La justicia argentina investiga a cuatro empresas del Grupo Clarín en Panamá
Son firmas creadas en ese paraíso fiscal y en las que figuran como directores Héctor Magnetto, Lucio Pagliaro y
José Aranda. El holding ya era investigado por maniobras con empresas off shore en Delaware, Estados Unidos.
El Grupo Clarín, actualmente investigado en varias causas de lavado de activos y evasión tributaria –la mayoría denunciadas por el "arrepentido" ejecutivo del JP Morgan, Hernán Arbizu– también deberá explicar por qué no declaró en la Argentina la radicación de sociedades en Panamá.
Según confiaron a Tiempo Argentino fuentes judiciales, las sociedades no figuran en las declaraciones juradas de sus titulares, todos altos directivos del holding que conduce Héctor Magnetto.
Serían al menos cuatro las sociedades anónimas en Panamá. Algunas de ellas habrían sido cerradas incluso antes de ser declaradas, sin embargo todas fueron y son dirigidas por Héctor Magnetto, CEO de Clarín, en sociedad con los directores José Antonio Aranda, y Lucio Rafael Pagliaro.
Las firmas mencionadas son AGEA Inversora SA; Semar Inversora SA, Lexsol SA y Noirland SA. Cabe destacar que AGEA y Semar fueron parte de las firmas denunciadas por Hernán Arbizu en un paquete de 469 compañías y, sobre la cual el juez Sergio Torres pidió información a Suiza la semana pasada.
La titularidad de las empresas se probaría incluso con los números de CUIT de Héctor Magnetto, de Lucio Pagliaro y de José Aranda. En todos los casos, la información de las cuatro sociedades, según fuentes judiciales, figura en el Registro Público de Panamá. Lo llamativo es que datos de la investigación confirman que el propio Magnetto ha reconocido tener sociedades en Uruguay y Antillas Holandesas, pero jamás en Panamá.
Sin embargo, junto al nombre de Héctor Magnetto y de su función de director en dos de las sociedades, figuran los nombres de dos personas responsables de la creación de más de 2000 empresas en paraísos fiscales. Ellos son Vasco Rafael Wendehake Fabrega y el abogado en ejercicio Juan Eduardo Lombardi Tribaldos, ambos de nacionalidad panameña. La justicia ahora deberá investigar su relación con las sociedades no declaradas. Con el estudio de abogados que habría gestionado la creación de las sociedades anónimas no declaradas ante la AFIP su relación está probada. El estudio Icaza, González-Ruiz y Alemán es muy reconocido en Panamá. Juan Eduardo Lombardi Tribaldos es socio del buffet y Vasco Rafael Wendehake Fabrega es consultor en la misma firma.
El estudio es a la vez un buffet de abogados y una suerte de facilitador de negocios privados en paraísos fiscales, un gestor de operaciones al margen de la ley. El estudio sería el soporte para generar toda la estructura de "presta nombres" que permite eludir y gestionar capitales en el exterior. En su sitio de Internet, la firma reconoce que opera en diferentes paraísos fiscales, incluido Panamá (ver aparte). Pero además fue clave en otras operaciones tales como la privatización de empresas de energía en Rusia y en uno de los mayores hechos de corrupción de España (ver aparte).
Las cuatro empresas radicadas en Panamá y no declaradas en la Argentina son una muestra de la operatoria del Grupo Clarín que actualmente también es investigado por albergar casi todas sus sociedades en Delaware, una pequeña ciudad de los Estados Unidos que tiene 850 mil empresas y 800 milhabitantes.
De hecho, el banco JP Morgan, tal como revelara Arbizu, le recomendó a Clarín establecer allí casi todas sus firmas. Todas ellas quedaron vinculadas con la entidad financiera por medio de contratos crediticios por millonarias cantidades de dólares.
Destacan fuentes judiciales que además de las cuatro compañías podría haber otars tantas más ya que que Clarín no sólo tenía como banco gestor de negocios al JP Morgan (de donde salieron los datos denunciados por Hernán Arbizu) sino que también tiene cuentas manejadas por la Unión de Bancos Suizos (UBS) y Goldman Sachs, otro banco de inversión con participación minoritaria en el entramado directivo y societario del holding de Héctor Magnetto. Pero para el avance de este tipo de causas, el panorama es complejo ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), no considera lavado de activos al dinero que se deriva de la evasión impositiva sino sólo a aquellos montos que surgen del narcotráfico y el terrorismo. «
Informe: Equipo de Economía
Según confiaron a Tiempo Argentino fuentes judiciales, las sociedades no figuran en las declaraciones juradas de sus titulares, todos altos directivos del holding que conduce Héctor Magnetto.
Serían al menos cuatro las sociedades anónimas en Panamá. Algunas de ellas habrían sido cerradas incluso antes de ser declaradas, sin embargo todas fueron y son dirigidas por Héctor Magnetto, CEO de Clarín, en sociedad con los directores José Antonio Aranda, y Lucio Rafael Pagliaro.
Las firmas mencionadas son AGEA Inversora SA; Semar Inversora SA, Lexsol SA y Noirland SA. Cabe destacar que AGEA y Semar fueron parte de las firmas denunciadas por Hernán Arbizu en un paquete de 469 compañías y, sobre la cual el juez Sergio Torres pidió información a Suiza la semana pasada.
La titularidad de las empresas se probaría incluso con los números de CUIT de Héctor Magnetto, de Lucio Pagliaro y de José Aranda. En todos los casos, la información de las cuatro sociedades, según fuentes judiciales, figura en el Registro Público de Panamá. Lo llamativo es que datos de la investigación confirman que el propio Magnetto ha reconocido tener sociedades en Uruguay y Antillas Holandesas, pero jamás en Panamá.
Sin embargo, junto al nombre de Héctor Magnetto y de su función de director en dos de las sociedades, figuran los nombres de dos personas responsables de la creación de más de 2000 empresas en paraísos fiscales. Ellos son Vasco Rafael Wendehake Fabrega y el abogado en ejercicio Juan Eduardo Lombardi Tribaldos, ambos de nacionalidad panameña. La justicia ahora deberá investigar su relación con las sociedades no declaradas. Con el estudio de abogados que habría gestionado la creación de las sociedades anónimas no declaradas ante la AFIP su relación está probada. El estudio Icaza, González-Ruiz y Alemán es muy reconocido en Panamá. Juan Eduardo Lombardi Tribaldos es socio del buffet y Vasco Rafael Wendehake Fabrega es consultor en la misma firma.
El estudio es a la vez un buffet de abogados y una suerte de facilitador de negocios privados en paraísos fiscales, un gestor de operaciones al margen de la ley. El estudio sería el soporte para generar toda la estructura de "presta nombres" que permite eludir y gestionar capitales en el exterior. En su sitio de Internet, la firma reconoce que opera en diferentes paraísos fiscales, incluido Panamá (ver aparte). Pero además fue clave en otras operaciones tales como la privatización de empresas de energía en Rusia y en uno de los mayores hechos de corrupción de España (ver aparte).
Las cuatro empresas radicadas en Panamá y no declaradas en la Argentina son una muestra de la operatoria del Grupo Clarín que actualmente también es investigado por albergar casi todas sus sociedades en Delaware, una pequeña ciudad de los Estados Unidos que tiene 850 mil empresas y 800 milhabitantes.
De hecho, el banco JP Morgan, tal como revelara Arbizu, le recomendó a Clarín establecer allí casi todas sus firmas. Todas ellas quedaron vinculadas con la entidad financiera por medio de contratos crediticios por millonarias cantidades de dólares.
Destacan fuentes judiciales que además de las cuatro compañías podría haber otars tantas más ya que que Clarín no sólo tenía como banco gestor de negocios al JP Morgan (de donde salieron los datos denunciados por Hernán Arbizu) sino que también tiene cuentas manejadas por la Unión de Bancos Suizos (UBS) y Goldman Sachs, otro banco de inversión con participación minoritaria en el entramado directivo y societario del holding de Héctor Magnetto. Pero para el avance de este tipo de causas, el panorama es complejo ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), no considera lavado de activos al dinero que se deriva de la evasión impositiva sino sólo a aquellos montos que surgen del narcotráfico y el terrorismo. «
Informe: Equipo de Economía
un buffet de expertos en paraísos fiscales
En su sitio de Internet, el buffet de abogados Icaza, González-Ruiz & Alemán se reconoce sin ponerse colorado como un gestor de negocios legales e individuales, que opera en todo el mundo, pero preferentemente en paraísos fiscales.
La página detalla que la empresa presta servicios y tiene oficinas en lugares tales como Suiza, Luxemburgo, las británicas Islas Vírgenes, Bahamas, Antillas, Belize, Uruguay, Seychelles y Singapur, además de Panamá, lugar en el que gestionaron las cuatro compañías de los directores de Clarín.
Según consigna en sus investigaciones el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al menos 17 de los países miembro del organismo poseen centros offshore, es decir, centros financieros considerados paraísos fiscales.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Austria, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Islandia e Irlanda tienen empresas offshore, es decir, centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, los cuales son usados para ocultar al propietario o beneficiario de determinados bienes por varios motivos, como el blanqueo de dinero.
En esta lista también se incluyen Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Singapur, Suecia y Turquía, y de los 41 países considerados por España como paraísos fiscales. En base a la lista gris de la OCDE, no menos de 14 forman parte del Reino Unido o dependen de él, como Gibraltar y las islas Anguila, Bahamas, Bermudas, Caimán, Guernesey, Jersey, Del Man, Monserrat, Salomón, San Vicente y las Granadinas, Turcas y Caicos, además de las Vírgenes.
Esta nación del Caribe es uno de los paraísos fiscales más reconocidos, y actúa como caja negra del manejo de dinero de grandes grupos por sus condiciones de libertad de manejo. Concretamente, Panamá no tiene acuerdo de intercambio de información, lo cual traba cualquier avance que se intente en materia de confirmación de cuentas bancarias o transferencias, pistas que podrían clarificar el panorama de un presunto delito de lavado de activos.
La página detalla que la empresa presta servicios y tiene oficinas en lugares tales como Suiza, Luxemburgo, las británicas Islas Vírgenes, Bahamas, Antillas, Belize, Uruguay, Seychelles y Singapur, además de Panamá, lugar en el que gestionaron las cuatro compañías de los directores de Clarín.
Según consigna en sus investigaciones el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al menos 17 de los países miembro del organismo poseen centros offshore, es decir, centros financieros considerados paraísos fiscales.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Austria, Canadá, Dinamarca, Hong Kong, Islandia e Irlanda tienen empresas offshore, es decir, centros financieros con un nivel impositivo muy bajo, los cuales son usados para ocultar al propietario o beneficiario de determinados bienes por varios motivos, como el blanqueo de dinero.
En esta lista también se incluyen Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Singapur, Suecia y Turquía, y de los 41 países considerados por España como paraísos fiscales. En base a la lista gris de la OCDE, no menos de 14 forman parte del Reino Unido o dependen de él, como Gibraltar y las islas Anguila, Bahamas, Bermudas, Caimán, Guernesey, Jersey, Del Man, Monserrat, Salomón, San Vicente y las Granadinas, Turcas y Caicos, además de las Vírgenes.
Esta nación del Caribe es uno de los paraísos fiscales más reconocidos, y actúa como caja negra del manejo de dinero de grandes grupos por sus condiciones de libertad de manejo. Concretamente, Panamá no tiene acuerdo de intercambio de información, lo cual traba cualquier avance que se intente en materia de confirmación de cuentas bancarias o transferencias, pistas que podrían clarificar el panorama de un presunto delito de lavado de activos.
Un entramado de operaciones en paraísos fiscales y cuentas en Suiza
El magistrado efectuó el planteo luego de que Estados Unidos retaceara información sobre presuntas operaciones de Magnetto, Herrera de Noble, Aranda y Pagliario en ese país. Las empresas fantasma en Delaware.
La investigación por la existencia de empresas no declaradas de directivos del Grupo Clarín en Panamá que revela hoy Tiempo Argentino le dio un nuevo impulso al pedido que efectuó la semana pasada el juez federal Sergio Torres a la justicia suiza para que informe si los directivos del multimedios tienen cuentas en el sistema bancario de ese país.
Según informó Tiempo el martes pasado, Torres efectuó el requerimiento como parte de una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, quien involucró a medio millar de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de dinero del país entre las que se encuentran Héctor Magnetto, Ernestina Laura Herrera de Noble, José Aranda y Lucio Pagliaro, todos directivos del Grupo Clarín.
En la nómina, a la que tuvo acceso este diario, figuran también AGEA Inversora (empresa del mismo nombre de una de las que funcionaron en Panamá presidida por Magnetto), Arte Gráfico Editorial Argentina, Arte Gráfico Editorial Argentino (Clarín), Artes Gráficas Rioplantense, Clarín Global, Compañía de Medios Digitales, Grupo Clarín SA, Grupo Clarín Services LLC, Multicanal, Radio Mitre, Tele Red Imagen y Televisión Satelital Codificada, entre otros.
El planteo de Torres a la justicia Suiza llegó luego de reiterados requerimientos efectuados a funcionarios judiciales de los Estados Unidos sobre información reclamada en los últimos tres años vinculada a supuestas actividades ilegales de los directivos del Grupo Clarín denunciadas el ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu.
No es la única investigación que enfrenta el Grupo por operaciones con empresas radicadas en paraísos fiscales. En 2010 Tiempo Argentino reveló por primera vez un entramado de empresas del Grupo Clarín en el estado de Delaware en los Estados Unidos, que operaba cientos de millones de dólares al año.
Delaware es reconocido como un paraíso fiscal fronteras adentro de los Estados Unidos. Tiene unos 800 mil habitantes, incluyendo los niños, pero en su pequeño territorio están radicadas cerca de 850 mil empresas, eso implica más de una compañía por habitante.
Para comprender la dimensión de las maniobras sirve la calificación de la ONG Tax Justice Network, que determinó que Delaware es la jurisdicción con mayor "opacidad" del mundo, debido a su agresividad a la hora de mantener el secreto de las finanzas internacionales, sumado a la escasa o nula colaboración con otros países en el intercambio de información y la facilidad para crear compañías fantasmas con mínimos requisitos y en apenas unas horas.
Desde 2010, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) puso la lupa sobre las distintas empresas del Grupo en Delaware.
Como resultado de esa investigación, el organismo que conduce José Sbatella presentó un año atrás una ampliación de denuncia en el juzgado del juez Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
Las alarmas se dispararon a partir de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que develaban transacciones entre el Grupo Clarín y una sociedad constituida en Delaware denominada GSCA Investment con un capital accionario de sólo 100 dólares y propiedad de los mismos directores del Grupo.
La operatoria incluye transferencia de acciones sin justificación y créditos dudosos en una operatoria conocida como back to back. «
Según informó Tiempo el martes pasado, Torres efectuó el requerimiento como parte de una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, quien involucró a medio millar de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de dinero del país entre las que se encuentran Héctor Magnetto, Ernestina Laura Herrera de Noble, José Aranda y Lucio Pagliaro, todos directivos del Grupo Clarín.
En la nómina, a la que tuvo acceso este diario, figuran también AGEA Inversora (empresa del mismo nombre de una de las que funcionaron en Panamá presidida por Magnetto), Arte Gráfico Editorial Argentina, Arte Gráfico Editorial Argentino (Clarín), Artes Gráficas Rioplantense, Clarín Global, Compañía de Medios Digitales, Grupo Clarín SA, Grupo Clarín Services LLC, Multicanal, Radio Mitre, Tele Red Imagen y Televisión Satelital Codificada, entre otros.
El planteo de Torres a la justicia Suiza llegó luego de reiterados requerimientos efectuados a funcionarios judiciales de los Estados Unidos sobre información reclamada en los últimos tres años vinculada a supuestas actividades ilegales de los directivos del Grupo Clarín denunciadas el ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu.
No es la única investigación que enfrenta el Grupo por operaciones con empresas radicadas en paraísos fiscales. En 2010 Tiempo Argentino reveló por primera vez un entramado de empresas del Grupo Clarín en el estado de Delaware en los Estados Unidos, que operaba cientos de millones de dólares al año.
Delaware es reconocido como un paraíso fiscal fronteras adentro de los Estados Unidos. Tiene unos 800 mil habitantes, incluyendo los niños, pero en su pequeño territorio están radicadas cerca de 850 mil empresas, eso implica más de una compañía por habitante.
Para comprender la dimensión de las maniobras sirve la calificación de la ONG Tax Justice Network, que determinó que Delaware es la jurisdicción con mayor "opacidad" del mundo, debido a su agresividad a la hora de mantener el secreto de las finanzas internacionales, sumado a la escasa o nula colaboración con otros países en el intercambio de información y la facilidad para crear compañías fantasmas con mínimos requisitos y en apenas unas horas.
Desde 2010, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) puso la lupa sobre las distintas empresas del Grupo en Delaware.
Como resultado de esa investigación, el organismo que conduce José Sbatella presentó un año atrás una ampliación de denuncia en el juzgado del juez Torres por el presunto delito de lavado de dinero.
Las alarmas se dispararon a partir de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que develaban transacciones entre el Grupo Clarín y una sociedad constituida en Delaware denominada GSCA Investment con un capital accionario de sólo 100 dólares y propiedad de los mismos directores del Grupo.
La operatoria incluye transferencia de acciones sin justificación y créditos dudosos en una operatoria conocida como back to back. «
los antecedentes del caso cimeco
La UIF comprobó que la empresa GCSA Investment LLC (apócope de Grupo Clarín SA) radicada en Delaware compró el 6% de las acciones de la empresa CIMECO, del Grupo Clarín –y propietaria de los diarios La Voz del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza, además de parte de las acciones de Papel Prensa-, en casi 9 millones de dólares en dos operaciones realizadas en un plazo de apenas cinco meses, plazo en el que la compañía no registró actividad comercial alguna.
GCSA es una empresa del Grupo constituida con un capital social accionario de sólo 100 dólares a la que el banco Credit Suisse Internacional con sede en Londres le otorgó un préstamo millonario.
Para la UIF, quedó acreditado que Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) no recibió en el país ninguna transferencia bancaria que tenga como ordenante fuera del país a GCSA y que tampoco recibió por cuenta de terceros transferencias por una suma equivalente a la involucrada en la operación de compraventa de acciones.
La primera de las transacciones se realizó el 13 de junio de 2008, apenas 20 días después de que se constituyera GCSA en Delaware, y la segunda se concretó el 8 de octubre de 2008. La UIF presume que se trató de operaciones de "back tu back". Ese tipo de transacciones son habituales mecanismos de lavado de dinero y se configuran cuando una sociedad "A", que generó ingresos en negro, tiene la necesidad de utilizarlos y no los puede blanquear en su país de origen. Para ello, crea una sociedad "B" con testaferros en un paraíso fiscal (como es el caso de Delaware).
Esa sociedad "B" deposita entonces los fondos no declarados en un banco del país en el que se radicó, y la entidad bancaria le ofrece un crédito contra el depósito y puede así transferir los fondos. La compra de acciones justifica esa transferencia de dinero. A su vez, la operatoria le permite a la sociedad deducir impositivamente los intereses que le pague al banco por el préstamo recibido para concretar el blanqueo.
GCSA es una empresa del Grupo constituida con un capital social accionario de sólo 100 dólares a la que el banco Credit Suisse Internacional con sede en Londres le otorgó un préstamo millonario.
Para la UIF, quedó acreditado que Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA) no recibió en el país ninguna transferencia bancaria que tenga como ordenante fuera del país a GCSA y que tampoco recibió por cuenta de terceros transferencias por una suma equivalente a la involucrada en la operación de compraventa de acciones.
La primera de las transacciones se realizó el 13 de junio de 2008, apenas 20 días después de que se constituyera GCSA en Delaware, y la segunda se concretó el 8 de octubre de 2008. La UIF presume que se trató de operaciones de "back tu back". Ese tipo de transacciones son habituales mecanismos de lavado de dinero y se configuran cuando una sociedad "A", que generó ingresos en negro, tiene la necesidad de utilizarlos y no los puede blanquear en su país de origen. Para ello, crea una sociedad "B" con testaferros en un paraíso fiscal (como es el caso de Delaware).
Esa sociedad "B" deposita entonces los fondos no declarados en un banco del país en el que se radicó, y la entidad bancaria le ofrece un crédito contra el depósito y puede así transferir los fondos. La compra de acciones justifica esa transferencia de dinero. A su vez, la operatoria le permite a la sociedad deducir impositivamente los intereses que le pague al banco por el préstamo recibido para concretar el blanqueo.
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