GRIESA Y LOS "MATONES VIP"

Pandillas de Nueva York

Una decisión sin precedentes, por el contenido y el tono. La furia del juez Griesa. Ceder la competencia, pecado original. Un curioso sentido de la igualdad entre acreedores. Barras bravas en la tribuna VIP. Recursos posibles en la Cámara. Escenario inédito y abierto. Poderes en conflicto.

 Por Mario Wainfeld

“(...) Sois ricos.
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón;
Y alumbrando el camino de la fácil conquista,
La Libertad levanta su antorcha en Nueva York.”
“Oda a Roosevelt”,
de Rubén Darío.
“I wanna wake up in a city
That doesn’t sleep
And find I’m king of the hill,
Top of the heap...”

“New York, New York”,
canción que Frank Sinatra transformó en himno.

“Nunca vi un fallo así”, confiesan abogados afincados cerca de Wall Street, insospechados de populismo. Concuerdan economistas de postín, ajenos a la galaxia K. Aluden tanto a la parte resolutiva cuanto a los inflamados fundamentos. La decisión del juez Thomas Griesa no reconoce precedentes, ése es uno de los motivos (no el único) que hizo que fuera tan extendida la sorpresa que produjo.

El expediente debe recorrer todavía varias instancias, dista de ser una sentencia firme. Si llegara a estarlo (hipótesis no concretada pero para nada imposible) abriría las puertas a un cataclismo que implicaría a la Argentina pero que se propagaría al sistema financiero internacional. El Estado nacional la recurrirá mañana. Aunque algunos lo omitan, es su deber legal agotar las instancias frente a toda sentencia adversa a los intereses nacionales. Las instituciones de la república imponen ese comportamiento, dato que varios “republicanos VIP” ignoran. Se repite: es su obligación. Y se añade que (aunque suene estridente para ciertos oídos) es su deber patriótico.

El juez federal de Nueva York rompe todas las reglas, desoye los reclamos de Argentina tanto como los de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Acreedores institucionales (carne de Wall Street, digamos) se suman. El argumento compartido es que acceder al reclamo de los fondos buitre genera un riesgo sistémico de imprevisibles, pero seguro tremendas, consecuencias. Impacto eventual en canjes futuros, algunos inminentes en el corazón del Primer Mundo.

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Un día de furia: Si el cronista creyera que sus lectores son masoquistas y quieren agriarse el domingo, les aconsejaría leer la resolución. Es impresionante. Un dato ineludible, primordial, es la furia del magistrado. A Griesa, valga la expresión, lo sacan de quicio declaraciones públicas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, del ministro de Economía Hernán Lorenzino y de otros integrantes del equipo de Gobierno. Las traduce como un desafío a su poder, un anuncio de que desacatarán una sentencia en su contra. Eso, son sus palabras en traducción libre, lo compele a exigir un fastuoso depósito en caución, 1330 millones de dólares, antes del 15 de diciembre.

La ecuación personal de un octogenario, conservador de pálpito, impone su sello. Una intrincada lógica legal, que Argentina consintió en mala hora, le otorga competencia a un juez que no capacita para resolver lo que tiene entre manos. Amante de las comparaciones, que tienen parte de licencia literaria, el cronista evoca el caso del asesinato de José Luis Cabezas. Una bisagra histórica que recayó en el tribunal de un oscuro, ya crecidito y poco avezado juez de pueblo. Incapacitado para un asunto de tamaña entidad, aunque competente desde el punto de vista legal.

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De iguales, nada: Griesa cree que deben cesar las exenciones y los plazos otorgados a la Argentina en su mismo juzgado. Habla de equiparar a los buitres con los acreedores que aceptaron los dos canjes soberanos de deuda. Pero, puesto a decidir, los coloca en una situación de feroz primacía. Para ellos no hay quitas ni plazos. Los 1330 millones son el total de la demanda en la que se dicta la decisión.

La sentencia está redactada en el inglés conciso que suelen usar los norteamericanos, tiene bastante menos jerga técnica que la media de los fallos de los tribunales argentinos. Una característica chocante lo caracteriza: parece referirse a un conflicto entre dos particulares. Digamos, un deudor y un acreedor por un accidente de tránsito o el cobro de un pagaré. Las (fenomenales) peculiaridades del conflicto le atraen poco o nada. Algo comenta, al desgaire, para replicar fundamentos de los litigantes argentinos o del Norte, pero su núcleo es la conducta de las partes, sus palabras. Las resonancias y consecuencias de la cuestión le son ajenas.

No hay gran casualidad en esto. Como comenta el economista Jorge Gaggero, en diálogo informal con el cronista, la Argentina resignó la competencia de sus tribunales para aceptar litigar en el país en el que la propiedad privada es sacrosanta. En donde las sociedades comerciales son consideradas más importantes que las personas. Los límites impuestos al mercado por la lógica del Estado de Bienestar son vistos con recelo, cuando no con ánimo condenatorio. Todo juzgador tiene una ideología que condiciona sus resoluciones, la de Griesa es flagrante. Hay un pecado original del Estado argentino: haber prorrogado (cedido) la competencia de sus tribunales.

Griesa rechaza, con pocas y confusas palabras, lo del precedente infausto y el riesgo sistémico. La Argentina es única en su contumacia, propone. Pocos especialistas o dirigentes políticos en el mundo concuerdan con su enfadado punto de vista. Pero ahí está el poder, hasta un punto que se irá midiendo.

Se abre un escenario sin precedentes y por eso mismo impredecible. Es, como casi siempre, un buen aliciente para matizar las profecías, críticas o encomiásticas.

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Barras bravas en la tribuna (de doctrina): Por cierto, el diario La Nación no tiene pliegues ni dudas. Se alinea con el juez neoyorquino o, por ser más estricto, con los fondos buitre. “Fallo Griesa: el valor de honrar las deudas” se titula el editorial del viernes 23. De nuevo, se propondría su lectura si no fuera tan indigesta.

La tribuna de doctrina no se pone del lado de los acreedores institucionales, de ese 93 por ciento que negoció con Argentina, acordó, cobra prolijamente sus acreencias y le reclama a Griesa que piense con sensatez. Fiel a su historia, La Nación

enarbola la bandera de lo peor del globo terráqueo, ahora es la hez del mundo financiero. Ironicemos apenas, para aliviar el domingo: si bancó genocidas, es casi un avance que ahora se encolumne con usureros.

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Pedid lo imposible: Griesa impone una suerte de medida cautelar. Se aclara que la traslación de las expresiones del derecho argentino (bien distinto al anglosajón) es aproximativa, para facilitar las explicaciones. Argentina debe depositar la caución exorbitante antes de la fecha en que se dispone a honrar el pago de bonos canjeados. La operatoria se realiza transfiriendo dólares del Banco de Basilea al de Nueva York (BNY), que es el encargado de los pagos. Legalmente la plata deja de ser argentina no bien se ordena la transferencia, por eso Griesa no ordena el embargo. Sí le ordena al BNY que, si no hay depósito judicial, se abstenga de pagar a los bonistas o se atenga a las consecuencias. El apercibimiento, no muy detallado, es severo. Linda con considerarlos en desacato. De ahí que sea imposible saber con certeza qué hará el susodicho banco. Se irá develando en los próximos días. Por eso, en el gobierno argentino se cabildea sobre si “des-rutear” el pago y derivarlo a otro agente financiero, en una sede más segura. No es una tarea sencilla, por evidentes razones técnicas y legales, pero quizá sea forzosa.

Lo que sí hará el Estado es demostrar su voluntad de pago y su solvencia, que han sido constantes desde el primer canje de 2005. O sea, probar que no quiere caer en default y tiene con qué evitarlo.

Bueno es recordar que esas negociaciones no fueron una transa realizada en un oscuro callejón de suburbios. Fue una pulseada firme, inédita en la magnitud de la quita, con arrestos de desafío pero al unísono dentro de la normativa internacional. Los canjes se hicieron con la intervención del sistema financiero internacional, público y privado. Sus exigencias forzaron cambios, reglas de juego e incluso postergaciones. La historia se reseña a trazos gruesos en recuadro aparte.

El producto es un acumulado de un 93 por ciento de acreedores que aceptaron la quita y vienen cobrando en tiempo y forma. La resolución de Griesa vulnera esos pactos y esa legalidad. El Estado nacional se comprometió a no realizar acuerdos mejores con los holdouts (acreedores que no aceptaron). Si incumple el pacto, los bonistas pueden reclamar judicialmente, lo que abriría un tsunami de reclamos judiciales. Una “ley cerrojo” del Congreso nacional confirmó esos márgenes. Si hubiera otro (muy otro) gobierno que quisiera avenirse con los fondos buitre debería derogar la ley primero, algo accesible con una mayoría calificada. Pero no escaparía al escarmiento de los pleitos de los demás. Quienes proponen sentarse a negociar con los buitres desconocen esos condicionantes.

Pero, por añadidura, las reglas dispuestas por Griesa, al ser tan beneficiosas para los fondos buitre, obstaculizan cualquier tratativa. Les da todo.

La sentencia es incumplible. En eso concuerdan dos ex banqueros centrales: Alfonso Prat Gay (diputado hoy por la Coalición Cívica) y el hiperredradista Martín Redrado. Los dos son de derecha, pero algo los distancia. Prat Gay, que intervino como funcionario en el primer canje de deuda, tiene fundamentos técnicos, que por cierto mezcla con su postura política. Redrado es, a más de un ignorante, un irresponsable. Su conducta al atarse a la silla del Banco Central en 2010 complicó el segundo canje infligiendo un grave daño a los intereses nacionales.

Otros dirigentes políticos se manifestaron con sensatez, contra la prepotencia de Griesa. El peronista federal en tránsito Felipe Solá fue el más decidido. El radical Ricardo Alfonsín también eligió la postura correcta, de modo menos enfático. El ex gobernador socialista Hermes Binner volvió a derrapar comprobando que atraviesa una etapa que contradice lo mejor de su respetable trayectoria. Su propuesta de pagar es imbancable, a tal extremo que ni siquiera logra consenso en las filas del Frente Amplio Progresista (FAP), del que fuera candidato presidencial pero que no consigue liderar.

Volvamos al núcleo.

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Los pasos futuros: La abrumadora mayoría de acreedores que aceptaron los canjes argentinos no obliga a la minoría que quedó afuera. Lo contrario ocurre en las convocatorias de acreedores comerciales y también se aplicó en algunos canjes soberanos posteriores. Así las cosas, los fondos buitre no actúan sin derecho al reclamar. Lo que los coloca fuera de la racionalidad y hasta de la respetabilidad en el resto del mundo financiero son sus prácticas extorsivas y sus demandas exorbitantes. Griesa la admite y ordena un depósito que iguala la totalidad del reclamo. Es una medida de garantía que se sale de cauce y equivale a una sentencia.

El Estado recurrirá a la Cámara neoyorquina, que ya hizo un importante aval general a la decisión de Griesa. Pero fue en su sesgo (Argentina debe pagar) y no en su importe. Le pidió precisiones, que Griesa redondeó con la orden del depósito previo y urgente. Argentina, entonces, recurrirá por partida doble los aspectos lesivos: por el fondo y por la garantía exigida. Buscará el concurso de otros actores y agotará las instancias.

Tres camaristas ya le votaron en contra. El Estado nacional puede solicitar el equivalente de un plenario de la Cámara: que ahora se expidan sus trece integrantes. No es imperativo para el Tribunal aceptarlo, lo hace en contadas ocasiones. La gravedad del litigio puede jugar a favor, dicen algunos analistas. Otros creen que primará la estadística.

Parecida es la perspectiva de llevar el juicio ante la Corte Suprema de Nueva York, que Argentina puede y (ya se dijo) debe impulsar. No es común que la Corte lo admita, no es común el caso que se le propondrá.

El ámbito judicial es un escenario ineludible. La novedad torna impredecible el devenir. También será necesario accionar en otros frentes. Los organismos políticos internacionales, en especial los de la región. Los organismos internacionales de crédito y (paradoja no menor) todo el sistema financiero que acompaña la postura nacional, por ahora. Queda hacer política, en toda la dimensión. Las declaraciones para la sociedad argentina (que se propagarán por el mundo) son una parte de cualquier estrategia, quizá no la más relevante.

El primer canje de deuda, el que cambió en parte la historia, fue en 2005. Estados Unidos empezaba a padecer las consecuencias de la política neo-con de la administración Bush, a allanar el camino a dos derrotas en las presidenciales futuras. Europa comenzaba a perder competitividad aunque nadie avistaba la magnitud de su crisis actual.

Otra es la escena mundial hoy día. Lo sucedido con la fragata Libertad en Ghana, la sentencia de Griesa tienen ingredientes anecdóticos pero, tal vez, sugieran un cambio de horizonte.

Los criterios generales de los gobiernos kirchneristas deben mantenerse, las tácticas deberán adecuarse a las circunstancias. Los enemigos, los fondos buitre, son peligrosos. Algunos actores relevantes, como Griesa, son torpes e incompetentes sólo para empezar. Pero, como hablamos de política y de correlación de fuerzas, no es suficiente (aunque sí imprescindible) señalarlos. También encontrar la manera más eficaz de combatirlos, de evitar o mitigar las consecuencias de sus embates.

Así están las cosas y habrá que mirar qué pasará el 15 de diciembre, otro día emblema que se suma al agitado calendario nacional.

mwainfeld@pagina12.com.ar

La política argentina ante el desafío de Griesa

 Por Edgardo Mocca

La decisión del juez Griesa a favor de los fondos buitre y en contra de nuestro país tiene dos consecuencias muy graves. La primera es que introduce un elemento de absoluta incertidumbre en los procesos de reestructuración de deuda por los que poco menos que inevitablemente habrán de pasar algunos países europeos en un futuro no muy lejano. La segunda es que la plena aplicación del fallo presupondría la aceptación del principio de que el dictamen de un tribunal extranjero tiene preeminencia jurídica por sobre nuestras leyes dictadas con arreglo a la Constitución.

Desde el punto de vista de sus proyecciones mundiales, el fallo pone en crisis algunas de las reglas de juego básicas del mundo financiero al situar a los acreedores que participaron en dos etapas de dura negociación y se avinieron a sus resultados, en un plano equivalente a los que se quedaron voluntariamente fuera del acuerdo: difícilmente algún país podría, de sostenerse el fallo en otras instancias, negociar exitosamente su deuda pública en un futuro avizorable. A esta altura queda claro que el juez Griesa tiene una escala de valores un poco problemática: el derecho a cobrar las acreencias (el 100 por ciento de ellas) se coloca por encima de las más elementales consideraciones de prudencia que involucran el futuro de la estabilidad financiera mundial y la suerte de sociedades enteras, mucho de cuya vida dependerá de la naturaleza política que adquiera el balance de la dura crisis económica que vive el mundo. Más que ante un fallo judicial estamos ante un mensaje político de extremada gravedad en lo que hace al equilibrio de fuerzas entre la democracia y el capital financiero.

La otra cuestión, la de la soberanía nacional, reactualiza dramáticamente un gran debate de época durante los años noventa, el tema de la vigencia de lo nacional en un mundo globalizado. La utopía globalista postulaba entonces la definitiva caducidad de los atributos históricos del Estado nacional. Las fronteras estatales ya no tienen la consistencia suficiente para ponerle freno alguno al movimiento mundial de capitales; es la época de la desterritorialización del mundo y, consecuentemente, el ocaso definitivo de los estados nacionales y de su fundamento ideológico. Esto no era patrimonio exclusivo de las derechas; desde el territorio intelectual del progresismo, Jürgen Habermas postulaba (en un volumen de nombre muy significativo: La constelación posnacional) la necesidad de terminar con la simbiosis histórica entre republicanismo y nacionalismo. Es decir que, para sobrevivir en la actual etapa, la democracia republicana necesitaría otros anclajes que ya no coincidirían con los actuales estados nacionales. La globalización “realmente existente” terminó por no encajar plenamente en el relato de la prosperidad general asegurada por la desaparición del Estado y de la política (o la reducción de ambos al estatuto de administración burocrática funcional al paraíso de la libertad económica) ni tampoco en la utopía romántica de una gradual marcha hacia una federación democrática mundial. Desde el atentado a las Torres Gemelas, y a través de las distintas etapas de la crisis del capitalismo globalizado, todo lo que vemos a nuestro alrededor es el esplendor de las más diversas formas de nacionalismo, con su inevitable doble carga de esperanzas en la lucha por la autoafirmación soberana y de temores y terrores ante lo diferente, que alimentan la xenofobia y el racismo y están indiscutiblemente en la base ideológica de la política guerrera desplegada por la principal potencia mundial después de aquel gigantesco crimen terrorista. Hay nacionalismo (extremo) en las sucesivas guerras contra Irak, en la invasión a Afganistán, en la doctrina de las guerras preventivas y el unilateralismo. Lo hay también en el antirrepublicano endurecimiento del trato legal a los inmigrantes por parte de los gobiernos europeos. Y hay también nacionalismo en las luchas defensivas de grandes sectores populares de países europeos contra los ajustes sistemáticos ordenados por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI, y en los que se nota la decisiva influencia del Estado alemán. Y lo hay, sin duda, en el discurso práctico de una serie de gobiernos surgidos en América del Sur como respuesta a la crisis del neoliberalismo. Es muy probable que, para las derechas y las izquierdas de la etapa mundial que se insinúa, el discurso posnacional ya no tendrá la misma seducción.

En nuestro país, la provisoria decadencia de las ideas de patria y nación tuvo como telón de fondo la revisión profunda, que hicimos desde la recuperación de la democracia, acerca de los usos que de esas expresiones había hecho nuestra historia política inmediatamente anterior. El sustrato de ese clima era el sentimiento de derrota nacional –y de vergüenza por esa derrota– después de la guerra de Malvinas. Pero también el uso de lo nacional en la verborragia dictatorial para identificar al país en su conjunto con el ominoso régimen terrorista entonces vigente. Fue el uso de los mundiales de fútbol para acorazar a la dictadura del asedio mundial por el feroz ataque a los derechos humanos en el país, en nombre de un supuesto orgullo identitario frente al ataque de los extranjeros. Los argentinos vivimos el auge de la globalización en medio de una profunda interrogación sobre nuestra propia historia, en la que lo nacional y el nacionalismo como ideología había tenido un lugar central. Los ecos de ese clima de época todavía pueden percibirse en la sistemática sospecha sobre el nacionalismo que a veces degenera en sistemáticas opciones deliberadamente contrarias a lo que la mayoría interpreta como interés nacional.

Volvamos a Griesa. El fallo de este juez es una profunda pregunta intelectual y moral para los ciudadanos de este país. Se produce en un momento innegablemente tenso de nuestra vida política: es el momento posterior a dos importantes manifestaciones callejeras de oposición al Gobierno y pocos días antes de la vigencia plena de una ley de medios de comunicación muy resistida por el principal oligopolio mediático y por sus importantes aliados del poder económico concentrado. Visto como “problema del gobierno”, el fallo-amenaza del juez norteamericano se presenta para las oposiciones como una oportunidad en la dirección de un debilitamiento del actual gobierno. Desde el Gobierno podría ser visto como una ocasión propicia para galvanizar el entusiasmo popular ante una gesta patriótica en ciernes. Cualquiera de esos rumbos –sobre todo si se lo llevara al extremo– tendría como resultado un debilitamiento político del país, un triunfo del cálculo chico sobre el horizonte político. ¿Hace falta entonces que la coalición de gobierno y la hoy dispersa oposición renuncien a sus proyectos propios? Más bien lo contrario: el único modo en que un proyecto político puede triunfar es que logre expresar el interés nacional, tal como lo interpreta la mayoría del pueblo. El ataque judicial a nuestra soberanía tiene envergadura y proyecciones suficientemente graves, tanto a nivel nacional como mundial, como para que su rechazo y la movilización en su contra alcancen la condición de una necesidad colectiva. Claro que “colectiva” no quiere decir “de todos”: hace rato que puede observarse la existencia de un sector muy minoritario, pero a la vez muy influyente, de nuestra sociedad que está dispuesto a asumir como positivo cualquier acontecimiento que deteriore la imagen y la autoridad de la presidenta Cristina Kirchner. Casi no hace falta decir, a esta altura, que ese sector tiene su centro de coordinación en las grandes empresas mediáticas, dispuestas en una actitud de guerra sin cuartel contra el Gobierno. Es cierto que la sociedad argentina ya ha adquirido importantes dosis de inmunidad frente a la sistemática prédica apocalíptica del Grupo Clarín y sus adyacencias, pero en estos pocos días que faltan para el 7-10 de diciembre la ofensiva llegará, con seguridad, a inopinables extremos. Ese sector considera a Griesa como un aliado natural.

El fallo de Griesa y las tensiones alrededor de los artículos que obligan a la adecuación de los grandes medios a los límites legales tienen un punto en común: está en juego la vigencia de la ley, la soberanía de la ley. Los argentinos ya sabemos que esa soberanía es la garantía esencial y última de nuestra convivencia civilizada. Así lo aprendimos después de la experiencia de haber puesto en su lugar la razón de las armas. Después de haber convivido bajo el régimen del abuso y la barbarie que puso sobre la ley la normativa de un “estatuto” que habilitó toda suerte de crímenes. Muchas leyes aprobadas ya en democracia disgustaron profundamente a muchos de nosotros; sin embargo, todo el pueblo respetó esas leyes, aunque algunos sectores se movilizaran en su contra. Fue una ley dictada por el Congreso argentino la que dispuso, en dos oportunidades, que quienes quedaran afuera del acuerdo no cobrarían sus acreencias. Solamente una nueva ley podría alterar la situación. También sabemos los argentinos lo que es discutir nuestras leyes con la espada de los poderosos en nuestro cuello. Haría falta que la política argentina dé una contundente prueba de madurez y de sentido nacional con una expresión institucional de pleno rechazo al fallo a favor de los fondos buitre.

Seguridad jurídica

 Por Alfredo Zaiat

En los años de la expansión de la globalización dominada por las finanzas, organismos multilaterales de crédito, grandes bancos internacionales y las potencias mundiales han recomendado a las denominadas economías emergentes brindar seguridad jurídica a inversores extranjeros para ser beneficiadas de la afluencia de capitales. Ese concepto en el ámbito de las normas legales consiste en garantizar la “certeza del derecho” a empresas e individuos de modo que su situación jurídica y patrimonial no será alterada por leyes, normas administrativas o fallos judiciales. En ese sentido, la seguridad jurídica está vinculada con la previsibilidad de las decisiones de los diferentes poderes del Estado.

En Argentina, esa noción fue aplicada en su máxima expresión en beneficio de multinacionales y acreedores externos en la década del noventa. En esos años se sancionó una nueva ley de inversiones extranjeras equiparándola a las nacionales sin establecer ningún tipo de restricciones para la remisión de utilidades a las casas matrices. Se firmaron Tratados Bilaterales de Inversión con 59 países que establecen como tribunal competente uno dependiente del Banco Mundial (Ciadi) en caso de litigios por cualquier cambio en el funcionamiento de la economía, por ejemplo la desdolarización de tarifas. Y se resignó la jurisdicción local a favor de la de Nueva York en la emisión de bonos de deuda comprados por inversores del exterior. Toda esa estructura normativa de “seguridad jurídica”, lesiva de la soberanía nacional, requiere una revisión para evitar castigos políticos y económicos por no seguir el paradigma de la economía ortodoxa.

El fallo Griesa es una oportunidad porque ha alterado el supuesto escenario de mayor protección a inversores extranjeros ante imprevistos normativos o de discrecionalidad de jueces. No fue en Buenos Aires, sino en el corazón del mundo financiero global. Si el fallo se confirmara en instancias superiores, Nueva York dejaría de ser una plaza que brinda “seguridad jurídica” a inversores financieros. Los inversores con bonos de deuda emitidos bajo legislación argentina hoy están más seguros que los que se rigen bajo la jurisdicción neoyorquina. Van a cobrar sin problemas mientras que por el fallo de Griesa la supuesta seguridad jurídica superior de Nueva York sobre la de Buenos Aires ha quedado herida.

El juez Thomas Griesa ha violentado el criterio de “certeza del derecho”, ignorando, entre otras, la opinión de la Reserva Federal (banca central estadounidense), perjudicando al 93 por ciento de los acreedores que aceptaron el canje para beneficiar a un grupo minoritario, influyente y poderoso de fondos muy especulativos, conocidos como buitres.

Para eludir definiciones que pueden ser ofensivas, en la jerga del mundo de las finanzas los buitres ingresan en la categoría hedge fund, inversores sofisticados que se especializan en transacciones de elevado riesgo y, por lo tanto, potenciales ganancias o pérdidas elevadas. Los fondos especulativos compran instrumentos financieros que han caído de precio en forma coyuntural apostando a beneficiarse de una posible recuperación de los precios. El aspecto distintivo de los fondos buitre es que no esperan el desenlace de la apuesta como resultado del funcionamiento del mercado, sino que la estrategia principal es demandar en tribunales amigables a sus intereses, como el de Ghana o el de Griesa, para conseguir ganancias extraordinarias.

Por ese comportamiento no son tradicionales fondos especulativos ni holdouts, definición de acreedores que no ingresaron en la primera oferta de canje, en 2005, sino que son fondos buitre. Por propia decisión optaron por la vía judicial y descartaron la del mercado. Después de la segunda ronda propuesta por el Gobierno para cambiar bonos en default, en 2010, dejó de ser correcto considerar holdouts a los buitres, como ilustró el domingo pasado Claudio Scaletta en el suplemento económico Cash. Estos inversores no fueron afectados por la cesación de pagos declarada por Argentina porque no fueron tenedores originales ni los compraron previamente. Decidieron adquirir los papeles desvalorizados por el default con el objetivo manifiesto de litigar para conseguir el ciento por ciento del capital más intereses. Fue una apuesta arriesgada, como tantas otras que existen en el mercado, y hasta ahora fue una mala decisión en términos financieros en relación con la tomada por los inversores que aceptaron el canje. Estos últimos contabilizaron inicialmente una fuerte quita de capital que rápidamente fue amortiguada por el “premio” ofrecido en el canje consistente en pagos vinculados con el crecimiento de la economía (Cupón PBI). Con el desembolso del 15 de diciembre próximo, correspondiente al aumento del Producto de 2011, los inversores con cupones en dólares estarían acumulando una recuperación de casi 24 dólares de la quita original.

La opción buitre es la más agresiva de la arquitectura financiera internacional. Operan desde sedes localizadas en guaridas fiscales, como islas Cayman. Su existencia y estrategia son conocidas. Su inmenso respaldo financiero, y por consiguiente la posibilidad de ejercer presión y lobby sobre sectores del poder político de Estados Unidos, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, les permite seguir con un accionar que logra violentar la “seguridad jurídica” de otros grandes inversores financieros. Es lo que han conseguido con el pronunciamiento del juez Griesa.

El fallo es tan disparatado que hasta economistas de la oposición vinculados con el mundo financiero lo cuestionaron. Atropella el criterio pari passu, que dispone las mismas condiciones a todos los acreedores. Al precisar que Argentina le tiene que pagar a los buitres el ciento por ciento del capital más los intereses devengado de los bonos en default coloca en situación desventajosa a quienes participaron del canje. Además de intentar bloquear el pago de vencimientos de deuda al grupo de acreedores de bonos argentinos con jurisdicción de Nueva York, la aplicación del fallo implicaría que Argentina debería extender a esos acreedores las condiciones de pago pretendido por los buitres. Una de las cláusulas del canje establece que si hubiera mejores condiciones para los tenedores de bonos que no lo habían aceptado, en forma automática esa situación se traslada a los inversores que participaron del trueque de papeles.

El aspecto más insólito del fallo, que si hubiera sido dictado por cualquier juez de un país en vías de desarrollo sería calificado por el establishment de los centros del poder como “bananero”, refiere a declaraciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de su ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Griesa argumenta que aceleró el fallo a favor de los buitres porque hubo manifestaciones públicas de autoridades del poder político que adelantaban que no se les iba a pagar un dólar. Si corresponde pagar o no a los buitres, o cómo aplicar con equidad el criterio pari passu, o cómo evaluó las presentaciones de tres grandes inversores institucionales, de la Reserva Federal, de la Asociación de Clearing de Nueva York, el DTC (cámara de compensación) y del Banco de Nueva York apoyando la posición argentina, poco y nada. Al juez le molestaron declaraciones de CFK y Lorenzino y dictó sentencia. Por el absurdo, un sospechoso de un asesinato o de un robo expresa su inocencia diciendo que no piensa ir a la cárcel por el supuesto delito de que se lo acusa, y el juez no evalúa las pruebas, lo supone culpable y lo encierra por lo que dijo públicamente. Criterio absurdo que pone en cuestión la “seguridad jurídica” de la plaza financiera de Nueva York.

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