mayor frecuencia, pone de manifiesto el Gobierno, y cobrar conciencia de que es imposible prever cómo puede terminar un proceso que comienza cercenando las libertades y la independencia de los tres poderes del Estado”. Si están presionando a la Corte, será importante que los máximos jueces de la República tomen nota sobre si es tan malo que el pueblo pueda elegir a los consejeros (no a los jueces). Porque si los militantes no pueden mirar los precios para evitar abusos y los ciudadanos no podemos elegir a los consejeros, sería bueno que los sectores reaccionarios hagan un congreso para decirnos qué podemos hacer en democracia.