El derrumbe de la estrategia ‘nacional y popular’ para la deuda externa
Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)
El fallo de un juez norteamericano que ordena el pago integral de la deuda de Argentina a los fondos buitres (que rechazaron el canje de 2005), impone a Argentina una carga adicional que implica una nueva bancarrota para el país. Se trata de una carga adicional de hasta 12 mil millones de dólares. En la reestructuración de deuda de 2005, el gobierno K reconoció la jurisdicción extranjera para la resolución de los conflictos de deuda y admitió hipotecar, como garantía, los bienes del Estado. Ratificó, así, todas las cláusulas establecidas desde la dictadura militar en adelante.
Argentina enfrenta ahora la imposición de una nueva deuda impagable, luego de ocho años de pago de la deuda usuraria con el endeudamiento de la Anses, el Banco Central y otros organismos estatales. Mientras descapitalizaba al país con esta sangría, el gobierno K desconocía los fallos de la Corte argentina que ordenaban el pago de la deuda con los jubilados, como consecuencia de los congelamientos que sufrieran en 1995 y en 2002. La incorporación de la cláusula del acreedor más favorecido, que Néstor Kirchner incluyó en el canje de 2005, permitiría ahora al 95% de los acreedores reclamar el mismo trato que Griesa otorga a los fondos buitres.
Más allá de los desbordes verbales, el gobierno nacional se apresta a llegar a un nuevo arreglo con los usureros internacionales. Es lo que le reclaman todos los sectores del capital local, que se financian con deuda externa, que es en la actualidad de 80 mil millones de dólares (la deuda pública, por su lado, alcanza a 190 mil millones de dólares). El arreglo consiste en depositar la garantía que le exige el fallo, de 1300 millones de dólares, para poder apelar la sentencia y para ganar tiempo para negociar un pago menor a los fondos buitres, o sea con una quita.
Este arreglo, sin embargo, representaría el colapso de la política económica oficial, que consiste en racionar la oferta pública de dólares, para poder pagar los vencimientos de la deuda actual y la importación de combustibles. También golpea la intención de asociar a las petroleras internacionales para sacar a YPF de la bancarrota. Por último, al hundir la cotización de la deuda pública del país, plantea la quiebra del sistema bancario local, atiborrado de bonos y títulos emitidos por el Estado nacional. Coloca, en definitiva, al gobierno ante una crisis política de características excepcionales.
Argentina vuelve a llegar al final del camino en la cuestión de la deuda externa y enfrenta la amenaza de una nueva bancarrota. Es un resultado, fundamentalmente, del pago serial de esa deuda desde 2005, que ha drenado una masa fabulosa de recursos financieros. El pago de la deuda externa ha debilitado a Argentina frente a los usureros y fondos buitres internacionales. El Partido Obrero ha venido anticipando esta situación en forma sistemática, con su campaña por el no pago de la deuda usuraria.
El fallo confiscatorio contra Argentina forma parte de una acción mundial para forzar a las naciones endeudadas a pagar en forma integral las deudas usurarias de sus gobiernos y bancos, a costa de los trabajadores y del remate de las propiedades públicas.
En esta nueva situación planteamos:
1. La suspensión de todo pago de la deuda con los capitales financieros internacionales, para defender las reservas del país y el rechazo a nuevos arreglos por parte del gobierno K.
2. Reivindicar la jurisdicción nacional para los litigios de deuda que contraiga Argentina.
3. Proceder a la inmediata nacionalización del sistema bancario para poner fin a la fuga de capitales y habilitar una reestructuración de la economía nacional, que ponga fin a la dependencia financiera internacional.
4. Convocar a una conferencia internacional para recuperar la soberanía de decisión nacional y repudiar los rescates del capital financiero a costa de la solvencia de las naciones endeudadas y de los intereses más elementales de los trabajadores.
El fallo de un juez norteamericano que ordena el pago integral de la deuda de Argentina a los fondos buitres (que rechazaron el canje de 2005), impone a Argentina una carga adicional que implica una nueva bancarrota para el país. Se trata de una carga adicional de hasta 12 mil millones de dólares. En la reestructuración de deuda de 2005, el gobierno K reconoció la jurisdicción extranjera para la resolución de los conflictos de deuda y admitió hipotecar, como garantía, los bienes del Estado. Ratificó, así, todas las cláusulas establecidas desde la dictadura militar en adelante.
Argentina enfrenta ahora la imposición de una nueva deuda impagable, luego de ocho años de pago de la deuda usuraria con el endeudamiento de la Anses, el Banco Central y otros organismos estatales. Mientras descapitalizaba al país con esta sangría, el gobierno K desconocía los fallos de la Corte argentina que ordenaban el pago de la deuda con los jubilados, como consecuencia de los congelamientos que sufrieran en 1995 y en 2002. La incorporación de la cláusula del acreedor más favorecido, que Néstor Kirchner incluyó en el canje de 2005, permitiría ahora al 95% de los acreedores reclamar el mismo trato que Griesa otorga a los fondos buitres.
Más allá de los desbordes verbales, el gobierno nacional se apresta a llegar a un nuevo arreglo con los usureros internacionales. Es lo que le reclaman todos los sectores del capital local, que se financian con deuda externa, que es en la actualidad de 80 mil millones de dólares (la deuda pública, por su lado, alcanza a 190 mil millones de dólares). El arreglo consiste en depositar la garantía que le exige el fallo, de 1300 millones de dólares, para poder apelar la sentencia y para ganar tiempo para negociar un pago menor a los fondos buitres, o sea con una quita.
Este arreglo, sin embargo, representaría el colapso de la política económica oficial, que consiste en racionar la oferta pública de dólares, para poder pagar los vencimientos de la deuda actual y la importación de combustibles. También golpea la intención de asociar a las petroleras internacionales para sacar a YPF de la bancarrota. Por último, al hundir la cotización de la deuda pública del país, plantea la quiebra del sistema bancario local, atiborrado de bonos y títulos emitidos por el Estado nacional. Coloca, en definitiva, al gobierno ante una crisis política de características excepcionales.
Argentina vuelve a llegar al final del camino en la cuestión de la deuda externa y enfrenta la amenaza de una nueva bancarrota. Es un resultado, fundamentalmente, del pago serial de esa deuda desde 2005, que ha drenado una masa fabulosa de recursos financieros. El pago de la deuda externa ha debilitado a Argentina frente a los usureros y fondos buitres internacionales. El Partido Obrero ha venido anticipando esta situación en forma sistemática, con su campaña por el no pago de la deuda usuraria.
El fallo confiscatorio contra Argentina forma parte de una acción mundial para forzar a las naciones endeudadas a pagar en forma integral las deudas usurarias de sus gobiernos y bancos, a costa de los trabajadores y del remate de las propiedades públicas.
En esta nueva situación planteamos:
1. La suspensión de todo pago de la deuda con los capitales financieros internacionales, para defender las reservas del país y el rechazo a nuevos arreglos por parte del gobierno K.
2. Reivindicar la jurisdicción nacional para los litigios de deuda que contraiga Argentina.
3. Proceder a la inmediata nacionalización del sistema bancario para poner fin a la fuga de capitales y habilitar una reestructuración de la economía nacional, que ponga fin a la dependencia financiera internacional.
4. Convocar a una conferencia internacional para recuperar la soberanía de decisión nacional y repudiar los rescates del capital financiero a costa de la solvencia de las naciones endeudadas y de los intereses más elementales de los trabajadores.
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