Agrupación Néstor Kirchner - Santa Fe

 DE LA USURPACION DE LA TIERRA PUBLICA A LA FUNCION SOCIAL DE LA PROPIEDAD

Santa Barbaridad

En 241 hectáreas de Tigre, usurpadas al Estado, se levanta un barrio privado. Pasaron 22 años del fraude y aún no comenzó el juicio oral contra María Julia Alsogaray. El caso involucra otros nombres y apellidos notables de personas, empresas e instituciones: Fox, Born, Anchorena, O’Reilly Lanusse, la Armada, Telecom. Al mismo tiempo, el Estado busca terrenos donde puedan levantarse viviendas populares, como alternativa a la construcción de cárceles.

 Por Horacio Verbitsky

Mientras el gobierno nacional releva el país en busca de terrenos donde puedan levantarse viviendas con créditos del programa Pro.Cre.Ar y la provincia de Buenos Aires se apresta a sancionar una ley de acceso justo al hábitat para familias con pobreza crítica y necesidades especiales, siguen usurpadas al Estado 241 hectáreas en el partido de Tigre, donde se construyó un barrio privado. Por ese despojo prosiguen varios juicios en distintos tribunales. El caso demuestra sin dificultad y con escándalo la imposibilidad de resolver los problemas de la extrema pobreza sin abordar los de la extrema riqueza y los métodos sofisticados y al mismo tiempo brutales que emplea. Por supuesto, en el tránsito de la propiedad estatal del terreno a su conversión ilegal en un bien privado, hay suficientes mediaciones como para dificultar la identificación de responsabilidades y su castigo. El episodio involucra nombres y apellidos notables de personas, empresas e instituciones: Alsogaray, Fox, Born, Anchorena, O’Reilly Lanusse, la Armada, Telecom. Lo que sigue es el relato detallado de esta historia ejemplar de la argentinidad.

Del castillo renacentista...

En septiembre de 1999 representantes de Telecom Argentina ofrecieron a Radio Nacional la entrega en comodato por cinco años del terreno que ya ocupaba la Planta PTX en la localidad de Pacheco. Desconcertados por la propuesta, dado que las antenas retransmisoras de la radio oficial estaban allí desde 1955, los directivos de la emisora decidieron indagar por qué les ofrecían lo que consideraban propio. La investigación terminó con un juicio en el fuero Contencioso Administrativo Federal contra las empresas que participaron de la privatización de la ex ENTel por defraudación al Estado. Esas tierras formaron parte de las 7000 hectáreas en las que el general Angel Pacheco levantó en el siglo XIX su estancia El Talar. Sus descendientes implantaron sobre un parque diseñado por Carlos Thays un castillo renacentista traído de Francia y una iglesia gótica, construyeron un canal para salir navegando por el río Luján hacia el Casino del Tigre Hotel y participaron en la fundación de la Sociedad Rural y el Jockey Club. En agosto de 1947 José Carlos Pacheco Alvear, descendiente del general Pacheco y del Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata en 1815, Carlos María de Alvear, le vendió al Estado Nacional 511 de esas hectáreas. La compañía telefónica estatizada por Juan D. Perón ocupó 123 de esas hectáreas, en 1948. Siete años después la Radio Nacional instaló en otras 73 hectáreas del predio sus antenas retransmisoras para todo el país. En 1984 el gobierno del presidente Raúl Alfonsín cedió otras 82 hectáreas a la Armada, para el entrenamiento de sus oficiales en una actividad propia de la defensa de la Patria en el mar: el golf.

... al desguace del Estado

Cuando Carlos Menem encomendó a María Julia Alsogaray la liquidación de ENTel, en 1990, se hizo una lista de activos físicos afectados a la prestación del servicio telefónico, que también se adjudicarían a los licenciatarios dentro del mismo precio. Entre ellos fueron incluidas las 123 hectáreas de ENTel pero también las 73 de Radio Nacional, que deberían haber quedado fuera del pliego, ya que el servicio radiofónico no formaba parte de la concesión. Otras 241 hectáreas no afectadas a la telefonía pasaron a una denominada ENTel Residual. Pero una vez adjudicado el concurso público y cuando faltaba un día para la firma de los contratos de transferencia, esas 241 hectáreas fueron agregadas sin explicación a las otras 196, sin modificar el precio ofertado. El 7 de noviembre de 1990, en representación de ENTel firmó el asesor y mano derecha de María Julia Alsogaray, Ricardo Fox. Al día siguiente Fox volvió a firmar pero ya en representación de las Sociedades Licenciatarias Norte y Sur (que se renombrarían luego como Telecom y Telefonica). Según el acta de procesamiento de Fox, firmada el 28 de diciembre de 2001 (sí, 28 de diciembre de 2001) por los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, el funcionario no tenía facultades para “la sustracción de un bien al patrimonio del Estado” y lo hizo con “una motivación espuria”. Los mismos jueces dijeron que María Julia Alsogaray perfeccionó esa transferencia para “beneficiar a las empresas licenciatarias”. La escritura de transferencia de un total de 429 hectáreas a Telecom, que se adjudicó la zona norte de la ex ENTel, se expidió el 6 de septiembre de 1994 y por el Estado Nacional firmó Gustavo Albano Abreu. Allí se menciona un precio de 5,7 millones de pesos, que es ficticio, ya que Telecom recibió el predio sin pago alguno. El 10 de enero de 1997, el presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Roberto Catalán, autorizó a Telecom a vender 232 de las 429 hectáreas del predio, que la compañía definió como “activos inmobiliarios superfluos”. El 13, Telecom vendió 203 de esas hectáreas, lo cual indica que la operación estaba cerrada desde antes. Los compradores fueron Pentamar S.A. y María Victoria Hueyo de Anchorena, quien manifestó actuar como “gestora de negocios” de Ospen S.A. y en representación de sus hijos. (María Victoria Hueyo Rodríguez Alcorta se casó con Julio Jorge Born Frías, hermano de Juan y Jorge Born con quien tuvo esos hijos, Julio y Victoria Born Hueyo. Luego de enviudar Hueyo se casó con Alberto Arturo de Anchorena Udaondo). Pagaron 4,7 millones de dólares y Telecom mantuvo las restantes 196 hectáreas. La transferencia indebida importaba un perjuicio fiscal de 180 millones de dólares, según la estimación realizada al momento de elevación del caso a juicio oral contra María Julia Alsogaray.

Una empresa familiar

Estos pases de prestidigitación continuaron el 2 de octubre de 1997, cuando Hueyo de Anchorena y Pentamar S.A. transfirieron el dominio de esas 232 hectáreas a Emprendimiento Inmobiliario de Interés Común (Eidico S.A.), en dos escrituras, bajo la figura del fideicomiso y por 5 años. Su titular era y es Jorge O’Reilly Lanusse, de 43 años, casado con Marcela Beccar Varela. Con construcciones que van de 400 a 870 millones de dólares según La Nación, Clarín o la información institucional de Eidico, Jorge

O’Reilly es uno de los principales desarrolladores de countries del país. Eidico se define como una empresa de servicios con un sistema propio de comercialización al costo, casi como una cooperativa altruista de pequeños inversores que participan del negocio de transformar una fracción de tierra virgen en una urbanización (con toda su infraestructura) o en el desarrollo de emprendimientos de turismo, descanso e inversiones de renta. Como administrador o mandatario, generalmente bajo la figura de un fideicomiso, Eidico ha desarrollado 48 barrios privados, la mayoría en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, pero también en Salta, Mendoza, Rosario, San Juan, Chubut y San Martín de los Andes y otros 16 proyectos de

inversión comercial en shoppings, clubes de golf y hoteles en Ushuaia, Carmelo (Uruguay), Miami y Córdoba. También ofrece a su cartera de clientes la participación en pools de siembra. Según El Cronista, Eidico facturó 257,8 millones de pesos en 2011. Eso la pone entre las primeras desarrolladoras inmobiliarias del país. No obstante, uno de los colaboradores de O’Reilly consultados para esta nota preguntó “por qué les interesa un cuatro de copas”. Cualesquiera sean el palo y el número, O’Reilly es un naipe marcado en las mesas del poder. En 2008, tuvo un estrepitoso desempeño como asesor del fugaz jefe de gabinete Sergio Massa. Miembro supernumerario del Opus Dei, fue hombre de enlace con la Iglesia Católica y la embajada de los Estados Unidos, que en sus cables secretos lo menciona como fuente protegida. En su casa se produjo la comida del 11 de noviembre de 2009 en la que Massa llamó monstruo, psicópata y cobarde al ex presidente Néstor Kirchner, según informó a su gobierno el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Thomas Kelly. Sobrino nieto del ex dictador Alejandro Lanu-sse, egresado del colegio Cardenal Newman y rugbier en tercera línea del Club Atlético San Isidro, donde estuvo a punto de tomarse a golpes con un compañero por defender al ex dictador Jorge Videla, O’Reilly contó a la revista de negocios Reporte Inmobiliario que en el comienzo de su actividad fue inspirado por su tío materno y actual socio, Patricio Lanusse, quien compró con un grupo de amigos cinco hectáreas en La Horqueta. “Luego le cambiaron la zonificación.” Esta es una de las claves del negocio inmobiliario, de la corrupción municipal y de la dificultad para modificarlo con provecho social. Eidico surgió en 1994 como una “empresa familiar”. Otros socios fundadores fueron el yerno de Patricio Lanusse, Mateo Salinas, y Juan Angel Seitún, concuñado de Lanusse. Hoy trabajan en Eidico diez Lanusse más. Otra prima hermana de Jorge es Dolores O’Reilly Becerra Grondona, quien manejó las comunicaciones de Daniel Scioli durante diez años y que hoy permanece como asesora, con despacho en la Casa de Gobierno provincial. Según Jorge O’Reilly, Dolores es “una de mis 62 primos hermanos, pero no tengo con ella ni trato social ni laboral”.

“Casi por casualidad”

De acuerdo a la revista Tigris, que Eidico publica para atraer inversores, la empresa se topó “casi por casualidad” con las tierras de Telecom, mientras recorría una fracción lindera que había sido comprada a Hueyo de Anchorena. Intentó comprarlas pero Telecom rechazó su oferta. Sin embargo, por otra afortunada casualidad, “meses después propuso una licitación privada” para vender “unas 220 hectáreas”. En la entrevista Reporte Inmobiliario Jorge

O’Reilly aduce que el modelo de negocios de su empresa es “de gestión”, ya que no compran un lote, lo urbanizan, lo parcelan y lo venden, sino que buscan inversores que serán los “consumidores finales”, por lo que necesitan una “opción de compra” con un precio fijo y “disponer del terreno durante un tiempo para poder juntar a los suscriptores”. En el caso del Barrio Santa Bárbara, con 1387 lotes, una laguna de 60 hectáreas y 47 por ciento de espacios verdes, espejos de agua y caminos, “lo que hicimos fue buscar a una persona, un socio capitalista, y le dijimos: ‘Si comprás esta tierra al precio que puedas, nosotros te la recompramos para que te quede un margen’”. A Hueyo de Anchorena “le gustó la idea, pero pidió que se invitara a algún otro inversor para compartir la responsabilidad, por lo que se convocó a Pentamar S.A., una empresa vinculada a Eidico, pues era la propietaria original de las tierras donde se desarrolló Santa María de Tigre”, el primer barrio cerrado gestionado por la empresa de O’Reilly. Además, compró como gestora de negocios de Ospen SA, una inmobiliaria de Jorge Pedro Urruti, asociado con O’Reilly en la empresa desarrolladora El Encuentro S.A., cuyo presidente es el mismo de Eidico, Juan Angel Seitún. La idea fue tan buena, que los primeros 600 lotes se vendieron en un día. Matías Ga-ssiebayle, gerente general de Pentamar, es otro director de El Encuentro. Ante una consulta para esta nota, Jorge O’Reilly contestó que “el proceso privatizador de los 90 fue –por lo menos– algo desprolijo. Pero cuando ello sucedió yo tenía 19 años y Eidico no existía. Hubo tres ventas anteriores a la que se hizo para el de- sarrollo de Santa Bárbara”. Es dudoso: la autorización a Telecom para vender las tierras que había recibido porque se suponían afectada al servicio telefónico fue concedida en 1997, cuando

O’Reilly tenía 28 años y su empresa tres. Además, a los tres días de firmada la autorización, fueron revendidas a Pentamar, cuyo entrelazamiento con Eidico es indisimulable.

La contracara

La usurpación de la tierra pública es una de las facetas de un problema estructural que comenzó en 1955 con la supresión de la función social de la propiedad. Un decreto de la intervención militar reguló en 1977 lo relativo a los countries y barrios privados para garantizar la especulación con la renta urbana. Los desarrolladores inmobiliarios pueden comprar tierras baratas y aguardar sin que se los penalice con ningún impuesto a que la inversión pública (para ensanchar una ruta o instalar algún servicio) decuplique su valor, y en ese momento construir un country o un barrio cerrado. Así, ha desaparecido la oferta de lotes para vivienda popular e incluso zonas tradicionales de pobres, como el sur y el oeste, terminan colonizadas por los sectores de altos ingresos, mientras los indigentes son empujados a lugares cada vez más lejanos, más caros y de inferior calidad. El resultado fue una feroz fractura social: los ricos encerrados en sus barrios y los pobres en asentamientos ilegales sobre las peores tierras. Por eso, cinco años después de aquel decreto, en 1982 volvió a tipificarse la usurpación en el Código Penal. El jueves de esta semana, el Senado bonaerense debería convertir en ley un proyecto ya sancionado por la Cámara de Diputados que intenta modificar esta situación. La ley contempla que los desarrolladores de proyectos suntuarios (barrios cerrados, countries, hipermercados, clubes de campo, shoppings, cementerios privados que ocupen predios de más de 5000 m2) cedan el 10 por ciento del terreno para loteos populares, o su equivalente en dinero o en suelo urbanizable en otro lugar. No es una proporción exagerada: en Alemania y España la cesión obligatoria llega al 30 por ciento del terreno y aquí mismo el 37 por ciento de un loteo popular se reserva para la apertura de calles, plazas y equipamiento público. El proyecto también permite que los municipios declaren obligatorio el loteo o la edificación de terrenos baldíos y construcciones paralizadas y si el propietario no lo hace en cinco años, autoriza su expropiación. El proyecto fue impulsado por la ministra de Infraestructura Cristina Alvarez Rodríguez, pero Scioli lo paralizó en marzo luego de varias tapas y de una serie de notas del diario La Nación, que según otros miembros de su gobierno fueron alimentadas por la prima Dolores

O’Reilly. Francisco De Narváez pidió la declaración legislativa del “estado de alerta ante este avance sobre la propiedad privada” y dijo que a Scioli “el gobierno nacional le comenzó a escribir los discursos”. Eso es tan cierto, que Scioli debió revisar su rechazo. Esta vez el proyecto fue presentado por tres vertientes del kirchnerismo: Alberto España, del Frente para la Victoria, Alicia Sánchez de D’Elía, de MILES, y Marcelo Saín, de Nuevo Encuentro. Scioli amenazó con el veto parcial, que no está contemplado en la Constitución provincial, y anunció que en la reglamentación “establecerá que no se verán afectados ni violados ninguno de los derechos adquiridos, ni el derecho a la propiedad”. También sostuvo que la obligación de cesión de tierras o de contribución económica al Municipio “se producirá siempre que exista una decisión administrativa del Ejecutivo local que revalorice dichas tierras”, tal como ya lo establecen los artículos 46 y 51. Pura retórica, ya que ninguna reglamentación puede modificar el texto de la ley. Como también cuestionaba la contribución adicional del 50 por ciento sobre el impuesto inmobiliario rural a terrenos baldíos, decidió no aplicar el coeficiente de actualización de las valuaciones fiscales correspondientes en la Ley Impositiva, para “no generar una desmesurada carga tributaria”.

El espíritu y la materia

O’Reilly dijo para esta nota compartir “el espíritu y los objetivos que la ley persigue” pero puso en duda que “sea el medio adecuado para lograrlos”. El encarecimiento que presume dejaría los barrios cerrados fuera del alcance de “los sectores medios y bajos de la población” que buscan “solución al problema de la seguridad” aunque no afectaría “proyectos de otros segmentos más altos y lujosos”. En realidad los cálculos más serios afirman que ese 10 por ciento del suelo a ceder incrementaría en menos del 1 por ciento el precio de la edificación en un country o reduciría en la misma proporción las utilidades de los desarrolladores inmobiliarios, que tal vez no comprendan que construir viviendas populares es la única alternativa para no seguir edificando cárceles, esas a las que nunca van quienes se apropian de bienes públicos.

Informes: Adrián Vigna y Mercedes González.

Del rojo al blanco

 Por Horacio Verbitsky

El 25 de julio último, el diputado sabbatellista de Neuquén Rodolfo Canini denunció un lobby para que Eidico pudiera levantar un barrio en el Cerro Bayo, en Villa La Angostura e implicó a Carolina Lanusse, la mujer del gobernador Jorge Sapag, quien también es miembro del Opus Dei. Según Canini, Eidico ofrecía en diarios y por internet unas 343 hectáreas en las que no estaba permitido construir viviendas, mientras el Poder Ejecutivo reglamentaba sólo un artículo de la ley provincial de Bosques Nativos, aquel que permitiría avanzar con proyectos inmobiliarios. En nuevos mapas de bosques aparecen en blanco zonas que antes figuraban en rojo, donde estaba prohibido construir. Eidico ya desarrolló otros barrios en San Martín de los Andes. En Estancia Miralejos O’Reilly tiene una casa con oratorio propio para que curas amigos oficien misa. El gobierno provincial respondió que la mujer del gobernador no tiene relación con Eidico y que “es como acusar a un González”. Las denuncias contra la empresa de los O’Reilly-Lanusse se multiplican en todo el país, aparte de la asociación Familias Estafadas por Eidico y los blogs Eidico Roba y Sufro a Eidico, todos de Tigre. En Chubut, el legislador radical Carlos Lorenzo acusó a Eidico de vender tierras fiscales que no le pertenecen en la zona del Lago Cholila, aledaño al Parque Nacional Los Alerces. Igual que en el caso de Santa Bárbara, O’Reilly alegó que no compró tierras fiscales, ya que ya habían pasado por otras dos manos antes de las suyas, lo cual define un modus operandi. En Tigre e Ingeniero Maschwitz, organizaciones ambientalistas citadas por la revista Desafío Económico acusaron a Eidico de destruir cementerios y yacimientos indígenas y afectar los humedales de la región con su “agresivo método de construcción, consistente en la creación de lagunas artificiales para elevar con el material obtenido los terrenos inundables”. Pero sólo en Punta del Este las denuncias por daños ambientales frenaron una obra de Eidico. Entre los vecinos quejosos estaba Mirtha Legrand.

Los juicios

Hasta el ofrecimiento de 1999, nadie en Radio Nacional sabía que el terreno que ocupaba la Planta PTX no le pertenecía al Estado, ya que Telecom no intentó tomar posesión del predio. El 12 de julio de 2000 la entonces Dirección Nacional del Servicio Oficial de Radiodifusión realizó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción por el delito de estafa. En 2000 el Estado Nacional inició una acción de lesividad en la que reclamó la devolución del predio o una compensación los daños y perjuicios equivalentes a su valor. La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 2 a cargo de Esteban Furnari. La Oficina Anticorrupción también presentó una demanda penal que recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7, contra Alsogaray, Fox y Abreu por falsificación de documentos públicos. El 28 de diciembre de 2001 Alsogaray fue procesada por ese delito por la Sala II de la Cámara Federal, que consideró a Abreu como cómplice secundario y a Fox como “cómplice necesario del delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública”. La instrucción se cerró en 2004. El juicio debía iniciarse el 15 de marzo de este año, pero fue suspendido una vez más por supuestas razones de salud de Alsogaray.