Con apoyo clave de Wall Street, la Argentina le respondió al juez Griesa
Con el trascendente aval de buena parte del sistema financiero norteamericano, que no quiere quedar atrapado en el medio de esta disputa, la Argentina reiteró ayer ante la justicia de Nueva York que no está dispuesta a pagarle a los holdouts, aunque dejando en claro a la vez que no quiere entrar en desacato.
A última hora de ayer, los abogados de Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton -en sintonía permanente con la Secretaría de Finanzas que lidera Adrián Cosentino- enviaron el escrito por mail en el que reiteraron que el Gobierno está en desacuerdo con la interpretación "exagerada" de poner en la misma condición a los bonistas que siguen en default y a quienes entraron a los canjes. También, que no se puede afectar a los agentes de pago que "transportan" el dinero del país con embargos. La postura oficial contó con dos apoyos clave: la Clearing House Association, la más antigua entidad de pagos perteneciente a los bancos de EE.UU. , y la Depositary Trust Company, el mayor custodio de bonos de ese país. Ambas indicaron que, pese a que la justicia y los demandantes pidieron considerarlos cómplices si hacen pagos en nombre de la Argentina, tal decisión sería impracticable y perjudical para el sistema financiero en Wall Street.
Si se aceptara el criterio, el fallo sería duro pero abstracto, ya que no habría a quién embargar.
El mensaje directo fue que ellos no pueden individualizar los pagos que hace la Argentina desde Buenos Aires y que si se embargaran esos recursos se afectaría a inversores privados y no al país que pretenden castigar. A estos dos agentes, se suman las presentaciones del Bank of New York -directamente perjudicado por las amenazas de la justicia de embargar los pagos que transporta desde Buenos Aires- y de una decena de fondos de inversión que ingresaron en ambos canjes y que tratan de no quedar como "rehenes" de los holdouts. El estudio O'Shea Partners y el abogado David Boies trabajaron en el escrito de los bonistas que acompañan al Gobierno, no por amor, sino por necesidad de cobrar sin tropiezos los próximos vencimientos que abonará al país.
Mientras tanto, el Ministerio de Economía hizo eje en mostrar respeto por la autoridad de la corte, pero reiterando que no hay disposición a cumplir con el criterio del "pari passu" en los términos de la sentencia de segunda instancia. Eso, indicaron, sería ir en contra de la estrategia que ha seguido la Argentina desde el canje de 2005 de cumplir con los bonistas que aceptaron una quita en sus bonos.
Con elegancia, los abogados de Cleary eludieron responder a los pedidos precisos de los litigantes, que el jueves pasado pidieron que el país al menos deposite un bono por US$ 1450 millones en una "cuenta testigo" hasta que la causa se resuelva en forma definitiva. Tampoco dieron una respuesta específica sobre el pedido de los fondos NML, Aurelius y los 13 minoristas argentinos de hacer un pago "prorrateado".
Con estas indefiniciones, la pelota quedó del lado de los demandantes, que pasado mañana deberán presentar su réplica a los escritos de la Argentina y sus aliados circunstanciales. Luego llegará el tiempo de la reflexión de Griesa, que no será extenso porque el magistrado ya dejó en claro públicamente que pretende que los demandantes cobren una parte de lo que la Argentina pagará en los próximos vencimientos en Nueva York el 2 y el 15 de diciembre, por unos US$ 35OO millones.
Animados porque el Gobierno abandonó su postura solitaria, los bonos rebotaron ayer (ver aparte). En Economía no se querían entusiasmar por este cambio, porque entendían que habían sido excesivamente castigados y que el rebote puede mancarse si Griesa baja el pulgar nuevamente.
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