Veintitrés días. Al cierre de esta edición –miércoles 14– eso es lo que le quedaba al Grupo Clarín para fraguar su ofensiva final contra la ley.
Urgido por el calendario y los contratiempos en su estrategia judicial, Héctor Magnetto arengó a su tropa durante un retiro de lujo a orillas del Océano Atlántico. Fueron dos jornadas de catarsis, tensiones, lamentos, arrebatos y advertencias apenas matizados por el exquisito catering del Hotel Costa Galana y el reconfortante aire prístino de Mar del Plata. Convocados para participar de la 18ª Convención Anual del Grupo, más de un centenar de gerentes y directores de medios escucharon las instrucciones que guiarán el ataque. Y aunque Magnetto recurrió al críptico lenguaje corporativo para ocultar el trazo fino de su estrategia, los empleados del Grupo se fueron de “La Feliz” con la certeza de que se combatirá en tres frentes: el judicial, el político y, claro, el mediático.
La puesta se cuidó al detalle, con ejército de seguridad privado incluido, para evitar que declaraciones inconvenientes se filtraran a la prensa. A pesar de esas precauciones, el sitio corporativo del Grupo difundió los principales pasajes del discurso de Magnetto. No hace falta tener conocimientos avanzados en política, poder y negocios para decodificar el mensaje. Eso sí: ciertas frases no son aptas para estómagos delicados, como esa en la que el CEO aseveró: “Nosotros defendemos lo que creemos es una organización saludable y racional para el ejercicio de la comunicación independiente. Tenemos el deber de honrar el estado de derecho y la institucionalidad que sostenemos”. La evocación republicana suena extraña en boca de alguien que pactó con una dictadura genocida y que presionó sin pudor a todos los gobiernos democráticos para obtener más y mejores negocios.
Sin temer a la retórica cínica, el CEO llamó a utilizar los recursos periodísticos del Grupo para defender los intereses corporativos: “Periodismo y propaganda siempre fueron antítesis. Poder hacer periodismo cuando todo en el entorno conspira contra ello es aún más difícil, pero a la vez es una oportunidad. Hacerlo con la vocación de masividad e inclusión que tienen nuestros medios, nos pone casi en un lugar único”, dijo, sin distinguir los intereses informativos de los comerciales.
Magnetto hilvanó su discurso en torno al 7D, la fecha en la que, según el fallo de la Corte Suprema, caducará la medida cautelar con la que Clarín logró burlarse de la ley. Con ese mecanismo, el Grupo consiguió frenar por tres años la aplicación del artículo 161 de la Ley de Medios que prescribe la adecuación de los multimedios cuyas tenencias superen los límites previstos en la norma. En su fallo, el máximo tribunal no avanza sobre la cuestión de fondo –Clarín plantea la inconstitucionalidad del artículo–, pero establece con meridiana claridad tres cosas: que la ley no afecta la libertad de expresión; que el 7 de diciembre, de no resolverse antes el planteo de fondo, caerá la medida cautelar, y que el plazo para presentar un plan de adecuación venció en diciembre de 2011, por lo que el 7D oficia de límite máximo para que se presenten los proyectos de desinversión. Magnetto, sin embargo, fue fiel a la línea editorial que impuso a sus medios: “El Gobierno –dijo el CEO– hizo una interpretación absolutamente distorsionada del fallo de la Corte, que pretende dejarnos a nosotros en igual situación que a aquellos que jamás fueron a la Justicia, ni lucharon, ni obtuvieron fallos favorables a la presunción de inconstitucionalidad en todas las instancias. Esto, en cualquier país del mundo, sería el origen de causas penales contra funcionarios por incumplimiento de sus deberes”. Traducido: el ejército de abogados que asesoran al Grupo trazó una estrategia que busca despegar a Clarín de la suerte de sus competidores. El argumento: que no se les puede aplicar a ellos el mismo plazo que al resto, ya que, durante este período, el Grupo estuvo amparado por una decisión judicial. El detalle, sin embargo, ya fue zanjado por la autoridad de aplicación. En varias resoluciones internas y exposiciones públicas, la AFSCA argumentó que hubiese sido injusto –e incluso beneficioso para Clarín– que el organismo aplicara la norma a los competidores menores del multimedios que más viola los límites fijados por la ley.
En tren de congraciarse con quienes deben resolver su planteo judicial, Magnetto extendió su mano hacia la corporación tribunalicia: “Se han querido llevar por delante un fuero entero del Poder Judicial, a un organismo constitucional como el Consejo de la Magistratura y hasta la propia Corte Suprema”, dijo, en referencia a la pulseada que oficialismo y oposición vienen librando en el Consejo de la Magistratura por la nominación de magistrados y las denuncias K contra camaristas que deben resolver en el expediente. Atentos, en el Costa Galana escuchaban las reflexiones del CEO, sin sonrojarse, algunos de los directivos del Grupo que compartieron un tour por Miami con los jueces que participaron de un foro sobre telecomunicaciones parcialmente financiado por Clarín. Fue, precisamente, esa escapada la que disparó una investigación judicial que buscará determinar si el Grupo pagó dádivas para aceitar la voluntad de magistrados que debían decidir en la causa.
En el plano político, la estrategia dispuesta por Magnetto apuntará a capitalizar las expresiones de descontento a la cacerola, como la ejecutada el 8N, combinadas con presentaciones parlamentarias y declaraciones altisonantes de asociaciones internacionales de patronales de prensa y afines. El CEO ratificó esa vía sin reparar en falsas modestias: “Somos una piedra en el zapato a este estado de excepcionalidad permanente, a esa pose refundacional del país, somos un límite para la difusión acrítica de un relato en el que las grietas e inconsistencias son cada vez más visibles”, dijo, relegando casi a la nada a sus socios pigmeos como La Nación. Estuvo ingrato, el CEO: precisamente esta semana, Bartolomé Mitre, director del periódico centenario, había realizado una esforzada defensa corporativa de su socio de Papel Prensa en la revista Veja, del Brasil. Una entrevista donde dejó al aire la variedad de prejuicios y miedos antipopulares que habita desde siempre en la crema del poder real (ver recuadro).
Es imposible saber a ciencia cierta quién le da letra a quién, pero lo cierto es que el siguiente párrafo proferido por Magnetto suele ser repetido, palabras más o menos, por todos los periodistas estrella del Grupo: “Va quedando cada vez más claro que la culpa no es del mensajero, que la realidad es la realidad aunque quieran ocultarla. Que ni Boudou, ni la tragedia de Once, ni el cacerolazo, ni el cepo cambiario, ni la inflación, ni la inseguridad fueron invento de los medios. Al revés, la gente hoy percibe claramente que hay cada vez menos medios que se lo cuentan”. La arrogancia, por lo que se ve, es otro rasgo corporativo del Grupo.
Complicado en el frente judicial y debilitado en el político por el moderado peso específico de sus aliados, Clarín apuesta a fortalecerse en el terreno que mejor maneja: el de las operaciones mediáticas.
Con pericia de experto, el Grupo logró generar una corriente de simpatía en su público presentándose como el David de una pelea desigual. En el tiempo que queda hasta llegar al 7D, el Gobierno debería evitar caer en la tentación que le propone el multimedios: polarizar la discusión en torno a Clarín es favorecer su estrategia de mostrarse como víctima. Entre los múltiples méritos que tuvo el largo y amplio debate de la norma, estuvo haber establecido que, con independencia de quién resultaría patrimonialmente afectado en la primera etapa de adecuación, el nuevo esquema de medios no era en contra de nadie, sino a favor de todos. Desde el comienzo Clarín buscó, precisamente, establecer lo contrario: que la ley llevaba su nombre. El propio Magnetto lo recordó en el discurso ante sus fieles: “Es una ley con nombre y apellido, escrita casi escandalosamente contra nosotros. Una ley que, sin ninguna duda, viola claramente varios derechos constitucionales”. Y agregó: “Esto, que en cualquier lugar del mundo daría lugar a un proceso sin sobresaltos ni exabruptos para garantizar nuestro derecho de defensa, aquí se transformó en una obsesión de Estado, en un camino plagado de irregularidades donde fuimos penalizados una y otra vez simplemente por respaldarnos en la Constitución”.
Esa capacidad para mezclar argumentos emocionales –la victimización– con legales –el planteo de constitucionalidad– le permitió a Magnetto obtener defensores incluso entre colegas empresarios a los que alguna vez sometió. Eso no evitó, sin embargo, que el CEO los humillara desde su púlpito marplatense: “Es mucho lo que hemos hecho para preservar el capital simbólico y empresario del Grupo Clarín, en un momento histórico donde ambas cosas se relativizan cada vez más. Frecuentemente las empresas se venden al mejor postor, no importa a qué se dedique o de qué lugar del mundo sea. Y desde lo intangible, las convicciones de muchos suelen acomodarse al interés de la coyuntura. La Argentina de los últimos años ha dado varios ejemplos de esto”, resumió el empresario, invocando para sí los valores éticos y morales que le niega al resto de la constelación mediática a la que, sin embargo, no duda en recurrir para involucrarlos en la defensa de sus intereses. Días pasados, por caso, se conoció la realización de una reunión secreta entre directivos del Grupo y el diputado-empresario de medios Francisco de Narváez. El resultado de ese almuerzo fue una proclama a favor de Clarín publicada en tapa de El Cronista Comercial, el diario que es propiedad del diputado. Lo que De Narváez obtendrá a cambio de sus servicios, por ahora, permanece en secreto.
Magnetto cerró su arenga como corresponde a un general en guerra: “El capital simbólico y empresario es algo que vamos a defender con toda la decisión, con toda la fuerza y con toda la inteligencia que podamos”, dijo. Los gerentes no necesitaban traductores para conocer el verdadero significado de esas palabras finales.
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Mitre se fue al pasto
Argentina no es más un país culto... Hay una elite de este país que piensa de una manera y una clase baja que no se informa, no escucha, no toma conciencia y sigue a la Presidenta. Cuanto menos cultura hay, Cristina obtiene más votos”, dijo Bartolomé Mitre, director del diario La Nación, en un reportaje a la revista brasileña Veja. No se privó de nada y agregó: “Vivimos en una dictadura de los votos”. En defensa de su socio Clarín, en Papel Prensa, dijo: “La limitación de la libertad de prensa en nuestro país afecta a todos. La libertad de Clarín es la libertad de toda la prensa argentina… Tampoco creo que Clarín tenga demasiado poder”. Como si bajara de una nave espacial, acusó: “Hay conglomerados casi tan grandes como Clarín, pero nadie habla de obligarlos a adaptarse a la nueva Ley de Medios porque son amigos del Gobierno”. Sin embargo, dijo que después del 7D “todos los canales abiertos del país serán monótonamente iguales, con la agenda establecida por el Estado y no podrán decir la verdad a riesgo de ser tildados de oposición y perder la gruesa publicidad del Estado… El siguiente paso será el dominio de los medios impresos. El Gobierno ha dicho que… tiene la intención de expropiar Papel Prensa”. Un tema que lo preocupa, porque su empresa monopoliza el control del papel. La recibió de manos de la dictadura militar y le permitió asfixiar a más de 200 diarios que debieron cerrar sus puertas. Y encima, sabe que el juez federal Julián Ercolini debe decidir si lo cita a indagatoria junto a Magnetto, en el caso Papel Prensa, como partícipe necesario de delitos de lesa humanidad. ¡Ay Bartolo!
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La aplicación de la ley
Por Tali Goldman / tgoldman@veintitres.com
El miércoles 14 de noviembre Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), brindó la tan esperada conferencia de prensa en la que explicó de manera clara y didáctica los pasos a seguir de cara al 7 de diciembre. En la exposición, que tuvo lugar en la Manzana de las Luces, Sabbatella explicó los motivos por los cuales los medios de comunicación deberán adecuarse a la ley antes del plazo establecido por la Corte Suprema de Justicia. A grandes rasgos, se puede hablar de dos causas que llevarían a varios grupos mediáticos a desprenderse de algunos de sus medios. Por un lado, deberán adecuarse a las “condiciones de admisibilidad” y, por el otro, a la “cuota de mercado y multiplicidad de licencias”.
En el primer caso, se hace referencia al incumplimiento de la ley por tener entre sus socios o bien a un funcionario de un otrora gobierno de facto o un funcionario público. Además, no pueden ser prestadores de un servicio público (hasta el 10% participación) o ser subsidiarios de una empresa extranjera (hasta el 30% de participación). Los grupos que deberán adecuarse por “admisibilidad” son Pampa Difusora, Uno Medios, Ick y Grupo Prisa.
En cuanto a los grupos que deberán adecuarse por “cuota de mercado y multiplicidad de licencias” se puede hablar de varias causantes.
En primer término, tendrán que ajustarse los grupos que superen el 35% de cobertura de la población para los que utilizan el espectro radioeléctrico, servicios de televisión por aire y servicios de televisión por cable. Por ejemplo, el Grupo Clarín tiene actualmente en AM/FM el 41,88%, en TV abierta el 38,78% y por cable el 58,61%.
En segundo término, los grupos deberán adecuarse por exceso nominal de licencias a nivel nacional. Esto es, que no pueden tener más de diez licencias con utilización de espectro radioeléctrico y no más de 24 licencias de televisión por cable. En este caso deberá adecuarse el Grupo clarín que, por ejemplo, computa un total de 237 licencias de televisión por cable. Además lo deberán hacer el Grupo Uno, Cadena 3, Jorge Ricardo Nemesio, y Radiocadena Eco.
En tercer lugar, deberán acomodarse quienes presenten incompatibilidades cruzadas a nivel nacional. O sea, cuando exista una contradicción entre quienes poseen un servicio satelital con otras licencias. Por ejemplo, DirecTV, que es licenciataria de un servicio satelital, es además accionista en Torneos y Competencias, productora de las señales TyC Sports y TyC Max.
En cuarto lugar, los medios deberán ajustarse si presentan incompatibilidades cruzadas con señales. Es decir, quienes ofrecen servicios con utilización de espectro radioeléctrico pueden tener un solo registro de señal y quienes ofrecen servicios de televisión por cable no pueden contar con señales, excepto la de generación propia. Este es el caso de Clarín, con 9 señales, y Grupo Uno, con 3 señales, entre otros.
El quinto punto tiene que ver con el exceso nominal de licencias a nivel local: se puede poseer hasta tres licencias de cualquier tipo. Por último, no podrá haber incompatibilidades cruzadas a nivel local, o sea, un mismo medio no tendrá permitido tener servicio de televisión por cable y de televisión abierta, en la misma área primaria.
La conferencia de prensa se llevó a cabo en un clima de amabilidad y respeto tanto por parte de los periodistas como del equipo liderado por Sabbatella. Sin embargo, un momento de tensión se vivió cuando Alejandro Alfie, periodista de Clarín, tildó de “mentiroso” al titular de la AFSCA, con la intención segura de provocar su enojo. Sabbatella, fiel a su estilo, no le dio el gusto.
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